Lic. Nely Edith Escobedo Martínez
Expediente 2366/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2366/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Lic. Nely Edith Escobedo Martínez
- Asociación de Usuarios del Bajo San Juan, A.C
Actuaciones
- Incidental
... se advierte que no obra el informe previo de las autoridades responsables con residencia en la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León y Ciudad Victoria, Tamaulipas, ni los acuses de recibo correspondientes; por tanto, se difiere la audiencia incidental programada para esta fecha y se fija las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO... Notifíquese...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Barrera Padilla, en su carácter de representante legal de la Asociación de Usuarios del Bajo San Juan, Asociación Civil, personalidad que acredita al tenor de la copia certificada del primer testimonio de la escritura pública 5,068 (cinco mil sesenta y ocho), de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, otorgada ante la fe del licenciado Fernán Berrera Herrera, Notario Público Número 91 (noventa y uno), con ejercicio en Río Bravo, Tamaulipas, adjuntada al escrito de demanda; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 2366/2023-5, que por razón de turno le corresponde. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Luis Barrera Padilla, en su carácter de representante legal de la Asociación de Usuarios del Bajo San Juan, Asociación Civil, al tenor de la documental descrita en el párrafo que antecede, contra actos de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le confiere la ley; vista con la demanda y anexos que podrá consultar en el expediente electrónico, así como recibir notificaciones derivadas de este asunto con el nombre de usuario "Nelyescobedo". Fórmese por separado el incidente de suspensión solicitado. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables el informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al que reciban la notificación del presente proveído, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional. Indíquese a las autoridades responsables que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Como lo faculta el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir el informe de ley vía fax al número telefónico 899-926-30-74, de este Juzgado Federal y/o correo electrónico oficial iideleon@cjf.gob.mx y/o telegrama, y confirmar su recepción al 899-926-51-63. En esa medida, indíquese a las responsables, que basta con que den cumplimiento al presente requerimiento por cualquiera de las citadas vías, por ejemplo si informan lo peticionado por vía fax, resultará innecesario que lo hagan también por telegrama o por correo oficial. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan informe justificado proporcionen a éste órgano federal algún correo electrónico oficial o número de fax, para garantizar a las partes la expeditez a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, con base en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, tal como lo marca el artículo 251 de la ley en consulta. Se reserva el emplazamiento de la parte tercera interesada hasta en tanto obren en autos las constancias de las que se desprenda a quien le resulta tal carácter. Ahora bien, toda vez que el promovente, señala domicilio fuera de esta ciudad para oír y recibir notificaciones, realícense las mismas a través del correo electrónico rcarrillo@carrascoabogados.cpm.mx y en el número telefónico proporcionado en la demanda, autorizando para dicho fin a Hugo Roberto Carrillo Molina, Áurea María Cano Pagaza, Abril Aguilar Anaya y Raúl Sierra León, y en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados José Luis Carrasco Tovar, Carlos Daniel Heredia Ajuria, César Alejandro Delgado Carrasco, José Francisco Camacho Barajas y Janett Ramírez Ramos. Asimismo, túrnese este asunto a la Oficial Judicial "A" adscrita a este órgano para que realice las gestiones administrativas relativas al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para que el usuario "jlcarrasco70", tenga acceso total al expediente electrónico correspondiente, agregando las constancias que lo demuestren. De conformidad en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de la parte quejosa las documentales públicas, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humano, allegadas y relacionadas en la demanda de cuenta, que se tomará en consideración en la audiencia constitucional de este juicio. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Sirve de apoyo a lo citado, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Con sustento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previo pago a costa del solicitante, identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, de acuerdo a la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. En otro aspecto, para evitar dilaciones procesales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a las autoridades señaladas como responsables, mediante los oficios que se giren, deberán verificar si la denominación con que fueron señaladas es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarla en estado de indefensión. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional. En la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Adriana Yolanda Vega Marroquín, jueza Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
