Lic. Hugo Hernandez Vaquero

Expediente 133/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
133/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
14/02/2019

Partes del expediente

  • Lic. Hugo Hernandez Vaquero

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por José Alfredo Acevedo Jara, representante de HACHE OPERADORA TURÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por el que solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Congreso del Estado de Tlaxcala y otras autoridades; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 107, 108, 110, 115,116 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de amparo de mérito, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número que le corresponda; con dos copias de la demanda, tramítese por duplicado el incidente de suspensión, pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, por escrito o en medios magnéticos, en el entendido de que en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibidas que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional se sancionará con una multa por la cantidad que resulte equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del ordinal 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el veintiocho de enero siguiente. Asimismo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, deberán las partes informar cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa por la cantidad de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, conforme a los numerales 237, fracción I y 251 de la ley reglamentaria, en relación con lo dispuesto en los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto antes referido. Se señalan las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL CINCO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV y 26, fracción I, inciso K, de la ley de la materia, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con la copia simple de la demanda de amparo, dejando formal constancia de ello en autos. En términos de los artículos 61, 64, 217 y 279 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2º. se ordena a la Secretaría proceda a ejecutar el cotejo con la copia certificada del documento que acompaña, a fin de que obren como correspondan en los cuadernos incidentales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 401 del Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENARLA DE OFICIO, RESPECTO DE LOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, PARA QUE OBREN EN EL CUADERNO INCIDENTAL, AL DICTAR LA RESOLUCIÓN ATINENTE A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (REQUISITO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010). La jurisprudencia citada establece como requisito que el Juez de Distrito, de oficio, ordene la compulsa o certificación de los documentos originales presentados con la demanda de amparo, con las copias simples que se anexen a ésta, a fin de que se tomen en consideración al emitir la resolución relativa a la suspensión definitiva de los actos reclamados. Incluso prevé que respecto a las pruebas documentales aportadas en el expediente principal del juicio de amparo durante el procedimiento, también debe actuar en los términos referidos, con el propósito de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren los mismos elementos probatorios. Ahora bien, dicha actuación corresponde al secretario del Juzgado de Distrito, según los artículos 61, 64, 217 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de acuerdo con el 2o. de la Ley de Amparo, que en general establecen que el secretario del órgano jurisdiccional es quien debe realizar la certificación correspondiente, la cual constituye una actuación fundamental e imprescindible para que el Juez de Distrito esté en aptitud legal y material de conocer si se aportaron elementos probatorios con la demanda de amparo o durante el procedimiento del juicio de garantías, con el objeto de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren las mismas pruebas documentales y al dictar la resolución atinente a la suspensión definitiva de los actos reclamados, atienda a todas las pruebas exhibidas por la quejosa, con base en lo cual emita una decisión apegada a la realidad jurídica de ese asunto." Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar al quejoso por medio de lista, en razón de haber señalado los estrados de este juzgado, el cual no se le puede tener como su domicilio, por tratarse de una institución pública; asimismo, se tiene por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que refiere. En cuanto al uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos; de conformidad con la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza su utilización. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida como prueba de su parte la documental pública, sin prejuicio de ser tomada en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los Actuarios adscritos a este Juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificarán inmediatamente en que sean pronunciadas. De conformidad con lo dispuesto en el diverso numeral 21 in fine, del ordenamiento legal invocado, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente. Orienta la anterior determinación la tesis aislada sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 2127 del Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA. La inexistencia de petición de parte para que el juzgador ordene la práctica de una diligencia judicial en días y horas inhábiles no conculca precepto legal alguno. El artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que las actuaciones judiciales, salvo las que especifica en el mismo artículo, deberán realizarse en días y horas hábiles y acota, cuáles son los días hábiles. La parte final de dicho artículo faculta al juzgador para habilitar los días y horas inhábiles, cuando así lo estime pertinente. Esta facultad es una ratificación al juzgador de la calidad de director del proceso, ya que le otorga la posibilidad de quitar obstáculos que puedan entorpecer el desarrollo del juicio, o bien, que impidan la observancia de principios rectores del proceso, como el de celeridad. En dicho precepto no se advierte la exigencia de la previa petición de parte para que el juzgador ordene la habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de diligencias fuera del local del órgano jurisdiccional. De ahí que si el Juez procede de oficio para emitir una orden de esta naturaleza, dicho juzgador actúa dentro de la esfera de sus atribuciones." También se informa a las autoridades responsables que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el sentido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha, además de que se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el veintiocho de enero siguiente. Se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que firme los oficios que deriven con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo, así como los correspondientes al incidente de suspensión. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 11 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púbica; sin perjuicio de que éste Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. En observancia al artículo 3º. de la Ley de Amparo, al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expediente (FESE) asimismo, en acatamiento a los artículos 3 y 5 de los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de octubre de dos mil catorce, procédase a la digitalización e integración del expediente electrónico del presente asunto a fin de contar con copia digital para conservar y difundir su contenido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; se hace del conocimiento que la parte quejosa se opone a la publicación de sus datos personales. Notifíquese.

  2. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 133/2019-II-A, promovido por Alfredo Acevedo Jara, representante de HACHE OPERADORA TURÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra actos del Congreso del Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al de la notificación del presente proveído, enviándoles al efecto copia simple de la demanda. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Con fundamento en los artículos 128 y 138 a contrario sensu, de la Ley de Amparo; se niega la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa respecto del acto reclamado que consiste en el decreto número sesenta y ocho, que contiene la Ley de Ingresos del municipio de Nativitas para el ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, en sus artículos 15, 50, 51, 52 y 57 dada en la sala de sesiones, del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala el día veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho; toda vez que la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de dicho decreto, y no éste en sí mismo y su inconstitucionalidad que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia número VI.2°.C.J/174, visible en la página 775, del Tomo X, Julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "SUSPENSION CONTRA UNA LEY". Notifíquese.

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