Librada Ruiz Baez

Expediente 506/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
506/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Librada Ruiz Baez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, trece de julio de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a siete de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo (fojas 153 y 158 a 191); además, con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 192 y 193), sin que hayan hecho manifestaciones al respecto (fojas 198 y 199). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno este órgano colegiado concedió a Librada Ruiz Báez el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que el Juez responsable procediera en los términos siguientes: "(.) 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. En su lugar dicte otra en la que considere que no están probadas las excepciones de falsedad de los títulos de crédito y la de alteración en el texto de éstos, por las razones precisadas en esta ejecutoria. 3. Hecho lo anterior, continúe con el análisis de la litis de origen conforme a la acción propuesta y al resto de las excepciones opuestas, y resuelva, fundada y motivadamente, lo que en derecho corresponda (.)" (foja 137 frente). En relación con el punto 2 de los efectos para los que se concedió la protección constitucional, éste se sustentó en la parte considerativa de la ejecutoria de amparo que es del tenor siguiente: "(.) en el escrito de contestación de la demanda la enjuiciada opuso como excepciones, entre otras las siguientes: "I. SE OPONE LA EXCEPCIÓN DE FALSEDAD DE TÍTULO DE CRÉDITO, en términos de los artículos 1403, fracción I, del Código de Comercio y 8, fracción II, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual hago consistir en la falsedad del contenido y firma que se encuentran plasmados en los pagarés supuestamente suscritos con fechas dieciséis de enero de dos mil diecisiete, cuatro de julio de dos mil dieciséis y siete de enero del año diecinueve (sic), documentos base de la acción del presente juicio, puesto que jamás firmé o suscribí y mucho menos me obligué a pagar la cantidad que se me reclama a persona alguna (.). II. SE OPONE LA EXCEPCIÓN DE ALTERACIÓN EN EL TEXTO DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO (pagaré), lo anterior con base en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual hago consistir en la alteración total del contenido y firma de los pagarés base de la acción, ambos supuestamente suscritos con fechas dieciséis de enero del año dos mil diecisiete, cuatro de julio del año dos mil dieciséis y siete de enero del año diecinueve (sic), debido a que la totalidad del contenido y firma no fue puesto por el puño y letra de la suscrita, sino por persona ajena (.)" -lo destacado es de este tribunal-. De lo anterior se observa que la parte demandada opuso como excepciones la de falsedad de los títulos de crédito (sustentada en que ella no firmó los pagarés) y la de alteración en el texto de los mencionados documentos (edificada en el sentido que el contenido de éstos no fue puesto por su puño y letra); dichas excepciones se fundaron en lo dispuesto en las fracciones II y VI del artículo 8º de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito que establecen lo siguiente: (.) La carga de la prueba para demostrar dichas excepciones correspondía a la parte demandada en términos del artículo 1194 del Código de Comercio, que establece lo siguiente: (.) En ese sentido, la enjuiciada ofreció como pruebas las siguientes: a) La pericial en grafoscopía y documentoscopía. b) La confesional a cargo de la parte actora. c) Documental pública de actuaciones. d) Presuncional legal y humana. En relación con la prueba pericial, ésta se tuvo por desierta mediante auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, toda vez que el perito designado por la demandada fue omiso en aceptar y protestar el cargo conferido (fojas 192 y 193 del expediente de origen), proveído que si bien fue impugnado, lo cierto es que mediante resolución de quince de octubre de la misma anualidad se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en su contra (sin que la demandada haya impugnado esa determinación como violación procesal a través del amparo adhesivo). Por cuanto a la confesional a cargo de la actora Librada Ruiz Báez, la diligencia respectiva tuvo verificativo el once de septiembre de dos mil veinte (foja 125 del expediente de origen), en la que se calificaron como legales las posiciones dos, cuatro y cinco del pliego respectivo, que son del tenor siguiente: "(.) 2. QUE DIGA LA ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES QUE PRESTÓ DINERO EN EFECTIVO A LA C. KAREN LORENA ORORIO HERNÁNDEZ. (.) 4. QUE DIGA LA ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES QUE LOS DOCUMENTOS BASE DE LA ACCIÓN LOS EMITIÓ EN TLAXCALA CAPITAL. 