Librado Heriberto Trujillo González
Expediente 729/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 729/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Librado Heriberto Trujillo González
- He Luziang
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Atento al oficio y anexo de cuenta (consistente en el acuerdo de nueve de agosto de este año dictado dentro del juicio de amparo 959/2023) signado de manera electrónica por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, recibido en línea el día de ayer a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente: Se advierte que dicho juzgado aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, en favor de ********************. En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 19, fracción I, inciso b) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Por otro lado, como lo solicita el Titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, se informa que en proveído de siete de agosto del año en curso se tuvo como parcialmente diligenciado el exhorto 289/2023-E/IV/AADM (orden 1298/2023) mismo que fue recibido en línea, el cual se libró a efecto de notificar al quejoso y entregar los oficios a las autoridades responsables con sede en Tijuana, Baja California, en donde se concedió la suspensión de plano concedida al directo quejoso, y en el miso proveído se tuvo a la autoridad Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, informando lo relativo a la suspensión de plano concedida en autos. Sin embargo, de lo anterior, se reservó de proveer lo conducente, hasta en tanto se tuviera conocimiento que se aceptó o no la competencia planteada en autos, para los efectos legales a que haya lugar, lo que en el caso ya aconteció. En esa virtud, remítase al homólogo de referencia las constancias relativas a la comunicación oficial de previa relación, para los efectos legales procedentes en el juicio de amparo 959/2023 de su índice. Con independencia de lo expuesto, se ordena habilitar la consulta del expediente electrónico del presente asunto y se instruye al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que dé acceso al expediente electrónico al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, a fin de que esté en aptitud de consultarlo y tenga a bien a proveer lo procedente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de agosto de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 901/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, siete de agosto de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa, mediante proveído de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó el presente asunto y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Leticia Molina Cruz, para los efectos siguientes: ".a). Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, reconecte el servicio suspendido y proporcione un mínimo vital de agua en el domicilio de la quejosa, en términos del artículo 105 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. b). Con libertad de jurisdicción y, de estimarlo necesario, inicie el procedimiento que establece el precepto legal citado para los usuarios domésticos, por falta de pago del servicio público del agua. En la inteligencia de que la concesión del amparo no implica que la quejosa quede exonerada del pago del adeudo vigente por concepto de servicios de agua potable en su domicilio que le presta la autoridad responsable, pues ésta podrá gestionar su cobro por las vías ordinarias correspondientes." En esas condiciones, mediante auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, mediante proveído de veintiocho de julio siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así tomando en consideración el oficio sin número signado por el apoderado legal de la persona moral Grupo Metropolitano de Agua y saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con sede en Veracruz, Veracruz, con el cual informó que el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, realizó visita de verificación con el fin de rehabilitar el servicio de agua suspendido en el domicilio de la aquí quejosa ubicado en Andador Rio de la Unión número 76, Infonavit Rio Medio, advirtiendo que se encontraba conectado de forma indebida con material no apto. Asimismo, bajo orden de trabajo 1195005 solicitó la reconexión del servicio de agua retirando el material inapropiado encontrado en el inmueble efectuando la rehabilitación con material adecuado. En ese sentido a fin de acreditar lo anterior anexó copia de la captura de la central de atención, obtenida del Sistema Informático Registral de la Empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, donde se advierte el número de solicitud, así como estatus del servicio a nombre de la aquí quejosa de fecha veinticinco de julio del año en curso. Igualmente, remite secuencia fotográfica donde se aprecia los trabajos realizados en el citado inmueble a fin de retirar el material no apto para conectar el servicio adeudado, así como los trabajos realizados por el personal de la referida empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento. En las relatadas consideraciones se aprecia que la afectación al derecho humano de acceso al agua potable que se consagra en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin mediar el procedimiento que establece el artículo 105 de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz vigente, para el caso en que subsista el incumplimiento de pago por el usuario doméstico, quedo superado con el actuar de la persona moral que ostenta el servicio de agua y alcantarillado, toda vez que conectó el servicio que se encontraba suspendido. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General, toda vez que por una parte se concedió la protección constitucional. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Vista la demanda presentada en línea y autorizada con la firma electrónica de ********************, en favor de ********************, nacional de la República de China contra actos del 1. Instituto Nacional de Migración, residente en Tijuana, Baja California, y otra autoridad; dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. En consecuencia, se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el Libro de Gobierno y electrónica de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 729/2023. INCOMPETENCIA En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda, se tiene que el promovente reclama la privación de la libertad y/o detención, así como la posible deportación y expulsión, que refiere está siendo objeto el directo quejoso ********************. Ahora, la norma que regula la competencia de un Juzgado de Distrito, está contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece literalmente lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La trascripción anterior establece las hipótesis para que se surta la competencia a favor de los Juzgados de Distrito en la tramitación de los juicios de amparo indirecto, de las cuales, la primera de ellas, otorga competencia al Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la detención y/o privación de la libertad y la deportación y/o expulsión, así como la incomunicación. Al respecto, debe decirse que los aludidos actos reclamados