Liderina del Socorro Palomo Catzin
Expediente 155/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 155/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Liderina del Socorro Palomo Catzin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, así como las constancias que acompañó al mismo, de las que se advierte que por proveído de veinte de marzo de dos mil veinte, dio trámite a la demanda laboral presentada por la aquí quejosa, la cual se radicó con el número de expediente 294/2020, y señaló como fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el diez de noviembre del citado año, incluso, en esta fecha, al no celebrarse dicha audiencia, fijó una nueva para el veintiocho de abril del año en curso, así mismo, también se desprende que en acuerdo de diez de noviembre de dos mil veinte, dicha Junta se pronunció sobre el escrito de la parte quejosa de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, presentado el uno de septiembre del citado año, y por diverso proveído de ocho de febrero del año en curso, se tuvo por recibida la promoción de fecha once de noviembre de dos mil veinte, presentada por la parte actora, aquí quejosa, en fecha veintitrés de noviembre del citado año, autorizando expedir las copias que solicitó. Ahora bien, se trae a colación que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, lo siguiente: La omisión de fijar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de inicio en el expediente laboral de origen 294/2020. La falta de acuerdo que recaiga sobre el memorial de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, presentado el uno de septiembre del citado año, dentro del expediente laboral 294/2020. La falta de acuerdo que recaiga sobre el memorial de once de noviembre de dos mil veinte, presentado el veintitrés de noviembre del citado año, dentro del expediente laboral 294/2020. En consecuencia, en el caso a estudio, concretamente en lo referente a los actos reclamados precisados en los puntos 1 y 2 precedentes, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Se estima lo anterior, en virtud de que, como refiere la autoridad responsable en las constancias que adjuntó al oficio de cuenta, en cuanto al acto reclamado consistente en: La omisión de fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia de inicio en el expediente laboral de origen 294/2020. Se tiene que por proveído de veinte de marzo de dos mil veinte, se dio trámite a la demanda presentada por la aquí quejosa, la cual se radicó con el número de expediente 294/2020, en donde determinó fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para el diez de noviembre del año próximo pasado, incluso, al no poder celebrarse en esa fecha, se fijó una nueva para el veintiocho de abril del año en curso. Ahora, en cuanto al acto reclamado consistente en: La falta de acuerdo que recaiga sobre el memorial de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, presentado el uno de septiembre de ese mismo año, dentro del expediente laboral 294/2020. Se tiene que en acuerdo de diez de noviembre de dos mil veinte, dicha Junta se pronunció sobre el escrito de la parte quejosa presentado el uno de septiembre de dos mil veinte, y señaló el veintiocho de abril de dos mil veintiuno para que tenga lugar la audiencia de admisión, demanda y excepciones. Por tanto, se concluye que la Junta responsable al haber emitido los pronunciamientos relativos a las omisiones relativas a la fijación de fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y al pronunciamiento sobre el escrito de la parte quejosa presentado el uno de septiembre de dos mil veinte, tomando en cuenta que todo lo anterior se llevó a cabo con fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo, esto es, antes del veintiséis de enero dos mil veintiuno; en consecuencia, los referidos actos reclamados, se consideran inexistentes y debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto u omisión reclamada en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la parte agraviada es para invalidar el acto u omisión reclamada, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales conculcados y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable. Por tanto, si la existencia del acto u omisión no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la parte impetrante de amparo en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la inexistencia de las omisiones reclamadas radicó en que al momento de que la parte quejosa promovió la demanda de amparo, no existían las omisiones reclamadas a la responsable, ya que con anterioridad la Junta responsable se pronunció en relación con las omisiones relativas a la fijación de fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y al pronunciamiento sobre el escrito de la parte quejosa presentado el uno de septiembre de dos mil veinte. De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia de la omisión reclamada, lo que impide que esta juzgadora pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de los derechos fundamentales respecto de una omisión que no subsiste. En consecuencia, al no existir la omisión reclamada, concretamente en lo referente a los actos reclamados precisados en los puntos 1 y 2, se decreta el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Ahora bien, en lo que respecta al acto reclamado, precisado en el punto número 3, consistente en la falta de acuerdo que recaiga sobre el memorial de once de noviembre de dos mil veinte, presentado el veintitrés de noviembre de ese año, dentro del expediente laboral 294/2020. Se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la falta de acuerdo que recaiga sobre el memorial presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dentro del expediente laboral 294/2020. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Presidente de la Junta responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que por proveído de ocho de febrero del año en curso, se tuvo por recibida la promoción presentada por la parte actora, aquí quejosa, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, autorizando expedir las copias que solicitó. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Junta responsable acordó el escrito de la parte quejosa, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no había dado respuesta al escritos presentados por la parte quejosa, dentro del juicio laboral de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el acuerdo pronunciado por tal autoridad el ocho de febrero del año en curso. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
Visto lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que el Actuario adscrito, no logró emplazar a la tercero interesada "LEONI WIRING SYSTEMS DE YUCATÁN", Sociedad Anónima de Capital Variable, tal y como fue ordenado en proveído de ocho de febrero del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo, en el predio señalado por la parte quejosa en su escrito con número de folio 1661, mismo que obra agregado en autos, por los motivos que señaló en su actuación levantada el diez de febrero del año en curso. Atento a lo anterior, con fundamento en la fracción II, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, proporcione algún otro domicilio donde pueda ser emplazada la empresa tercero interesada aludida; apercibida, que de no cumplir con lo anterior, se procederá a realizar la investigación en torno al domicilio de aquélla.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que obra en autos el oficio suscrito por la Apoderada del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), en representación de su poderdante, del Consejo Directivo, Directora General, Subdirector de Pensiones y Gestión Financiera, de la Jefa del Departamento de Jubilados y Pensionados y del Jefe del Departamento de Tesorería y Gestión Financiera, todos con sede en esta ciudad de Mérida, con el que informó acerca del cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; así como que mediante proveído de catorce de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el oficio y anexo remitidos por la mencionada autoridad, para que en el término de tres días hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, esta juzgadora determinaría si está cumplido o no el fallo de amparo. En atención a lo anterior, cabe puntualizar que por sentencia firmada el veintiuno de febrero de dos mil veinte, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa contra el acto reclamado del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, y de otras autoridades, para el efecto de que las responsables en cuyo ámbito de competencia se encuentre la función, emita mandamiento escrito en el que expusiera los motivos y fundamentos por los cuales realizó la modificación en el pago de la pensión mensual que recibe la parte quejosa y hacerlo de su conocimiento en el domicilio que tenga registrado en los archivos de dicho Instituto. El diez de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el cual confirmó la sentencia pronunciada en este expediente, por lo cual se requirió cumplimiento a las autoridades señaladas como responsables. Posteriormente, por oficio suscrito por la citada Apoderada de las autoridades responsables, al que anexó el oficio ISS/SPGF/OS/3164/2020, de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en el cual expuso al peticionario de amparo que con fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, se pagó el retroactivo de: a) el incremento de la pensión conforme a la ley, correspondiente a los meses de enero a abril de dos mil diecinueve, y b) el apoyo extraordinario denominado "Reconocimiento por servicio público" en sus parcialidades correspondientes de enero a abril de 2019. De igual forma, expuso diversas manifestaciones relativas a dichos pagos, señalando la periodicidad y los motivos que dieron origen a dicho otorgamiento; refirió que la parte quejosa recibió durante el año de dos mil diecinueve dos conceptos de pago, siendo éstos, pensión actualizada y apoyo extraordinario denominado "Reconocimiento por Servicio Público", y citó los fundamentos de dicho otorgamiento. Asimismo, expuso que el porcentaje de fijación de incremento de pensión para el año dos mil diecinueve, correspondió únicamente al cinco por ciento sobre la base del Salario Mínimo General; estableciendo de igual manera el fundamento bajo el cual, a su dicho, se encontraba ceñida su actuación. Finalmente, expuso al aquí quejoso las cantidades a que ascendía su cuota diaria de pensión en los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, con base en el incremento de cinco por ciento antes referido, lo que, en adición al concepto denominado "Apoyo extraordinario", generó el ingreso que fue por él percibido durante dicho período. Informando al destinatario que derivado de lo anterior, no existía un descuento o modificación diaria a su cuota de pensión, sino que la variación reflejada en el mes de octubre, obedeció a la conclusión del referido apoyo extraordinario. Situación que le fue notificada a dicho peticionario de amparo el veintidós de diciembre de dos mil veinte, según se advierte del acuse correspondiente que obra asentado en el oficio de mérito. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos.
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