Liborio Martínez García

Expediente 1211/2013 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1211/2013
Año
2013
Actuaciones
4
Última actuación
10/02/2015

Partes del expediente

  • Liborio Martínez García

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II A Vista la certificación de cuenta se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes legitimadas hubieren hecho valer recurso de inconformidad contra el auto de treinta y uno de diciembre último (fojas 265 a 269), que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Finalmente, previa copia certificada que se deje en autos de la resolución que constituyó el acto reclamado en esta instancia constitucional, devuélvase al Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la copia certificada de la causa penal 12/2013 de su índice, y a los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la diversa copia certificada del toca penal 448/2013, con las que en proveídos de ocho y catorce de octubre de dos mil catorce, se ordenó formar por separado los tomos I y II relativo a los cuadernos de pruebas (fojas 15 y 23).

  2. Principal

    MESA II A Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término concedido a la parte quejosa y tercera interesada en auto de once de noviembre del año en curso, respecto a la vista relativa al cumplimiento que las autoridades responsables dieron a la sentencia que le concedió el amparo y protección al quejoso LIBORIO MARTÍNEZ GARCÍA; en consecuencia, se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables respecto de dicho cumplimiento. Así, se destaca que el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, se emitió sentencia en la que se concedió al quejoso LIBORIO MARÍNEZ GARCÍA, el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 167 a 188), para el efecto de que para que los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado (autoridad responsable ordenadora), dejaran sin efectos la resolución de tres de septiembre de dos mil trece, dictada en el toca penal 448/2013 de su índice, y con plenitud de jurisdicción, a la luz de todas las pruebas que obran en autos, dictaran otra en la que:  Respondieran todos y cada uno de los agravios expuestos por el defensor particular del procesado, aquí quejoso, LIBORIO MARTÍNEZ GARCÍA, y  Subsanaran las restantes deficiencias formales destacadas. Las cuales se le destacaron en los términos siguientes: "(.) Como se adelantó, del análisis jurídico que se practica a la determinación reclamada se advierte que ésta resulta violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, tuteladas por el numeral 16 de la Constitución General, toda vez que aun cuando consta por escrito y la autoridad responsable es competente para emitir una determinación de tal naturaleza jurídica (porque se emitió con motivo del recurso de apelación hecho valer en una causa penal, tramitada y resuelta por un inferior en grado de su jurisdicción), no se encuentra debidamente fundada y motivada. En efecto, las consideraciones expuestas por la Sala Penal responsable en la resolución reclamada, permiten conocer que en el apartado correspondiente a la probable responsabilidad del hoy quejoso, la citada autoridad omitió valorar todas las pruebas de descargo que obran en autos, pues no obstante que dentro del plazo para resolver la situación jurídica del inculpado también se desahogó la testimonial de descargo de Marcos Pérez Hernández (fojas 57 a 59 del Tomo III del cuaderno de pruebas); nada dijo al respecto. (.). En otro orden se advierte que la Sala responsable, también en el apartado relativo a la probable responsabilidad, señala que la conducta desplegada por el sujeto activo del delito fue dolosa; sin embargo, omitió exponer los motivos por los cuales llegó a la conclusión que el inculpado conocía los elementos objetivos del hecho típico, así como el fundamento legal de tal apreciación. (.) De igual forma, se advierte que la determinación reclamada, fechada el tres de septiembre de dos mil trece, vulnera las garantías de seguridad jurídica y legalidad, pues carece de congruencia externa, al no haberse ocupado del total de los agravios que por escrito de veintiuno de agosto de dos mil trece, le hizo valer el inculpado, aquí quejoso, por conducto de su defensor particular Andrés Santiago García (fojas 9 a 20 del Tomo II del cuaderno de pruebas), los cuales en audiencia de vista de la misma fecha ordenó fueran tomados en consideración al momento