Licurgo Daniel Solorio Banda

Expediente 1069/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1069/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Licurgo Daniel Solorio Banda

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el quejoso, mediante el cual manifiesta que desea desistirse del presente juicio de amparo. Se esté a lo acordado. Atento a lo solicitado, dígasele que este a lo acordado en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Firme desechamiento. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el acuerdo dictado el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación. Visto lo de cuenta, se tiene a ******, promoviendo demande amparo por su propio derecho contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1069/2021. Improcedencia. Una vez analizada en forma íntegra el escrito inicial de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; lo "indudable" consiste en la certeza y plena convicción de algún hecho, lo que no puede dudarse por lo claro y evidente; de esta manera, motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías es el que está plenamente demostrado, advertida de manera patente y clara de la de demanda de amparo, o de los documentos anexos a esa promoción, de tal suerte que no sería posible concluir en sentido contrario aun con los elementos que se pudieran obtener de tramitarse el juicio constitucional. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, mismos que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.--- (.)" El primero de los artículos precitados dispone que el juicio de amparo deviene improcedente, además de las diversas hipótesis establecidas en el mismo, en los demás casos en que así resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, página 373, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, interpretó el artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, similar al artículo 61 actual, en los siguientes términos: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno a las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Asimismo, el segundo de los preceptos legales trascritos, es claro al establecer cuándo se está ante actos cuyos efectos son de imposible reparación, al disponer que por éstos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo respecto el significado jurídico de imposible reparación desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo iniciados con posterioridad al tres de abril de dos mil trece debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de derechos sustantivos como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no afecten derechos sustantivos, pues solo la trasgresión a éstos es considerada de imposible reparación. De tal manera, el juicio de constitucional no es procedente contra actos que sólo involucren derechos procesales, pues con ello no se inmiscuyen derechos sustantivos, como pudiera ser la vida, propiedad, posesión, etcétera; sin que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo sea válido acudir al concepto de violación procesal que produce afectación en grado predominante o superior, como sucedía conforme la abrogada Ley de Amparo. En ese sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) publicada en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la federación, Decima Época, donde sostiene: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En resumen, tenemos que el juicio de amparo es improcedente contra actos que involucran derechos procesales, no sustantivos, por más que la trasgresión sea predominante o superior. Ahora, tratándose de actos omisivos atribuidos a autoridades jurisdiccionales, como el caso que nos ocupa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando el quejoso se duele precisamente de ese tipo de actos, éstos no pueden considerarse de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, dado que no se trata de alguna omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste donde el quejoso es parte; por lo que en ese supuesto, no se actualiza una excepción para acudir al juicio de amparo, salvo de que se advierta abierta dilación al procedimiento. La anterior consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia 2a./J 48/2016 (10a.), visible en la página mil ochenta y seis, del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que reza lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En ese orden de ideas, conviene establecer que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también determinó en torno a ese tema, que la abierta o excesiva dilación en la impartición de justicia a que se hizo referencia en la jurisprudencia reproducida con antelación, acontece cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales en el dictado de los proveídos, resoluciones o realización de las diligencias relativas, ello si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Dicho criterio se encuentra contenido en la tesis 2a./J. 33/2019 (10a.), con número de registro: 2019400, cuyo rubro y texto, rezan los siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Pues bien, si se toma en cuenta el criterio invocado en líneas superiores como parámetro para el caso que nos atañe, tenemos que los artículos 114, 665 y 683 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California -legislación adjetiva que rige en el procedimiento de origen-, son coincidentes en establecer que el plazo máximo en los procedimientos tramitados en términos de esa codificación adjetiva, en que las autoridades ante quienes se lleven, puedan permanecer inmóviles y sin que las partes actúen, es de tres meses. Así podemos considerar que para el asunto que nos ocupa, una abierta dilación en el procedimiento civil génesis acaecerá cuando trascurran más de tres meses en dictarse o cumplirse las determinaciones o diligencias correspondientes, por ser un tiempo máximo promedio que estimó el legislador en que puede permanecer inactivo el procedimiento, sin que la autoridad correspondiente realice una actuación y sin sanción para las partes; lo cual, a juicio de quien ahora resuelve, objetivamente resulta ser un término prudente. 