Liborio Hernández Sosa

Expediente 1933/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1933/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/01/2023

Partes del expediente

  • Liborio Hernández Sosa

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de enero de dos mil veintitrés. SE DECLARA FIRME RESOLUCIÓN. Como transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se impugnara el auto de sobreseimiento dictado en este juicio. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. Háganse los registros condignos en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Ya que el expediente electrónico coincide con el expediente físico, con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívense el presente juicio. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Con apoyo en el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente es destruible, al sobreseerse fuera de audiencia...II

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; cinco de enero de dos mil veintitrés. Intégrense al sumario el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, y anexo que acompaña; en atención a su contenido se tiene por recibida copia certificada del auto de nueve de febrero de dos mil veintidós y del laudo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, ambos emitidos en el expediente laboral ***/2014 y su acumulado ***/2015, de los que se advierte que dicho laudo, fue notificado a la parte quejosa el tres de enero del año en curso. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. De la copia certificada de las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el problema jurídico planteado, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. Lo anterior, porque en la especie se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo cual, acontece en alguno de los siguientes supuestos: a) por revocación, cuando la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados; o, b) por sustitución procesal, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en su vigencia y ejecutividad, cuya firmeza se da posterior al mismo. Ateniente a la primera hipótesis, es preciso señalar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto. La razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por la causal que se examina, radica en que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyo epígrafe y contenido es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, el quejoso reclamó de la Junta Especial 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, la omisión de acordar el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno y, como consecuencia, la omisión del dictado del laudo correspondiente en el juicio laboral ***/2014. Sin embargo, de las constancias recibidas que remitió la responsable en su informe justificado, se advierte que el nueve de febrero de dos mil veintidós, declaró cerrada la instrucción en dicho expediente y ordenó se turnaran los autos al secretario determinador para la emisión del laudo; y, de las constancias de cuenta se aprecia que el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se emitió el laudo en el expediente laboral ***/2014 y su acumulado ***/2015, y el tres de enero de dos mil veintitrés se notificó a la parte quejosa. Documentales que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Esto es, la quejosa, al incoar el juicio constitucional, lo hizo por considerar que las omisiones reclamadas eran violatorias de derechos; sin embargo, dejaron de existir, de ahí que se considere que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es aplicable en la especie la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, que establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de Amparo. Dicho de otro modo, es evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus consecuencias jurídicas; por ello, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de las omisiones reclamadas dado que ya no están surtiendo sus efectos y que, además, no dejaron huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, se pone de relieve la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa; ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por ***. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se dejan sin efecto el día y hora señalado para la celebración de la audiencia constitucional.II

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; trece de diciembre de dos mil veintidós. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Con la demanda promovida por *** por su propio derecho, contra la omisión que atribuye a la Junta Especial número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Estado de Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, con el número 1933/2022-II-B. ADMISIÓN DE DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1, fracción I, 2, 6, 35, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a tramitar el mismo, por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las nueve horas con diecisiete minutos del trece de enero de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro de un plazo de quince días rinda su informe justificado, en el cual expongan las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de la omisión reclamada. A dicho informe deberá anexar copia certificada completa, legible y cronológicamente ordenada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Se le apercibe de que, si no rinde el informe justificado, se presumirá cierta la omisión reclamada, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad siempre y cuando las mismas no sean en sí mismas violatorias de derechos humanos o de las garantías a las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo. Además, se le apercibe de que, si no rinde su informe justificado o lo hace sin remitir, en su caso, copias certificadas completas y legibles de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En términos de los artículos 3 y 36, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se le hace del conocimiento a la responsable que no se le tendrá por rindiendo el informe solicitado a través de correo electrónico, a menos que el mismo contenga firma electrónica vigente. TERCERO INTERESADO. Se reserva el emplazamiento de las personas a las que le recaiga el carácter de terceros interesados, hasta en tanto, de las constancias que se agreguen al informe justificado, se advierta a quiénes les asiste tal carácter. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención que le corresponde, conforme al dispositivo 5, fracción IV, de la ley de la materia, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. PRUEBAS. Téngase al promovente ofreciendo como pruebas: La instrumental de actuaciones; y, La presuncional en su doble aspecto, legal y humana Hágase relación de las mismas en la audiencia constitucional, toda vez que la instrumental de actuaciones se constituye con las constancias que obran en el sumario, mientras que la presuncional es consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva, es decir, son medios de convicción que no tienen vida propia, al obtenerse del seguimiento del juicio y de cualquier forma el juzgador las tomará en consideración, al emitir la resolución correspondiente. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD. De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 del mismo ordenamiento, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificarán por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deba notificársele lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificará de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De igual forma, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), puede realizar la consulta de dicha lista, así como de la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. DOMICILIO PROCESAL. Se tiene como tal, el ubicado en calle *** número *** colonia ***, en Pachuca de Soto, Hidalgo. AUTORIZADOS. Téngase como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a ***, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a *** y *** toda vez que no se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y d) solicitud de copias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes a transitar hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 257, del Acuerdo mencionado, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, en la inteligencia de que, el personal de este órgano conservará el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. Conviene hacer la aclaración de que la expedición de las copias autorizadas depende de la disponibilidad del servicio de fotocopias, en los días y horarios en que se encuentre brindando atención, mismo que constituye un área independiente de este Juzgado de Distrito.M-II

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