de dictarse el fallo correspondiente (foja 7 ibídem). Ahora bien, el análisis comparativo que se realiza entre los agravios expuestos por el defensor particular del procesado, aquí quejoso, y las consideraciones emitidas por la Primera Sala Penal responsable, al dictar la resolución reclamada, pone de relieve que no se abordaron todos los motivos de agravio que la parte ahí apelante le hizo valer, pues omitió dar respuesta a los que se le hicieron valer con relación a que: ? El juez de la causa indebidamente consideró acreditado el cuerpo del delito de violación agravada con las diversas constancias que enumeró y transcribió, sin embargo, éstas de ninguna manera acreditan la corporeidad del ilícito en mención. Máxime si se considera que el A quo no realizó ningún razonamiento lógico, jurídico y minucioso sobre los hechos y circunstancias que motivaron el citado asunto, por lo que no fundó ni motivó el cuerpo del delito en la resolución apelada. Lo anterior, porque, según señaló el apelante, las constancias que integran el expediente penal conducen al conocimiento de que no existen datos de la materialidad del cuerpo del delito de violación agravada que se dice sufrió Damaris Martínez Pinacho, en virtud de que no existen los elementos objetivos y materiales de evidencias que acrediten la cópula por medio de la violencia impuesta en contra de la voluntad de la ofendida, el veintitrés de enero de dos mil doce, siendo las cinco y media de la tarde (sic), pues la denuncia formulada por la ofendida tiene valor probatorio de mero indicio en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales en vigor, ya que no se encuentra corroborada con ningún otro elemento de prueba, pues quien comparece como testigo de cargo no presenció los hechos. ? La denuncia formulada por la testigo de cargo Antonia Pinacho Juárez, carece de valor probatorio en virtud de que tiene un vínculo familiar con la directa ofendida, por ser su progenitora; por ello, no reúne los requisitos a que se refiere el artículo 355, fracción VI del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, y no es imparcial. Además, porque al guardar la testigo de cargo un vínculo de familiaridad con la directa ofendida, se estima, señaló, se pusieron de acuerdo y fue aleccionada para conducirse en los términos en que lo hizo. ? Si bien existen la fe ministerial de integridad física, el dictamen psicológico realizado a la ofendida Damaris Martínez Pinacho, por el perito Julio César Reyes Cruz, y el certificado médico ginecológico e informe de zonas erógenas, realizado a la citada ofendida por la perito Itzel Dionet Mendoza, éstos no corroboran lo manifestado por la víctima, porque dichos dictámenes carecen de eficacia probatoria para demostrar la cópula violenta en la fecha en que acontecieron los hechos, dado que los mismos fueron practicados muchos meses después, por lo que carecen de credibilidad y no tienen valor probatorio alguno. Además, porque en la averiguación previa no obra constancia de que fueran designados como peritos para desahogar los mismos. Por tanto, es evidente que la responsable no cumplió con lo que le ordena el artículo 519 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca. (.)." Concesión de amparo que se hizo extensiva a los actos reclamados al Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, pues la ejecución de actos inconstitucionales también implica violación de derechos fundamentales. Luego, por auto de quince de octubre del año en curso (fojas 210 y 211), se requirió a las citadas autoridades responsables el cumplimiento del fallo protector. En acatamiento a ello, los Magistrados de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por oficio 866 de treinta de octubre del año en curso, remitieron copia certificada de la resolución dictada el treinta de octubre de dos mil catorce, emitida en el toca penal 448/2013 de su índice (fojas 221 a 236), de la que se advierte dejaron insubsistente la diversa de tres de septiembre de dos mil trece y, con plenitud de jurisdicción, dictaron otra en la que nuevamente confirmaron el auto de formal prisión dictado contra el quejoso LIBORIO MARTÍNEZ GARCÍA, como probable responsable en la comisión del delito de violación agravada, en agravio de Damaris Martínez Pinacho. Por su parte, el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por oficio 4933 remitió copia certificada del auto de veintiséis de octubre del año en curso, por el que dejó sin efecto