Librada Barrón Jiménez y Otros.

Expediente 23/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
23/2016
Año
2016
Actuaciones
16
Última actuación
25/04/2016

Partes del expediente

  • Librada Barrón Jiménez y Otros.
  • Librada Barrón Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el oficio dirigido al Actuario Segundo Ejecutor adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia Mixto de San Luis Río Colorado, Sonora, el cual fue devuelto por el Servicio Postal Mexicano, toda vez que como se asentó en el sobre del mismo, fue rehusado por no existir dicha autoridad. Sin embargo, como se advierte de la certificación que antecede, en veintiuno de febrero y siete de marzo, ambos del año en curso, fueron recibidas anteriores notificaciones dirigidas a autoridad con la misma denominación y en el mismo domicilio (fojas 106 y 117), por tal motivo, con fundamento en el segundo párrafo, de la fracción I, del artículo 28, de la Ley de Amparo, se le tiene por notificada de su contenido.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído de dos de marzo del año en curso; consecuentemente y con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por Librada Barrón Jiménez, María Elena Santana Barrón y Jesús Santana Barrón, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, por encontrarse en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Así mismo, de conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, deberá conservarse el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, al haberse otorgado la medida cautelar de manera provisional. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá desincorporar y destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. En términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de garantías no es de relevancia documental. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    Vista la razón actuarial que antecede, en la que el Actuario Judicial adscrito, manifiesta que no le fue posible notificar a la tercero interesada María Luisa Santana Barrón, el auto de dos de los corrientes, toda vez que no obstante encontrarse debidamente emplazada, la misma no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; consecuentemente, proceda el mencionado Actuario, a notificar por lista el acuerdo en comento, así como las subsecuentes notificaciones, conforme lo establece el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el telegrama enviado por la Jueza Primera Familiar de Primera Instancia, Actuarios Primero y Segundo Ejecutores adscritos a dicho juzgado, todos con residencia en San Luis Río Colorado, Sonora, por medio del cual informan que con motivo del Acuerdo General 01/2016 del pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Estado, bajo número 8, de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, se decretó la especialización del Juzgado Mixto de este Distrito Judicial en Juzgado de lo Familiar, a partir del veintidós de febrero del año en curso. Asimismo manifiesta que los diversos juicios de los que conocía el mencionado juzgado mixto, se remitieron para su conocimiento a los juzgados especializados, ya sea en materia civil o penal según fuera el caso, conociendo actualmente del juicio de origen el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de aquel distrito judicial, quien tiene la calidad de autoridad responsable en el presente juicio. Por tal motivo, se deja de considerar como autoridades responsables en el presente juicio al Juez Primero de Primera Instancia Mixto, Actuarios Primero y Segundo Ejecutores adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia Mixto, todos de San Luis Río Colorado, Sonora.

  4. Principal

    ......procedo a notificar por lista en los Estrados de este Juzgado, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación al quejoso Librada Barrón Jiménez y otros, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso C, del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de dos de marzo de dos mil dieciséis........Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de febrero del presente año, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna respecto a la causal de improcedencia advertida en el presente juicio, prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo; por tal motivo, este juzgador procede a pronunciarse al respecto. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Pues bien, se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que la quejosa hace consistir sustancialmente el acto reclamado en la omisión de notificación personal o emplazamiento, en el juicio reivindicatorio o cualesquier otro instaurado por María Luisa Santana Barron, en contra de los quejosos, reclamándose también, las subsecuentes actuaciones y resoluciones posteriores vinculadas a dicha actuación. Ahora bien, la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia Mixto de San Luis Río Colorado, Sonora, en su informe justificado, comunicó que los quejosos Librada Barrón Jiménez, María Elena Santana Barrón y Jesús Santana Barrón, no fueron emplazados en el juicio 302/2012 de su índice, toda vez que por escrito de veintisiete de enero del año en curso (fojas 84 y 85), la parte actora María Luisa Santana Barrón, se desistió de la demanda interpuesta en su contra, desistimiento que se acordó el dos de febrero del presente año (foja 86); remitiendo a efecto de acreditar lo anterior, copia certificada de las constancias que integran el referido juicio; documental que participa de plena eficacia demostrativa de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de dicho ordenamiento. Por tanto, al haberse solicitado la devolución de la demanda y documentos que anexó a la misma la parte actora del juicio instaurado en contra de los hoy quejosos y haber acordado de conformidad la autoridad responsable, cesaron los efectos del acto reclamado, desapareciendo del mundo fáctico y jurídico, además también desaparecieron sus consecuencias, pues dicho juicio instaurado en su contra, ya no les depara perjuicio alguno, pues la cesación de efectos trajo como consecuencia directa que volvieran las cosas al estado que guardaban antes de su emisión. Con lo anterior, la esfera jurídica de la parte quejosa quedó intocada como si los actos reclamados nunca se hubiesen emitido, de ahí la actualización de la causal de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En estas condiciones, al evidenciarse que los efectos de los actos reclamados en este juicio constitucional han desaparecido o han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es que se actualiza la referida causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, del diverso de la misma ley, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por tal motivo, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del siete de marzo de dos mil dieciséis.

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