Lidia Elizabeth Mejia Quevedo
Expediente 426/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Lidia Elizabeth Mejia Quevedo
- Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y comunicada mediante oficio CCJ/ST/2059/2021 de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, ante el Secretario Fernando Cobos González, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de junio de dos mil veintiuno. Vista la comparecencia que antecede, se advierte que la quejosa LIDIA ELIZETH MEJIA QUEVEDO, en cumplimiento al auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, ratificó el escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, registrado bajo folio 6704, mediante el cual desahoga la prevención realizada por auto de tres de mayo del año en curso; en consecuencia, agréguese a los autos y téngase por realizada la ratificación de mérito. Ahora bien, visto el escrito de demanda, así como el escrito aclaratorio presentados por la quejosa LIDIA ELIZETH MEJIA QUEVEDO, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO. De acuerdo con el artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda, así como el escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la responsable SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, se reclama: La negativa de otorgar mediante su página electrónica una nueva cita dentro del periodo de verificación (última semana del mes de abril del 27 al 30 de abril del año en curso) no obstante que se insistió desde el 27 de abril pasado. Del CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR CUAUTLA CVV1711, se reclama, primero.- La negativa de aceptar para verificación el vehículo, bajo el argumento que en ese momento no contaba con holograma 0, no obstante, de tener cita previa para su trámite; segundo.- La negativa de recibir el vehículo y realizar la verificación el pasado 27 de abril del 2021, en sus instalaciones por no contar con previa cita agendada. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En esa tesitura, adviértase que se actualiza la causal de improcedencia prevista en prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;(.)" De lo anterior se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que prevé la citada ley y sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse de acuerdo con dicha Ley. Conforme a lo trascrito, el juicio de garantías es improcedente cuando: a) Se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para el otorgamiento de la provisional; y e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En la inteligencia, que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa, cuando: El acto reclamado carezca de fundamentación, Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o, Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el particular se actualiza la hipótesis normativa invocada, habida cuenta que en contra del acto combatido la quejosa no hizo valer de manera previa a acudir al Juicio de Amparo, el medio de impugnación ordinario precedente, soslayando el principio de definitividad que lo rige y al cual debe atenderse en casos como el que se analiza. En efecto, el primer requisito antes descrito para que se actualice la causal de improcedencia apuntada, se encuentra satisfecho ya que los actos que se impugnan en esta instancia constitucional proceden de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues emanan de autoridades eminentemente administrativas, esto es, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos y del Centro de Verificación Vehicular Cuautla CVV1711, razón por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa señalada en el precepto legal antes trascrito. La segunda exigencia también se cumple, porque en contra del acto reclamado existe un medio ordinario de defensa previsto en una ley formal y materialmente existente por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre otros, el llamado de definitividad, que se regula en el caso en la fracción XX del invocado artículo 61; texto legal del que se desprende que el juicio de garantías es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, ya que, de no respetarse este principio, el juicio de amparo será improcedente. La causa de improcedencia se surte debido a que, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, esto es, el acto que reclama tiene forma de reparación, ya que puede ser modificado, revocado o nulificado, a través del aludido medio de defensa, en términos de los numerales 1°, 3°, 4° y 18 de la Ley de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa, cuyo contenido textual es el siguiente: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia (sic) conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar (sic) el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones." "Artículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados: Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución; II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades." "Artículo 18. Cuando el Gobernador del Estado figure como autoridad demandada y el asunto sea de naturaleza fiscal, su representación corresponderá al Secretario de Hacienda. En todos los demás casos el Titular del Ejecutivo será representado por el Consejero Jurídico." De la lectura de los citados preceptos se aprecia que toda persona tiene derecho a controvertir los actos y omisiones de carácter administrativo emanados de autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; lo que en el particular acontece. Lo anterior es así, toda vez que, en el particular los centros de verificación vehicular se encargan de la medición de los contaminantes atmosféricos emitidos por las fuentes de motor móviles, y su funcionamiento es otorgado a particulares -persona física o moral- a través de un título de concesión autorizado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos; por lo que se configura como una dependencia