la ejecución del acto aquí reclamado, esto es, la ejecución de la resolución de tres de septiembre de dos mil trece, emitida por la Sala responsable (fojas 241 a 243). Ahora bien, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y la resolución con la que se da cumplimiento, pone de manifiesto que los Magistrados de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejaron insubsistente la resolución de tres de septiembre de dos mil trece. Asimismo, que dentro del apartado correspondiente a la probable responsabilidad del hoy quejoso, la citada autoridad desvirtúo la prueba de descargo relativa a la testimonial de Marcos Pérez Hernández, así como también expuso los motivos por los cuales llegó a la conclusión de que la conducta desplegada por el sujeto activo del delito fue dolosa. De igual forma, que dio contestación a los agravios hechos valer por el inculpado, aquí quejoso, por conducto de su defensor particular Andrés Santiago García, pues al respecto señaló: Que resulta infundado que el juez de la causa indebidamente hubiera considerado acreditado el cuerpo del delito de violación agravada con las diversas constancias que enumeró y transcribió, toda vez que como expuso en la resolución de que se trata, éstos sí se encuentran acreditados en autos, pues la denuncia formulada por la ofendida sí está corroborada en autos. También, que es irrelevante lo alegado en cuanto a que la denuncia formulada por la testigo de cargo Antonia Pinacho Juárez, carece de valor probatorio en virtud de que tiene un vínculo familiar con la directa ofendida, por ser su progenitora; toda vez que aún sin ella, el señalamiento directo, correcto y circunstanciado de la ofendida continúa con relevancia hasta ese momento. Además, que es infundado que la fe ministerial de integridad física, el dictamen psicológico realizado a la ofendida Damaris Martínez Pinacho, y el certificado médico ginecológico e informe de zonas erógenas, no corroboren lo manifestado por la víctima. De igual forma, que la citada resolución contiene la firma autógrafa, así como que se expresan el cargo, nombre y apellidos de los servidores que en ella intervinieron y de la secretaria que la autorizó y dio fe. En tales condiciones, como la Sala responsable dejó sin efecto la resolución de tres de septiembre de dos mil trece, pronunciada en el toca penal 448/2013 de su registro, y en su lugar emitió otra, siguiendo los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo; asimismo, el juez responsable tuvo por recibida la resolución emitida en cumplimiento al fallo protector; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Incidental

    MESA II A Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de tres de octubre de dos mil trece (fojas 31 a 34), se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido la medida cautelar respecto de los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    POR LISTA: MESA II A Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término concedido a la parte quejosa y tercera interesada en auto de once de noviembre del año en curso, respecto a la vista relativa al cumplimiento que las autoridades responsables dieron a la sentencia que le concedió el amparo y protección al quejoso LIBORIO MARTÍNEZ GARCÍA; en consecuencia, se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables respecto de dicho cumplimiento. Así, se destaca que el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, se emitió sentencia en la que se concedió al quejoso LIBORIO MARÍNEZ GARCÍA, el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 167 a 188), para el efecto de que para que los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado (autoridad responsable ordenadora), dejaran sin efectos la resolución de tres de septiembre de dos mil trece, dictada en el toca penal 448/2013 de su índice, y con plenitud de jurisdicción, a la luz de todas las pruebas que obran en autos, dictaran otra en la que:  Respondieran todos y cada uno de los agravios expuestos por el defensor particular del procesado, aquí quejoso, LIBORIO MARTÍNEZ GARCÍA, y  Subsanaran las restantes deficiencias formales destacadas. Las cuales se le destacaron en los términos siguientes: "(.) Como se adelantó, del análisis jurídico que se practica a la determinación reclamada se advierte que ésta resulta violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, tuteladas por el numeral 16 de la Constitución General, toda vez que aun cuando consta