Liborio RodrìGuez Medina

Expediente 689/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
689/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
27/08/2021

Partes del expediente

  • Liborio RodrìGuez Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el seis de agosto de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, así como los demás relativos y aplicables, se: R E S U E L V E. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a siete de julio de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta signado por la Coordinadora Jurídica y Normativa, quien actúa en representación del Gerente General, ambos de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, por medio del cual, rinde su informe justificado. Se agrega el oficio de cuenta y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad citada en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con éste se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con apoyo en los artículos 9 y 28, fracción I, de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad citada a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, exhibida y admitida la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su informe de ley, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma al momento de celebrar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés y derecho convenga respecto de la constancia que se agrega, sin perjuicio de hacer nueva relación de ésta en la audiencia constitucional, haciendo de su conocimiento que la misma se encuentra a su disposición en el local de este juzgado para su consulta en días y horas hábiles. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis: I.5o.C.2 K de rubro y datos de identificación: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. (No. Registro: 204616, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594.) En razón de lo anterior, y ante la existencia de una respuesta a la petición de la quejosa, cuya omisión fue señalada como acto reclamado en su escrito de demanda, con fundamento en los artículos 17, 108 y 111 de la Ley de Amparo, córrasele traslado con copia simple del informe justificado de cuenta y su anexo, para que en el plazo de QUINCE DÍAS contados a partir del siguiente al en que quede notificada del presente proveído, manifieste si es su interés ampliar su demanda respecto del oficio GPBS/02/00236/2021, de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, por el cual se dio respuesta a su petición, y como autoridad responsable a quien lo signa, es decir, al Gerente de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México; en el entendido de que de ser así, deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la ley citada, además de acompañar las copias del escrito de ampliación para correr traslado a la totalidad de las autoridades responsables y al Fiscal Ejecutivo de la Federación adscrito a este Juzgado. Apercibido que en caso omiso de su parte, se entenderá que no es su interés ampliar la demanda, por lo que se seguirá el procedimiento en los términos en que fue planteada la demanda inicial. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la jurisprudencia 2a./J. 149/2006, de rubro y datos de identificación siguientes: DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. (Registro: 174107, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIV, Octubre de 2006; página 334). Así como la Jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), en lo conducente, de rubro y datos de identificación: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. (Registro: 160116, Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Materia Común, página: 801). Importa destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por el quejoso, no así por las personas que éste autorice en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de rubro y datos de identificación: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. (No. de registro: 161909, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, Junio de 2011, Página: 68, Materia: Común). Así como la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), del siguiente rubro y datos de identificación: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. (Registro: 2007285, Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I; Materia Común, página: 210). Finalmente, por cuanto hacen a la petición de que se les autorice la utilización de medios electrónicos, es decir, cámara fotográfica y/o scanner para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, dígaseles que deberán estarse a lo acordado en auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, en el que se proveyó lo conducente a dicha solicitud. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a efecto de notificar el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Liborio Rodríguez Medina, en el domicilio ubicado en Calle Radiodifusora Frente número siete (7), Sección R, Casa G, número ciento cinco (105), Colonia Chinampac de Juárez, código postal cero nueve mil doscientos veintiocho (09228), Alcaldía Iztapalapa, en esta ciudad. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo otorgado al quejoso en proveído de dieciocho de marzo del año que transcurre, sin que realizara manifestación alguna respecto de las constancias remitidas por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, relativas al cumplimiento de su sentencia de nulidad, sin que hubiese realizado manifestación alguna; en consecuencia, se procede a acordar lo conducente. En ese orden de ideas, este juzgado estima que, en el presente asunto, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y preferente; por lo tanto, procede su estudio al tenor de las siguientes consideraciones: En principio, debe aclararse que el legislador previó la posibilidad de que durante la sustanciación del juicio de amparo pudiera actualizarse alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, según se desprende del contexto del artículo 63, fracción V, de la misma ley, que establece: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.] Del precepto inserto, se desprende que puede decretarse el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo cuando durante su sustanciación, sobrevenga un motivo de improcedencia, mismo que deberá ser manifiesto e indudable en estricto apego al diverso precepto legal 113 de la misma Ley. En efecto, de acuerdo con el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado de forma armónica, es claro que el Juez de Distrito puede determinar la improcedencia del juicio, siempre que encontrare un motivo manifiesto e indudable; consiguientemente, a efecto de que pueda decretarse el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en términos del artículo 63, fracción V, en alusión, es inconcuso que el motivo de improcedencia que hubiere sobrevenido debe colmar estas características. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen, la Jurisprudencia P./J. 128/2001, cuyo rubro expresamente impone: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. (Registro: 188643, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803) Entendiéndose por estos elementos, de forma respectiva, que el motivo sea patente y absolutamente claro y que pueda advertirse el contexto de la demanda, así como de los documentos que se encuentren glosados en el expediente formado con motivo de ésta y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno durante la secuela del juicio. En ese orden de ideas, del estudio integral del escrito de demanda, se advierte que el quejoso señaló como autoridades y actos reclamados, los siguientes: Sentado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en los presentes autos se actualiza una causa de improcedencia, la cual reúne las características exigibles para que se dicte el sobreseimiento aún fuera de la audiencia, pues al ser este motivo manifiesto e indudable, es innecesario esperar hasta ese momento procesal (audiencia constitucional) para ello, aun cuando en el caso pudiera estar transcurriendo el plazo de vista de los informes justificados o estuviera transcurriendo un plazo a alguna de las partes; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. (Registro: 184572, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386.) Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/23, que a la letra expresa: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto. (Registro: 173878, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, página 991) Precisado lo anterior, se advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que prevé: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. (Registro: 193758, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38) En ese tenor, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte lo siguiente: ? El acto reclamado consiste en la omisión de dar cumplimiento de las sentencias de nulidad e interlocutoria de queja, dictadas el siete de noviembre de dos mil dieciséis y seis de enero de dos mil veinte, respectivamente, en el juicio de nulidad 12749/16-17-05-2 del índice de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ? Mediante oficios recibidos en éste juzgado el seis y veinticuatro de agosto, y ocho de septiembre, todos de dos mil veinte, la delegada del Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitió la resolución contenida en el oficio SP/1367/2020 de veinte de marzo de dos mil veinte, copia simple del comprobante de pago del mes de agosto y el original de la constancia de percepciones y deducciones correspondiente al año dos mil veinte, que expide ese instituto a nombre del aquí quejoso, documentos de los cuales se ve reflejado a partir del mes de junio la instalación de la cuota de pensión por la cantidad mensual de $24,437.70 (veinticuatro mil cuatrocientos treinta y siete pesos 70/100 moneda nacional), de igual forma en el mes de agosto se ve reflejado el pago del concepto 05 (pago de pensión retroactiva) por la cantidad de $112,898.19 (ciento doce mil ochocientos noventa y ocho pesos 19/100 moneda nacional), la cual fue determinada en la resolución administrativa con número de oficio SP/1367/2020 de veinte de marzo de dos mil veinte, e informó respecto al comprobante de pago, que dicha documental se descargó de la oficina virtual de ese instituto; documentales con las cuales se dio vista a la quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. ? En desahogo a la vista concedida, por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el escrito del quejoso por medio del cual informó que el acto reclamado había cesado, toda vez que la autoridad responsable había cubierto el pago por concepto de retroactivo y ajustó la cuota diaria pensionaria; por lo que este Juzgado le requirió para que manifestara si a su interés legal convenía desistirse del presente juicio, sin que haya desahogado dicho requerimiento, por lo que se continuó con el presente sumario. ? Seguida la secuela procesal, por auto de dieciocho de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por la Magistrada Presidenta y la Secretaria de Acuerdos, ambas de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual, informaron el contenido del acuerdo dictado el dieciocho de febrero del año en curso, en el juicio de nulidad 12749/16-17-05-2, de su índice, en el que se resolvió que la sentencia definitiva y la sentencia interlocutoria de queja por defecto, dictadas en el expediente aludido, se encontraban cumplidas y dado que se advertía la probable actualización de una causa de improcedencia, se dio vista al quejoso para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que hubiera realizado manifestación alguna. En tales condiciones, con independencia del sentido de la resolución emitida, lo objetivamente cierto es que el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo en el juicio de nulidad 12749/16-17-05-2, en el que la Sala responsable se pronunció en el sentido de que la sentencia definitiva y la sentencia interlocutoria de queja por defecto descritas, se encontraban cumplidas, determinación que le fue dada a conocer al quejoso, por tanto, se concluye que han cesado los efectos de la omisiones reclamadas tanto al Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como a la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por lo anterior, es que se estima que en el presente asunto han cesado los efectos del acto reclamado, en razón de que ya no existe la violación a las garantías alegadas por el demandante, pues las omisiones reclamadas dejaron de existir. En tales condiciones, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, lo cual se constata con el acuerdo dictado el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en el juicio de nulidad 12749/16-17-05-2, en el que la Sala responsable se pronunció respecto de las constancias con las cuales se dio cumplimiento a la sentencia anulatoria y la sentencia interlocutoria de queja por defecto emitidas en juicio de origen, máxime que dichas documentales fueron del conocimiento del quejoso, ante lo cual el autorizado del quejoso manifestó que el acto reclamado había cesado toda vez que la autoridad responsable había cubierto el pago por concepto de retroactivo y ajustó la cuota diaria pensionaria del quejoso. En tales condiciones, se sobresee en el juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, este Juzgado de Distrito deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Consiguientemente, también se deja insubsistente cualquier requerimiento que se hubiere formulado a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo. No obstaculiza la consideración anterior, la circunstancia de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional en el presente asunto, toda vez que como se ha expuesto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la ley de la materia, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional puede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en armonía y respecto al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa, de conformidad con lo ordenado en auto de veintiséis de marzo de la presente anualidad. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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