5. QUE DIGA LA ABSLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES QUE CON SU PUÑO Y LETRA HIZO EL LLENADO DE LOS DOCUMENTOS BASE DE SU ACCIÓN. (.)". Ante la incomparecencia de la accionante al desahogo de la referida prueba a su cargo, el Juez responsable en la misma diligencia la declaró confesa de las referidas posiciones que fueron calificadas de legales. Dicha confesión ficta es la que sirvió de base al Juez de Distrito para sustentar su determinación en el sentido que estaban probadas las excepciones de falsedad de los títulos de crédito y de alteración en su texto. Precisado lo anterior, es importante destacar que el Alto Tribunal del País ha sostenido que en cuanto al valor y alcance probatorios de la prueba confesional ficta debe tomarse en cuenta el contenido del Código de Comercio establece lo siguiente: (.) Del anterior numeral se desprende que el Código de Comercio establece que la declaratoria de confeso, si es hecha de conformidad con lo establecido en dicho precepto, puede probar plenamente los hechos a que las posiciones correspondientes se refieran. Es decir, el Código de Comercio establece una presunción legal dotada de valor probatorio pleno respecto de la declaratoria de confeso del absolvente, la que desde luego admite prueba en contrario conforme al numeral 1290 de la misma legislación. Por lo anterior, se puede afirmar que la confesión ficta derivada de la declaratoria de confeso produce una presunción juris tantum, misma que, si no es desvirtuada por algún otro elemento probatorio, puede producir convicción plena respecto de los hechos a que las posiciones correspondientes se refieran. Esto significa que si la confesión ficta no se desvirtúa a través de algún otro elemento probatorio, la presunción que produce es suficiente para acreditar los hechos a que se refieran las posiciones, siempre y cuando sean hechos propios del absolvente y la declaratoria se haga conforme a lo establecido en la ley. Las anteriores consideraciones en torno al valor probatorio pleno de la confesión ficta se encuentran plasmadas en la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 45/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 69/2005 del rubro: "CONFESIÓN FICTA. ES SUFICIENTE PARA PROBAR PAGOS DE TÍTULOS DE CRÉDITO". Establecido lo anterior, derivado de las posiciones dos, cuatro y cinco que fueron calificadas de legales que se tuvieron por contestadas en sentido afirmativo ante la incomparecencia de la absolvente, al margen de que éstas resulten o no insidiosas, de las mismas sólo se puede obtener que la actora: 1. Sí prestó dinero en efectivo a la demandada Karen Lorena Osorio Hernández. 2. Emitió los documentos base de la acción en Tlaxcala Capital. 3. Con su puño y letra hizo el llenado de los documentos base de su acción. Las anteriores afirmaciones que derivaron de tener por contestadas las posiciones en sentido positivo, en principio, no pueden surtir efectos de una confesión, en sentido estricto, porque, como se verá más adelante, no perjudican a la absolvente sino por el contrario le benefician; y, en segundo lugar, porque con ellas (en específico las que derivan de las posiciones cuatro y cinco) no se demuestran las excepciones analizadas por el juez responsable. En efecto, la excepción de falsedad de los títulos de crédito se fundó en el hecho de que la demandada no fue quien firmó los referidos documentos sino que quien lo hizo fue la accionante, lo que no queda acreditado con la respuesta en el sentido afirmativo de las posiciones cuatro y cinco pues, como se vio, de éstas sólo se advierte que la actora emitió los documentos base de la acción en Tlaxcala Capital y que con su puño y letra hizo el llenado de los documentos base de su acción, pero no que haya firmado éstos ni que la firma que obra en ellos no sea de la demandada, pues incluso ese no fue el sentido de la posición formulada, es decir, nunca se articuló en el sentido de si la actora firmó o no los pagarés. Además, debe precisarse que la posición afirmada en el sentido de que la actora con su puño y letra hizo el llenado de los documentos base de su acción, no puede traducirse en el sentido de que ella fue quien firmó el pagaré; pues si bien la firma es un requisito que debe contener el título de crédito en términos de la fracción VI del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo cierto es que la excepción opuesta en términos del artículo 8º, fracción II, de la referida legislación no puede quedar demostrada sólo con aquella afirmación, ya que conforme al artículo 15 del ordenamiento citado, las menciones y requisitos que el título de crédito o el acto en él consignado necesitan para su eficacia, podrán ser satisfechos por quien en su oportunidad debió llenarlos, hasta antes de la presentación del título para su aceptación o para su pago, de ahí que, se insiste, la afirmación derivada de la posición cinco, al no precisar específicamente a qué requisitos del llenado se refiere no puede servir de base para determinar que la actora llenó el campo relativo a