por escrito y la autoridad responsable es competente para emitir una determinación de tal naturaleza jurídica (porque se emitió con motivo del recurso de apelación hecho valer en una causa penal, tramitada y resuelta por un inferior en grado de su jurisdicción), no se encuentra debidamente fundada y motivada. En efecto, las consideraciones expuestas por la Sala Penal responsable en la resolución reclamada, permiten conocer que en el apartado correspondiente a la probable responsabilidad del hoy quejoso, la citada autoridad omitió valorar todas las pruebas de descargo que obran en autos, pues no obstante que dentro del plazo para resolver la situación jurídica del inculpado también se desahogó la testimonial de descargo de Marcos Pérez Hernández (fojas 57 a 59 del Tomo III del cuaderno de pruebas); nada dijo al respecto. (.). En otro orden se advierte que la Sala responsable, también en el apartado relativo a la probable responsabilidad, señala que la conducta desplegada por el sujeto activo del delito fue dolosa; sin embargo, omitió exponer los motivos por los cuales llegó a la conclusión que el inculpado conocía los elementos objetivos del hecho típico, así como el fundamento legal de tal apreciación. (.) De igual forma, se advierte que la determinación reclamada, fechada el tres de septiembre de dos mil trece, vulnera las garantías de seguridad jurídica y legalidad, pues carece de congruencia externa, al no haberse ocupado del total de los agravios que por escrito de veintiuno de agosto de dos mil trece, le hizo valer el inculpado, aquí quejoso, por conducto de su defensor particular Andrés Santiago García (fojas 9 a 20 del Tomo II del cuaderno de pruebas), los cuales en audiencia de vista de la misma fecha ordenó fueran tomados en consideración al momento de dictarse el fallo correspondiente (foja 7 ibídem). Ahora bien, el análisis comparativo que se realiza entre los agravios expuestos por el defensor particular del procesado, aquí quejoso, y las consideraciones emitidas por la Primera Sala Penal responsable, al dictar la resolución reclamada, pone de relieve que no se abordaron todos los motivos de agravio que la parte ahí apelante le hizo valer, pues omitió dar respuesta a los que se le hicieron valer con relación a que: ? El juez de la causa indebidamente consideró acreditado el cuerpo del delito de violación agravada con las diversas constancias que enumeró y transcribió, sin embargo, éstas de ninguna manera acreditan la corporeidad del ilícito en mención. Máxime si se considera que el A quo no realizó ningún razonamiento lógico, jurídico y minucioso sobre los hechos y circunstancias que motivaron el citado asunto, por lo que no fundó ni motivó el cuerpo del delito en la resolución apelada. Lo anterior, porque, según señaló el apelante, las constancias que integran el expediente penal conducen al conocimiento de que no existen datos de la materialidad del cuerpo del delito de violación agravada que se dice sufrió Damaris Martínez Pinacho, en virtud de que no existen los elementos objetivos y materiales de evidencias que acrediten la cópula por medio de la violencia impuesta en contra de la voluntad de la ofendida, el veintitrés de enero de dos mil doce, siendo las cinco y media de la tarde (sic), pues la denuncia formulada por la ofendida tiene valor probatorio de mero indicio en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales en vigor, ya que no se encuentra corroborada con ningún otro elemento de prueba, pues quien comparece como testigo de cargo no presenció los hechos. ? La denuncia formulada por la testigo de cargo Antonia Pinacho Juárez, carece de valor probatorio en virtud de que tiene un vínculo familiar con la directa ofendida, por ser su progenitora; por ello, no reúne los requisitos a que se refiere el artículo 355, fracción VI del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, y no es imparcial. Además, porque al guardar la testigo de cargo un vínculo de familiaridad con la directa ofendida, se estima, señaló, se pusieron de acuerdo y fue aleccionada para conducirse en los términos en que lo hizo. ? Si bien existen la fe ministerial de integridad física, el dictamen psicológico realizado a la ofendida Damaris Martínez Pinacho, por el perito Julio César Reyes Cruz, y el certificado médico ginecológico e informe de zonas erógenas, realizado a la citada ofendida por la perito Itzel Dionet Mendoza, éstos no corroboran lo manifestado por la víctima, porque dichos dictámenes carecen de eficacia probatoria para demostrar la cópula violenta en la fecha en que acontecieron los hechos, dado que los mismos fueron practicados muchos meses después, por lo que carecen de credibilidad y no tienen valor probatorio alguno. Además, porque en la averiguación previa no obra constancia de que fueran designados como peritos para desahogar los mismos. Por tanto, es evidente que la responsable no cumplió con lo que le ordena el artículo 519 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca. (.)