Lic. Nely Edith Escobedo Martínez
Expediente 2283/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2283/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Lic. Nely Edith Escobedo Martínez
- Guillermo Arturo Cazarez Acuña
Actuaciones
- Incidental
Por tanto, se difiere la audiencia incidental señalada para esta fecha y en términos del artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, se fijan para su celebración las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por otra parte, con fundamento en los artículos 140 y 144 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable, rindiendo su INFORME PREVIO,
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta; agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ********************, a través del cual en cumplimiento a la prevención que se le hiciera en proveído de siete de noviembre del año en curso, realizando diversas manifestaciones, asimismo, exhibe el original y cinco copias simples ocurso aclaratorio. Consecuentemente, se tiene a la parte quejosa en tiempo y forma dando cumplimiento a la prevención formulada por auto de siete de noviembre del año en curso, así como por hecha la aclaración respectiva. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez de Primera Instancia Mixto del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con sede en Miguel Alemán, Tamaulipas y otras autoridades. En otro orden de ideas, se advierte del análisis del escrito de demanda promovida por ********************, se colige que la progenitora del menor podría tener intereses contrarios a él. En esas condiciones, es evidente que tal representante se encuentra impedido para ejercer esa representación en este juicio biinstancial, ya que tratándose de actos en los que tengan participación los menores de edad, y los padres tengan intereses opuestos a ellos, es incuestionable que el llamado a juicio de su representante tiene por objeto salvaguardar sus derechos procesales en aras de una correcta impartición de justicia. Razón por la cual, este juzgado federal se encuentra obligado a nombrar al menor de iniciales ********************, un representante especial para los efectos del presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 29 del ordenamiento Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, gírese atento oficio a la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que, de no tener inconveniente legal alguno, tenga a bien designar Asesor Jurídico adscrito a dicho instituto que pueda fungir como representante legal al citado infante en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Apoya lo expuesto, por las razones que la invocan, la tesis III.1o.P.50 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 1324, Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 186220, que dice: "MENORES. REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UNO CUANDO SUS PADRES O LEGÍTIMOS REPRESENTANTES TENGAN INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS. Aunque de acuerdo con la legislación civil los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores de edad son sus representantes legítimos, si en el juicio de amparo promovido por un menor o en favor de él, la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, es evidente que tal representante se encuentra impedido para ejercer esa representación en el juicio, como ocurre en el caso en el que los padres del menor (representantes en el juicio de garantías), tienen el carácter de inculpados en la averiguación previa de la que deriva el acto reclamado por un delito cometido en agravio del propio menor representado, y pretenden obtener la protección constitucional para que se deje insubsistente dicho acto y recuperar así la custodia del menor; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe nombrar al menor un representante especial, a fin de que sea éste el que intervenga en el juicio y lo represente debidamente, pues ante la posibilidad de la existencia de un conflicto de intereses entre el menor y quien ejerce sobre él la patria potestad, se hace necesario garantizar que contará con una representación imparcial, dirigida de manera absoluta a la defensa eficaz de sus derechos en el juicio de garantías." Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le confiere la ley; vista con la demanda y anexos que podrá consultar en el expediente electrónico, así como recibir notificaciones derivado de este asunto con el nombre de usuario Nelyescobedo. Tramítese por separado el incidente de suspensión solicitado. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables el informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días contado a partir de aquél al que reciban la notificación del presente proveído. De conformidad en el numeral 210-A, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir el informe de ley vía correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional. Indíquese a las autoridades responsables que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca la promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se reserva el emplazamiento de la parte tercero interesada hasta que obren en autos las constancias del juicio de origen. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificarán por medio de lista. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Adriana Yolanda Vega MarroquínADRIANA YOLANDA VEGA MARROQUÍN, jueza Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante LILIA INÉS BELTRÁN QUIÑONES, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
Reynosa, Tamaulipas, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, 139, 140 y 144 de la Ley de Amparo, con una copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2283/2023, promovido por ********************, contra actos del Juez de Primera Instancia Mixto del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con sede en Miguel Alemán, Tamaulipas y otras autoridades; con copia simple del escrito de demanda y del escrito aclaratorio, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de que reciban el oficio en el que se les solicita dicho informe. Prevéngase a las autoridades responsables que de no atender lo antes ordenado, se les impondrá multa como corrección disciplinaria de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, conforme a lo dispuesto por el numeral 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir su informe de ley vía fax al número telefónico 01 899-926-30-74, de este Juzgado Federal y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama. En esa medida, indíquese a las responsables, que basta con que den cumplimiento al presente requerimiento por cualquiera de las citadas vías, por ejemplo si informan lo peticionado por vía fax, resultará innecesario que lo hagan también por telegrama o por correo oficial. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan su informe previo proporcionen a éste órgano federal algún correo electrónico oficial o número de fax, para garantizar a las partes la expeditez a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para que tenga verificativo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Ahora bien, se estima que se encuentran reunidos los requisitos legales para el otorgamiento a la parte quejosa de la suspensión provisional de los actos reclamados, toda vez que de conformidad con lo que dispone el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, es quien solicita la medida suspensional en estudio. También se cumple con el requisito señalado en la fracción II, del citado artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que con el otorgamiento de la medida cautelar no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y de llevarse a cabo el acto objeto de esta suspensión, se le ocasionarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE la suspensión provisional a ********************, para que las cosas guarden el estado en que se encuentran en el expediente 13/2023, relativo al juicio sobre guarda y custodia, ello privilegiando la situación emocional del niño ******************** quien como aduce el promovente de amparo siempre se encontró bajo el cuidado de su madre Diana del Carmen Jara López; además, así en conformidad con la determinación impuesta por el Juez responsable, quien en su caso, tomó y valoró las circunstancias para ordenar la guarda y custodia sólo por D.G.C.J. y E.C.C.J. Sin embargo, con fundamento en el numeral 143 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez responsable a fin de que al rendir informe previo, allegue las constancias necesarias y pertinentes que tengan relación con el acto reclamado, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Cabe destacar que nuestro país es parte firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, en mil novecientos ochenta y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa y ratificada por esta Nación el veintiuno de septiembre de ese mismo año. De la declaración de principios contenida en el preámbulo de este instrumento internacional, resaltan como puntos esenciales, los siguientes: a) La igualdad de derechos para todos los miembros de la familia humana, la dignidad y el valor de la persona; b) La promoción del progreso y elevación de los niveles de vida dentro de un marco de libertad; el derecho de la infancia a tener cuidados y asistencia especiales por su falta de madurez tanto física como mental; la protección de la familia, como grupo en el cual la niñez crece y se desarrolla; c) El reconocimiento de la persona humana en su niñez, su necesidad de crecer en un ambiente familiar de felicidad, amor y comprensión para lograr un desarrollo pleno y armonioso; d) La preparación de la niñez para una vida independiente con "espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad"; e) La toma de conciencia de las condiciones especialmente difíciles en las que viven muchos niños y niñas en el mundo; y, f) La importancia de las tradiciones. Con base en esa declaración de principios, los artículos del 1 al 41 de la citada convención enuncian, entre otros, los derechos para la niñez que a continuación se enumeran: El derecho a la vida y a un sano desarrollo psicofísico. El derecho a la identidad, que incluye el derecho al nombre y a la nacionalidad. El derecho a una atención especial en consideración a sus propios intereses calificados de superiores en todas las instancias judiciales, administrativas o de bienestar social. El derecho a dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que les afecten, incluyendo los de carácter judicial y administrativo. El derecho a la no discriminación. El derecho a vivir en familia, que incluye la incorporación plena a una nueva familia a través de la adopción. El derecho a ser protegido contra peligros físicos o mentales, el descuido, el abuso sexual, la explotación, el uso de drogas y enervantes o el secuestro y la trata. El derecho a que se le proporcionen los cuidados alternativos adecuados en caso de desamparo familiar. El derecho a una educación, trato y cuidados especiales en caso de impedimento psicofísico o cuando hayan sido víctimas de maltrato. El derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud. El derecho a la enseñanza primaria y a una educación que respete su dignidad y los prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia. El derecho al descanso, al juego y a las actividades culturales y artísticas. El derecho a disfrutar libremente de su cultura, religión o idioma. Derechos y principios instituidos a favor de los menores, que para el dictado de esta resolución, al no contar con mayores elementos que permitan arribar a una conclusión diferente. Es aplicable la jurisprudencia I.5o. C. J/14 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2187, Materia Civil, Novena Época, registro digital 162563, del rubro siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO." Igualmente es de invocarse en aplicación a las consideraciones aquí sustentadas, la jurisprudencia VI.2o.C. J/16 (10a.), de la Décima Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1651, registro digital 2008896, cuyo rubro dice: "VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." Esto, hasta que la responsable reciba notificación sobre la suspensión definitiva. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia que lo demás se les harán por lista. Sirve de apoyo a lo mencionado, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Con base en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previo pago a costa del solicitante, identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, de acuerdo en la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a las autoridades señaladas como responsables, mediante los oficios que se giren, deberán verificar si la denominación con que fueron señaladas es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarla en estado de indefensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Adriana Yolanda Vega MarroquínADRIANA YOLANDA VEGA MARROQUÍN, jueza Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante LILIA INÉS BELTRÁN QUIÑONES, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
... se tiene por recibida la demanda de amparo signada por Guillermo Arturo Cazarez Acuña; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 2283/2023-2, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Ahora bien, analizado en su integridad el escrito de demanda, resulta necesario ordenar su aclaración a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la misma; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del término de cinco días, bajo protesta de decir verdad, precise lo siguiente: 1.- Resulta necesario que abunde en los antecedentes del acto reclamado, esto es, para que bajo protesta de decir verdad, manifieste el tipo de procedimiento judicial que dio origen al expediente 013/2023 que se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Miguel Alemán, Tamaulipas; 2.- Si en dicho expediente ya ha sido emplazada la parte demandada Diana de Carmen Jara López; 3.- Si anterior a que como refiere, mantenía la custodia de D.G.C.J, E.C.C.J. y G.A.C.J., existió pronunciamiento de alguna autoridad a efecto de que Diana de Carmen Jara López, tuviera en custodia a sus hijos; y 4.- Si existe convenio en el que se haya dilucidado la convivencia de los niños con los padres. En la inteligencia que al cumplir con la prevención que se formula, el promovente deberá exhibir el original y 06 copias del escrito aclaratorio, ya que se requieren tres para las autoridades responsables, una para el cuaderno incidental, una para la tercera interesada, y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, apercibido que en caso de no cumplir con lo anterior, se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 114, párrafos penúltimo y último, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no interpuesta la demanda de derechos fundamentales de que se trata.
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