Licia Lizzette Suárez Martín
Expediente 100/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 100/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Licia Lizzette Suárez Martín
- Agente del Ministerio Público Federal Adscrito
Actuaciones
- Principal
I.- Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020 emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y del Secretario de las Comisiones en Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, regresar al esquema de contingencia previsto en las fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 emitido por el propio Pleno; ello como medidas a tomar en relación con contagios por la emergencia COVID-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal; plazo que feneció el once de enero de dos mil veintiuno, según se advierte de la propia circular. En ese sentido, se ordena la reanudación del procedimiento en el presente juicio de amparo, de acuerdo al esquema establecido en el Acuerdo General 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, con relación al periodo de vigencia; con la precisión que, dado que los plazos y términos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron y no su reinicio. Por lo tanto, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término concedido a las partes mediante proveído de dos de diciembre de dos mil veinte; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia sustentada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa Alicia Lizzete Suárez Martín y/o Licia Lizzette Suarez Martin, en contra del acto que reclamó de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, el cual fue el siguiente: De inmediato, provea lo conducente respecto a las pruebas ofrecidas en la audiencia pública celebrada el quince de agosto de dos mil diecinueve, en los autos del expediente laboral DIT-239/2017, y de las cuales se reservó proveer en la misma audiencia, debiendo notificar personalmente a las partes de lo que resuelva. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de mérito, motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable correspondiente para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector. En tal virtud, en proveído de dos de diciembre del año dos mil veinte, se tuvo al Encargado del Despacho de la Presidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, adjuntando copia certificada del acuerdo de veintisiete de noviembre del año dos mil veinte dictado dentro del expediente DIT-239/2017 de su índice, así como dos cedulas de notificación de treinta de noviembre de ese mismo año; en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, por lo que constituyen documentos oficiales al estar debidamente firmados por los funcionarios con facultades para ello, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Mediante proveído de dos de diciembre del año dos mil veinte, se dio vista a las partes, con las documentales remitidas por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que hayan realizado manifestación alguna. En este contexto, de las constancias remitidas por el Encargado del Despacho de la Presidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, se advierte que el veintisiete de noviembre del año dos mil veinte, se pronunció dentro del expediente DIT-239/2017 de su índice, con respecto a las pruebas ofrecidas por la partes en el juicio de origen, en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, mismas que fueron notificadas de manera personal el treinta de noviembre del año dos mil veinte, tal y como se advierte de las constancias que obran en el presente juicio constitucional en copia certificada. Por ende, es inconcuso que al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años a partir de esta fecha como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga a autoridad de cosa juzgada, el proveído de que se acuerde su archivo como asunto concluido y los demás documentos que considere el titular del órgano, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el treinta de noviembre de dos mil veinte. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por José Guillermo Medina Poot, representante legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita calificar el cumplimiento; sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento, en virtud de lo ordenado líneas anteriores. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
I.- Notificación personal.
- Principal
I.- Toda vez que de la certificación precedente, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en el presente juicio, hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintinueve de octubre del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; en tal virtud, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, el efecto del fallo protector es el siguiente: ".para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: ( De inmediato, provea lo conducente respecto a las pruebas ofrecidas en la audiencia pública celebrada el quince de agosto de dos mil diecinueve, en los autos del expediente laboral DIT-239/2017, y de las cuales se reservó proveer en la misma audiencia, debiendo notificar personalmente a las partes de lo que resuelva." En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, acredite ante este Juzgado con constancias fehacientes, haber dado total cumplimiento al fallo protector de mérito. Apercíbase a dicha autoridad responsable que de ser omisa a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente el trámite que esté realizando para dar cumplimiento al fallo protector, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 193 de la ley de la materia, y en relación con los diversos numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veinte, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, así como, conforme a lo dispuesto en el artículo 267, fracción I, del ordenamiento legal antes invocado, atendiendo al perjuicio ocasionado y la actuación dolosa con que califique este juzgador la omisión advertida. Además de que se abrirá el incidente de inejecución de sentencia y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente aludido, sin perjuicio de que éste a su vez los envíe al Máximo Tribunal para los efectos que se encuentran contenidos en el penúltimo párrafo del citado artículo 193 y en el diverso 194 de la ley de la materia, esto es, la separación del cargo de las autoridades omisas y su consignación ante el Juez de Distrito, dada su conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
- Principal
I.- se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ALICIA LIZZETE SUÁREZ MARTÍN Y/O LICIA LIZZETTE SUAREZ MARTIN, contra el acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, para los efectos precisados en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.
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