Liceo Real del Sur S.C.

Expediente 1096/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1096/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Liceo Real del Sur S.C.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de agosto de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, y como ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y el registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo y ya que, de conformidad con el diverso 3, penúltimo párrafo, de la misma legislación, el expediente electrónico coincide con el expediente, en su oportunidad, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de RENE FUENTES MARTINEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 29/09/22 17:37:23 los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen....M-V

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; uno de agosto de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO PREVENCIÓN. Se tiene a Rosalía Ortega González, quien se ostenta como apoderada de Liceo Real del Sur, Sociedad Civil, dando cumplimiento a la prevención formulada en el presente sumario. RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD. Se reconoce la personalidad de la promovente, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, toda vez que exhibió el instrumento notarial cuatro mil quinientos treinta y seis, volumen ciento treinta y seis, de veinte de septiembre de dos mil seis, pasado ante la fe del Notario Público Número Uno de Metztitlán, Hidalgo, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Primero es importante precisar que, de un análisis general de la demanda y escritos aclaratorios se advierte que Rosalía Ortega González apoderada de Liceo Real del Sur, Sociedad Civil, reclama del Gobernador, Secretario de Salud y Secretario de Educación Pública, todos del Estado de Hidalgo los actos siguientes: 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ 2 a) La determinación mediante la cual se informa que setenta y nueve planteles educativos culminaran el ciclo escolar 2021-2022 de manera virtual, a partir del ocho de julio de dos mil veintidós. b) La omisión de dar cumplimiento a la establecido la Circular sobre Medidas Sanitarias a los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo publicada en el Diario Oficial del Estado de Hidalgo el tres de enero de dos mil veintidós, en la cual se establece que la forma presencial para los centros educativos sería a partir del diecisiete de enero del año en curso. DESECHAMIENTO. Ahora bien, se advierte la actualización de dos causales de improcedencia manifiestas e indudables; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano la demanda de amparo. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ 3 No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie, se advierten de forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia derivadas de la interpretación sistemática del artículo 61, fracciones XVI y XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 77, todos de la Ley de Amparo. Dichos numerales textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [...] Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ 4 real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.]." Del precepto 61, fracción XVI que tiene relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, se observa que la acción constitucional es improcedente cuando se hace valer contra actos consumados de modo irreparable. Ahora, con el fin de aclarar cuando se está en presencia de un acto de autoridad que se ha consumado de modo irreparable y, contra el cual, es improcedente el juicio de amparo, debe 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ 5 precisarse primeramente lo que implica que un acto se haya consumado y, en segundo lugar, que dicha consumación sea calificada de como irreparable. En ese sentido, la doctrina y la jurisprudencia han sido unánimes en establecer que los actos consumados son aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. En cuanto al concepto de irreparabilidad, puede clarificarse su significado si se contrapone al de reparabilidad; es decir, tratándose de actos consumados, se distingue entre aquellos cuya consumación no es de imposible reparación, de los que sí tienen una consumación irreparable (siendo estos últimos contra los cuales el juicio de amparo deviene improcedente). Conforme a lo anterior, los actos consumados pueden clasificarse en dos tipos: i) Actos consumados de manera reparable: son aquellos que, aun cuando su ejecución se ha verificado, son susceptibles de que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de los efectos restitutorios de la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia federal. ii) Actos consumados de manera irreparable: son aquellos que una vez ejecutados, no pueden volver al