tienen ejecución en Tijuana, Baja California, ya que la parte promovente de amparo refiere bajo protesta de decir verdad que los directos quejosos se encuentran privados de su libertad en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, el cual se localiza fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, reformado por Acuerdo General 6/2022 publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil veintidós. Luego, resulta evidente que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer y decidir de la demanda de amparo en los términos propuestos, en razón del territorio; por lo que se considera competente para conocer de dicho escrito constitucional promovido por ********************, en favor de ********************, el Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, pues dicho órgano ejerce jurisdicción territorial en el lugar donde se están ejecutando los actos reclamados. Sirve de apoyo la tesis 1.15o.A.41 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2288, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, marzo de 2011, Novena Época, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME." Asimismo, apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 99, de Informes, Informe 1972, Parte II, Séptima Época, cuyo rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO." De igual forma sirve de apoyo la tesis 21, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 99, de Informes, Informe 1981, Parte II, Séptima Época, materia civil, cuyo rubro es: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE SE HAYA CONSUMADO. CARECE DE APLICACION ANALOGICA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY DE AMPARO." Así, tratándose de actos que requieren ejecución material, como es el caso, la competencia del juez de Distrito para conocer del asunto, no queda a voluntad de los peticionarios de amparo, dejando en ellos la opción de elegir ante qué Juzgado desean promover su demanda, sino que, como ya se dijo; la competencia se surte en favor del Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar de ejecución del acto reclamado, ya sea porque deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado en ese lugar; por ende, es de concluirse que, en la especie, se actualiza la primera de las hipótesis que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo. En esa virtud, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte que interesa establece lo siguiente: "XV. DECIMOQUINTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el municipio de Mexicali del Estado de Baja California y por el municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora. Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana." Por tales consideraciones, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara incompetente por razón de territorio, para conocer y resolver del presente juicio de amparo, y se considera que tal competencia se surte en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, debiéndose remitir vía interconexión, mediante atento oficio y sin demora la demanda a través de la Oficina de Correspondencia Común, para el turno correspondiente, para los efectos del artículo 48 de la Ley de Amparo, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, asimismo, solicitándole el acuse de recibo de estilo. Conforme a ello, con una copia certificada del escrito de demanda relativo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No obstante, dado que la demanda de amparo se promueve en términos de los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en la parte final del primer párrafo, del citado artículo 48, de la ley de la materia, a continuación se provee lo conducente. SUSPENSIÓN DE PLANO El artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". Por su parte, el artículo 22 Constitucional, proscribe en su primer párrafo, las penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda, se tiene que el promovente reclama la privación de la libertad y/o detención, así como la posible deportación y expulsión, que refiere están siendo objeto el directo quejoso ********************, por tanto, ya que dichos actos se ubican en el supuesto del artículo 126 de la Ley de la materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para los siguientes efectos: PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y/O DETENCIÓN FUERA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL. En caso de que la privación de la libertad y/o detención, haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, y NO tenga relación con la comisión de un delito, para que los quejosos sean puestos en libertad. En el supuesto de que la privación de la libertad y/o detención, haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, en relación a la comisión de un delito, para que el directo quejoso ********************, queden a disposición de éste Juzgado, únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la responsable, para que sin dilación sean puestos a disposición del Ministerio Público competente, para que éste determine su libertad, retención o consignación en términos del aplicable artículo 16 Constitucional. En el supuesto de que la privación de la libertad y/o detención haya sido ordenada por el Ministerio Público, para que el directo quejoso ********************, quede a disposición de éste Juzgado únicamente, en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la responsable por cuanto a la continuación de la investigación, para que los detenidos sean puestos en libertad o se les consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis, según sea el caso. Asimismo, en el supuesto de que la privación de la libertad de la parte quejosa emane de una eventual situación irregular en una estación migratoria, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, al tratarse de una detención, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público (autoridades del Instituto Nacional de Migración) que no tenga relación con la comisión de algún delito, la suspensión tendrá el EFECTO DE QUE UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS TREINTA Y SEIS HORAS, A PARTIR DE QUE LOS QUEJOSOS FUERON INGRESADOS AL CENTRO DE MIGRACIÓN, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DECRETEN Y EJECUTEN A SU FAVOR SU INMEDIATA LIBERTAD; lo anterior, en atención a lo resuelto por el Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 388/2022. En la inteligencia de que, la indicada autoridad responsable deberá implementar los mecanismos que estime pertinentes dentro de sus facultades para que atiendan el desarrollo del procedimiento administrativo migratorio que al efecto se siga, debiendo, en su caso, informar lo conducente de manera periódica (semanalmente) al Juzgado de Distrito del conocimiento. Lo anterior, toda vez que, se precisa, el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano los actos reclamados a fin de que el directo quejoso goce del libre tránsito en territorio nacional; es decir, para el caso de que se encuentren bajo los efectos de un procedimiento administrativo, la suspensión no puede otorgarse para el efecto de que el quejoso deambule libremente en el País; puesto que, de conformidad con lo establecido por los artículos 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; así, también que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Se impone precisar además, que esta determinación puede ser modificada por el Juez de Distrito que conozca de la demanda de amparo, incluso fijar algún otro requisito. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA DEPORTACIÓN Y/O EXPULSIÓN. Dado que la deportación se ubica en el supuesto del artículo 126 de la Ley de Amparo, transcrito, toda vez que en el caso, se trata de actos que afectan la libertad personal fuera de procedimiento; consecuentemente, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que, derivado de la detención que sufre el directo quejoso ********************, posiblemente en las instalaciones de la Estación del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Tijuana, Baja California, no sean deportados, ni se lleven a cabo actos tendentes a deportarlos, y para que las autoridades responsables se abstengan de realizar algún otro acto que se encuentre prohibido por el artículo 22 Constitucional. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES Lo anterior, comuníquese sin demora a las autoridades responsables por los medios más eficaces que permitan lograr su inmediato cumplimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, a que cumplan con la suspensión concedida, toda vez que de no hacerlo, incurrirán en el delito previsto en el artículo 262, fracción III1 de la Ley de Amparo; por lo que de darse el supuesto, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos legales conducentes; debiendo informar a este Juzgado, dentro del improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, sobre las medidas que adopten al respecto, remitiendo copia certificada de las constancias relativas. NOTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO VÍA EXHORTO En ese contexto, toda vez que, como se dijo, el directo quejoso ********************, se encuentra detenido en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Tijuana, Baja California; cuyo domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado; con apoyo en los artículos 1, fracción VIII y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Acuerdo General 30/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, para que por su conducto sea entregada a la Oficina de Correspondencia Común, utilizando la firma electrónica para tal efecto, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva designar personal de su adscripción, a fin de que se constituya en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Tijuana, Baja California, y/o en la Estación Migratoria de dicha ciudad, y, en caso de que los directos quejosos continúen detenidos en sus instalaciones, les notifique el presente proveído, que se anexa para tal efecto. De igual manera, comisione a la persona actuaria de su adscripción para que haga entrega de los oficios dirigidos a las siguientes autoridades responsables: Autoridades responsables 1. Representante del Instituto Nacional de Migración 2. Titular y/o Encargado responsable de la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California TIJUANA, BAJA CALIFORNIA Así mismo, se faculta al juzgado exhortante que en caso de que varíen las denominaciones de las mencionadas autoridades responsables, sean entregadas a las autoridades con las denominaciones correctas. Con apoyo en la parte final del artículo 21 de la Ley de Amparo, se solicita al juez exhortado habilite horas y días inhábiles para la práctica de la diligencia ordenada; sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, dado que el propio sistema lo genera, peticionando atentamente, una vez cumplida la encomienda, lo devuelva a la brevedad posible. De este modo, se solicita faculte al actuario Judicial de su adscripción, para que en el caso de que al constituirse en el domicilio respectivo no sea el correcto y fuere informado de que la parte quejosa puede ser notificada en uno diverso que se le proporcione, practique en dicho domicilio lo ordenado, debiendo asentar en cualquier caso, la razón que corresponda. APERCIBIMIENTO En atención a lo anterior, prevéngase a la responsable, así como a cualquier otra autoridad que sea requerida; para que otorguen las facilidades necesarias al fedatario judicial de la adscripción del Juzgado exhortado, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, apercibidos que de no cumplir con ello, se les impondrá como medida de apremio una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo a su valor diario, en términos de lo previsto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso numeral 259, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En atención a su contenido, y como lo solicita la parte quejosa, se le autoriza la consulta vía internet, por conducto de las personas que cuenten con nombres de usuario "********************" y "********************" registrada ante el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que también podrán presentar escritos en línea; y de igual forma, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicarán por la vía electrónica. Por otra parte, no ha lugar a tener por designados los medios alternativos que menciona la parte quejosa para la práctica de notificaciones (correos electrónicos y números telefónicos) ya que por "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO" aprobado el trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por COVID-19 que preveía esos medios alternativos, por lo que únicamente se encuentran autorizados los establecidos en la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizados en términos amplios a ******************** y Sara María Vega Salas, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales en Derecho, ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como Licenciado en Derecho. La anterior consideración, encuentra apoyo por su sentido y alcance, en la tesis número V.2o.64 C, publicada en la página 833, del Tomo IX, enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, que es del texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. VALIDEZ DEL RECONOCIMIENTO QUE PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO HACE EL JUEZ DE DISTRITO (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 664, DEL TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 446, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995)". Por otra parte se tiene únicamente como autorizado para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del citado artículo 12 de la ley de la materia, a la persona que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido en línea, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante ese mismo esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Finalmente, se ordena habilitar la consulta del expediente electrónico del presente juicio de amparo indirecto; en esas condiciones, instrúyase al Oficial Judicial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que dé acceso al expediente electrónico al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, y esté en aptitud de consultar el expediente electrónico del presente asunto. Notifíquese en términos de ley.
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