Lidia Cristobal Ramirez
Expediente 280/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 79 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 79
- Última actuación
- 02/08/2023
Partes del expediente
- Lidia Cristobal Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 79.
- Principal
Ensenada, Baja California, dos de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se aprecia que transcurrió el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas para hacerlo, manifestaran su inconformidad en contra del proveído de tres de julio de dos mil veintitrés, que declaró cumplido el fallo protector, sin que ello ocurriera; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena: Conservable el presente expediente, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido. Conservar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. Transferir el expediente principal y el incidente, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo de Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el inciso a), fracción II, del artículo 17 del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a las autoridades responsables Directora de Capital Humano de la Fiscalía General del Estado de Baja California y Fiscalía General del Estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, las copias certificadas que remitieron como anexo a su informe justificado, consistente uno y dos tomos de pruebas, respectivamente. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, tres de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, el que suscribe KARLOS GONZÁLEZ BAUTISTA, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de cinco de julio de dos mil veintitrés, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación de la sentencia de doce de junio de dos mil veintitrés, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se procede a analizar si la autoridad responsable Directora de Capital Humano de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Mexicali, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la justicia Federal a la parte quejosa, cumplió con la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días, otorgado a la parte legitimada para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable respecto de dicho cumplimiento. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo podrán ser de dos tipos, a saber ? Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, ? Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente asunto se actualiza la segunda de las hipótesis. Ahora, por sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil veintidós (fojas 475 a 508), este Juzgado de Distrito, por una parte sobreseyó, y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, resolución que fue recurrida por la parte quejosa. El referido recurso le correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, quien lo registró como amparo en revisión 508/2022; y mediante ejecutoria de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, confirmó la sentencia dictada por este Juzgado. Ejecutoria que, se tuvo por recibida en auto de uno de junio de dos mil veintitrés (fojas 639 a 644), por lo que en dicho proveído, se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en lo conducente fue concedido para los siguientes efectos 1. La autoridad responsable Directora de Capital Humano de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Mexicali, deje insubsistente el oficio FGE/OM-DCH/1633/2021, de dieciocho de agosto de agosto de dos mil veintiuno. 2. Con plenitud de jurisdicción, emita otro, el cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero en la que deberá cumplir cabalmente la exigencia del derecho fundamental violado, esto es, que emita otra respuesta dirigida a las promoventes del amparo, respecto del escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, y la notifique en el domicilio señalado para tales efectos. Respuesta en la que deberá establecer, en principio, si la mencionada responsable tiene competencia material para emitir contestación al derecho de petición, de no serlo, así lo informará a la parte quejosa, cuestión con la que estará satisfecho el derecho de petición, en su aspecto de congruencia por cuestión de competencia, punto en que se incurrió en violación. En la inteligencia de que en caso de que estime dicha autoridad ser competente, deberá precisar lo siguiente Los fundamentos legales en que sustente la competencia; es decir, en su caso, precisar los dispositivos que lo facultan para resolver lo peticionado por la parte quejosa. Especificar la ley que rige el acto y los motivos por el cual es aplicable, además de señalar los preceptos que la facultan para aplicar dicha norma. Además, deberá tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el expediente administrativo del finado*** se le hizo descuento alguno referente a la seguridad social o alguna prestación similar. Deberá señalar los motivos por los cuales el que en vida llevara el nombre de *** no cotizó al Instituto. Precisar con exactitud, en su caso, la fecha de entrega a ***determinada prestación y el concepto correspondiente que le fue devuelto. En caso de estimar que es diversa autoridad la competente para resolver determinados puntos, precisar las normas relativas. Sin que lo anterior, de manera alguna prejuzgue sobre la procedencia o improcedencia de lo peticionado por la parte quejosa; por tanto, la sentencia protectora se tendrá por cumplida una vez que, cumpliendo con los lineamientos de la presente resolución, la responsable emita la respuesta correspondiente al escrito presentado y lo notifique en el domicilio señalado para tal efecto. En el entendido de que la respuesta o contestación, deberá ser emitidas mediante acuerdo escrito, de manera congruente, debidamente fundado y motivado, de forma tal que se ocupe en contestar de