estado en que se encontraban antes de su dictado, ni aun cuando la sentencia que se dicte en el juicio de amparo otorgue la protección constitucional; es decir, los actos consumados de modo irreparable son aquellos en que al realizarse todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, producen la imposibilidad de restituir al 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ 6 gobernado, física y materialmente, en el goce de los derechos violados, pues aun cuando la sentencia resultara favorable al peticionario de amparo, no podrían retrotraerse sus efectos. Resulta ilustrativa, la tesis aislada VI.2o.C.276 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Noviembre de 2007, página 711, registro digital 170984; que establece: "ACTOS CONSUMADOS. NO LO SON, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCESO JUDICIAL TRAMITADO CON BASE EN UNA LEGISLACIÓN INAPLICABLE. La consumación de los actos procesales por preclusión implica la pérdida de la oportunidad procesal de realizar un acto, debido a que no se efectuó por el sujeto facultado para ello por la norma jurídica, en los términos que ésta señala, ya sea porque no observó el orden u oportunidad previstos, o bien, debido a que emprendió una actividad incompatible con el ejercicio de otra, o porque ejerció la facultad válidamente, por lo que no puede ejercerla nuevamente. Ahora bien, la equivocación o error de la autoridad en cuanto al ordenamiento legal aplicable en un proceso judicial, se extiende a todos los actos y resoluciones que dentro de él se efectúan, es decir, el proceso judicial en su conjunto resulta viciado, en virtud de la aplicación de un ordenamiento legal inaplicable y, por tanto, tales actos y resoluciones no pueden considerarse como consumados, en tanto no existe un acto procesal susceptible de extinción, que debió realizarse por el sujeto facultado por la norma jurídica y que se consumó porque no se observó el orden u oportunidad previstos, o porque se emprendió una actividad incompatible con el ejercicio de otra, o bien, porque previamente se ejerció la facultad válidamente; por el contrario, si la violación se extendió a todo el proceso judicial no puede haber consumación, porque aquélla repercutirá y afectará al juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Aunado a ello, la elección de la ley aplicable no constituye una facultad de las partes en un proceso judicial, pues los propios ordenamientos legales son los que prevén los supuestos que rigen, dentro de los cuales establecen las hipótesis normativas que regulan en abstracto determinados casos, así como sus excepciones, e incluso ponen a disposición de las partes medios alternativos de solución de controversias y hasta procedimientos convencionales. Por tanto, si la 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ 7 determinación de la ley aplicable no es una facultad legal del gobernado, no es factible que el interesado la pierda por no ejercerla legalmente y, en esa medida, no constituye un acto jurídico consumado irremediablemente para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues precisamente éste es el medio idóneo para repararlo." Con base en lo que precede, es dable concluir que un acto se considera consumado de forma irreparable cuando concurren los siguientes supuestos: 1. Que se realice en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias; y, 2. Que física y materialmente ya no pueda ser restituido al estado en que se encontraba antes de la violación reclamada. Sirve de apoyo, la tesis aislada V.2o.P.A.15 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, página 2130, registro digital 2018274; que establece: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LOS CONSTITUYEN LA DETENCIÓN, EL ENCARCELAMIENTO Y LA RETENCIÓN DEL IMPUTADO, CUANDO SE RECLAMAN DE MANERA DESTACADA, ADICIONALMENTE AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Deben considerarse irreparablemente consumados los actos mencionados para efectos de la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia, cuando se reclamen de manera destacada, adicionalmente al auto de formal prisión, porque aun de concederse la protección constitucional, sería física y materialmente imposible restituir al afectado en el goce de los derechos violados, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes; es decir, en el plano material de los hechos, no habría manera de que al quejoso se le dejara de detener, encarcelar y retener, porque se trata de cuestiones que ya sucedieron y que no pueden retrotraerse por los efectos de una sentencia, lo cual no implica que, en un momento dado, dichos actos puedan ser objeto de algún análisis de 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ 8 legalidad o constitucionalidad, como antecedente y fuente inmediata de algún acto privativo de