Liborio Rodríguez Carrillo
Expediente 1269/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1269/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/09/2023
Partes del expediente
- Liborio Rodríguez Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, intégrese el cuaderno incidental respectivo y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el presente juicio. Asimismo, se hace saber a las partes que incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años con apoyo en el artículo 20, fracción III del referido Acuerdo General, pues en el caso se negó la suspensión definitiva. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la autoridad responsable Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, por conducto de la Secretaria de Acuerdo Encargada del Despacho, a través del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado. De las constancias remitidas por el Juez responsable, se advierte que el doce de junio de dos mil veintitrés, se dictó un auto en el expediente civil ********************, relativo al juicio sucesorio intestamentario, de su índice, en el que se requirió al perito por conducto del denunciante ******************** (aquí quejoso) para que aclare su avalúo y también para que el quejoso manifieste nombre y domicilio de los progenitores del de cujus ********************y********************, por lo que el Juez responsable no está en condiciones de dictar la resolución de la declarativa de herederos correspondiente. Hecho que se acredita con la copia certificada del auto de doce de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente civil ********************, relativo al juicio sucesorio intestamentario, que adjunta al oficio de cuenta. Ahora, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Se precisa que la parte quejosa reclama: del Titular del Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, la omisión de dictar la resolución de declarativa de herederos; sin embargo, de las constancias que remite el Juez responsable se advierte que el mismo es inexistente. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. En la especie, de las constancias que remite la autoridad responsable se advierte que al momento en que se presentó la demanda de amparo génesis del juicio en que se actúa, el expediente de origen no se encontraba en estado procesal para dictar la resolución de la declarativa de herederos correspondiente, toda vez que el doce de junio de dos mil veintitrés, se dictó un auto en el expediente civil ********************, relativo al juicio sucesorio intestamentario, en el que se requirió al perito por conducto del denunciante ******************** (aquí quejoso) para que aclare su avalúo y también para que dicho quejoso manifieste nombre y domicilio de los progenitores del de cujus ********************y********************, por lo que el Juez responsable no está en condiciones de dictar dicha resolución de la declarativa de herederos, lo que sustenta la inexistencia del acto reclamado. Al respecto, la jurisprudencia 2a./J.99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, Registro 2018110, de rubro y contenido enseguida se citan, establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. La jurisprudencia invocada refiere: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En la especie, de las constancias remitidas por el Juez responsable, se observa que: En auto de doce de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente civil ********************, relativo al juicio sucesorio intestamentario, en el que se requirió al perito por conducto del denunciante ******************** (aquí quejoso) para que aclare su avalúo y también para que el quejoso manifieste nombre y domicilio de los progenitores del de cujus ********************y********************, lo que sustenta la inexistencia del acto reclamado, circunstancia por la cual el Juez responsable, se encuentra imposibilitado para dictar dicha resolución en el expediente ********************, relativo al juicio sucesorio intestamentario. Por tanto, al momento de presentarse la demanda de amparo [doce de julio de dos mil veintitrés], en el juicio de origen, el Juez responsable aún no se encontraba procesalmente en condiciones para dictar la resolución de la declarativa de herederos en el expediente ********************, relativo al juicio sucesorio intestamentario. Lo anterior es así, pues la demanda génesis del juicio de amparo en que se actúa fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, el doce de julio de dos mil veintitrés, misma que se recibió por la Oficialía de Partes de este juzgado el trece de julio de dos mil veintitrés; y, hasta el día de hoy, en que se reciben las constancias del juicio de origen, se advierte que el juicio referido no guardaba estado para el dictado de la resolución de la declarativa de herederos en el expediente ********************, relativo al juicio sucesorio intestamentario. Por tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que el Juez está imposibilitado para emitir el acto que la parte quejosa aduce ha omitido, es decir, la omisión de dictar la resolución de la declarativa de herederos. De lo que deriva la inexistencia del acto reclamado a la citada responsable, sin que la parte quejosa hubiere aportado elementos de prueba que demuestren lo contrario. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales - legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por la Magistrada representante del Estado y el Secretario General en carácter de encargado de despacho en suplencia del Magistrado representante de los Trabajadores adscritos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, que en atención al requerimiento formulado en proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, remite copia certificada de los acuses de los oficios 3525/2023 y 3526/2023 dirigidos a la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla y Secretaría de Administración del Gobierno de Puebla, lo anterior, en el juicio laboral ***********, de su índice; e, informa que la autoridad recaudadora no ha acreditado que hizo efectiva la multa de veinte unidades de medida y actualización a la demandada Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla. Atento a lo anterior, se toma conocimiento de lo informado y de lo remitido por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; sin embargo, se determina que no dio cumplimiento total a lo requerido, pues en el oficio de mérito, omitió remitir las constancias de notificación practicadas a las partes respecto del auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés emitido en el juicio laboral ***********, de su índice; así como, la diligencia de requerimiento de pago a favor de la actora *********** y el auto que le recayó. En tales condiciones, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las siguientes constancias: Cédulas de notificación practicadas a las partes respecto del auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés emitido en el juicio laboral ************, de su índice. Diligencia de requerimiento de pago a favor de la actora ************, la cual fue señalada para el dieciocho de julio de dos mil veintitrés; y, el auto que le recayó. Se apercibe al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá a ************, persona física que actualmente ocupa el cargo de Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y *********** Magistrada representante del Estado, una multa, a cada uno, de doscientas unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, que informa la jurisprudencia número VI.2o.T. J/2 (10a.), visible en la página 2579 del Tomo IV, Noviembre de 2014 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO." Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable por conducto de su superior jerárquico en términos del artículo 192 de la ley de la materia, en razón de que dicha autoridad es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurisdiccional. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10a), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciséis de noviembre de dos mil once, publicada en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Cynthia Bello López, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargada del Despacho durante el periodo vacacional de la Titular de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el cinco de junio de dos mil veintitrés y comunicada mediante oficio CCJ/ST/3088/2023, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil veintitrés. Advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa no obran en autos los acuses de recibo correspondientes a los oficios 14222/2023 y 17249/2023 de veintiocho de abril y treinta de mayo de dos mil veintitrés, con referencias R 7 51647 y R 8 51648, respectivamente, dirigidos al Comisario Titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria; en consecuencia, gírese oficio al Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Servicio Postal Mexicano, Poder Judicial siglo XXI, en San Andrés Cholula, Puebla, requiriéndolo para que en el término de tres días siguientes a la notificación de este auto, remita a este juzgado dichas piezas postales o en su caso copia certificada de las mismas. En mérito de lo anterior, al oficio que al efecto se libre se ordena anexar copia simple de la factura de catorce de junio dos mil veintitrés, para que esté en oportunidad de constatar los datos aquí referidos. Se apercibe al citado Administrador que de no dar cumplimiento al presente requerimiento sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, 251 y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. Por otra parte, a fin de evitar mayores dilaciones en el procedimiento, mediante oficio que al efecto se gire, reexpídanse los oficios antes mencionados a la respectiva autoridad, a fin de que se imponga del contenido de la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo y del proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión de la Subdirectora de Recursos Administrativos adscrita a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Secretario de Salud, en contra de dicha sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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