LIDIA AIDEE CARAVEO AGUERO y Otros.
Expediente 965/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 965/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/02/2021
Partes del expediente
- LIDIA AIDEE CARAVEO AGUERO y Otros.
- María Teresa Munguia Piñon y Otros.
Actuaciones
- Principal
VII.-...Vista la certificación de cuenta, se advierte que con motivo de las circulares aprobadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó regresar al esquema de trabajo de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19... en consecuencia, se ordenó levantar la suspensión de los plazos y términos procesales, mientras se garantice la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19...se levanta la suspensión de plazos y términos procesales en este juicio de amparo y se continúa el procedimiento...vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días sin que haya sido recurrido el proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido...
- Principal
VII.- ".Vista la demanda de amparo promovida por. por propio derecho, contra actos de la Presidenta Constitucional del Ayuntamiento . (sic); fórmese expediente y regístrese su ingreso en el Libro de Juicios de Amparo que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, con el número 965/2020-VII. Ahora bien, conviene precisar que el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales establece que el juzgador examinará ante todo el escrito de demanda y si el Juez encontrare motivo "manifiesto" e "indudable" de improcedencia, la desechará de plano. En esa virtud, lo manifiesto surge cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de quien suscribe y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. .. En esa virtud, del análisis integral que se realiza al escrito inicial de demanda, se advierte que el acto reclamado por las promoventes del amparo consiste en: .. En el caso, el suscrito juzgador advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 8, aplicado a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Por su parte el ordinal 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." En esa temática, el artículo 61 de la ley de la materia, establece en la fracción XXIII, la improcedencia del juicio de amparo cuando ésta derive de alguna disposición de la Constitución Federal, o de la propia ley. Por otra parte, el derecho de petición consignado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito y congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término". De esta forma, el derecho de petición es la potestad que tiene todo individuo para acudir ante las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente; por tanto, el titular del derecho subjetivo público individual de petición consagrado como derecho humano en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política a los ciudadanos de la República. Bajo esa óptica, la petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada, además de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta; por su parte, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo solicitado, ello sin perjuicio de que la respuesta sea contraria a sus intereses, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula, a proveer necesariamente de conformidad lo solicitado, sino que está en libertad de resolver acorde con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; asimismo, dicha resolución debe notificarse en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. Ahora, si bien es cierto el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no precisa el número de días en que debe darse contestación a todo ocursante o peticionario, la expresión usada por el constituyente "en breve término" debe entenderse como el plazo que racionalmente se requiera para estudiar la petición, acordarla y notificarla. Por tanto, resulta improcedente la demanda de amparo que se atiende, pues se estima que no ha transcurrido un plazo razonable para efectos de emitir la respuesta, considerando la fecha de la presentación del escrito de la petición ante la autoridad responsable y la promoción de la presente instancia constitucional. Resulta conveniente destacar que el artículo 8 constitucional, en el cual se reconoce el derecho fundamental de petición, no establece un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados. En su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un "breve término", sin que se haya establecido un referente temporal definido. Ante tal indefinición, los Tribunales de la Federación han emitido diversos criterios en los que han sostenido que el plazo con que cuentan las autoridades para emitir una respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados es aquel en que racionalmente pueden estudiarse y acordarse, atendiendo a las particularidades del caso concreto y a la naturaleza de la petición. . En mérito de lo anterior, se estima que el hecho de que en el ámbito jurídico se haya aceptado con cierta uniformidad que el "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional no debe exceder de cuatro meses, no constituye una habilitación irrestricta para que en cualquier caso las autoridades puedan extender la falta de respuesta a las peticiones dirigidas por los gobernados hasta la conclusión de dicho plazo. En cambio, la regularidad constitucional del silencio de las autoridades se encontrará determinada por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilación en la respuesta de la solicitud, para lo cual resulta útil atender al concepto de "plazo razonable". Se afirma lo anterior, pues la situación que regula el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en un breve término, guarda una relación de similaridad con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que deben atenderse las circunstancias específicas de cada caso. Además, la interpretación del contenido de los derechos humanos debe ir a la par de la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida, por lo que sus alcances no se limitan al texto expreso de la norma en que se reconozcan aquéllos, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que hagan los tribunales de constitucionalidad nacionales, como intérpretes últimos de sus normas fundamentales, así como con la interpretación que hagan los organismos internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados específicos, en una relación dialéctica. . Entonces, por los razonamientos expuestos, como se adelantó, de una interpretación progresiva el silencio de la autoridad se encontrará determinado por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilación en la respuesta de la solicitud, para lo cual resulta útil atender al concepto de "plazo razonable". Precisado lo anterior, si la parte quejosa presentó su petición ante la autoridad responsable el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en tanto que la demanda de amparo que se atiende fue presentada en el Buzón Judicial de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el cuatro de diciembre del año en curso, es evidente que no ha transcurrido un término razonable a efecto de que la autoridad responsable dé contestación a su escrito de petición, pues únicamente han acontecido cinco días hábiles desde que las promoventes del amparo elevaron su petición ante la responsable; por tanto, se considera que el breve término a que alude el artículo 8 constitucional, aun no transcurre, ello en razón de que para establecer la omisión a dicho derecho humano, deben tomarse en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad, técnica jurídica y material, con la actividad que las solicitantes hubieran desplegado en seguimiento a su petición, con la que la autoridad haya llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito. .. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista la fracción XXIII, de artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste último interpretado en sentido contrario, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por., por propio derecho, al ser notoriamente improcedente. Por otra parte, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a su costa un juego de las copias simples que solicitan de la presente determinación. En la inteligencia, que lo anterior deberá realizarse conforme a los lineamientos establecidos en el anexo del punto quinto transitorio del Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con las medidas de seguridad sanitaria que llevarán a cabo los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el horario de las catorce horas a las dieciocho horas, de lunes a viernes, para la atención al público en relación con este juzgado de Distrito. Esto es, que de conformidad con los artículos 3 y 6, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, las quejosas o alguno de sus autorizados están en aptitud de generar una cita en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea, a través del sistema "Agenda OJ", a efecto de obtener un código QR y acudir a este órgano jurisdiccional, los que estarán sujetos a la disponibilidad que arroje el aludido sistema.."
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