la firma de la demandada. Aunado a lo anterior, la firma es el signo inequívoco de la voluntad de su signante, por lo que si se pretende demostrar la falsedad de la misma con el resultado de la confesional ficta, previamente debe ponderarse que la prueba pericial es la idónea para arribar a la verdad de ese hecho, atendiendo precisamente al principio de idoneidad de la prueba, sobre todo porque, en el caso, el resultado de la confesional ficta no es contundente en relación a quién firmó el pagaré, pues la posición ni siquiera se hizo en ese sentido, siendo ambigua su proposición sólo en el sentido de que el pagaré fue llenado por el puño y letra de la accionante, pero sin precisar si se refería a aquéllos que le correspondía llenar o no a ésta última conforme al precepto 15 de la ley general en cita. Además, las afirmaciones positivas que derivaron de tener por confesa ficta a la actora resultado de su incomparecencia a esa diligencia, deben ser claras en el sentido de si la accionante firmó o no los pagarés, es decir, esa "confesión" debió ser perfectamente clara a efecto de dotarla de validez pues, como se vio, el hecho de "llenar" un documento no se traduce implícitamente que también se firmó. Consecuentemente, del resultado de la prueba confesional a cargo de la actora no se demuestra la excepción de falsedad de los títulos de crédito opuesta por la enjuiciada. Por otro lado, con la referida prueba tampoco se demuestra la excepción de alteración en el texto de los títulos de crédito, opuesta por la parte demandada, en términos de la fracción VI del artículo 8º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se afirma lo anterior, porque para demostrar dicha excepción se requiere que se demuestre precisamente la alteración del texto del documento o de los demás actos que en él consten, entendida la alteración la acción de alterar que en sus dos primeras acepciones en el Diccionario de la Lengua Española, es: cambiar la esencia o forma de algo, estropear, dañar o descomponer. En ese sentido, de las respuestas en sentido afirmativo a las posiciones cuatro y cinco, sólo revelan que la actora emitió los documentos base de la acción en Tlaxcala Capital y que con su puño y letra hizo el llenado de los documentos base de su acción, pero en modo alguno se puede inferir de esas afirmaciones que la actora alteró los referidos documentos, es decir, que cambio su esencia o forma, dañándolos, estropeándolos o descomponiéndolos. Además, la afirmación derivada de las mencionadas posiciones concuerdan con el hecho de que, al menos dos de los pagarés, sí fueron expedidos en Tlaxcala, capital, conforme a lo asentado en los mencionados documentos, lo que en realidad beneficia a la accionante; asimismo, la diversa afirmación en el sentido de que ésta llenó los títulos de crédito no se traduce en que alteró los documentos, pues, como se vio, la alteración en realidad es una irregularidad que afecta materialmente el contenido del documento ya sea por adición o supresión de lo que originalmente se hubiera escrito en el mismo, lo que no queda revelado con las referidas posiciones contestadas en sentido afirmativo, además de que, como se precisó en párrafos que anteceden, las menciones y requisitos que el título de crédito o el acto en él consignado necesitan para su eficacia, pueden ser satisfechos con posterioridad por quien en su oportunidad debió llenarlos. Consecuentemente, si las posiciones ya mencionadas, contestadas en sentido afirmativo, no revelan la alteración en la que se sustentó la excepción opuesta por la demandada en términos de la fracción VI del artículo 8º de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, resulta inconcuso que tampoco ésta quedó demostrada (.)" (fojas 131 a 136). Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: I. Mediante proveído de seis de abril de dos mil veintiuno dejó insubsistente la resolución reclamada de diez de noviembre de dos mil veinte (foja 153). II. El veintidós de abril siguiente emitió una nueva sentencia en la que realizó lo siguiente: 1. Consideró que resultaban infundadas las excepciones de falsedad de títulos de crédito y alteración en el texto de éstos (fojas 166 a 170) por las razones siguientes: a) En la prueba confesional se calificaron de legales las posiciones cuatro y cinco, las cuales no perjudican a la absolvente sino por el contrario le benefician, porque con ellas no se demuestran las excepciones planteadas por la demandada, esto es, la de falsedad de los títulos fundatorios de la acción ya que: - La excepción se fundó en el hecho de que la demandada no fue quien firmó los referidos documentos sino que quien lo hizo fue la accionante, lo que no quedó acreditado con la respuesta en el sentido afirmativo de las posiciones cuatro y cinco pues, sólo se puede sostener que la actora elaboró los documentos base de la acción en Tlaxcala Capital y que con su puño y letra hizo el llenado de los documentos base de su