Libertad Quintana Rios
Expediente 700/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Libertad Quintana Rios
Actuaciones
- Principal
Notifíquese en términos de Ley.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. I. Radicación y creación del expediente. Téngase por recibida la demanda promovida por Libertad Quintana Ríos; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 700/2019 e intégrese expediente electrónico. II. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse, como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este último precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.". (Octava Época. Registro 221353.Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, noviembre de 1991, materia común, página 198). En el caso, del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "1.-AL ENCARGADO DE LA DELEGACION ESTATAL DEL INSTITUTO Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) EN SINALOA, le reclamo los siguientes actos: a).- Es responsable de APLICARME la UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA) en el pago de mi Pensión mensual concepto 01, misma que me fue otorgada por el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, DELEGACION ESTATAL EN SINALOA y lo cual acredito fehacientemente con mi Concesión de Pensión, Folio ISSSTE 25000255900102, fecha de recepción 25 de marzo del 2014, a nombre de la suscrita impetrante de Garantías Constitucionales LIBERTAD QUINTANA RIOS, firmada por el Delegado de la Delegación Estatal del ISSSTE, Profr. Germán Contreras García, misma que exhibo y anexo al presente Escrito Inicial de Demanda, para los efectos legales y jurídicos que correspondan, en una clara transgresión y violación al artículo 1°, 14, 16, y 123 Constitucionales, en consecuencia la autoridad responsable afectan de manera irreparable y directa mi esfera jurídica. b).- La OMISION de aplicar lo dispuesto por el artículo 123, Apartado A, fracción VI, literalmente reza: VI.- Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicaran en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza...". c).- La OMISIÓN de aplicar lo dispuesto por el artículo 7 del REGLAMENTO para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo decimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2.- A LA SUBDELEGADA DE PRESTACIONES DEL INSTITUTO Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) EN SINALOA, le reclamo los siguientes actos: a).- Es responsable de APLICARME la UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA) en el pago de mi Pensión mensual concepto 01, misma que me fue otorgada por el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, DELEGACION ESTATAL EN SINALOA y lo cual acredito fehacientemente con mi Concesión de Pensión, Folio ISSSTE 25000255900102, fecha de recepción 24 de marzo del 2014, a nombre de la suscrita impetrante de Garantías Constitucionales LIBERTAD QUINTANA RIOS, firmada por el Delegado de la Delegación Estatal del ISSSTE, Profr. Germán Contreras García, misma que exhibo y anexo a la presente Demanda de Garantías Constitucionales para los efectos legales y jurídicos que correspondan, en una clara transgresión y violación al artículo 1°, 14, 16, y 123 Constitucionales, en consecuencia la autoridad responsable afectan de manera irreparable y directa mi esfera jurídica. b).- La OMISION de aplicar lo dispuesto por el artículo 123, Apartado A, fracción VI, literalmente reza: VI.- Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicaran en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.". c).- La OMISIÓN de aplicar lo dispuesto por el artículo 7 del REGLAMENTO para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo decimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." De lo anterior transcrito se advierte que la quejosa reclama del Delegado y Subdelegada de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización en (UMA) en el pago de la pensión mensual jubilatoria que le fue otorgada a partir del uno de enero de dos mil catorce. De la narrativa de antecedentes del acto reclamado, se advierte que la quejosa señala que durante más de treinta y un años se desempeñó como maestra prestando sus servicios al Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa (SEPDES), por lo que durante dicho periodo el cotizó para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sinaloa. Expresa la amparista que, previo el trámite respectivo, el señalado Instituto le concedió una pensión jubilatoria, la cual recibiría a partir del uno de enero de dos mil catorce. Destaca que al inicio de su pensión, la cuota pensionaria que era enterada por la parte patronal Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa (SEPDES), en favor del Instituto, era de diez salarios mínimos de conformidad con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente; en razón de ello, se le fijó una cuota pensionaria diaria de $672.90 (seiscientos setenta y dos pesos con 90/100 moneda nacional). Aduce que por tal motivo, el pago de la pensión mensual que debería recibir para los años dos mil catorce a dos mil diecinueve, debía ser calculada con base a salarios mínimos, pero que la autoridad responsable, ha venido cuantificando su pensión y sus incrementos con base a la Unidad de Medida y Actualización y no en la forma que fue otorgada (salarios mínimos); hecho que estima conculcatorio de sus derechos fundamentales, pues ello le ha ocasionado una reducción en su pensión mensual. En tal escenario, es evidente que se está en presencia de una controversia entre la aquí quejosa como asegurada y el mencionado Instituto como ente asegurador, con relación al monto de una pensión otorgada conforme a la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por tanto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que previo a instar el juicio constitucional, la promovente debió agotar el recurso de revisión previsto por el artículo 83 de la Ley Federal del Procedimiento Adminis trativo, o bien el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 3º, fracción VII, de la Ley de Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El precepto constitucional inicialmente invocado, textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. (...)" El texto del artículo transcrito consagra el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, el cual establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le afecta, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Sentado lo anterior, el artículo 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, establece: "ART. 