del Poder Ejecutivo de esta entidad federativa. Asimismo, como se advierte del escrito inicial de demanda, así como el escrito aclaratorio la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la negativa de otorgar mediante su página electrónica una nueva cita dentro del periodo de verificación (última semana del mes de abril del veintisiete al treinta de abril del año en curso), la negativa de aceptar el vehículo para verificar, bajo el argumento que en ese momento no contaba con holograma 0, no obstante, de tener cita previa para su trámite y la negativa de recibir el mismo el pasado veintisiete de abril del dos mil veintiuno, por no contar con previa cita agendada, por el que en términos de los artículos 1°, 3° y 18 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, ante las omisiones reclamadas por la parte aquí quejosa, procede el juicio de nulidad; por lo tanto, resulta evidente que la parte quejosa tiene la posibilidad de impugnar los actos que reclama, a fin de que puedan ser anulados en términos del artículo 4° de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. De estos preceptos se advierte que la parte quejosa está en la posibilidad de controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal que emita el Ejecutivo Estatal y sus dependencias -como es la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos y del Centro de Verificación Vehicular Cuautla CVV1711, indicadas por la quejosa-, de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos o intereses legítimos, mediante el juicio de nulidad, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. De modo que, los actos omisivos al atribuírselos a órganos dependientes del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, es obligatorio que previo a promover la demanda de amparo, la parte quejosa acuda al Tribunal de Justicia Administrativa del Estadio de Morelos, a promover el juicio de nulidad, previsto en la ley citada, para con ello dar cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Por lo que, ante la existencia de un medio ordinario de defensa adecuado y eficaz con el que se pueden modificar, revocar o nulificar los actos reclamados previsto en una ley formal y material, resulta obligatorio que, previo a promover demanda de amparo, la parte quejosa, agote el medio ordinario de defensa a su alcance, pues de actuar de modo diverso como lo hizo, torna improcedente el juicio de garantías intentado. Sirven de sustento las jurisprudencias P./J. 3/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 190367, consultable en la página 08, del Tomo XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA.", y la diversa 2a./J. 116/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193141, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 447, de la Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia número 2ª- /J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193142, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 448, Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." En tales condiciones, queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar los actos que reclama a través del juicio de amparo indirecto a dependencias del Poder Ejecutivo Estatal. Al respecto es importante destacar que en el caso no se actualizan los supuestos de excepción al llamado principio de definitividad. Ello es así, en primer lugar, porque la normatividad que regula el medio ordinario de defensa (juicio de nulidad), prevé la suspensión de los actos impugnados en los mismos términos en que la Ley de Amparo regula la suspensión del acto reclamado. De conformidad con los artículos 43, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116 de la Ley de Justicia Administrativa, los actos impugnados pueden ser suspendibles con base en los mismos requisitos y dentro de los plazos que señala la Ley de Amparo. Además de que dicho recurso no exige mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo. En efecto, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, dispone un capítulo exclusivo en materia de suspensión al tenor de los siguientes numerales: "Artículo 43. El promovente deberá adjuntar a su demanda: I. Una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las partes; II. El documento con el cual acredite su personalidad, cuando promueva en nombre de otro o en representación de una persona moral; III. El documento en el que conste el acto o resolución impugnada; IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa o positiva fictas, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad; V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada, y VI. Las pruebas documentales que obren en su poder y que pretenda ofrecer en el juicio. Una vez que le fue turnada la demanda por el Secretario General, el Magistrado Instructor, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar el auto que la admita, aclare o deseche. Si la demanda cumple con todos los requisitos exigidos por esta Ley y está acompañada de los documentos que le son exigidos, se admitirá a trámite. Si la demanda es irregular, obscura o ambigua o no está acompañada de los documentos exigidos por esta ley, o de las copias necesarias para el emplazamiento y traslado, se le prevendrá al promovente para que, en el término de cinco días, la aclare, corrija o complete. Si el promovente no subsana la prevención en el plazo conferido para tal efecto, se tendrá por no interpuesta la demanda. La demanda y la ampliación de la demanda deberán estar firmadas siempre, con firma autógrafa, por el actor interesado. El autorizado o el delegado sólo podrán subsanar la demanda cuando se trata de la incorporación de documentos o de otros datos que no sean esenciales. Cuando la demanda sea promovida por una autoridad administrativa, en el auto de admisión se le hará saber al particular demandado que podrá recibir asesoría jurídica gratuita por medio del