Reynosa, Tamaulipas, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, 139, 140 y 144 de la Ley de Amparo, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2366/2023-5, promovido por Luis Barrera Padilla, en su carácter de representante legal de la Asociación de Usuarios del Bajo San Juan, Asociación Civil, contra actos de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; con copia simple del escrito de demanda, pídase a las autoridades responsables el informe previo, que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de que reciba el oficio en el que se les solicita dicho informe. Prevéngase a las autoridades responsables que de no atender lo antes ordenado, se les impondrá multa como corrección disciplinaria de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, conforme a lo dispuesto por el numeral 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir el informe de ley vía fax al número telefónico 899-926-30-74, de este Juzgado Federal y/o correo electrónico oficial iideleon@cjf.gob.mx y/o telegrama, y confirmar su recepción al 899-926-51-63. En esa medida, indíquese a las responsables, que basta con que den cumplimiento al presente requerimiento por cualquiera de las citadas vías, por ejemplo si informan lo peticionado por vía fax, resultará innecesario que lo hagan también por telegrama o por correo oficial. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan informe previo proporcionen a éste órgano federal algún correo electrónico oficial o número de fax, para garantizar a las partes la expeditez a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para que tenga verificativo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Ahora bien, la parte quejosa solicita la medida cautelar para el efecto de que se paralice la construcción del Acueducto El Cuchillo II, y como consecuencia no se modifiquen ni haya disminución en las asignaciones de recurso hídrico que le corresponden a la asociación quejosa de conformidad con el título de concesión que tiene a su favor para el Distrito de Riego 026, además, para que se ordene a las autoridades responsable la construcción del Emisor de Aguas Residuales Provenientes de la Ciudad de Monterrey y Zona Metropolitana a la presa Marte R. Gómez. Por tanto, ésta medida cautelar versará únicamente sobre la procedencia o improcedencia de dicha solicitud con total abstracción de los restantes actos citados en la demanda de garantías, según lo dispone la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 98, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." Ahora bien, no se surte el requisito exigido por la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, por tanto, la suspensión provisional solicitada es improcedente. Lo anterior es así, porque la construcción del Acueducto El Cuchillo II es una obra pública necesaria para el desarrollo de la sociedad en general, dado que su paralización impediría el abastecimiento de agua potable en beneficio de la población de los municipios de la zona metropolitana de Nuevo León, que son Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina, así como de los conurbados Cadereyta de Jiménez, Ciénega de Flores, General Zuazua, Salinas Victoria, El Carmen, García Pesquería y Santiago todos del Estado de Nuevo León. De ahí que, la inmovilización de la obra pública que pretende la quejosa y consecuente utilización del volumen de agua que dice le corresponde para el servicio de riego en el Distrito 026 del Bajo Río San Juan, autorizada en la concesión otorgada el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y dos, por la Comisión Nacional del Agua, implicaría afectación al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, dado que haría nugatorio el derecho humano al agua de la población en general de los municipios precisados en el Estado de Nuevo León, y solo beneficiaría a quienes están asociados al Distrito de Riego, además, como refiere el impetrante la citada obra fue declarada como de seguridad nacional. En efecto, el menoscabo económico que el acto de autoridad reclamado ocasionaría a la parte peticionaria de derechos fundamentales, ponderado en relación con el derecho humando al agua salubre, segura, suficiente y asequible para usos personales y domésticos reconocido en el artículo 4º, párrafo sexto de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, que es un requisito indispensable para la realización de otros derechos humanos, como la salud, la educación, desarrollo de la personalidad y libertad de trabajo licito, es claro, que debe prevalecer el acto de mayor beneficio, que en el caso resulta ser indispensable para un grupo mayoritario o colectivo, constitucionalmente tutelado, es decir, la sociedad, dado los servicios que se obtienen con dicha obra pública. No pasa desapercibido que la parte quejosa pretende utilizar el agua para riego en beneficio de la producción agrícola de los trabajadores del campo; sin embargo, el derecho humano al agua no puede extenderse al uso agrícola comercial, por tanto, no puede hacerse uso del recurso natural de manera indiscriminada, sin atender el marco regulatorio que el Estado prevé para el uso y distribución de los recursos hídricos. En efecto el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales reglamentaría del artículo 27 de la Constitución, prevé que los usos domésticos y publico-urbanos siempre tendrán preferencia de prelación sobre cualquier otro uso, de ahí que el Estado está facultado para emitir un marco normativo que regule la forma en que los particulares pueden hacer uso del agua, a fin de garantizar su protección y conservación. Es aplicable la jurisprudencia 1ª/J 82/2023 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2026557, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Junio de 2023, Tomo IV, página 3565, que dice: "DERECHO HUMANO AL AGUA. ESTÁNDAR DE PROTECCIÓN DEL. Hechos: Diversas personas, físicas y morales, presentaron demanda de amparo indirecto en contra de tres autoridades encargadas de la protección del ambiente y de los recursos hídricos del Estado, de quienes reclamaron la omisión de adoptar medidas en aras de preservar los recursos