." Concesión de amparo que se hizo extensiva a los actos reclamados al Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, pues la ejecución de actos inconstitucionales también implica violación de derechos fundamentales. Luego, por auto de quince de octubre del año en curso (fojas 210 y 211), se requirió a las citadas autoridades responsables el cumplimiento del fallo protector. En acatamiento a ello, los Magistrados de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por oficio 866 de treinta de octubre del año en curso, remitieron copia certificada de la resolución dictada el treinta de octubre de dos mil catorce, emitida en el toca penal 448/2013 de su índice (fojas 221 a 236), de la que se advierte dejaron insubsistente la diversa de tres de septiembre de dos mil trece y, con plenitud de jurisdicción, dictaron otra en la que nuevamente confirmaron el auto de formal prisión dictado contra el quejoso LIBORIO MARTÍNEZ GARCÍA, como probable responsable en la comisión del delito de violación agravada, en agravio de Damaris Martínez Pinacho. Por su parte, el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por oficio 4933 remitió copia certificada del auto de veintiséis de octubre del año en curso, por el que dejó sin efecto la ejecución del acto aquí reclamado, esto es, la ejecución de la resolución de tres de septiembre de dos mil trece, emitida por la Sala responsable (fojas 241 a 243). Ahora bien, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y la resolución con la que se da cumplimiento, pone de manifiesto que los Magistrados de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejaron insubsistente la resolución de tres de septiembre de dos mil trece. Asimismo, que dentro del apartado correspondiente a la probable responsabilidad del hoy quejoso, la citada autoridad desvirtúo la prueba de descargo relativa a la testimonial de Marcos Pérez Hernández, así como también expuso los motivos por los cuales llegó a la conclusión de que la conducta desplegada por el sujeto activo del delito fue dolosa. De igual forma, que dio contestación a los agravios hechos valer por el inculpado, aquí quejoso, por conducto de su defensor particular Andrés Santiago García, pues al respecto señaló: Que resulta infundado que el juez de la causa indebidamente hubiera considerado acreditado el cuerpo del delito de violación agravada con las diversas constancias que enumeró y transcribió, toda vez que como expuso en la resolución de que se trata, éstos sí se encuentran acreditados en autos, pues la denuncia formulada por la ofendida sí está corroborada en autos. También, que es irrelevante lo alegado en cuanto a que la denuncia formulada por la testigo de cargo Antonia Pinacho Juárez, carece de valor probatorio en virtud de que tiene un vínculo familiar con la directa ofendida, por ser su progenitora; toda vez que aún sin ella, el señalamiento directo, correcto y circunstanciado de la ofendida continúa con relevancia hasta ese momento. Además, que es infundado que la fe ministerial de integridad física, el dictamen psicológico realizado a la ofendida Damaris Martínez Pinacho, y el certificado médico ginecológico e informe de zonas erógenas, no corroboren lo manifestado por la víctima. De igual forma, que la citada resolución contiene la firma autógrafa, así como que se expresan el cargo, nombre y apellidos de los servidores que en ella intervinieron y de la secretaria que la autorizó y dio fe. En tales condiciones, como la Sala responsable dejó sin efecto la resolución de tres de septiembre de dos mil trece, pronunciada en el toca penal 448/2013 de su registro, y en su lugar emitió otra, siguiendo los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo; asimismo, el juez responsable tuvo por recibida la resolución emitida en cumplimiento al fallo protector; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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