Librado Aguirre Quijas
Expediente 669/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 669/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Librado Aguirre Quijas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ya transcurrió el término de cinco días que concede la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de diecinueve de julio del año en curso, que desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer; consecuentemente, el proveído de mérito HA QUEDADO FIRME. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de registro de juicios de amparo de este Juzgado. Por tanto, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, en tanto que se desechó la demanda de amparo. Además, se hace constar que este expediente no es de relevancia documental y no obran documentos originales que deban ser devueltos a las partes. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
."Generalidades. Vista la demanda de amparo ." el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Este órgano jurisdiccional considera, que en el presente caso, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama el acuerdo de veintidós de junio del año en curso, dictado en el juicio testamentario a bienes de Anselmo Aguirre Jiménez, número 197/2015, en el que el Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México acusó la rebeldía en que incurrió el aquí quejoso al no haber dado cumplimiento a lo ordenado en auto de diez de noviembre de dos mil veinte, por lo que hizo efectivo el apercibimiento decretado y le impuso una multa de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional); asimismo, señaló que respecto de la solicitud de suspensión del juicio, debería realizarla ante la autoridad competente, y lo requirió a efecto de que entregara a Araceli Garduño Aguirre, albacea de la sucesión de Celina Aguirre Quijas, el bien inmueble ubicado en calle hermanos Wright, lote cuatro, manzana treinta y dos, colonia Fuego Nuevo, código postal cero nueve mil ochocientos, alcaldía Iztapalapa en esta Ciudad, apercibido que en caso de no de dar cumplimiento se le impondría una multa por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). Conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso no hace valer, previamente los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, dicha contienda, es un medio extraordinario de defensa y sólo es procedente, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la Ley de Amparo precisan, cuando se hayan interpuesto previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial. Asimismo, se advierten como elementos para integrar la causa de improcedencia en comento, los siguientes: El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Contra tal acto, debe proceder algún recurso o medio de defensa legal. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de ser modificado o revocado. En ese contexto, si el propósito del legislador a través de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo fue, sin duda, el establecer la exigencia de que los gobernados, antes de promover la vía constitucional en contra de un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación o medio de defensa a su alcance, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan; para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que la ley rectora del acto prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. Luego, conforme al sistema legal que rige los recursos en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se encuentra, como regla general que, contra todo acto en el procedimiento que produzca un perjuicio a las partes, procede alguno de los recursos o medios de defensa previstos en la ley en cita, salvo que ese propio ordenamiento legal disponga expresamente lo contrario. Ciertamente, los artículos 688 y 691 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad establecen lo siguiente: "Artículo 688. El recurso de apelación tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del Juez. La apelación procede en el efecto devolutivo o en ambos efectos. La apelación en efecto devolutivo podrá ser de tramitación inmediata, o bien, de tramitación preventiva. En la de tramitación inmediata los agravios deberán expresarse al interponerse el recurso y se sustanciarán en los términos previstos en el Artículo 693 de este Código. En la de tramitación preventiva bastará con que el apelante exprese su inconformidad al interponer el recurso, y la expresión de agravios deberá hacerse en los términos previstos en el segundo párrafo del Artículo 692 Quáter. La apelación de tramitación preventiva se sustanciará conjuntamente con la que se interponga en contra de la sentencia definitiva. Las apelaciones que se admitan en ambos efectos siempre serán de tramitación inmediata." "Artículo 691. La apelación debe interponerse por escrito y procede sólo contra aquellas resoluciones que no permitan su revocación o regularización. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. La apelación no procede en los juicios cuyo monto sea inferior a quinientos mil pesos, moneda nacional, por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados, a la fecha de presentación de la demanda, dicho monto se actualizará en los términos que establece el último párrafo de la fracción II del artículo 62. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables." Con base en lo anterior, se advierte que ese proveído debió ser combatido a través del recurso de apelación, ."Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar de manera pronta y adecuada el acto combatido en el juicio constitucional, y la mera irreparabilidad de tal acto no constituye, por sí misma, una excepción a dicha base fundamental del amparo. Por ende, si bien el acto destacado en párrafos precedentes, puede tener efectos de imposible reparación que haría procedente el amparo indirecto, lo cierto es, que ello no implica la inobservancia a tal principio, el cual rige al juicio para la protección de derechos fundamentales. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada; con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada Ley de Amparo, se desecha por improcedente la demanda de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso,
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