hídricos del Acuífero Principal de la Región Lagunera clave 0523 en el Estado de Coahuila de Zaragoza, Región Hidrológico-Administrativa Cuencas Centrales del Norte. Seguida la secuela procesal correspondiente, el Juzgado de Distrito del conocimiento sobreseyó en el juicio por falta de interés legítimo de la parte quejosa. En contra de esa determinación, se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: El estándar de protección del derecho humano al agua reconoce el derecho de las personas a que las autoridades se abstengan de restringir su acceso en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad; a que adopten medidas positivas que protejan a las personas de actuaciones de otras que menoscaben ilegítimamente este derecho; y a adoptar las medidas necesarias para garantizar su preservación, suministro y saneamiento de forma potable, salubre y suficiente, sin ocasionar daño al medio ambiente, de tal manera que lo puedan ejercer tanto las generaciones presentes como futuras. Justificación: Lo anterior, toda vez que se trata de un derecho prestacional (económico, social, cultural y ambiental) que es indispensable para que las personas vivan dignamente y es una condicionante previa para la realización de otros derechos. El agua es necesaria para diversas finalidades, incluidos el uso personal y doméstico." Así como, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 383, Tomo V, Enero de 1997, época y órgano de difusión judicial citados del tenor siguiente: "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Finalmente, se niega la suspensión provisional solicitada para el efecto de que se ordene a las autoridades responsable la construcción del Emisor de Aguas Residuales Provenientes de la Ciudad de Monterrey y Zona Metropolitana a la presa Marte R. Gómez, porque de hacerlo así, se agotaría o dejaría sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, además, que ante una eventual negativa del amparo o sobreseimiento, sería en extremo gravoso devolver las cosas al estado que guardaban antes de la suspensión. Es aplicable por las ideas que la conforma la jurisprudencia PR.A.CS J/8 (11ª) del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con registro digital 2026893, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Julio de 2023, Tomo II, página 2235, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA OMISIÓN DE ENGROSAR Y NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN JUICIO DE NULIDAD, PARA EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALICE DICHAS ACCIONES [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 70/2019 (10a.)]. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de quejas interpuestas contra acuerdos emitidos en juicios de amparo, en los que se negó la suspensión provisional a los quejosos respecto de la omisión de engrosar y notificar la resolución de un recurso de reclamación interpuesto durante la sustanciación de un juicio de nulidad. Así, mientras uno de los Tribunales revocó el acuerdo recurrido y concedió la medida cautelar con efectos restitutorios, el otro consideró que el otorgamiento de la suspensión no constituía un beneficio provisional o preliminar, sino uno definitivo, porque la materialización de sus efectos coincidiría exactamente con la posible concesión del amparo, teniendo ambos Tribunales presente el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA." Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, determina que es improcedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, contra la omisión de engrosar y notificar la resolución de un recurso de reclamación interpuesto durante la sustanciación de un juicio de nulidad, para efecto de que la autoridad responsable realice tales acciones, porque ello coincidiría, agotaría o dejaría sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Justificación: Conforme a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Amparo, así como de las pautas metodológicas establecidas en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA.", se advierte que es factible conceder la suspensión provisional de los actos de naturaleza omisiva, con efectos restitutorios, a fin de evitar que la parte quejosa sufra una afectación en su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, siempre y cuando no se agote ni se deje sin materia el juicio de amparo ante una eventual sentencia concesoria. En ese sentido, no procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión de engrosar y notificar la resolución dictada en un recurso de reclamación interpuesto durante la sustanciación de un juicio de nulidad, para efecto de que la autoridad responsable realice tales acciones, pues los alcances suspensorios coincidirían exactamente con los efectos de una eventual sentencia estimatoria, harían cesar totalmente la omisión cuestionada y otorgarían un beneficio definitivo para la parte quejosa, lo cual implicaría desatender la jurisprudencia en cita." Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia que lo demás se les harán por lista. Para robustecer lo mencionado se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Con base en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previo pago a costa del solicitante, identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, de acuerdo en la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a las autoridades señaladas como responsables, mediante los oficios que se giren, deberán verificar si la denominación con que fueron señaladas es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarla en estado de indefensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Adriana Yolanda Vega Marroquín, jueza Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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