la libertad, o como violaciones procesales trascendentales a un diverso acto reclamable en amparo, como sucede en el caso, al haberse reclamado también el auto de formal prisión derivado de los mismos hechos por los que se impugnan los demás actos por los que se desechó la demanda de amparo. En razón de lo anterior, será en todo caso dentro de la sentencia definitiva del juicio de amparo que se ocupe de analizar la constitucionalidad del auto de formal prisión, que la autoridad de amparo se encontrará en posibilidad de valorar las pruebas conducentes y determinar si los actos que precedieron al auto de formal prisión resultan legales o no, y de encontrar que alguna o algunas pruebas resultan ilícitas, efectuar la declaratoria correspondiente y ordenar su exclusión del caudal probatorio para los efectos conducentes, sin que ello implique o pueda tener el alcance de que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes, dada la imposibilidad física y material a que se aludió." Cabe señalar que el motivo de improcedencia en mención, se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo tanto, se actualiza un obstáculo para el juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo, por el criterio jurídico que sostiene, la jurisprudencia P./J. 90/97 aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, registro digital 197245; de rubro y texto siguiente: 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ 9 "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Como se dijo, Rosalía Ortega González, quien se ostenta como apoderada de Liceo Real del Sur, Sociedad Civil, reclama lo siguiente: La determinación mediante la cual se informa que setenta y nueve planteles educativos culminaran el ciclo escolar 2021-2022 de manera virtual, a partir del ocho de julio de dos mil veintidós. La omisión de dar cumplimiento a la establecido la Circular sobre Medidas Sanitarias a los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo publicada en el Diario Oficial del Estado de Hidalgo el tres de enero de dos mil veintidós, en la cual se establece que la forma presencial para los centros educativos sería a partir del diecisiete de enero del año en curso. 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ 10 Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que de una consulta realizada a la página oficial de la Secretaria de Educación Pública https://www.gob.mx/sep en la cual obra el calendario escolar 2021-2022, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el veintiocho de julio pasado, culminó el curso escolar correspondiente al periodo dos mil veintiuno - dos mil veintidós, tal como se evidencia con la imagen que se inserta: Sin embargo, ha finalizado la vigencia de la referida determinación que establece planteles educativos culminaran el ciclo escolar respectivo de manera virtual, y por lo tanto la omisión Inicio ciclo escolar Fin ciclo escolar 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ 11 de dar cumplimiento a la establecido la Circular sobre Medidas Sanitarias a los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, que refiere que el regreso a clases de forma presencial comenzaría a partir del diecisiete de enero del año en curso si las condiciones sanitarias estatales y municipales lo permitían, con lo que evidentemente se agotaron en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias para el ciclo escolar 2021-2022, esto es, se tratan de actos consumados, como a continuación se explica. El siete de julio del año en curso, la Secretaría de Salud de Hidalgo, publicó un boletín de prensa en el que informó que setenta y nueve planteles educativos culminaran el ciclo escolar 2021-2022 de manera virtual, a partir del ocho de julio de dos mil veintidós, esto por el incremento de contagios en la entidad del virus COVID-19 observado en once municipios. Luego, que el ciclo escolar correspondiente al periodo 2021-2022, comenzó el treinta de agosto de dos mil veintiuno y culminó el veintiocho de julio de dos mil veintidós, de acuerdo al calendario oficial respectivo. Por esos motivos, es debe concluir que los actos reclamados se agotaron en todos y cada uno de sus efectos, así como que se consideren consumados de modo irreparable, es decir, que física y materialmente ya no pueda ser restituido al estado en que se encontraba antes de la violación reclamada, ya que, como se dijo, la inconformidad de la parte quejosa esencialmente surgía de que, con base en tal determinación emitida por Secretaría de Salud de Hidalgo, se obligaba a las instituciones formativas a regresar a la modalidad virtual de impartición de clases en los niveles educativos que les correspondían, la cual tenía vigencia únicamente por lo que se refiere al ciclo escolar 2021-2022 (culminado el veintiocho de julio pasado). 