Librado Heriberto Trujillo González

Expediente 1030/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1030/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Librado Heriberto Trujillo González

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 28797/2023 recibido en línea signado de manera electrónica por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, y en virtud de que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene informando que ACEPTÓ LA COMPETENCIA planteada por este órgano jurisdiccional, por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto, así como el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto, al tratarse de cuaderno auxiliar, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos seis meses a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 19, fracción I, inciso b) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula de los expedientes, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que por proveído de cinco de octubre del año en curso, se tuvo al 1 y 2 Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, informando en relación a la suspensión de plano concedida en autos; asimismo, por el diverso auto de cinco de del mes y año que transcurre, se tuvo diligenciado el exhorto 447/2023-E/V/AADM, orden 1761/2023; de lo anterior, se reservó de proveer lo conducente hasta en tanto se tuviera conocimiento de la aceptación o no de la competencia planteada en autos lo cual ya aconteció, por tanto, se hace del conocimiento lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como lo solicita se ordena habilitar la consulta del expediente electrónico del presente asunto; por tanto, instrúyase al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que dé acceso al expediente electrónico al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, y este en aptitud de consultar el expediente electrónico del presente asunto, y tenga a bien a proveer lo procedente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido en línea signado de manera electrónica por el secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, y en virtud de que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene devolviendo DILIGENCIADO el exhorto 447/2023-E/V/AADM (número de orden 1761/2023) que se libró a efecto de que entregaran los oficios a las autoridades con residencia en el domicilio del juzgado exhortado. Dese de baja el exhorto de mérito, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico correspondiente. Sin necesidad de acusar recibo, en virtud de que la autoridad oficiante toma nota de la recepción de la comunicación de que se trata con la constancia que le arroja el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que pase inadvertido para el suscrito, que la autoridad exhortada refiere haber ordenado notificar a los aquí quejosos, sin haberlo conseguido, de lo que únicamente se toma conocimiento, toda vez que la encomienda en la referida comunicación oficial únicamente se giró con el objeto de entregar a las responsables los oficios expedidos, a fin de informales la suspensión de plano concedida en el presente juicio. De igual forma, visto el oficio del 1. y 2. Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, recibido vía correo electrónico institucional, y désele valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la ley en la materia. En atención a su contenido y en cumplimiento al requerimiento realizado por las misivas 29585 y 29586 de fecha dos de octubre de la presente anualidad, rinde su informe sobre la suspensión de plano concedida en este asunto. En esas condiciones y toda vez que de autos se advierte que el dos del mes y año en curso este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo relativa al presente asunto, por tanto, una vez que se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional que le correspondió conocer de dicha demanda, se acordará lo procedente. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se aprecia que obra en autos el oficio número 8257/2023, signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, con el cual remitió copia certificada de la resolución de doce de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en los autos del expediente 2312/2022, lo anterior en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora, del análisis de la referida determinación se desprende que el Juez Familiar al momento de resolver el recurso de reclamación, consideró la existencia de una desventaja económica entre los contendientes, determinando reducir la pensión alimenticia compensatoria de un 30% (treinta por ciento) al 20% (veinte por ciento). Sin embargo la responsable fue omisa en indicar porque dicho porcentaje resulta el idóneo para satisfacer la necesidades del deudor alimentario, así como las propias de la acreedora, de acuerdo a las necesidades de ambos, esto es, justificar el estado de necesidad del acreedor alimentario, el vínculo familiar entre ambos y la capacidad económica del deudor, efecto de cumplir con la obligación de fijar la pensión alimenticia con base al principio de proporcionalidad consignado en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo y en atención a las tesis P./J.54/2014 (10a.) y 2ª/./VIII/2014, requiérase al juez responsable para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, deje insubsistente la resolución de doce de septiembre de dos mil veintitrés, y, en su lugar, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie respecto a los motivos y razones por los que concluye que el porcentaje modificado resulte el adecuado para satisfacer las necesidades del deudor alimentario, así como de la aquí quejosa, y remita copia certificada de las constancias correspondientes. Sirven de apoyo a lo anterior, las citadas jurisprudencias, cuyos rubros y textos son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.", se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada." En el entendido de que subsiste el apercibimiento establecido en el proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés, para el caso de no cumplir con lo anterior; esto es, se le impondrá una multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.

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