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente." De lo anterior, se desprende que los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. Por su parte, el artículo 3°, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.)" De lectura de dicho precepto, se advierte que son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa -siempre que se decida no agotar el recurso administrativo- aquellas resoluciones emitidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cuando conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque las pensiones. De ahí que, si el acto que por esta vía se reclama -atribuido a la Delegación Estatal en Sinaloa y Subdelegación de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado- consiste en la actualización y cálculo de la pensión jubilatoria, porque el mismo se realizó con base en la unidad de medida y actualización (UMA), no así conforme a los salarios mínimos diarios medida con la cual se le otorgó la pensión, lo que ha traído como consecuencia una reducción a la misma en perjuicio de la quejosa, es inconcuso que dicho acto no es reclamable en la vía del juicio de amparo indirecto sino mediante el recurso de revisión, o bien, por el juicio contencioso administrativo regulado en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así lo ha considerado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.111/2005 aplicable por su principio rector, del rubro y texto siguiente: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." (Novena Época, Registro: 177279, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 111/2005, Página: 326) En esa virtud, tiene opción la quejosa de acudir a dicho Tribunal a impugnar el acto administrativo lesivo de sus intereses, ya sea a través del recurso de revisión previsto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o mediante el juicio contencioso administrativo, a su elección, al ser los medios ordinarios previstos por la Ley del acto para su impugnación, pero no a través del juicio de amparo, que por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa, al que debe acudirse una vez agotados los recursos ordinarios. Máxime que en la especie no se advierte que se esté en los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, la medida suspensional y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal; tales hipótesis son las siguientes: 1.- Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; 2.- Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o; 3.- Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Bajo tales premisas, en el caso no se advierte que el acto careza de fundamentación y motivación, ya que la quejosa no realiza ningún alegato en ese sentido, aunado a que de las constancias que anexó a su escrito de demanda se advierte que el oficio emitido por la autoridad responsable, que contiene su otorgamiento de pensión, contiene la cita de los preceptos legales en que se basó para ello. Tampoco se combaten sólo violaciones directas la Constitución, porque en la demanda la impetrante señala que la autoridad responsable, al aplicar la unidad de medida y actualización para el cálculo de su pensión e incrementos a la misma, viola lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales en su perjuicio; aspecto este que implica una cuestión de legalidad. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 502/2012, que derivó en el criterio de rubro: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO"; determinó toralmente que todo lo concerniente a la aplicación retroactiva de una norma, entendida como la aplicación concreta que realiza una autoridad de la hipótesis normativa, a través de una acto materialmente administrativo o jurisprudencial, constituye un tema de legalidad y no de constitucionalidad. Asimismo, los medios ordinarios de impugnación procedentes se encuentran previstos en la Ley aplicable. De ahí que, al no ubicarse en ningún supuesto de excepción, la quejosa se encuentra obligada a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, agotando el recurso de revisión o bien acudir al juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo a la promoción del juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." (Jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable a página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación). Por las razones expuestas, resulta operante de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la citada legislación. III. Domicilio y autorizados. Téngase como su domicilio procesal, el que para tal efecto indica en la demanda; así como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos de Jesús Luna Ibarra y Miguel Ángel Cárdenas Verduzco, en razón a que de la certificación de cuenta se advierte que sus cédulas profesionales cuentan con el registro correspondiente. IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. V. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículo 110 y 113 de la Ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese en términos de Ley.
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