Asesor Jurídico de este Tribunal." "Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante" "Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento." "Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo." "Artículo 112. Tan pronto como se conceda la suspensión y se otorgue (sic) las garantías correspondientes en su caso, se hará del conocimiento de las autoridades demandadas, para su cumplimiento. La violación por parte de las autoridades a la suspensión concedida por la Sala será recurrible en queja, la cual se tramitará en los términos previstos de este ordenamiento. Al cumplimiento de la suspensión otorgada por la Sala se encuentran obligadas todas las autoridades que intervengan en el acto reclamado, con cualquier carácter, aun cuando no se encuentren demandadas. Para hacer cumplir la suspensión concedida, la Sala podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable, además, en lo conducente, lo dispuesto por este mismo ordenamiento para el cumplimiento y ejecución de las sentencias." "Artículo 113. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio. Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía." "Artículo 114. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efectos si el tercero interesado, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable. La contra garantía que ofrezca el tercero interesado deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada." "Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley." "Artículo 116. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia. Del escrito del solicitante, se dará vista a las demás partes por un término de cinco días, dictándose la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes.". En cuanto a los requisitos para que se conceda la suspensión en el juicio de amparo, los artículos 128 y 132 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía." De acuerdo con las anteriores trascripciones, debe decirse que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé la suspensión del acto y no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, ya que sólo requiere los siguientes: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y IV.- Que no se deje sin materia el juicio. Toda vez que el plazo para otorgar la suspensión conforme al artículo 43 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es equivalente al previsto en la Ley de Amparo. De la confrontación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previstas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, es claro advertir que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la citada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes. De acuerdo con lo anterior, resulta válido concluir que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ello con independencia de que el acto en sí mismo no sea suspendible. Máxime que el plazo para otorgar la suspensión prevista en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es equivalente al previsto en la Ley de Amparo, pues de su artículo 43 se advierte que una vez turnada la demanda, el Magistrado Instructor dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar auto que la admita, aclare o deseche, y en sus artículos 109 se lee que la Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados en el mismo auto de admisión, cuando así se hubiere solicitado, es decir, dentro de las veinticuatro horas siguientes a las que se reciba la demanda. En conclusión, queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar los actos que reclama a través del juicio de amparo indirecto, toda vez que las autoridades a quienes les reclama los actos son eminentemente administrativas (Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos y del Centro de Verificación Vehicular Cuautla CVV1711); habida cuenta que, como se mencionó, la legislación local prevé, al igual que la Ley de Amparo, la suspensión del acto administrativo, puesto que el numeral 138 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece que al conceder la suspensión el objeto será fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. En las relatadas circunstancias, es inconcuso que la existencia de un medio de defensa legal, como lo es el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, que es idóneo para combatir los actos reclamados que se impugna a las autoridades eminentemente administrativas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, hace obligatorio su agotamiento de manera previa al juicio de garantías. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.27/2016 de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes dieciocho de marzo de dos mil dieciséis a las diez horas con cuarenta minutos en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011289, que a la letra dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR ALJUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". Por lo que hace a la excepción a que alude el párrafo segundo de la fracción en comento, consistente en que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, tampoco se actualiza, en tanto que los actos reclamados versan sobre omisiones y no se trata propiamente de una resolución que deba estar fundada y motivada, es por ello que no se actualiza dicha hipótesis de excepción al principio de definitividad. Por lo que hace a la segunda excepción que establece el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61, en estudio, la cual precisa que no es necesario observar el principio de definitividad cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, tampoco se actualiza, en virtud que del estudio integral de la demanda de amparo se colige que la parte quejosa pretende que a través del juicio de amparo se conmine a la responsable a emitir una resolución dentro de un procedimiento administrativo, lo que equivale a que en este asunto se plantea un tema de legalidad. Aunado a lo anterior, aun