manera completa la información solicitada por la quejosa en el escrito precitado. En atención al citado requerimiento, en proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable envió copia certificada del oficio *** de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, donde dejó insubsistente el oficio *** dieciocho de agosto de dos mil veintiuno; y con plenitud de jurisdicción dictó otro, con los lineamientos estipulados en la sentencia aquí emitida. En ese sentido, señaló que la Fiscalía General del Estado de Baja California; y por consiguiente dicha Dirección de Capital Humano, órgano administrativo perteneciente a dicha fiscalía, no era competente ni jurídica, ni material ni administrativamente para conocer, resolver y/o atender la petición de la parte quejosa, respecto de su solicitud, relacionada con el finado ***quien prestaba sus servicios como Policía Estatal Preventivo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública. Lo anterior, en virtud de que la Fiscalía General del Estado de Baja California, fue creada como órgano público autónomo, mediante reformas al capítulo IV del Título Quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en el Periódico Oficial del Estado. Que, mediante el Decreto 10, se creó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, publicado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, tomo CXXVI, número 49 del Periódico Oficial del Estado de Baja California; y que por tal motivo, la Secretaría de Seguridad Pública actualmente pertenece al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, a partir del seis de diciembre de dos mil veintiuno, bajo el nombre de Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo cual señala, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, mediante Decreto 41, donde se aprobó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California; y en Específico, se estableció en su artículo 30 lo siguiente "ARTÍCULO 30. Para el estudio, planeación, despacho y ejecución de los asuntos de la Administración Publica, auxiliaran a la Persona Titular del Poder Ejecutivo las dependencias siguientes IV. Secretaría de Seguridad Ciudadana; ARTÍCULO 34. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes ".XVIII. Organizar, dirigir, administrar a la institución policial estatal a cargo de la prevención del delito y las violencias; así como la policía encargada de la vigilancia, seguridad y custodia en materia penitenciaria, ejecución de sanciones y medidas judiciales." Que el seis de diciembre de dos mil veintiuno, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el Decreto 53, donde se aprobó la reforma a los artículos 7, 53, 54 y 69; y la adición de un capítulo IV denominado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, que señala: "ARTÍCULO 54. Las atribuciones que corresponden al Estado en materia de seguridad ciudadana se ejercerán por conducto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dependiente del Poder Ejecutivo del Estado.". Que el artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California establece lo siguiente: "ARTÍCULO 18.- La Secretaría es la dependencia de la administración pública estatal encargada de la preservación de la seguridad y convivencia ciudadana, de los espacios destinados al uso y disfrute público, así como de la prevención de las violencias y delitos, con la participación activa de la ciudadanía, la cual se regirá por lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos aplicables.** En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 de la Fiscalía General del Estado, no se consideraran las partidas presupuestales destinadas a la atención de las atribuciones y funciones en materia de seguridad ciudadana. De ahí que, no sea competente ni jurídica, ni material, ni administrativamente para conocer, resolver y atender la petición relacionada con el otorgamiento de una pensión económica vitalicia, y otras prestaciones que solicitó la parte quejosa en su escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en relación al finado Edmos Sánchez Lizárraga, quien se desempeñaba en vida como policía estatal preventivo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, dicha respuesta le fue notificada a la parte quejosa a través de su autorizado *** el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, tal y como se advierte del oficio que se atiende. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa sin que hubiera hecho manifestación al respecto. Entonces, si la protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que la autoridad responsable Directora de Capital Humano de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Mexicali, dejara insubsistente el oficio FGE/OM-DCH/1633/2021, de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno; y con plenitud de jurisdicción, emitiera otro, el cual podría ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero en la que debería cumplir cabalmente la exigencia del derecho fundamental violado, esto es, que emitiera otra respuesta dirigida a la promovente del amparo, respecto del escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, y la notifique en el domicilio señalado para tales efectos. Respuesta en la que debía establecer, en principio, si la mencionada responsable tiene competencia material para emitir contestación al derecho de petición, de no serlo, así lo informará a la parte quejosa, cuestión con la que estará satisfecho el derecho de petición, en su aspecto de congruencia por cuestión de competencia, punto en que se incurrió en violación; y de estimar dicha autoridad ser competente, debía precisar los fundamentos legales en que sustente la competencia; es decir, en su caso, precisar los dispositivos que lo facultan para resolver lo peticionado por la parte quejosa. También, especificar la ley que rige el acto y los