Lic. Janeth Moreno Dávila
Expediente 198/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/03/2019
Partes del expediente
- Lic. Janeth Moreno Dávila
- Manuel Artemio Torres Flores
Actuaciones
- Principal
Estado procesal. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de garantías; en consecuencia, con apoyo en el citado precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Remisión al archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación.
- Principal
3. Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo . De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4 . Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de las autoridades y actos siguientes: Autoridad Responsable: Fiscal del Ministerio Público de la Dirección del Sistema Penal Acusatorio de la Unidad Central de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en esta ciudad. Acto Reclamado: En el caso a estudio, la parte quejosa señaló como tal la negativa de proporcionarle al hoy quejoso copias certificadas del expediente R.A. 2497-101-0101-2018. De los antecedentes y de las constancias exhibidas se advierte que el promovente ... mediante escrito de veinticuatro de enero del año en curso, solicitó al Fiscal del Ministerio Público de la Dirección del Sistema Penal Acusatorio, de la Unidad Central de Investigación y Justicia Restaurativa, copias certificadas del expediente R.A. 2497-101-0101-2018, a efecto de conocer el motivo por el que se le acusa y así poder presentar una defensa adecuada. 3.1 Desechamiento. Lo anterior permite establecer que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo . En efecto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales , concede el recurso o medio de defensa, por virtud del cual las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal podrán ser impugnadas ante el Juez de control. En ese contexto y del análisis de las constancias de autos, se llega al convencimiento que contra el acto reclamado, procede medio de impugnación, mediante el cual puede ser modificado, revocado o nulificado; en virtud de que el promovente puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es, que el juez de control revise las decisiones u omisiones del ministerio público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; sin embargo, los accionantes de esta instancia constitucional, no lo agotaron previamente, por ello se considera que no se colmó el principio de definitividad que rige el procedimiento constitucional. Luego, el promovente debió agotar el medio o recurso ordinario de defensa previsto en la legislación ordinaria, pues en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la abstención u omisión por parte de la responsable, es impugnable; sin embargo, al no haber agotado el medio ordinario de defensa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Esto es, la parte quejosa estuvo en aptitud legal de combatir el acto reclamado, pues en contra del mismo, debió agotar el recurso o medio de defensa que la ley le otorga, para estar en aptitud de acudir al juicio de garantías, previsto por el numeral señalado en líneas anteriores, pues el Legislador Constituyente estableció el principio de definitividad para el juicio de amparo en el artículo 107 Constitucional, para limitar los juicios constitucionales, obligando al promovente al agotamiento previo de los recursos o medios de defensa antes de acudir al amparo, para dar a la autoridad la oportunidad de enmendar a través de los recursos o medios de defensa que señala la ley, las violaciones en que pudiera haber incurrido, pues notorio es, que el legislador al establecer el juicio de amparo, no tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución de carácter extraordinario, para el mantenimiento del Orden Constitucional. Asimismo, el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el imputado y su defensor podrán tener "acceso" a los registros de la investigación cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter (imputado), o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Además, el artículo 219 del código mencionado establece que el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia de ella cuando sean citados a la audiencia inicial, lo cual debe interpretarse como una garantía más en favor de aquél, a efecto de gozar de una defensa adecuada, dada la especial trascendencia de dicha audiencia y, en consecuencia, no debe interpretarse como una regla restrictiva del momento a partir del cual pueden obtener las copias, pues el propio numeral, inmediatamente después, dispone que en caso de que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, se podrá acudir ante el Juez de Control para que resuelva lo conducente. Por tanto, debe entenderse que la palabra "acceso" conlleva la posibilidad de que se obtenga una copia o el registro fotográfico de los registros de la investigación en la etapa de investigación inicial ante el Ministerio Público. 3.2 Jurisprudencia. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia PC.I.P J/53 P (10a.) 123 P , En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. 3.3 Jurisprudencia. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia1a./J. 28/2018 (10a.) y la tesis III.2o.P.123 P ,
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