cuando en la demanda de amparo se hiciera referencia a violaciones de preceptos constitucionales, lo cual no releva a la afectada de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la quejosa, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Apoya esta consideración la Jurisprudencia con registro 237480, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 175-180, Tercera Parte, Materia: Común, Página 119, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.". Asimismo, en cuanto a la excepción consistente en eximir al promovente de agotar el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, tampoco se actualiza, toda vez que está debidamente contemplado en los numerales 1°, 3° y 4° de la Ley de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa, que prevé la competencia del citado Tribunal, por virtud de la cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que el medio ordinario de defensa está previsto en una ley y no en un reglamento; en esa tesitura este supuesto de excepción tampoco resulta aplicable. Cabe precisar que la excepción al principio definitividad que se estudia, atiende a que debe otorgarse certeza jurídica a los gobernados respecto a que tengan conocimiento real del fundamento de los actos de autoridad, y como consecuencia, del medio de impugnación procedente para su defensa, lo que en el presente caso se encuentra colmado, por lo que en caso de inconformidad con la negativa de otorgar mediante su página electrónica una nueva cita dentro del periodo de verificación (última semana del mes de abril del veintisiete al treinta de abril del año en curso), la negativa de aceptar el vehículo para verificar, bajo el argumento que en ese momento no contaba con holograma 0, no obstante, de tener cita previa para su trámite y la negativa de recibir el mismo el pasado veintisiete de abril del dos mil veintiuno, por no contar con previa cita agendada, es dable agotar los medios de defensa ordinarios, como en el caso acontece con el juicio de nulidad, en el que además de prever la suspensión del acto sin mayores requisitos que en la Ley de Amparo, debe de cumplir con los mandatos constitucionales en materia de impartición de justicia y protección de derechos humanos. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, tomo X, octubre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a su rubro dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." Tampoco se actualiza el supuesto que se trate de un amparo contra leyes, en virtud de que no se combate alguna norma general, sino se duele de las omisiones por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos y del Centro de Verificación Vehicular Cuautla CVV1711. En el entendido de que, si bien el juicio de amparo materializa el derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, contra las violaciones a los derechos humanos, no implica que se desatiendan los requisitos formales y presupuestos necesarios previstos en el orden jurídico interno, como son dejar de analizar las causales de improcedencia. Tiene sustento lo antedicho en las tesis 1a./J. 22/2014(10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, libro 4, tomo I, Marzo de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Por tanto, en este estadio procesal resulta evidente que en particular resultaba necesario, previo a la promoción de juicio de amparo, que la quejosa agotara el juicio de nulidad descrito en acato al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, habida cuenta que resulta incuestionable que en el caso se impugnaron actos de autoridad distinta a los tribunales, que no obstante tratarse de una omisión puede ser recurrida ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa por disposición del artículo 4°, no existiendo precepto alguno que restrinja su acceso a la instancia ordinaria indicada; la cual incluso permite otorgar la suspensión de sus efectos y con su agotamiento se puede acceder a la inexistencia de las omisiones combatidas; pues aun en el caso de estimarla como causantes de afectaciones irreparables, ello no hace procedente la actualización de alguna causa de excepción pues los efectos que éstos pueden producir constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observar para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargado del Despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio 1890/2021 de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del tres de junio del dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, tres de junio de dos mil veintiuno. Vista la comparecencia que antecede, se advierte que la quejosa LIDIA ELIZETH MEJIA QUEVEDO, en cumplimiento al auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, ratificó el escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, registrado bajo folio 6704, mediante el cual desahoga la prevención realizada por auto de tres de mayo del año en curso; en consecuencia, agréguese a los autos y téngase por realizada la ratificación de mérito. Ahora bien, visto el escrito de demanda, así como el escrito aclaratorio presentados por la quejosa LIDIA ELIZETH MEJIA QUEVEDO, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO. De acuerdo con el artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda, así como el escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la responsable SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, se reclama: La negativa de otorgar mediante su página electrónica una nueva cita dentro del periodo de verificación (última semana del mes de abril del 27 al 30 de abril del año en curso) no obstante que se insistió desde el 27 de abril pasado. Del CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR CUAUTLA CVV1711, se reclama, primero.- La negativa de aceptar para verificación el vehículo, bajo el argumento que en ese momento no contaba con holograma 0, no obstante, de tener cita previa para su trámite; segundo.