acción, pero no que haya firmado éstos ni que la firma que obra en ellos no sea de la demandada, pues incluso ese no fue el sentido de la posición formulada, es decir, nunca se articuló en el sentido de si la actora firmó o no los pagarés. - La posición afirmada en el sentido de que la actora con su puño y letra hizo el llenado de los documentos base de su acción, no puede traducirse en el sentido de que ella fue quien firmó el pagaré; pues si bien la firma es un requisito que debe contener el título de crédito en términos de la fracción VI del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo cierto es que la excepción opuesta en términos del artículo 8º, fracción II, de la referida legislación no puede quedar demostrada sólo con aquélla afirmación, ya que conforme al artículo 15 del ordenamiento citado, las menciones y requisitos que el título de crédito o el acto en él consignado necesitan para su eficacia, podrán ser satisfechos por quien en su oportunidad debió llenarlos, hasta antes de la presentación del título para su aceptación o para su pago, de ahí que, se insiste, la afirmación derivada de la posición cinco, al no precisar específicamente a qué requisitos del llenado se refiere no puede servir de base para determinar que la actora llenó el campo relativo a la firma de la demandada. - El resultado de la confesional ficta no es contundente en relación a quién firmó el pagaré, pues la posición ni siquiera se hizo en ese sentido, siendo ambigua su proposición sólo en el sentido de que el pagaré fue llenado por el puño y letra de la accionante, pero sin precisar si se refería a aquéllos que le correspondía llenar o no a ésta última conforme al precepto 15 de la ley general en cita. - Las afirmaciones positivas que derivaron de tener por confesa ficta a la actora resultado de su incomparecencia a esa diligencia, deben ser claras en el sentido de si la accionante firmó o no los pagarés, es decir, esa "confesión" debió ser perfectamente clara a efecto de dotarla de validez pues, como se vio, el hecho de "llenar" un documento no se traduce implícitamente que también se firmó. - Consecuentemente, del resultado de la prueba confesional a cargo de la actora no se demuestra la excepción de falsedad de los títulos de crédito opuesta por la enjuiciada. b) Con la referida prueba tampoco tuvo por demostrada la excepción de alteración en el texto de los títulos de crédito, opuesta por la parte demandada, en términos de la fracción VI del artículo 8º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito porque: - Para demostrar dicha excepción se requiere que se acredite precisamente la alteración del texto del documento o de los demás actos que en él consten. - De las respuestas en sentido afirmativo a las posiciones cuatro y cinco, sólo revelan que la actora emitió los documentos base de la acción en Tlaxcala Capital y que con su puño y letra hizo el llenado de los documentos base de su acción, pero en modo alguno se puede inferir de esas afirmaciones que la actora alteró los referidos documentos, es decir, que cambió su esencia o forma, dañándolos, estropeándolos o descomponiéndolos. - Consecuentemente, si las posiciones ya mencionadas, contestadas en sentido afirmativo, no revelan la alteración en la que se sustentó la excepción opuesta, tampoco ésta quedó demostrada. 2. Analizó el resto de las excepciones opuestas, consistentes en carencia de acción y derecho, oscuridad en la demanda y prescripción, en el sentido siguiente: a) Respecto a la excepción de carencia de acción y derecho, el juez responsable estableció que al no estar acreditadas las diversas de falsedad de títulos de crédito y alteración en el texto de éstos, la actora no carecía de la acción y de derecho para promover el juicio (foja 170). b) En relación con la de oscuridad la responsable determinó que la demanda no es oscura y tampoco se dejó sin defensa a la parte demandada, por el contrario, conoció de las prestaciones y los hechos en que sustentó sus pretensiones la parte actora, tan es así que dio contestación a la misma y, si bien es cierto, no indicó las fechas precisas de los requerimientos de pago, lo cierto es que ello no provoca oscuridad alguna, pues, para establecer la mora, basta que se presente el título base de la acción al promover la demanda; por lo anterior, la declaró infundada (foja 170 vuelta). c) Por lo que ve a la relativa de prescripción se declaró inoperante, toda vez que los argumentos no evidenciaron que la acción cambiaria haya prescrito (fojas 170 vuelta y 171). 3. Continuó con el análisis de la litis de origen conforme a la acción propuesta, misma que determinó procedente, por lo que fundada y motivadamente, condenó a la demandada pago de $32,000.00 (treinta y dos mil pesos cero centavos) por concepto de suerte principal (foja 175 frente y 190 vuelta), así como los intereses moratorios (foja 186 y 190 vuelta). Finalmente, absolvió a la parte demandada del pago de costas (fojas 189 frente y 191 frente). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a siete de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo (fojas 153 y 158 a 191); además, con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 192 y 193), sin que hayan hecho manifestaciones al respecto (fojas 198 y 199). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno este órgano colegiado concedió a Librada Ruiz Báez el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que el Juez responsable procediera en los términos siguientes: "(.) 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. En su lugar dicte otra en la que considere que no están probadas las excepciones de falsedad de los títulos de crédito y la de alteración en el texto de éstos, por las razones precisadas en esta ejecutoria. 3. Hecho lo anterior, continúe con el análisis de la litis de origen conforme a la acción propuesta y al resto de las excepciones opuestas, y resuelva, fundada y motivadamente, lo que en derecho corresponda (.)" (foja 137 frente). En relación con el punto 2 de los efectos para los que se concedió la protección constitucional, éste se sustentó en la parte considerativa de la ejecutoria de amparo que es del tenor siguiente: "(.) en el escrito de contestación de la demanda la enjuiciada opuso como excepciones, entre otras las siguientes: "I. SE OPONE LA EXCEPCIÓN DE FALSEDAD DE TÍTULO DE CRÉDITO, en términos de los artículos 1403, fracción I, del Código de Comercio y 8, fracción II, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual hago consistir en la falsedad del contenido y firma que se encuentran plasmados en los pagarés supuestamente suscritos con fechas dieciséis de enero de dos mil diecisiete, cuatro de julio de dos mil dieciséis y siete de enero del año diecinueve (sic), documentos base de la acción del presente juicio, puesto que jamás firmé o suscribí y mucho menos me obligué a pagar la cantidad que se me reclama a persona alguna (.). II. SE OPONE LA EXCEPCIÓN DE ALTERACIÓN EN EL TEXTO DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO (pagaré), lo anterior con base en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual hago consistir en la alteración total del contenido y firma de los pagarés base de la acción, ambos supuestamente suscritos con fechas dieciséis de enero del año dos mil diecisiete, cuatro de julio del año dos mil dieciséis y siete de enero del año diecinueve (sic), debido a que la totalidad del contenido y firma no fue puesto por el puño y letra de la suscrita, sino por persona ajena (.)" -lo destacado es de este tribunal-. De lo anterior se observa que la parte demandada opuso como excepciones la de falsedad de los títulos de crédito (sustentada en que ella no firmó los pagarés) y la de alteración en el texto de los mencionados documentos (edificada en el sentido que el contenido de éstos no fue puesto por su puño y letra); dichas excepciones se fundaron en lo dispuesto en las fracciones II y VI del artículo 8º de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito que establecen lo siguiente: (.) La carga de la prueba para demostrar dichas excepciones correspondía a la parte demandada en términos del artículo 1194 del Código de Comercio, que establece lo siguiente: (.) En ese sentido, la enjuiciada ofreció como pruebas las siguientes: a) La pericial en grafoscopía y documentoscopía. b) La confesional a cargo de la parte actora. c) Documental pública de actuaciones. d) Presuncional legal y humana. En relación con la prueba pericial, ésta se tuvo por desierta mediante auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, toda vez que el perito designado por la demandada fue omiso en aceptar y protestar el cargo conferido (fojas 192 y 193 del expediente de origen), proveído que si bien fue impugnado, lo cierto es que mediante resolución de quince de octubre de la misma anualidad se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en su contra (sin que la demandada haya impugnado esa determinación como violación procesal a través del amparo adhesivo). Por cuanto a la confesional a cargo de la actora Librada Ruiz Báez, la diligencia respectiva tuvo verificativo el once de septiembre de dos mil veinte (foja 125 del expediente de origen), en la que se calificaron como legales las posiciones dos, cuatro y cinco del pliego respectivo, que son del tenor siguiente: "(.) 2. QUE DIGA LA ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES QUE PRESTÓ DINERO EN EFECTIVO A LA C. KAREN LORENA ORORIO HERNÁNDEZ. (.) 4. QUE DIGA LA ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES QUE LOS DOCUMENTOS BASE DE LA ACCIÓN LOS EMITIÓ EN TLAXCALA CAPITAL. 