Libia Flores Román

Expediente 98/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
98/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
20/05/2021

Partes del expediente

  • Libia Flores Román

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación, se declara que el auto que desechó la demanda ha quedado firme. Expediente susceptible de destrucción. Remítase al archivo este asunto como concluido. Notifíquese

  2. Principal

    Con la demanda de amparo presentada por Libia Flores Román, por propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad y otra autoridad, fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 98/2021 y dese de alta en el sistema correspondiente. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Entonces, se analizan las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo. Los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente: .... De los preceptos mencionados se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, por lo que en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. Asimismo, se tiene que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea física o moral, que teniendo la calidad de gobernado, resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; esto es, el juicio de amparo debe ser iniciado por la demanda que haga valer la persona que ha sido afectada por un acto de autoridad, de forma real y actual, quien podrá impugnar el acto reclamado por sí mismo, por medio de su apoderado o representante legal. De igual forma, las promociones podrán ser presentadas de forma electrónica, utilizando la firma electrónica de quien promueve la demanda, caso en que ésta producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese sentido, es requisito indispensable de procedencia que en la demanda presentada vía electrónica se indique el nombre de la persona en la que recae la figura de quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, y 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo; asimismo, se deberá agregar la firma electrónica vigente de quien promueve, ya que éste es un requisito establecido en el artículo 3, fracción I, del "ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO", por el cual se obligan las personas, tal como se advierte de lo siguiente: .... En ese orden, el juicio de amparo es improcedente ante la ausencia de parte afectada por el acto reclamado, es decir, cuando el quejoso no se encuentra identificado o no anexe su firma electrónica, dado que no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, toda vez que es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho o, en su caso, una vez que se haya substanciado el procedimiento se emita una sentencia definitiva en la que se resuelva una situación jurídica determinada respecto de quien no expresó su voluntad, por tanto, no es posible ni lógica, ni jurídicamente que una resolución de tal naturaleza surta efectos respecto de un ente desconocido. Lo anterior se pone de manifiesto cuando el solicitante de amparo no agrega su firma electrónica vigente en la demanda presentada vía electrónica, pues ésta, en el caso, es la expresión de voluntad del gobernado para demandar el amparo y protección de la justicia federal, consecuentemente, ante la falta de esa expresión de voluntad no es procedente el juicio de amparo, dado que resultaría inconducente o improcedente el análisis de violaciones de garantías en abstracto, sin que exista la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional para tal fin. De ahí la necesidad de que al intentarse el juicio de amparo, como en otras instancias, la identificación del quejoso constituya un elemento esencial de la demanda, pues de ello depende el objeto específico del juicio de amparo, en términos de lo ordenado en los artículos 73 y 77 de la ley que lo rige. En el caso, atendiendo a la certificación de cuenta, se tiene que en el escrito de demanda presentado vía electrónica no fue remitido con la firma electrónica vigente de la quejosa, sino de una diversa persona (autorizado para oír y recibir notificaciones); por tanto, quien promueve no expresó su voluntad de instar la vía jurisdiccional. Se sostiene lo anterior, pues presentar demandas, recursos, promociones y documentos, a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que la implementación de dichos mecanismos únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 47/2018 sostuvo que cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL de la parte quejosa, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. ... Por tanto, al no haberse manifestado la voluntad de la quejosa de promover este juicio, procede DESECHAR la demanda de amparo referida, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 3, fracción I, del "ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO". Debido a que la promovente señaló los estrados de este Juzgado de Distrito para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones a través de la lista de este Juzgado Federal, en razón que del capítulo IV, denominado: "Notificaciones", no se aprecia la existencia de los estrados. ... Con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, téngase como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos a las personas mencionadas en la demanda, por así solicitarlo expresamente. Con fundamento en el artículo 1º, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, se exhorta a la parte quejosa que, de ser posible, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de salvaguardar la salud e integridad del justiciable y el personal de este órgano jurisdiccional, asimismo, proporcione un número de teléfono y una cuenta de correo electrónico, a fin de establecer comunicaciones no procesales en los casos en que se considere necesario. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de las partes que conforme a la tutela judicial pronta y efectiva, así como al debido proceso, contenido en los artículos 112 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles; se determina que las promociones que presenten las partes, autoridades auxiliares y tribunales relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del expediente ni constituyan determinaciones judiciales que deba emitir este juzgado, con excepción de las que por disposición expresa de ley deban darse vista a las partes, se glosarán en el expediente y, en términos del referido artículo 62 del citado ordenamiento, el Secretario hará constar la hora y el día en que se presentó el oficio o escrito, considerando, desde este momento, realizadas las manifestaciones respectivas, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas. Este criterio tiene como objeto evitar dilaciones procesales excesivas e innecesarias en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En otro aspecto, vista la certificación de cuenta y la demanda de amparo, se deduce que este asunto no cumple con los supuestos de excepción previstos en el punto I, numeral 1 de la CIRCULAR SECNO/9/2021, para continuar con su trámite, ya que no se trata de un asunto urgente y no cumple con todas las características para el seguimiento del juicio en línea, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debido a que la parte quejosa no solicitó la consulta del expediente electrónico, así como la realización de notificaciones de forma electrónica. En consecuencia, se determina suspender los plazos y términos en este juicio, hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno y una vez concluida la suspensión, se ordena reanudar los plazos y términos procesales en este juicio de amparo. De conformidad con la fracción II del artículo 2º del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación de plazos operará hasta que las partes queden notificadas de este proveído. Asimismo, y hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal no emita el acuerdo de reanudación de labores que fueron suspendidas con motivo de la pandemia originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se ordena que el presente acuerdo se publique de manera temporal y únicamente con fines informativos bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo, para lo cual, los actuarios de la adscripción deberán fijar una lista al exterior del inmueble -reja perimetral-, misma que podrá ser consultada por las partes interesadas, o bien, si así lo desean podrán ingresar a la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=1&Exp=1. Con fundamento, en el artículo 2, fracción VI, del Acuerdo General en cita, se ordena la integración de esta actuación y las subsecuentes al expediente electrónico, sin perjuicio de que la inclusión de las constancias respectivas en el expediente físico se realice, de manera inmediata, a partir de que se regularicen las actividades jurisdiccionales del juzgado. Finalmente, hágase del conocimiento de la parte quejosa que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero ésta podrá oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa.

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