- La negativa de recibir el vehículo y realizar la verificación el pasado 27 de abril del 2021, en sus instalaciones por no contar con previa cita agendada. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En esa tesitura, adviértase que se actualiza la causal de improcedencia prevista en prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;(.)" De lo anterior se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que prevé la citada ley y sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse de acuerdo con dicha Ley. Conforme a lo trascrito, el juicio de garantías es improcedente cuando: a) Se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para el otorgamiento de la provisional; y e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En la inteligencia, que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa, cuando: El acto reclamado carezca de fundamentación, Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o, Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el particular se actualiza la hipótesis normativa invocada, habida cuenta que en contra del acto combatido la quejosa no hizo valer de manera previa a acudir al Juicio de Amparo, el medio de impugnación ordinario precedente, soslayando el principio de definitividad que lo rige y al cual debe atenderse en casos como el que se analiza. En efecto, el primer requisito antes descrito para que se actualice la causal de improcedencia apuntada, se encuentra satisfecho ya que los actos que se impugnan en esta instancia constitucional proceden de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues emanan de autoridades eminentemente administrativas, esto es, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos y del Centro de Verificación Vehicular Cuautla CVV1711, razón por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa señalada en el precepto legal antes trascrito. La segunda exigencia también se cumple, porque en contra del acto reclamado existe un medio ordinario de defensa previsto en una ley formal y materialmente existente por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre otros, el llamado de definitividad, que se regula en el caso en la fracción XX del invocado artículo 61; texto legal del que se desprende que el juicio de garantías es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, ya que, de no respetarse este principio, el juicio de amparo será improcedente. La causa de improcedencia se surte debido a que, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, esto es, el acto que reclama tiene forma de reparación, ya que puede ser modificado, revocado o nulificado, a través del aludido medio de defensa, en términos de los numerales 1°, 3°, 4° y 18 de la Ley de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa, cuyo contenido textual es el siguiente: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia (sic) conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar (sic) el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones." "Artículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados: Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución; II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades." "Artículo 18. Cuando el Gobernador del Estado figure como autoridad demandada y el asunto sea de naturaleza fiscal, su representación corresponderá al Secretario de Hacienda. En todos los demás casos el Titular del Ejecutivo será representado por el Consejero Jurídico." De la lectura de los citados preceptos se aprecia que toda persona tiene derecho a controvertir los actos y omisiones de carácter administrativo emanados de autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; lo que en el particular acontece. Lo anterior es así, toda vez que, en el particular los centros de verificación vehicular se encargan de la medición de los contaminantes atmosféricos emitidos por las fuentes de motor móviles, y su funcionamiento es otorgado a particulares -persona física o moral- a través de un título de concesión autorizado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos; por lo que se configura como una dependencia del Poder Ejecutivo de esta entidad federativa. Asimismo, como se advierte del escrito inicial de demanda, así como el escrito aclaratorio la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la negativa de otorgar mediante su página electrónica una nueva cita dentro del periodo de verificación (última semana del mes de abril del veintisiete al treinta de abril del año en curso), la negativa de aceptar el vehículo para verificar, bajo el argumento que en ese momento no contaba con holograma 0, no obstante, de tener cita previa para su trámite y la negativa de recibir el mismo el pasado veintisiete de abril del dos mil veintiuno, por no contar con previa cita agendada, por el que en términos de los artículos 1°, 3° y 18 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, ante las omisiones reclamadas por la parte aquí quejosa, procede el juicio de nulidad; por lo tanto, resulta evidente que la parte quejosa tiene la posibilidad de impugnar los actos que reclama, a fin de que puedan ser anulados en términos del artículo 4° de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. De estos preceptos se advierte que la parte quejosa está en la posibilidad de controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal que emita el Ejecutivo Estatal y sus dependencias -como es la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos y del Centro de Verificación Vehicular Cuautla CVV1711, indicadas por la quejosa-, de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos o intereses legítimos, mediante el juicio de nulidad, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. De modo que, los actos omisivos al atribuírselos a órganos dependientes del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, es obligatorio que previo a promover