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ 12 Sin embargo, atendiendo a la naturaleza jurídica de tales consecuencias, a través de este medio de control constitucional no resulta físicamente posible restituir a la moral Liceo Real del Sur, Sociedad Civil, en el goce de los derechos que estima transgredidos, ya que como se dijo se agotó en su totalidad la vigencia del aludido ciclo escolar y, por lo tanto, también existe imposibilidad física por parte de las responsables a observar lo establecido en la Circular sobre Medidas Sanitarias a los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo publicada en el Diario Oficial del Estado de Hidalgo el tres de enero de dos mil veintidós. Por otro lado, como se indicó, entre los actos que reclama la quejosa se encuentra la determinación mediante la cual se informa que setenta y nueve planteles educativos culminaran el ciclo escolar 2021-2022 de manera virtual, a partir del ocho de julio de dos mil veintidós, no haciéndose relación a lo que corresponde al ciclo escolar 2022-2023 o posteriores. Sin embargo, se hace la precisión que, en el supuesto de que la moral quejosa Liceo Real del Sur, Sociedad Civil, combatiera en esta vía constitucional los ciclos escolares posteriores a los señalados en la determinación de que se duele, tales actos no producirían una afectación real, actual y directa a la quejosa, conforme el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, ni constituirían en actos de molestia. Se afirma lo anterior, tomando en consideración que a la fecha no se tiene conocimiento si la vigencia de la información que determina que las instituciones educativas deberán regresar al esquema de clases virtuales, se prolongará con motivo del aumento de casos por COVID-19 o únicamente abarcará el periodo que inicialmente se planteó en la misma. En ese sentido, las violaciones que combate serán impugnables hasta que se emita la circular, acuerdo o boletín en el que se precise la prolongación del esquema de impartición de clases virtuales que deberán seguir los centros formativos 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ 13 correspondientes; ya que el juicio de amparo indirecto no procede contra actos futuros e inciertos. Así las cosas y considerando que el juicio de amparo es procedente únicamente cuando el acto reclamado sea inminente, es decir, que exista certeza o presunción lógica de certeza sobre su realización, hipótesis que en el caso no se actualiza. En consecuencia, acreditadas la causa de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo...M-V

  3. Principal

    ...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de uno de agosto de dos mil veintidos, a través del cual se determina: Pachuca de Soto, Hidalgo; uno de agosto de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO PREVENCIÓN. Se tiene a Rosalía Ortega González, quien se ostenta como apoderada de Liceo Real del Sur, Sociedad Civil, dando cumplimiento a la prevención formulada en el presente sumario. RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD. Se reconoce la personalidad de la promovente, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, toda vez que exhibió el instrumento notarial cuatro mil quinientos treinta y seis, volumen ciento treinta y seis, de veinte de septiembre de dos mil seis, pasado ante la fe del Notario Público Número Uno de Metztitlán, Hidalgo, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Primero es importante precisar que, de un análisis general de la demanda y escritos aclaratorios se advierte que Rosalía Ortega González apoderada de Liceo Real del Sur, Sociedad Civil, reclama del Gobernador, Secretario de Salud y Secretario de Educación Pública, todos del Estado de Hidalgo los actos siguientes: 2 RENE FUENTES MARTINEZ 2 a) La determinación mediante la cual se informa que setenta y nueve planteles educativos culminaran el ciclo escolar 2021-2022 de manera virtual, a partir del ocho de julio de dos mil veintidós. b) La omisión de dar cumplimiento a la establecido la Circular sobre Medidas Sanitarias a los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo publicada en el Diario Oficial del Estado de Hidalgo el tres de enero de dos mil veintidós, en la cual se establece que la forma presencial para los centros educativos sería a partir del diecisiete de enero del año en curso. DESECHAMIENTO. Ahora bien, se advierte la actualización de dos causales de improcedencia manifiestas e indudables; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano la demanda de amparo. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. RENE FUENTES MARTINEZ 3 No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie, se advierten de forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia derivadas de la interpretación sistemática del artículo 61, fracciones XVI y XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 77, todos de la Ley de Amparo. Dichos numerales textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [...] Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación 2 RENE FUENTES MARTINEZ 4 real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.]." Del precepto 61, fracción XVI que tiene relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, se observa que la acción constitucional es improcedente cuando se hace valer contra actos consumados de modo irreparable. Ahora, con el fin de aclarar cuando se está en presencia de un acto de autoridad que se ha consumado de modo irreparable y, contra el cual, es improcedente el juicio de amparo, debe RENE FUENTES MARTINEZ 5 precisarse primeramente lo que implica que un acto se haya consumado y, en segundo lugar, que dicha consumación sea calificada de como irreparable. En ese sentido, la doctrina y la jurisprudencia han sido unánimes en establecer que los actos consumados son aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. En cuanto al concepto de irreparabilidad, puede clarificarse su significado si se contrapone al de reparabilidad; es decir, tratándose de actos consumados, se distingue entre aquellos cuya consumación no es de imposible reparación, de los que sí tienen una consumación irreparable (siendo estos últimos contra los cuales el juicio de amparo deviene improcedente). Conforme a lo anterior, los actos consumados pueden clasificarse en dos tipos: i) Actos consumados de manera reparable: son aquellos que, aun cuando su ejecución se ha verificado, son susceptibles de que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de los efectos restitutorios de la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia federal. ii) Actos consumados de manera irreparable: son aquellos que una vez ejecutados, no pueden volver al estado en que se encontraban antes de su dictado, ni aun cuando la sentencia que se dicte en el juicio de amparo otorgue la protección constitucional; es decir, los actos consumados de modo irreparable son aquellos en que al realizarse todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, producen la imposibilidad de restituir al RENE FUENTES MARTINEZ 6 gobernado, física y materialmente, en el goce de los derechos violados, pues aun cuando la sentencia resultara favorable al peticionario de amparo, no podrían retrotraerse sus efectos. Resulta ilustrativa, la tesis aislada VI.2o.C.276 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Noviembre de 2007, página 711, registro digital 170984; que establece: "ACTOS CONSUMADOS. NO LO SON, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCESO JUDICIAL TRAMITADO CON BASE EN UNA LEGISLACIÓN INAPLICABLE. La consumación de los actos procesales por preclusión implica la pérdida de la oportunidad procesal de realizar un acto, debido a que no se efectuó por el sujeto facultado para ello por la norma jurídica, en los términos que ésta señala, ya sea porque no observó el orden u oportunidad previstos, o bien, debido a que emprendió una actividad incompatible con el ejercicio de otra, o porque ejerció la facultad válidamente, por lo que no puede ejercerla nuevamente. Ahora bien, la equivocación o error de la autoridad en cuanto al ordenamiento legal aplicable en un proceso judicial, se extiende a todos los actos y resoluciones que dentro de él se efectúan, es decir, el proceso judicial en su conjunto resulta viciado, en virtud de la aplicación de un ordenamiento legal inaplicable y, por tanto, tales actos y resoluciones no pueden considerarse como consumados, en tanto no existe un acto procesal susceptible de extinción, que debió realizarse por el sujeto facultado por la norma jurídica y que se consumó porque no se observó el orden u oportunidad previstos, o porque se emprendió una actividad incompatible con el ejercicio de otra, o bien, porque previamente se ejerció la facultad válidamente; por el contrario, si la violación se extendió a todo el proceso judicial no puede haber consumación, porque aquélla repercutirá y afectará al juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Aunado a ello, la elección de la ley aplicable no constituye una facultad de las partes en un proceso judicial, pues los propios ordenamientos legales son los que prevén los supuestos que rigen, dentro de los cuales establecen las hipótesis normativas que regulan en abstracto determinados casos, así como sus excepciones, e incluso ponen a disposición de las partes medios alternativos de solución de controversias y hasta procedimientos convencionales. Por tanto, si la RENE FUENTES MARTINEZ 7 determinación de la ley aplicable no es una facultad legal del gobernado, no es factible que el interesado la pierda por no ejercerla legalmente y, en esa medida, no constituye un acto jurídico