Lic. Paola Etelvina Pérez Ruiz

Expediente 926/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
926/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
16/07/2019

Partes del expediente

  • Lic. Paola Etelvina Pérez Ruiz
  • Franco Armando Estrada Toledo representado por Mara Lizbeth Vasquez Sánch

Actuaciones

  1. Principal

    ... sin que haya sido recurrido el proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes...archívese el presente como asunto concluido... este expediente es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    Visto, el escrito de demanda promovida en línea por Mara Lizbeth Vásquez Sánchez, en su carácter de apoderada legal del quejoso Franco Armando Estrada Toledo, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 926/2019-VI, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Antes de proveer sobre su admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Dicho lo anterior, este órgano de control constitucional, advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5 y 6, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." De los preceptos insertos, se desprende uno de los principios rectores del juicio de amparo: iniciativa o instancia de parte. El principio fundamental de iniciativa o instancia de parte, consiste básicamente en que para que se tramite un juicio de amparo, la persona que estime agravio en su esfera jurídica, debe ejercitarlo; pues el juicio constitucional jamás puede operar de manera oficiosa, debiendo ser siempre necesario que lo promueva alguien. Por lo que para su procedencia, debe quedar plenamente demostrada, sin excepción alguna, la voluntad de quien comparece en su calidad de quejoso. Similar criterio se adoptó en la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." De lo anterior, se obtiene medularmente que el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, de acuerdo al contexto constitucional, el principio de "instancia de parte agraviada" que impera en el juicio de amparo, significa que sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Por otra parte, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, conjuntamente con el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se estableció y se desarrolló la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información fuera posible promover la demanda de amparo, presentar promociones, recursos y cualquier escrito u oficio, utilizando la "firma electrónica (FIREL)", entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Esto es, la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. En relación a las bases y términos en que las partes dentro de un juicio de amparo pueden acceder electrónicamente mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada a las Oficinas de Correspondencia común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados para presentar demandas, entre otras cuestiones, en el Acuerdo General 1/2015 se dispuso que debe ser través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, siendo estrictamente necesario e indispensable que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad correspondiente y se registren en el sistema conforme a los requisitos establecidos en el numeral 64 del citado Acuerdo, cuyo registro que es de carácter personal -en ningún caso puede hacerlo a nombre de otra persona- y no implica la consulta de los expedientes electrónicos en los que no se tenga interés, pues para ello es necesario que así lo soliciten ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio o los recursos respectivos. Por lo que, resulta evidente que de conformidad al acuerdo general conjunto mencionado para que surta efectos la promoción de la demanda de amparo vía electrónica, es requisito indispensable que ésta cuente con la firma electrónica de quien le causa el agravio directo el acto reclamado, esto es, la parte quejosa. Atento lo anterior, del análisis de la demanda de amparo presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por Mara Lizbeth Vásquez Sánchez, quien se ostenta como apoderada legal del quejoso Franco Armando Estrada Toledo, se desprende que carece de evidencia criptográfica de este último, que hace las veces de firma manuscrita para promover el juicio de amparo, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, razón por la que se considera que no existe voluntad de la directa parte quejosa para la promoción de esta instancia constitucional. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Página 79, registro digital 2019715, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Así como la diversa jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, con registro virtual 2018943, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Página 5, de rubro y contenido siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Cabe señalar, que en el presente caso no se está en presencia del supuesto de excepción que prevé el Acuerdo General Conjunto mencionado, en el artículo 11, a saber: "Artículo 11. Toda persona podrá promover demanda de amparo, sin necesidad del uso de la FIREL, en cualquier día y hora, en términos de lo previsto en los artículos 3o., párrafo último, 15, 20 y 109, párrafo último, de la Ley de Amparo, para lo cual deberá acceder al vínculo del CJF en el SEPJF". Se dice lo anterior, pues lo que se reclama en la demanda, es esencialmente: De ahí que al no tratarse de los casos de excepción que maneja el artículo 11, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, pues de lo que se duele son de las omisiones de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chipas; Presidente y al Actuario adscritos a Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, todos ellos con sede en esta ciudad de notificar el laudo respectivo a las partes; más no así los actos previstos por los artículos 15, 20 y 109, párrafo último, de la Ley de Amparo, esto es, cuando los actos reclamados importen el peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; circunstancia que no aplica en el presente asunto, pues la demanda de amparo planteada no se ubica en los supuestos descritos, para que un momento dado se requiriera la ratificación correspondiente, en caso de actuar en nombre de otro; por lo que la promovente debió cumplir con el requisito de anexar su firma electrónica (FIREL) y acreditar la personalidad con la que se ostenta. Por tanto, el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos y que fueron descritos con antelación; de ahí que se pone en evidencia que la demanda de amparo debe contar con la firma autógrafa o electrónica del quejoso; lo que en la especie no acontece, pues como se dijo, quien firma la demanda de forma electrónica, es quien aduce ser su autorizada; y si bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la promovente refiere que acredita su personalidad como apoderada legal de Franco Armando Estrada Toledo, con carta poder que anexa, así como del aviso de notificación de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por la actuaria judicial adscrita a este órgano de control constitucional, dentro del juicio de amparo indirecto 1404/2018-IV, el cual, de conformidad con el artículo 12, inciso f), segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, no es documento idóneo para acreditar la misma al no exhibirse bajo protesta de decir verdad de ser copia íntegra e inalterada del original. Así pues, la omisión de una de las formalidades de la demanda por parte de la quejosa no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114, de la Ley de Amparo, pues de así considerarlo, ello provocaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con firma o sin ella, presentaran escritos para después en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad de promover cuando este debió ser oportuno. En ese sentido, como se dijo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113, con relación al 61, fracción XXIII, 5 y 6, de la Ley de Amparo y 107 Fracción I de la Constitución Mexicana, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo que se analiza, al no advertirse la firma original o electrónica del directo promovente del libelo constitucional Franco Armando Estrada Toledo. Por las razones contenidas, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 19, Volumen 42, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. El primer párrafo de la fracción VII del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación faculta al presidente del más Alto Tribunal a desechar o admitir la demanda de amparo, en virtud de que esa norma legal le atribuye la facultad de: "tramitar todos los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, hasta ponerlos en estado de resolución...", facultad que igualmente le conceden los artículos 177 y 179 de la Ley de Amparo, dentro de la que está comprendida la de examinar si la demanda de amparo está calzada con la firma del promovente, formalidad indispensable para que pueda ponerse, el asunto que motiva la demanda de garantías, en estado de resolución, por ser la firma lo que da autenticidad a la demanda con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe por quien aparece como promovente en su texto, debe resolverse que no ha lugar a tener por promovido el juicio de amparo." Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en la demanda de amparo, y en los mismos términos a los señalados en su escrito de demanda, en virtud de no haber acreditado estar inscrito dentro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. En otro orden de ideas, en relación a la petición hecha por la quejosa para poder tener acceso al expediente; dígasele, que en cuanto a las reproducciones, podrá obtenerlas a través del uso del scanner, cámara fotográfica, lectores láser; siempre y cuando, el medio que se utilice no amerite ser implantado en el equipo de cómputo de este órgano jurisdiccional, ya que de acuerdo a las políticas informáticas, este órgano de Control Constitucional no está facultado para introducir unidades de almacenamiento o cualquier otro que se asemeje al equipo de este Juzgado, en virtud que cualquier software malicioso dañe el sistema operativo de las máquinas, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, atendiendo a las cargas de trabajo con que cuenta este Juzgado y conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta al actuario judicial adscrito para que en caso de ser necesario se constituya al domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de notificar personalmente alguna actuación derivada del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo.

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