5. QUE DIGA LA ABSLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES QUE CON SU PUÑO Y LETRA HIZO EL LLENADO DE LOS DOCUMENTOS BASE DE SU ACCIÓN. (.)". Ante la incomparecencia de la accionante al desahogo de la referida prueba a su cargo, el Juez responsable en la misma diligencia la declaró confesa de las referidas posiciones que fueron calificadas de legales. Dicha confesión ficta es la que sirvió de base al Juez de Distrito para sustentar su determinación en el sentido que estaban probadas las excepciones de falsedad de los títulos de crédito y de alteración en su texto. Precisado lo anterior, es importante destacar que el Alto Tribunal del País ha sostenido que en cuanto al valor y alcance probatorios de la prueba confesional ficta debe tomarse en cuenta el contenido del Código de Comercio establece lo siguiente: (.) Del anterior numeral se desprende que el Código de Comercio establece que la declaratoria de confeso, si es hecha de conformidad con lo establecido en dicho precepto, puede probar plenamente los hechos a que las posiciones correspondientes se refieran. Es decir, el Código de Comercio establece una presunción legal dotada de valor probatorio pleno respecto de la declaratoria de confeso del absolvente, la que desde luego admite prueba en contrario conforme al numeral 1290 de la misma legislación. Por lo anterior, se puede afirmar que la confesión ficta derivada de la declaratoria de confeso produce una presunción juris tantum, misma que, si no es desvirtuada por algún otro elemento probatorio, puede producir convicción plena respecto de los hechos a que las posiciones correspondientes se refieran. Esto significa que si la confesión ficta no se desvirtúa a través de algún otro elemento probatorio, la presunción que produce es suficiente para acreditar los hechos a que se refieran las posiciones, siempre y cuando sean hechos propios del absolvente y la declaratoria se haga conforme a lo establecido en la ley. Las anteriores consideraciones en torno al valor probatorio pleno de la confesión ficta se encuentran plasmadas en la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 45/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 69/2005 del rubro: "CONFESIÓN FICTA. ES SUFICIENTE PARA PROBAR PAGOS DE TÍTULOS DE CRÉDITO". Establecido lo anterior, derivado de las posiciones dos, cuatro y cinco que fueron calificadas de legales que se tuvieron por contestadas en sentido afirmativo ante la incomparecencia de la absolvente, al margen de que éstas resulten o no insidiosas, de las mismas sólo se puede obtener que la actora: 1. Sí prestó dinero en efectivo a la demandada Karen Lorena Osorio Hernández. 2. Emitió los documentos base de la acción en Tlaxcala Capital. 3. Con su puño y letra hizo el llenado de los documentos base de su acción. Las anteriores afirmaciones que derivaron de tener por contestadas las posiciones en sentido positivo, en principio, no pueden surtir efectos de una confesión, en sentido estricto, porque, como se verá más adelante, no perjudican a la absolvente sino por el contrario le benefician; y, en segundo lugar, porque con ellas (en específico las que derivan de las posiciones cuatro y cinco) no se demuestran las excepciones analizadas por el juez responsable. En efecto, la excepción de falsedad de los títulos de crédito se fundó en el hecho de que la demandada no fue quien firmó los referidos documentos sino que quien lo hizo fue la accionante, lo que no queda acreditado con la respuesta en el sentido afirmativo de las posiciones cuatro y cinco pues, como se vio, de éstas sólo se advierte que la actora emitió los documentos base de la acción en Tlaxcala Capital y que con su puño y letra hizo el llenado de los documentos base de su acción, pero no que haya firmado éstos ni que la firma que obra en ellos no sea de la demandada, pues incluso ese no fue el sentido de la posición formulada, es decir, nunca se articuló en el sentido de si la actora firmó o no los pagarés. Además, debe precisarse que la posición afirmada en el sentido de que la actora con su puño y letra hizo el llenado de los documentos base de su acción, no puede traducirse en el sentido de que ella fue quien firmó el pagaré; pues si bien la firma es un requisito que debe contener el título de crédito en términos de la fracción VI del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo cierto es que la excepción opuesta en términos del artículo 8º, fracción II, de la referida legislación no puede quedar demostrada sólo con aquella afirmación, ya que conforme al artículo 15 del ordenamiento citado, las menciones y requisitos que el título de crédito o el acto en él consignado necesitan para su eficacia, podrán ser satisfechos por quien en su oportunidad debió llenarlos, hasta antes de la presentación del título para su aceptación o para su pago, de ahí que, se insiste, la afirmación derivada de la posición cinco, al no precisar específicamente a qué requisitos del llenado se refiere no puede servir de base para determinar que la actora llenó el campo relativo a la firma de la demandada. Aunado a lo anterior, la firma es el signo inequívoco de la voluntad de su signante, por lo que si se pretende demostrar la falsedad de la misma con el resultado de la confesional