consumado irremediablemente para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues precisamente éste es el medio idóneo para repararlo." Con base en lo que precede, es dable concluir que un acto se considera consumado de forma irreparable cuando concurren los siguientes supuestos: 1. Que se realice en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias; y, 2. Que física y materialmente ya no pueda ser restituido al estado en que se encontraba antes de la violación reclamada. Sirve de apoyo, la tesis aislada V.2o.P.A.15 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, página 2130, registro digital 2018274; que establece: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LOS CONSTITUYEN LA DETENCIÓN, EL ENCARCELAMIENTO Y LA RETENCIÓN DEL IMPUTADO, CUANDO SE RECLAMAN DE MANERA DESTACADA, ADICIONALMENTE AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Deben considerarse irreparablemente consumados los actos mencionados para efectos de la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia, cuando se reclamen de manera destacada, adicionalmente al auto de formal prisión, porque aun de concederse la protección constitucional, sería física y materialmente imposible restituir al afectado en el goce de los derechos violados, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes; es decir, en el plano material de los hechos, no habría manera de que al quejoso se le dejara de detener, encarcelar y retener, porque se trata de cuestiones que ya sucedieron y que no pueden retrotraerse por los efectos de una sentencia, lo cual no implica que, en un momento dado, dichos actos puedan ser objeto de algún análisis de legalidad o constitucionalidad, como antecedente y fuente inmediata de algún acto privativo de la libertad, o como violaciones procesales trascendentales a un diverso acto reclamable en amparo, como sucede en el caso, al haberse reclamado también el auto de formal prisión derivado de los mismos hechos por los que se impugnan los demás actos por los que se desechó la demanda de amparo. En razón de lo anterior, será en todo caso dentro de la sentencia definitiva del juicio de amparo que se ocupe de analizar la constitucionalidad del auto de formal prisión, que la autoridad de amparo se encontrará en posibilidad de valorar las pruebas conducentes y determinar si los actos que precedieron al auto de formal prisión resultan legales o no, y de encontrar que alguna o algunas pruebas resultan ilícitas, efectuar la declaratoria correspondiente y ordenar su exclusión del caudal probatorio para los efectos conducentes, sin que ello implique o pueda tener el alcance de que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes, dada la imposibilidad física y material a que se aludió." Cabe señalar que el motivo de improcedencia en mención, se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo tanto, se actualiza un obstáculo para el juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo, por el criterio jurídico que sostiene, la jurisprudencia P./J. 90/97 aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, registro digital 197245; de rubro y texto siguiente: RENE FUENTES MARTINEZ 9 "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Como se dijo, Rosalía Ortega González, quien se ostenta como apoderada de Liceo Real del Sur, Sociedad Civil, reclama lo siguiente: La determinación mediante la cual se informa que setenta y nueve planteles educativos culminaran el ciclo escolar 2021-2022 de manera virtual, a partir del ocho de julio de dos mil veintidós. La omisión de dar cumplimiento a la establecido la Circular sobre Medidas Sanitarias a los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo publicada en el Diario Oficial del Estado de Hidalgo el tres de enero de dos mil veintidós, en la cual se establece que la forma presencial para los centros educativos sería a partir del diecisiete de enero del año en curso. RENE FUENTES MARTINEZ 10 Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que de una consulta realizada a la página oficial de la Secretaria de Educación Pública https://www.gob.mx/sep en la cual obra el calendario escolar 2021-2022, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el veintiocho de julio pasado, culminó el curso escolar correspondiente al periodo dos mil veintiuno - dos mil veintidós, tal como se evidencia con la imagen que se inserta: Sin embargo, ha finalizado la vigencia de la referida determinación que establece planteles educativos culminaran el ciclo escolar respectivo de manera virtual, y por lo tanto la omisión Inicio ciclo escolar Fin ciclo escolar RENE FUENTES MARTINEZ 11 de dar cumplimiento a la establecido la Circular sobre Medidas Sanitarias a los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, que refiere que el regreso a clases de forma presencial comenzaría