11/03/24 Establecido lo anterior, antes de continuar conviene precisar que para efecto de determinar la certeza o no del acto de autoridad en el juicio de amparo, debe atenderse a la fecha de presentación de la demanda, sin que en la sentencia pueda ocuparse de actos posteriores. Es aplicable a lo antes expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número setenta y nueve, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, que reza lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En ese sentido, es necesario resaltar que la demanda que dio origen al juicio biinstancial que ahora se resuelve, fue presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Por consiguiente, para efecto del análisis de la causal de improcedencia invocada por este Juzgado Federal, se tomará en cuenta la data antes precisada. Así, tenemos que en el caso particular la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable de no respetar los plazos y términos establecidos en el código de procedimientos civiles para el estado de Baja California, en el juicio 626/2021, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar; concretamente, porque no ha resuelto el recurso de revocación presentado el cinco de agosto dedos mil veintiuno, contra el auto de seis de julio del mismo año, y dice que ya tardó más del tiempo previsto por la ley. En ese contexto, se advierte que si la demanda de amparo se presentó el día veinticuatro de septiembre de este mismo año, claramente podemos colegir que si bien, tal como lo indicó la parte quejosa, entre dichas fechas trascurrieron cuando casi dos meses, de que acaeció la omisión tildada de inconstitucional, tomando en cuenta que a partir de la fecha de presentación del recurso de que se trata, la autoridad responsable tenía tres días para resolverlo, una vez que corrió traslado a las partes con el mismo, en términos del numeral 671 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California; no obstante, lo cierto es que el plazo máximo prudente en que puede considerarse acaeció una abierta dilación, para el caso particular, es de tres meses, según lo razonado en párrafos superiores. De manera que la omisión de análisis no es de imposible reparación, en la medida que no afecta derechos sustantivos, virtud que según lo evidenciado, en el caso no trascurrió el plazo estimado por este Juzgado Federal para el juicio natural, para estimar acontecida una abierta dilación -más de tres meses-. En congruencia con lo anterior y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano el presente juicio de amparo, al surtirse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Resta mencionar que no es obstáculo a todo lo antes resuelto, que en el caso a estudio estén involucradas menores de edad y, por ende, que resulte procedente la suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo y, en toda su amplitud, en torno a ellas, conforme el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 191/2005, aprobada en sesión de 30 de noviembre de 2005, con el rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE". Sin embargo, en tratándose del análisis de la procedencia del juicio de amparo, el límite de la suplencia es en torno a la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios, pero de ninguna manera abarca hasta el extremo de modificar el régimen que ha establecido la Constitución Federal y la propia Ley de la Materia, respecto de la procedencia del procedimiento constitucional. Deviene aplicable, analógicamente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal el País, cuyos datos de identificación y texto enseguida se transcriben: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, NO IMPLICA EL HACER PROCEDENTE UN RECURSO QUE NO LO ES. La suplencia de la deficiencia de la queja que existe en la materia penal sólo tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación o agravios, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente, se prive de la libertad de manera injustificada a una persona, pero de ninguna manera llega al extremo de admitir juicios o recursos no permitidos por la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan. Conforme al artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, en materia penal, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios. Suplir implica en este caso integrar lo que falta o subsanar una imperfección, completar lo parcial o incompleto, y únicamente opera sobre conceptos de violación o agravios en el caso de que éstos sean materia de estudio ante la inexistencia de una causa de improcedencia, por lo que la suplencia sólo opera una vez que es procedente el juicio o recurso, pero no significa actuar al margen de la ley declarando procedente lo improcedente" (Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VIII, Septiembre de 1998, Tesis: 1a./J. 50/98, Página 228) En ese tenor, tampoco el interés superior del menor constituye una justificación válida para generar per se, la procedencia del juicio de amparo, en tanto, en cualquier caso, resulta indispensable colmar los presupuestos legales y requisitos de procedencia respectivos de la contienda constitucional, en la medida que no existen disposición normativa que lo autorice. Cabe precisar que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 265/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho órgano colegiado determinó en lo conducente, lo siguiente: "18.1 Si bien es cierto que en los litigios en los que están involucrados los derechos de una persona menor de edad se debe aplicar la ley con flexibilidad y observar el principio del interés superior de la niñez, la intervención de una persona menor, por sí sola, no conduce a soslayar automáticamente el orden jurídico, ni constituye una eximente para satisfacer los presupuestos legales indispensables de la contienda constitucional, dado que no existe disposición normativa que lo autorice." Del anterior criterio emergió la jurisprudencia 113/2013, la cual resulta aplicable al presente asunto, por las razones jurídicas en que se sustenta; cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." (Época: Décima Época, Registro: 2005039, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.), Página: 350) En conclusión, en ningún supuesto, la suplencia de la queja o el interés superior del menor, implica soslayar cuestiones de procedencia del juicio de amparo. Finalmente, aunado a lo determinado con antelación, cabe precisar que quien acude a la presente instancia de amparo es el progenitor de las menores de edad involucradas, empero, lo hace por derecho propio y no en representación de las niñas. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, al encontrarse registrada sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las diversas personas que menciona únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que propone. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Número telefónico. Asimismo, téngase señalado el número telefónico que indica, única y exclusivamente con el fin de establecer contacto con los mismos, no así para recibir notificaciones por dicho medio de comunicación privada; lo anterior, en términos del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020, que regula las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, puesto que el único medio para oír y recibir notificaciones en forma electrónica, según dicho acuerdo y demás disposiciones relativas aplicables, es a través del Portal de Servicios en Línea de Poder Judicial de la Federación, para lo cual, la parte interesada debe generar su usuario correspondiente y realizar las gestiones necesarias, a efecto de estar en posibilidad de solicitar su notificación electrónica por este último medio. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágasele ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO ATENDIO EL CITATORIO DE 24 DE SEPTIEBMRE DE 2021 SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO Mexicali, Baja California, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Oficio. Imprímase e intégrese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta que remite el Secretario de Finanzas del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, en el que informó a este juzgado respecto a la solicitud relativa al registro del domicilio de la tercera interesada 1)**********, informando que no tiene registro de domicilio de la persona en cuestión. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no han podido ser emplazados al presente juicio las partes tercero interesadas a) ********* dado que no se cuenta con su respectivo domicilio, no obstante haberse agotado el procedimiento oficioso para localización de sus domicilios, por lo que se provee lo siguiente: Emplazamiento. En consecuencia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 27, fracción III inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena emplazar a las partes tercero interesadas a)**************, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los cuales contendrán una relación sucinta de la demanda de amparo, mismos que deberán ser publicados por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en alguno de los diarios de mayor circulación en la República, a través de los cuales se le hará saber que deberá presentarse ante este Juzgado Sexto Distrito en Mexicali, Baja California, dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación. Además se ordena fijar en la puerta de este Juzgado una copia íntegra del presente proveído por todo el tiempo del emplazamiento, con el apercibimiento, que de no comparecer se le tendrá por emplazado al presente juicio, haciendo las ulteriores notificaciones y aún las de carácter personal por lista que se fijará en este Juzgado, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Tiene sustento lo anterior, en la tesis que a continuación se cita, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, en virtud que no se opone a las disposiciones de esta: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE HASTA QUE SE HAYA REALIZADO LA INVESTIGACIÓN PARA DAR CON EL DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO, SI NO HUBO RESULTADOS FAVORABLES. La autoridad responsable, como auxiliar de la Justicia Federal, ante el desconocimiento del domicilio del tercero perjudicado en el juicio de garantías, deberá ordenar a las autoridades correspondientes la investigación de dicho domicilio para efectos del emplazamiento y esperar la contestación o en su defecto, requerir a las omisas con el apercibimiento respectivo para que den cumplimiento a lo señalado y sólo será hasta que se tengan los resultados de la referida investigación, si fueren negativos, cuando estará la responsable en aptitud de realizar el emplazamiento por medio de la publicación de edictos y no antes, toda vez que se contravendría lo dispuesto por el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo." (Novena Época, Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA, CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XI, Enero de 2000, Tesis: I.6o.C.47 K, Página: 995)" Requerimiento. En tales condiciones, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, reciba los edictos en mención, para lo cual deberá comparecer ante este Juzgado Federal a fin de estar en posibilidad de realizar la publicación correspondiente, y acredite haber hecho los trámites correspondientes. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en los términos antes precisados, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis aislada XXVII.3º.33K (10a.), visible a página mil setecientos cuarenta, tomo II, del libro 9, agosto de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, toda vez que no se opone a dicha ley, y que es del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA DILIGENCIARLOS ES DE 20 DÍAS, POR LO QUE LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE FIJA UN PERIODO INFERIOR Y PERENTORIO PARA RECOGERLOS, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme a los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo y 63, fracción II, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso deberá acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición y, si no lo hace sin causa justificada, se sobreseerá en el amparo. Así pues, el legislador no pretendió imponer plazos perentorios sucesivos para recoger los edictos, entregarlos para su publicación y acreditar su entrega, sino que estableció un plazo general para ejecutar todas esas acciones. En consecuencia, la determinación del Juez de Distrito por la que previene al quejoso para que reciba los edictos dentro de un periodo inferior y perentorio constituye una violación procesal, por lo que si esa prevención conduce a sobreseer en el juicio, el órgano revisor deberá ordenar su reposición conforme al artículo 93, fracción IV, de la citada ley, a fin de que se otorgue al inconforme el plazo de 20 días para efectuar todas las acciones encaminadas a diligenciar los edictos." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma, el licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante autorización comunicada por oficio CCJ/ST/2818/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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