Liborio Hernández Roldán

Expediente 1429/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1429/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Liborio Hernández Roldán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que no se interpuso recurso de queja en contra del auto dictado por este órgano jurisdiccional en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se provee lo siguiente:(...)... se declara que dicho proveído ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido...Resulta innecesaria la notificación, al no obrar documentos originales. X. Incidente de suspensión. Se hace constar que en el presente asunto no se formó cuaderno incidental.

  2. Principal

    ESTADO PROCESAL DE AUTOS. Visto el estado procesal de autos, se advierte que el Juzgado Décimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, no ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo pronunciada el ocho de marzo de dos mil veintitrés, la cual causó ejecutoria y se concedió para los siguientes efectos: ".I. Deje insubsistente todo lo actuado en el expediente *****, relativo al juicio especial hipotecario, promovido por ******, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, antes *******, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, en contra de la persona quejosa **************, a partir de la diligencia de citación. II. Ordene realizar la diligencia respectiva, en estricta observancia del precepto aplicable al caso y continúe con el procedimiento, conforme a sus atribuciones y facultades legales.... CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. Máxime que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional. Por tal razón, en la ley de amparo se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. REQUERIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Juez Décimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, para que en el término improrrogable de veinticuatro horas, contados a partir de que reciba el presente proveído, remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento a la ejecutoria de amparo (en cuanto al emplazamiento de la demandada ********** -aquí parte quejosa-), o en su caso, informe el impedimento legal que tenga para ello; en razón de que, la última actuación que obra del juicio de origen lo es el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el juicio especial hipotecario ******** de su índice, del que se desprende que informó que una vez que le fuera devuelto el exhorto turnado al Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Estado de Puebla, comunicaría a este juzgado de Distrito lo que proveyera en relación al emplazamiento de la quejosa, dado que hasta esa fecha no advirtió constancia alguna respecto a la devolución del citado exhorto, razón por la cual en ese momento precisó no tener conocimiento del razonamiento de imposibilidad asentado por la persona Diligenciaria adscrita al juzgado exhortante, en el que manifestó que el traslado que le fue remitido para emplazar a la quejosa se encontraba incompleto. Se precisa que no resulta procedente requerir a la autoridad vinculada Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana de Estado de Puebla, dado que mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado de Distrito el veintitrés de agosto actual, dicha autoridad acreditó que devolvió la aludida comunicación con la guía de envío correspondiente. APERCIBIMIENTO. Apercibido que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una multa de ciento cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia emitida por la Jueza Quinta de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, ya quedó integrado. En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, el escrito de interposición del recurso de revisión y expresión de agravios, así como el expediente en que se actúa, y en caso de haberse formado tomos anexos, también deberán remitirse con el oficio correspondiente.

  4. Principal

    Téngase al Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informando la reanudación de las actividades respecto del equipo especializado VIDEOCOMPARADOR ESPECTRAL VSC 8000; así como la notificación hecha a la experta Ximena Ramos Valdez, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que a la fecha en que se actúa, ya fue rendido y ratificado el dictamen pericial en materia de documentos cuestionados. ESCRITO. Se tiene a la parte quejosa en su escrito de cuenta, revocando la representación de ********************* como autorizada en el presente juicio; de igual forma revoca el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones personales. NUEVO DOMICILIO. Finalmente, se le tiene a la parte quejosa, señalando en su escrito de cuenta, nuevo domicilio para recibir notificaciones

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