a partir del diecisiete de enero del año en curso si las condiciones sanitarias estatales y municipales lo permitían, con lo que evidentemente se agotaron en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias para el ciclo escolar 2021-2022, esto es, se tratan de actos consumados, como a continuación se explica. El siete de julio del año en curso, la Secretaría de Salud de Hidalgo, publicó un boletín de prensa en el que informó que setenta y nueve planteles educativos culminaran el ciclo escolar 2021-2022 de manera virtual, a partir del ocho de julio de dos mil veintidós, esto por el incremento de contagios en la entidad del virus COVID-19 observado en once municipios. Luego, que el ciclo escolar correspondiente al periodo 2021-2022, comenzó el treinta de agosto de dos mil veintiuno y culminó el veintiocho de julio de dos mil veintidós, de acuerdo al calendario oficial respectivo. Por esos motivos, es debe concluir que los actos reclamados se agotaron en todos y cada uno de sus efectos, así como que se consideren consumados de modo irreparable, es decir, que física y materialmente ya no pueda ser restituido al estado en que se encontraba antes de la violación reclamada, ya que, como se dijo, la inconformidad de la parte quejosa esencialmente surgía de que, con base en tal determinación emitida por Secretaría de Salud de Hidalgo, se obligaba a las instituciones formativas a regresar a la modalidad virtual de impartición de clases en los niveles educativos que les correspondían, la cual tenía vigencia únicamente por lo que se refiere al ciclo escolar 2021-2022 (culminado el veintiocho de julio pasado). RENE FUENTES MARTINEZ 12 Sin embargo, atendiendo a la naturaleza jurídica de tales consecuencias, a través de este medio de control constitucional no resulta físicamente posible restituir a la moral Liceo Real del Sur, Sociedad Civil, en el goce de los derechos que estima transgredidos, ya que como se dijo se agotó en su totalidad la vigencia del aludido ciclo escolar y, por lo tanto, también existe imposibilidad física por parte de las responsables a observar lo establecido en la Circular sobre Medidas Sanitarias a los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo publicada en el Diario Oficial del Estado de Hidalgo el tres de enero de dos mil veintidós. Por otro lado, como se indicó, entre los actos que reclama la quejosa se encuentra la determinación mediante la cual se informa que setenta y nueve planteles educativos culminaran el ciclo escolar 2021-2022 de manera virtual, a partir del ocho de julio de dos mil veintidós, no haciéndose relación a lo que corresponde al ciclo escolar 2022-2023 o posteriores. Sin embargo, se hace la precisión que, en el supuesto de que la moral quejosa Liceo Real del Sur, Sociedad Civil, combatiera en esta vía constitucional los ciclos escolares posteriores a los señalados en la determinación de que se duele, tales actos no producirían una afectación real, actual y directa a la quejosa, conforme el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, ni constituirían en actos de molestia. Se afirma lo anterior, tomando en consideración que a la fecha no se tiene conocimiento si la vigencia de la información que determina que las instituciones educativas deberán regresar al esquema de clases virtuales, se prolongará con motivo del aumento de casos por COVID-19 o únicamente abarcará el periodo que inicialmente se planteó en la misma. En ese sentido, las violaciones que combate serán impugnables hasta que se emita la circular, acuerdo o boletín en el que se precise la prolongación del esquema de impartición de clases virtuales que deberán seguir los centros formativos RENE FUENTES MARTINEZ 13 correspondientes; ya que el juicio de amparo indirecto no procede contra actos futuros e inciertos. Así las cosas y considerando que el juicio de amparo es procedente únicamente cuando el acto reclamado sea inminente, es decir, que exista certeza o presunción lógica de certeza sobre su realización, hipótesis que en el caso no se actualiza. En consecuencia, acreditadas la causa de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo...M-V