motivos por el cual es aplicable, además de señalar los preceptos que la facultan para aplicar dicha norma; debía tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el expediente administrativo del finado ***entre ellas, los recibos de nómina correspondiente y las demás que sean necesarias, a fin de determinar si al citado *** se le hizo descuento alguno referente a la seguridad social o alguna prestación similar, así como, señalar los motivos por los cuales el que en vida llevara el nombre de *** no cotizó al Instituto; precisar con exactitud, en su caso, la fecha de entrega a *** de la prestación y el concepto correspondiente que le fue devuelto; en caso de estimar que es diversa autoridad la competente para resolver determinados puntos, precisar las normas relativas. Ello, sin que lo anterior, de manera alguna prejuzgue sobre la procedencia o improcedencia de lo peticionado por la parte quejosa; por tanto, la sentencia protectora se tendrá por cumplida una vez que, cumpliendo con los lineamientos de la presente resolución, la responsable emita la respuesta correspondiente al escrito presentado y lo notifique en el domicilio señalado para tal efecto. En el entendido de que la respuesta o contestación, debía ser emitidas mediante acuerdo escrito, de manera congruente, debidamente fundado y motivado, de forma tal que se ocupe en contestar de manera completa la información solicitada por la quejosa en el escrito precitado. Lo cual como se vio así sucedió, pues en el oficio ***de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el oficio *** de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno; y con plenitud de jurisdicción dictó otro, con los lineamientos estipulados en la sentencia aquí emitida. Esto es, en primer lugar, señaló que la Fiscalía General del Estado de Baja California; y por consiguiente dicha Dirección de Capital Humano, órgano administrativo perteneciente a dicha fiscalía, no era competente ni jurídica, ni material ni *** administrativamente para conocer, resolver y/o atender la petición de la parte quejosa, respecto de su solicitud, en relación al finado *** quien prestaba sus servicios como Policía Estatal Preventivo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública. Lo cual fundó de manera congruente al señalar que la Fiscalía General del Estado de Baja California, fue creada como órgano público autónomo, mediante reformas al capítulo IV del Título Quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en el Periódico Oficial del Estado; luego, se creó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, publicado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, tomo CXXVI, número cuarenta y nueve del Periódico Oficial del Estado de Baja California; y que la Secretaría de Seguridad Pública pertenece al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, dado que a partir del seis de diciembre de dos mil veintiuno, la Secretaría de Seguridad Pública forma parte del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, bajo el nombre de Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, mediante Decreto Cuarenta y Uno, donde se aprobó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y en Específico en su artículo 30. De igual manera, señaló que el seis de diciembre de dos mil veintiuno, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el Decreto 53, donde se aprobó la reforma a los artículos 7, 53, 54 y 69; y la adición del capítulo IV denominado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. Lo cual además fundamentó en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 69 y 110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, reformada mediante Decreto 7, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve; 1, 9 fracción IV, 32, y demás relativos a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado; 1, 8 fracción IV, 149, fracción I, 151 del reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Respuesta que le fue notificada a la parte quejosa a través de su autorizado Salvador Rodríguez Luna, el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, tal y como se advierte de la constancia que envió para tal efecto. Sin que la responsable se encuentre obligada contestar los diversos aspectos de los efectos de la sentencia aquí emitida; ello, al haberse declarado que no era competente ni jurídica, ni material ni administrativamente para conocer, resolver y/o atender la petición de la parte quejosa, respecto de su solicitud, en relación al finado *** quien prestaba sus servicios como Policía Estatal Preventivo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública; lo cual fue congruente, pues precisó que la Fiscalía General del Estado de Baja California, fue creada como órgano público autónomo, mediante reformas al capítulo IV del Título Quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en el Periódico Oficial del Estado; y que posteriormente, se creó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, publicado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, tomo CXXVI, número 49 del Periódico Oficial del Estado de Baja California; y que debido a ello, la Secretaría de Seguridad Pública pertenece al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, dado que a partir del seis de diciembre de dos mil veintiuno, dicha Secretaría de Seguridad Pública forma parte del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, bajo el nombre de Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California; ello, mediante Decreto 41, donde se aprobó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y en Específico en su artículo 30. Por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos en el actuar de la responsable; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
- Principal
Notifíquese personalmente.
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