ficta, previamente debe ponderarse que la prueba pericial es la idónea para arribar a la verdad de ese hecho, atendiendo precisamente al principio de idoneidad de la prueba, sobre todo porque, en el caso, el resultado de la confesional ficta no es contundente en relación a quién firmó el pagaré, pues la posición ni siquiera se hizo en ese sentido, siendo ambigua su proposición sólo en el sentido de que el pagaré fue llenado por el puño y letra de la accionante, pero sin precisar si se refería a aquéllos que le correspondía llenar o no a ésta última conforme al precepto 15 de la ley general en cita. Además, las afirmaciones positivas que derivaron de tener por confesa ficta a la actora resultado de su incomparecencia a esa diligencia, deben ser claras en el sentido de si la accionante firmó o no los pagarés, es decir, esa "confesión" debió ser perfectamente clara a efecto de dotarla de validez pues, como se vio, el hecho de "llenar" un documento no se traduce implícitamente que también se firmó. Consecuentemente, del resultado de la prueba confesional a cargo de la actora no se demuestra la excepción de falsedad de los títulos de crédito opuesta por la enjuiciada. Por otro lado, con la referida prueba tampoco se demuestra la excepción de alteración en el texto de los títulos de crédito, opuesta por la parte demandada, en términos de la fracción VI del artículo 8º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se afirma lo anterior, porque para demostrar dicha excepción se requiere que se demuestre precisamente la alteración del texto del documento o de los demás actos que en él consten, entendida la alteración la acción de alterar que en sus dos primeras acepciones en el Diccionario de la Lengua Española, es: cambiar la esencia o forma de algo, estropear, dañar o descomponer. En ese sentido, de las respuestas en sentido afirmativo a las posiciones cuatro y cinco, sólo revelan que la actora emitió los documentos base de la acción en Tlaxcala Capital y que con su puño y letra hizo el llenado de los documentos base de su acción, pero en modo alguno se puede inferir de esas afirmaciones que la actora alteró los referidos documentos, es decir, que cambio su esencia o forma, dañándolos, estropeándolos o descomponiéndolos. Además, la afirmación derivada de las mencionadas posiciones concuerdan con el hecho de que, al menos dos de los pagarés, sí fueron expedidos en Tlaxcala, capital, conforme a lo asentado en los mencionados documentos, lo que en realidad beneficia a la accionante; asimismo, la diversa afirmación en el sentido de que ésta llenó los títulos de crédito no se traduce en que alteró los documentos, pues, como se vio, la alteración en realidad es una irregularidad que afecta materialmente el contenido del documento ya sea por adición o supresión de lo que originalmente se hubiera escrito en el mismo, lo que no queda revelado con las referidas posiciones contestadas en sentido afirmativo, además de que, como se precisó en párrafos que anteceden, las menciones y requisitos que el título de crédito o el acto en él consignado necesitan para su eficacia, pueden ser satisfechos con posterioridad por quien en su oportunidad debió llenarlos. Consecuentemente, si las posiciones ya mencionadas, contestadas en sentido afirmativo, no revelan la alteración en la que se sustentó la excepción opuesta por la demandada en términos de la fracción VI del artículo 8º de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, resulta inconcuso que tampoco ésta quedó demostrada (.)" (fojas 131 a 136). Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: I. Mediante proveído de seis de abril de dos mil veintiuno dejó insubsistente la resolución reclamada de diez de noviembre de dos mil veinte (foja 153). II. El veintidós de abril siguiente emitió una nueva sentencia en la que realizó lo siguiente: 1. Consideró que resultaban infundadas las excepciones de falsedad de títulos de crédito y alteración en el texto de éstos (fojas 166 a 170) por las razones siguientes: a) En la prueba confesional se calificaron de legales las posiciones cuatro y cinco, las cuales no perjudican a la absolvente sino por el contrario le benefician, porque con ellas no se demuestran las excepciones planteadas por la demandada, esto es, la de falsedad de los títulos fundatorios de la acción ya que: - La excepción se fundó en el hecho de que la demandada no fue quien firmó los referidos documentos sino que quien lo hizo fue la accionante, lo que no quedó acreditado con la respuesta en el sentido afirmativo de las posiciones cuatro y cinco pues, sólo se puede sostener que la actora elaboró los documentos base de la acción en Tlaxcala Capital y que con su puño y letra hizo el llenado de los documentos base de su acción, pero no que haya firmado éstos ni que la firma que obra en ellos no sea de la demandada, pues incluso ese no fue el sentido de la posición formulada, es decir, nunca se articuló en el sentido de si la