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de julio de dos mil veintidós. NO SE TIENE POR CUMPLIDA LA PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito signado por Rosalía Ortega González, quien se ostenta como apoderada de Liceo Real del Sur, Sociedad Civil, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de doce de julio pasado; sin embargo, no ha lugar a proveer de conformidad, en atención a los siguientes razonamientos: Es importante precisar que se previno a la parte quejosa, para que manifestara y realizara, lo siguiente: a) Acreditara con documento idóneo la personalidad con la que se ostenta, esto es, como apoderada de la moral denominada Liceo Real del Sur, Sociedad Civil; b) Completara por escrito y bajo protesta de decir verdad, la narración de los antecedentes del acto o actos reclamados, en los términos que le fueron indicados; y, c) Exhibiera cuatro copias de su escrito inicial y seis del diverso aclaratorio, así como seis reproducciones del documento con el que acredita su personalidad. Ahora bien, del escrito de cuenta se desprende que la accionante cumplió con lo que se le indicó en los incisos b) y c); no así con lo que le fue señalado en el diverso inciso a), pues nuevamente omite adjuntar al escrito aclaratorio alguna documental, con valor y fuerza probatoria, con la que se pueda acreditar que defiende o representa los intereses de la persona moral Liceo Real del Sur, Sociedad Civil. Ahora bien, no pasan desapercibidas las manifestaciones que realiza la promovente en el sentido de que refiere acreditar su personalidad con copia certificada del acta constitutiva número cuatro mil quinientos treinta y seis, volumen ciento treinta y seis, pasada ente la fe del Notario Público Número Uno, de Metztitlán, Hidalgo, que contiene el poder general de pleitos y cobranzas, así como la representación legal de la moral Liceo Real del Sur, Sociedad Civil, misma que indica fue exhibida en su momento con el escrito inicial que dio origen al presente sumario judicial; sin embargo, se reitera que a dicho escrito de demanda no fue adjuntada alguna constancia notarial que acredite que defiende o representa los intereses de la parte quejosa, lo anterior como se advierte de la boleta de turno generada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, en la que se asentó que se recibía el mismo sin anexos, así como, de lo plasmado por la oficial de partes de este juzgado federal en el sello de recepción de once de julio de dos mil veintidós, se ilustra a continuación:... Como se dijo en el acuerdo de prevención, cuando una demanda de amparo se promueve por conducto de una persona a nombre del quejoso, aquélla debe acreditar la representación con la que comparece, para lo cual debe anexar el documento respectivo con el que justifique su personalidad a la demanda correspondiente. En efecto, dicho documento es inherente a la demanda, pues formalmente es parte de ésta, dado que sin su presentación no será posible dar inicio a la acción constitucional que se intenta, por estar relacionado con el presupuesto procesal de la personalidad. Al ser un presupuesto procesal, la personalidad de la parte quejosa debe quedar demostrada desde la presentación de la demanda con el documento suficiente para acreditar tal cuestión; ya que inclusive, tal aspecto puede ser impugnado por alguna de las demás partes del juicio, mediante el incidente que corresponde. En esas condiciones, la promovente deberá acreditar con documento idóneo la personalidad con la que se ostenta, esto es, como apoderada de la moral denominada Liceo Real del Sur, Sociedad Civil. En esa virtud, habiéndose presentado el escrito de cuenta, el quince de julio de este año, es decir, antes de que surtiera efectos la notificación del acuerdo de prevención, se hace del conocimiento de la parte quejosa que le restan cinco días para dar cabal cumplimiento a la misma. Se invoca por ser aplicable, la tesis III.2o.A.38 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la página 1323, Tomo XXI, Abril de 2005, Noventa Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA. En atención a la finalidad que anima el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", que no es sino dar oportunidad al quejoso de conocer en forma oportuna y fehaciente cuáles son las deficiencias o irregularidades de su demanda, que no logró solventar mediante el escrito que hubiere presentado con esa intención, es obvio que sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, tampoco debe soslayarse lo que prevé el numeral 34, fracción II, de la citada norma, en el sentido de que las notificaciones surten sus efectos el día siguiente al en que se practican, salvo las que atañen a las autoridades responsables. Por ende, al computar el término legal a que se refiere el primero de los preceptos citados, debe estimarse que el plazo de tres días concedido al quejoso para aclarar o subsanar su demanda, se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito aclaratorio, y se reanuda hasta el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del acuerdo que a ese ocurso recaiga, pues resulta lógico que en ese lapso el interesado no esté en aptitud de hacer precisión alguna, sino que se encuentra en espera de que se le entere legalmente de las razones por las que a pesar de su intento no logró colmar lo requerido para que su demanda no se tenga por no interpuesta, según la prevención inicial."...V

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