la demanda de amparo, la parte quejosa acuda al Tribunal de Justicia Administrativa del Estadio de Morelos, a promover el juicio de nulidad, previsto en la ley citada, para con ello dar cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Por lo que, ante la existencia de un medio ordinario de defensa adecuado y eficaz con el que se pueden modificar, revocar o nulificar los actos reclamados previsto en una ley formal y material, resulta obligatorio que, previo a promover demanda de amparo, la parte quejosa, agote el medio ordinario de defensa a su alcance, pues de actuar de modo diverso como lo hizo, torna improcedente el juicio de garantías intentado. Sirven de sustento las jurisprudencias P./J. 3/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 190367, consultable en la página 08, del Tomo XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA.", y la diversa 2a./J. 116/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193141, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 447, de la Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia número 2ª- /J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193142, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 448, Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." En tales condiciones, queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar los actos que reclama a través del juicio de amparo indirecto a dependencias del Poder Ejecutivo Estatal. Al respecto es importante destacar que en el caso no se actualizan los supuestos de excepción al llamado principio de definitividad. Ello es así, en primer lugar, porque la normatividad que regula el medio ordinario de defensa (juicio de nulidad), prevé la suspensión de los actos impugnados en los mismos términos en que la Ley de Amparo regula la suspensión del acto reclamado. De conformidad con los artículos 43, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116 de la Ley de Justicia Administrativa, los actos impugnados pueden ser suspendibles con base en los mismos requisitos y dentro de los plazos que señala la Ley de Amparo. Además de que dicho recurso no exige mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo. En efecto, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, dispone un capítulo exclusivo en materia de suspensión al tenor de los siguientes numerales: "Artículo 43. El promovente deberá adjuntar a su demanda: I. Una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las partes; II. El documento con el cual acredite su personalidad, cuando promueva en nombre de otro o en representación de una persona moral; III. El documento en el que conste el acto o resolución impugnada; IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa o positiva fictas, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad; V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada, y VI. Las pruebas documentales que obren en su poder y que pretenda ofrecer en el juicio. Una vez que le fue turnada la demanda por el Secretario General, el Magistrado Instructor, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar el auto que la admita, aclare o deseche. Si la demanda cumple con todos los requisitos exigidos por esta Ley y está acompañada de los documentos que le son exigidos, se admitirá a trámite. Si la demanda es irregular, obscura o ambigua o no está acompañada de los documentos exigidos por esta ley, o de las copias necesarias para el emplazamiento y traslado, se le prevendrá al promovente para que, en el término de cinco días, la aclare, corrija o complete. Si el promovente no subsana la prevención en el plazo conferido para tal efecto, se tendrá por no interpuesta la demanda. La demanda y la ampliación de la demanda deberán estar firmadas siempre, con firma autógrafa, por el actor interesado. El autorizado o el delegado sólo podrán subsanar la demanda cuando se trata de la incorporación de documentos o de otros datos que no sean esenciales. Cuando la demanda sea promovida por una autoridad administrativa, en el auto de admisión se le hará saber al particular demandado que podrá recibir asesoría jurídica gratuita por medio del Asesor Jurídico de este Tribunal." "Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante" "Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento." "Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo." "Artículo 112. Tan pronto como se conceda la suspensión y se otorgue (sic) las garantías correspondientes en su caso, se hará del conocimiento de las autoridades demandadas, para su cumplimiento. La violación por parte de las autoridades a la suspensión concedida por la Sala será recurrible en queja, la cual se tramitará en los términos previstos de este ordenamiento. Al cumplimiento de la suspensión otorgada por la Sala se encuentran obligadas todas las autoridades que intervengan en el acto reclamado, con cualquier carácter, aun cuando no se encuentren demandadas. Para hacer cumplir la suspensión concedida, la Sala podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable, además, en lo conducente, lo dispuesto por este mismo ordenamiento para el cumplimiento y ejecución de las sentencias." "Artículo 113. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio. Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía." "Artículo 114. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efectos si el tercero interesado, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable. La contra garantía que ofrezca el tercero interesado deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada." "Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley." "Artículo 116. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia. Del escrito del solicitante, se dará vista a las demás partes por un término de cinco días, dictándose la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes.". En cuanto a los requisitos para que se conceda la suspensión en el juicio de amparo, los artículos 128 y 132 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía." De acuerdo con las anteriores trascripciones, debe decirse que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé la suspensión del acto y no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, ya que sólo requiere los siguientes: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y IV.- Que no se deje sin materia el juicio. Toda vez que el plazo para otorgar la suspensión conforme al artículo 43 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es equivalente al previsto en la Ley de Amparo. De la confrontación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previstas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, es claro advertir que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la citada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes. De acuerdo con lo anterior, resulta válido concluir que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ello con independencia de que el acto en sí mismo no sea suspendible. Máxime que el plazo para otorgar la suspensión prevista en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es equivalente al previsto en la Ley de Amparo, pues de su artículo 43 se advierte que una vez turnada la demanda, el Magistrado Instructor dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar auto que la admita, aclare o deseche, y en sus artículos 109 se lee que la Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados en el mismo auto de admisión, cuando así se hubiere solicitado, es decir, dentro de las veinticuatro horas siguientes a las que se reciba la demanda. En conclusión, queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar los actos que reclama a través del juicio de amparo indirecto, toda vez que las autoridades a quienes les reclama los actos son eminentemente administrativas (Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos y del Centro de Verificación Vehicular Cuautla CVV1711); habida cuenta que, como se mencionó, la legislación local prevé, al igual que la Ley de Amparo, la suspensión del acto administrativo, puesto que el numeral 138 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece que al conceder la suspensión el objeto será fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. En las relatadas circunstancias, es inconcuso que la existencia de un medio de defensa legal, como lo es el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, que es idóneo para combatir los actos reclamados que se impugna a las autoridades eminentemente administrativas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, hace obligatorio su agotamiento de manera previa al juicio de garantías. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.27/2016 de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes dieciocho de marzo de dos mil dieciséis a las diez horas con cuarenta minutos en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011289, que a la letra dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR ALJUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". Por lo que hace a la excepción a que alude el párrafo segundo de la fracción en comento, consistente en que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, tampoco se actualiza, en tanto que los actos reclamados versan sobre omisiones y no se trata propiamente de una resolución que deba estar fundada y motivada, es por ello que no se actualiza dicha hipótesis de excepción al principio de definitividad. Por lo que hace a la segunda excepción que establece el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61, en estudio, la cual precisa que no es necesario observar el principio de definitividad cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, tampoco se actualiza, en virtud que del estudio integral de la demanda de amparo se colige que la parte quejosa pretende que a través del juicio de amparo se conmine a la responsable a emitir una resolución dentro de un procedimiento administrativo, lo que equivale a que en este asunto se plantea un tema de legalidad. Aunado a lo anterior, aun cuando en la demanda de amparo se hiciera referencia a violaciones de preceptos constitucionales, lo cual no releva a la afectada de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la quejosa, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Apoya esta consideración la Jurisprudencia con registro 237480, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 175-180, Tercera Parte, Materia: Común, Página 119, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.". Asimismo, en cuanto a la excepción consistente en eximir al promovente de agotar el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, tampoco se actualiza, toda vez que está debidamente contemplado en los numerales 1°, 3° y 4° de la Ley de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa, que prevé la competencia del citado Tribunal, por virtud de la cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que el medio ordinario de defensa está previsto en una ley y no en un reglamento; en esa tesitura este supuesto de excepción tampoco resulta aplicable. Cabe precisar que la excepción al principio definitividad que se estudia, atiende a que debe otorgarse certeza jurídica a los gobernados respecto a que tengan conocimiento real del fundamento de los actos de autoridad, y como consecuencia, del medio de impugnación procedente para su defensa, lo que en el presente caso se encuentra colmado, por lo que en caso de inconformidad con la negativa de otorgar mediante su página electrónica una nueva cita dentro del periodo de verificación (última semana del mes de abril del veintisiete al treinta de abril del año en curso), la negativa de aceptar el vehículo para verificar, bajo el argumento que en ese momento no contaba con holograma 0, no obstante, de tener cita previa para su trámite y la negativa de recibir el mismo el pasado veintisiete de abril del dos mil veintiuno, por no contar con previa cita agendada, es dable agotar los medios de defensa ordinarios, como en el caso acontece con el juicio de nulidad, en el que además de prever la suspensión del acto sin mayores requisitos que en la Ley de Amparo, debe de cumplir con los mandatos constitucionales en materia de impartición de justicia y protección de derechos humanos. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, tomo X, octubre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a su rubro dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." Tampoco se actualiza el supuesto que se trate de un amparo contra leyes, en virtud de que no se combate alguna norma general, sino se duele de las omisiones por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos y del Centro de Verificación Vehicular Cuautla CVV1711. En el entendido de que, si bien el juicio de amparo materializa el derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, contra las violaciones a los derechos humanos, no implica que se desatiendan los requisitos formales y presupuestos necesarios previstos en el orden jurídico interno, como son dejar de analizar las causales de improcedencia. Tiene sustento lo antedicho en las tesis 1a./J. 22/2014(10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, libro 4, tomo I, Marzo de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Por tanto, en este estadio procesal resulta evidente que en particular resultaba necesario, previo a la promoción de juicio de amparo, que la quejosa agotara el juicio de nulidad descrito en acato al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, habida cuenta que resulta incuestionable que en el caso se impugnaron actos de autoridad distinta a los tribunales, que no obstante tratarse de una omisión puede ser recurrida ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa por disposición del artículo 4°, no existiendo precepto alguno que restrinja su acceso a la instancia ordinaria indicada; la cual incluso permite otorgar la suspensión de sus efectos y con su agotamiento se puede acceder a la inexistencia de las omisiones combatidas; pues aun en el caso de estimarla como causantes de afectaciones irreparables, ello no hace procedente la actualización de alguna causa de excepción pues los efectos que éstos pueden producir constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observar para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargado del Despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio 1890/2021 de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: LIDIA ELIZETH MEJIA QUEVEDO, el auto y/o resolución de VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO,, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito a nombre de LIDIA ELIZETH MEJIA QUEVEDO, mediante el cual pretende subsanar la prevención realizada por auto de tres de mayo de dos mil veintiuno; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda sin proveer respecto a su contenido, toda vez que la firma que calza el escrito de cuenta es notoriamente distinta a la que aparece en el escrito inicial de demanda de garantías. En consecuencia, requiérase a LIDIA ELIZETH MEJIA QUEVEDO, para que dentro del término de tres días, que le será contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado Federal en hora hábil debidamente identificado, con la finalidad de que ante la presencia judicial manifieste si reconoce o no la firma que calza en el escrito de cuenta, y en su caso, si ratifica el contenido del mismo; en el entendido que de no hacerlo así, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta; se advierte a la parte promovente de los delitos en que incurre quien declara con falsedad ante la autoridad judicial. En el entendido de que dicha ratificación se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus COVID-19, esto es, mediante cita previa, la cual deberá agendar directamente el interesado, en la fecha y hora generada en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal del Servicios en Línea, micrositios "Servicios jurisdiccionales"; además, una vez que obtenga ésta deberá hacerla saber con la anticipación oportuna a este órgano jurisdiccional a fin de que pueda realizarse la preparación necesaria, tomando en consideración el limitado personal en términos del citado acuerdo. Además, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, se faculta al fedatario de la adscripción para el caso de que la notificación del presente proveído la entienda de manera directa con el promovente de amparo pueda realizar la ratificación del escrito de cuenta. Asimismo, se autoriza la utilización de medios electrónicos y tecnológicos, a través de plataformas que permitan la realización de video llamada, a fin de llevar a cabo el desahogo de la ratificación señalada en líneas que anteceden, lo anterior en términos de lo establecido en el Acuerdos General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual podrá comunicarse al número telefónico 777 388 7240, con la finalidad de coordinar el día y hora hábil para llevar a cabo la diligencia correspondiente. Orienta el criterio anterior la tesis doscientos cincuenta y ocho, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento setenta y cuatro, tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, cuyo rubro es "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA "QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE "RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y "DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE "CORRESPONDA.". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargado del Despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio CCJ/ST/1115/2021 de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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