actora firmó o no los pagarés. - La posición afirmada en el sentido de que la actora con su puño y letra hizo el llenado de los documentos base de su acción, no puede traducirse en el sentido de que ella fue quien firmó el pagaré; pues si bien la firma es un requisito que debe contener el título de crédito en términos de la fracción VI del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo cierto es que la excepción opuesta en términos del artículo 8º, fracción II, de la referida legislación no puede quedar demostrada sólo con aquélla afirmación, ya que conforme al artículo 15 del ordenamiento citado, las menciones y requisitos que el título de crédito o el acto en él consignado necesitan para su eficacia, podrán ser satisfechos por quien en su oportunidad debió llenarlos, hasta antes de la presentación del título para su aceptación o para su pago, de ahí que, se insiste, la afirmación derivada de la posición cinco, al no precisar específicamente a qué requisitos del llenado se refiere no puede servir de base para determinar que la actora llenó el campo relativo a la firma de la demandada. - El resultado de la confesional ficta no es contundente en relación a quién firmó el pagaré, pues la posición ni siquiera se hizo en ese sentido, siendo ambigua su proposición sólo en el sentido de que el pagaré fue llenado por el puño y letra de la accionante, pero sin precisar si se refería a aquéllos que le correspondía llenar o no a ésta última conforme al precepto 15 de la ley general en cita. - Las afirmaciones positivas que derivaron de tener por confesa ficta a la actora resultado de su incomparecencia a esa diligencia, deben ser claras en el sentido de si la accionante firmó o no los pagarés, es decir, esa "confesión" debió ser perfectamente clara a efecto de dotarla de validez pues, como se vio, el hecho de "llenar" un documento no se traduce implícitamente que también se firmó. - Consecuentemente, del resultado de la prueba confesional a cargo de la actora no se demuestra la excepción de falsedad de los títulos de crédito opuesta por la enjuiciada. b) Con la referida prueba tampoco tuvo por demostrada la excepción de alteración en el texto de los títulos de crédito, opuesta por la parte demandada, en términos de la fracción VI del artículo 8º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito porque: - Para demostrar dicha excepción se requiere que se acredite precisamente la alteración del texto del documento o de los demás actos que en él consten. - De las respuestas en sentido afirmativo a las posiciones cuatro y cinco, sólo revelan que la actora emitió los documentos base de la acción en Tlaxcala Capital y que con su puño y letra hizo el llenado de los documentos base de su acción, pero en modo alguno se puede inferir de esas afirmaciones que la actora alteró los referidos documentos, es decir, que cambió su esencia o forma, dañándolos, estropeándolos o descomponiéndolos. - Consecuentemente, si las posiciones ya mencionadas, contestadas en sentido afirmativo, no revelan la alteración en la que se sustentó la excepción opuesta, tampoco ésta quedó demostrada. 2. Analizó el resto de las excepciones opuestas, consistentes en carencia de acción y derecho, oscuridad en la demanda y prescripción, en el sentido siguiente: a) Respecto a la excepción de carencia de acción y derecho, el juez responsable estableció que al no estar acreditadas las diversas de falsedad de títulos de crédito y alteración en el texto de éstos, la actora no carecía de la acción y de derecho para promover el juicio (foja 170). b) En relación con la de oscuridad la responsable determinó que la demanda no es oscura y tampoco se dejó sin defensa a la parte demandada, por el contrario, conoció de las prestaciones y los hechos en que sustentó sus pretensiones la parte actora, tan es así que dio contestación a la misma y, si bien es cierto, no indicó las fechas precisas de los requerimientos de pago, lo cierto es que ello no provoca oscuridad alguna, pues, para establecer la mora, basta que se presente el título base de la acción al promover la demanda; por lo anterior, la declaró infundada (foja 170 vuelta). c) Por lo que ve a la relativa de prescripción se declaró inoperante, toda vez que los argumentos no evidenciaron que la acción cambiaria haya prescrito (fojas 170 vuelta y 171). 3. Continuó con el análisis de la litis de origen conforme a la acción propuesta, misma que determinó procedente, por lo que fundada y motivadamente, condenó a la demandada pago de $32,000.00 (treinta y dos mil pesos cero centavos) por concepto de suerte principal (foja 175 frente y 190 vuelta), así como los intereses moratorios (foja 186 y 190 vuelta). Finalmente, absolvió a la parte demandada del pago de costas (fojas 189 frente y 191 frente). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintiocho de abril del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.

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