Lidia de la Fuente Rocha
Expediente 902/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 902/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Lidia de la Fuente Rocha
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el auto de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y atento a lo dispuesto por el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo general conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que este expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por lista a la promovente Agréguese a sus antecedentes el escrito de la quejosa Lidia de la Fuente Rocha, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de cinco de julio del año en curso. Ahora bien, previo a estar en aptitud de pronunciarse sobre la admisión, desechamiento o incompetencia de la demanda de garantías, es menester puntualizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 19, publicada en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con el rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", ha sustentado el criterio que el libelo de garantías debe considerarse un todo. En la especie, la promovente reclama lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: El mismo se hace consistir en; QUE LA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL SEÑALADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DENOMINADA INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO CON SEDE EN ESTA LOCALIDAD DE TORREÓN, COAHUILA, cuyo domicilio quedo descrito a supra líneas y Señalada como Responsable, sin justificación jurídica y legal alguna, ha incumplido con sus obligaciones de expedición y aplicación de manera y forma pronta y expedita relativa a informarme del resultado de las gestiones que se hicieron ante esta Dependencia, lo anterior en los términos señalados en los artículos; 1, 8 y 17 Constitucionales, ya que con tal actitud de omisión y conducta desplegadas de manera negligente de la Autoridad Responsable de referencia, me está causando perjuicios de carácter humano y económico, en motivo a que por la falta del dictado y pronunciación de la resolución de mi PENSIÓN JUBILATORIA POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS gestionada ante la dependencia en comento desde el mes de Diciembre del 2017, habiéndoseme rechazado el trámite de la pensión de referencia, en motivo a que no se había señalado el régimen y algunos errores en la documentación personal de la hoy quejosa mismos que fueron corregidos en tiempo y forma, aunado al periodo vacacional decembrino vacacional que el personal de la institución se encontraba gozando de asueto, siendo que hasta el día 16 de Enero del 2018 de nueva cuenta se apersonó la quejosa ante las oficinas del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORSS DEL ESTADO UNIDAD TORREÓN a fin de reiniciar los trámites que se llevaron a cabo en las propias Oficinas de la Institución de Seguridad y Servicios Sociales de esta localidad, habiendo hecho entrega de la documentación solicitada para la gestión de la multicitada pensión, y una vez corregidos los errores de los documentos personales de la quejosa, solo fue objeto de un sin número de vueltas y pérdida de tiempo sin que ha la fecha se le haya dado respuesta alguna sobre el particular, pues reitero; desde el día 1º de Diciembre del año próximo pasado 2017 en que inicié los trámites de dicha pensión y hasta la actualidad, han transcurrido con exceso APROXIMADAMENTE SEIS MESES SIN OBTENER RESULTADOS NEGATIVO O POSITIVO por parte de la Autoridad Responsable no obstante de que la dependencia en mención, me recibió la documentación requerida, y la misma presuntivamente fue remitida a la Ciudad de Saltillo Coahuila para su revisión, sin que a la fecha ninguna de ambas representantes Estatal ni Regional me resuelvan mi situación personal sobre el particular, y sin que la Autoridad Responsable se haya pronunciado con respecto a la concesión o rechazo de la misma, ignorando la suscrito el motivo, la causa o la razón para que el o los Funcionarios responsable hayan dejado correr demasiado tiempo para cumplir con su obligación y su responsabilidad de atender la petición de referencia y darme una respuesta para la obtención de mi pensión jubilatoria sin justificación alguna sobre el particular. En consecuencia, y con fecha 21 de Mayo del 2018, dirigí un escrito al LIC. CARLOS MERCADO SANCHEZ en su calidad de SUBDIRECTOR DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DEL ISSSTE UNIDAD TORREON, solicitándole se me asignara el régimen de inactividad, en los términos del TRANSITORIO DIEZ DE LA LEY DEL ISSSTE Y SU REGLAMENTO, ignorando dicha petición el funcionario de referencia, lo anterior en atención a la manifestación que de manera verbal me señalo dicho Subdirector es decir; con respecto a la solicitud de pedimento del régimen de referencia, pues al parecer ese era otro de los problemas por el cual no se me había autorizado la pensión reclamada, por tales motivos de omisión, indiferencia y de irresponsabilidad de la Autoridad Responsable denominado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO por conducto de su Apoderado Jurídico de esta Ciudad, así como el correspondiente al del Estado de Coahuila, de no resolverme ninguno de los señalados mi situación; me vi en la necesidad de enviar un correo electrónico con cargo al C. LIC. CUITLHUAC GUILLERMO CABALLERO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO NORMATIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DEW AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO con residencia en la Ciudad de México Distrito Federal en fecha Sábado 16 de Junio del presente año mismo que me permito transcribir para los efectos legales a que haya lugar: (.)" Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del numeral transcrito se observa, que el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. En el presente caso, del análisis del acto reclamado en la demanda de cuenta, se desprende que se actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, al no agotarse previamente a la presentación de la demanda en comento el principio de definitividad, en virtud que la ley ordinaria prevé un medio de defensa que puede confirmar, revocar o nulificar el acto, como lo es el juicio de nulidad que establece el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes de acudir a esta instancia constitucional. Lo anterior es así pues el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Igualmente, es de tomarse en consideración lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; (.)" De la interpretación literal de los artículos anteriormente transcritos se desprende que el juicio de amparo biinstancial es improcedente en materia administrativa en el supuesto de que contra el acto reclamado sea procedente un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión. De lo precedentemente expuesto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el promovente debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso previamente agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, ser modificado, revocado o nulificado; en términos de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y el citado 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; de ahí que la promovente de amparo, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por tanto, para acudir a él es necesario antes de la demanda de amparo, agotar en la vía ordinaria, todos los medios de defensa con los que cuenta la promovente para combatir el acto reclamado, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario. En ese sentido, se reitera que contra del acto reclamado por el promovente, procede el juicio de nulidad previsto en el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dispone: LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA "CAPITULO II De la competencia del Tribunal y los Conflictos de Intereses Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.) " Como se puede advertir de la lectura del precepto legal antes citado, el juicio de nulidad es procedente cuando se trate de resoluciones en materia de pensiones emitidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que en la especie acontece en virtud que la promovente solicitó la pensión por viudez, misma que se le negó. Luego, al no agotarse ese medio de defensa es innegable que el juicio de amparo que se proponga en contra del citado acto reclamado, será improcedente, precisamente porque aún se tiene la oportunidad de impugnar el acto de autoridad. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de Así las cosas, si la promovente Lidia de la Fuente Rocha, acude al presente juicio para controvertir la resolución emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante la cual se le negó la pensión por viudez, es indudable que dicha promovente tenía la obligación, previo al promover el juicio de amparo, el mencionado juicio contencioso administrativo federal, de conformidad con el artículo 2° de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. No se soslaya que el aludido juicio, no establece mayores requisitos que prevé la Ley de Amparo para la conceder la suspensión de los actos reclamados, atento a que el artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, al señalar que la medida cautelar se concederá siempre que no se afecte al interés social ni se contravengan disposiciones público, siempre y cuando sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto reclamado; lo cual, no va más allá de los requisitos de la Ley de Amparo para la procedencia de la medida suspensional, en cuanto a que, en ese ordenamiento para la procedencia de la suspensión, cuando cumpla con la solicitud del quejoso; no se siga perjuicio al intereses social ni se contravengan disposiciones de orden público (artículo 128); y que la ejecución del acto conlleve perjuicios de difícil reparación, ya que en base a estos se fijara los términos en que se concederá la medida cautelar (artículo 139).
Se notifica por lista a la promovente Por recibido el ocurso de cuenta signado por la promovente Lidia de la Fuente Rocha, por el que pretende desahogar el requerimiento realizado por este juzgado federal en proveídos de dos y cinco de julio del año en curso. En tales condiciones, dígasele a la compareciente que no ha lugar a tener por desahogada la prevención en cita; lo anterior es así, ya que no desahoga la aclaración bajo protesta de decir verdad, cual le fue requerido en el auto de dos de julio del año en curso. En tal virtud, dígase a la promovente que subsiste el requerimiento, término y apercibimiento efectuados a la promovente en auto de dos de julio del año en curso, en la inteligencia de que dicho término se interrumpe con la presentación del escrito aclaratorio de cuenta, el cual se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto.
- Principal
Se notificva por lista a la promovente Agréguese a sus antecedentes para que obre como corresponda el escrito signado por el licenciado Daniel Chávez Aguilar, en su carácter de autorizado de la parte quejosa Lidia de la Fuente Rocha, mediante el cual contesta el auto de aclaración de dos de julio de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, dígasele al ocursante que no ha lugar acordar su petición, ya que no se encuentra facultado para desahogar la aclaración de la demanda de amparo, porque versa sobre hechos o abstenciones que deben expresarse bajo protesta de decir verdad, en términos del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, lo cual solo puede realizar la persona que ejercitó la acción de amparo; máxime que lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, no lo autoriza para desahogar ese tipo de prevención. Es aplicable la jurisprudencia número 1a./J. 50/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, registro 2007285, libro 9, agosto de 2014, tomo I, materia común, página 210, cuyo texto es el siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". Por lo anterior, dígase a la promovente que subsiste el requerimiento, término y apercibimiento efectuados en auto de dos de julio del año en curso, en la inteligencia de que dicho plazo se interrumpe con la presentación del escrito aclaratorio de cuenta, el cual se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1ª./J.39/2012 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, libro VIII, mayo de 2012, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima época, con el texto siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo".
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes
- Leticia Reyna Cisneros920/2010
- Leysi Yusey Aguilar Ramirez584/2023
- Leyver Gilberto Perez Lopez1107/2021
- Lezbia Elizabeth González Sandoval758/2023
- Libertad Díaz Gallegos583/2015
- Librado Gamboa Gutiérrez1287/2018
- Lidia González Balderas285/2019
- Lidia Hernández Soto459/2023
- Lidia Juana Alicia Landeros Facundo1022/2022
- Lidia Saldaña Rivera890/2018
- Lilia Angelica Zamosett Olivares358/2017
- Lilia Concepción Arzate Rodríguez1377/2017