Libertad Negrete Hinojosa

Expediente 173/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
173/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • Libertad Negrete Hinojosa
  • Libertad Negrete Hinojosa y Otros.
  • L. M. N.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución con engrose veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Libertad ******************** y otra.********************DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. En otro aspecto, acorde a lo dispuesto por los artículos 12 y 18 fracción I, inciso b),del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena que el expediente en que se actúa es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, al tratarse de un juicio de amparo en el que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el incidente de suspensión formado en un solo tanto es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. ANOTACIONES Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. DEVOLUCIÓN. Finalmente, hágase devolución del tomo de prueba que allegó con su informe la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. MANIFIESTA QUEBRANTO DE LA SUSPENSION CONCEDIDA. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta mediante el cual la parte quejosa manifiesta que la autoridad responsable "insiste en REPETIR el acto reclamado, QUEBRANTANDO LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA", al aducir que la responsable por auto de veintiuno de abril pasado, dictado en el juicio de origen, ordena dar vista mediante notificación personal a Libertad Negrete Hinojosa a efecto de que en el término de tres días, exhiba a la responsable la constancia de estudios de la menor quejosa, a lo que se acuerda lo siguiente. Dígase a la promovente que acorde a lo manifestado en su escrito, así como el acto reclamado y los efectos de la medida cautelar decretada en la interlocutoria de uno de marzo pasado, este órgano jurisdiccional no advierte la repetición del acto reclamado aducida por la quejosa ni la afectación a la suspensión definitiva concedida en este cuaderno incidental. Lo anterior, si se tiene en cuenta que el acto reclamado en el juicio de amparo del que deriva este cuaderno incidental consiste en el auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 1707/2018 a través del cual se impone a la aquí promovente del amparo una multa por incumplimiento con las cargas procesales y, mediante la aludida interlocutoria de uno de marzo pasado, se concedió a la parte quejosa la medida cautelar únicamente para el efecto de que si a esa fecha no había iniciado el procedimiento de ejecución o cobro coactivo para hacer efectiva esa multa, no se realizaran actos tendentes a hacerla efectiva. Ahora, si bien se expuso en dicha determinación que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban, era única y exclusivamente en relación a los actos de materialización de la aludida multa, ya que este juzgado de Distrito no se encuentra facultado para conceder la suspensión respecto de actos que no se reclaman en una demanda de amparo. A más que de la copia del aludido acuerdo de veintiuno de abril de este año, que anexa la quejosa, se obtiene que este derivó que una petición formulada por ella en el juicio natural, en su calidad de parte actora. Finalmente, queda expedito su derecho para hacer valer el medio de defensa que la ley de la materia contempla, es decir, en un incidente de tal naturaleza, para que el caso de que se considere no cumplida o violada la suspensión decretada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA GIOVANI RAÚL MARTINES JIMÉNEZ, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 173/2023-X, promovido por Libertad Negrete Hinojosa, por sí y en representación de su menor hija de iniciales L.M.N., contra el acto de la Jueza Quinta de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado en esa data a este Juzgado Tercero de Distrito, Libertad Negrete Hinojosa, por sí y en representación de su menor hija de iniciales L.M.N., compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto de la Jueza Quinta de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; en los términos siguientes: "ACTO RECLAMADO.- En auto de fecha 26 veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se me impuso multa por el importe de 25 Unidades de Medida Actualización (UMA) y se acordó escrito presentado por la mandataria jurídica del C. Giovani Raúl Martines Jiménez, acuerdo mediante el cual se ordena a la suscrita "a efecto de que dentro del término de tres días informe a ese Juzgado lo siguiente: "El nombre de la escuela, turno ubicación de la institución educativa en la actualmente estudia la menor Libertad Martínez Negrete. Informe a este juzgado el día, hora y lugar en que se presentará de manera conjunta para presentar al padre de la menor Giovani Raúl Martínez Jiménez, con las y los docentes, directivos de la institución en la que actualmente está cursando la menor a efecto de que el padre de la menor esté en condiciones de acudir e involucrarse en las actividades escolares de su menor hija, ya que la participación activa del padre y madre en el entorno educativo favorece una mayor autoestima en los niños y esto se traduce en un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones entre progenitores e hijos ya que los padres son los actores principales en el proceso de educación y formación de sus hijos. Informe a este juzgado si existió alguna actividad escolar de la menor Libertad Martínez Negrete en el mes de diciembre del año dos mil veintidós. Lo anterior con el apercibimiento de que, en caso de no informar, le será impuesta una multa equivalente a treinta unidades de medida y Actualización." En ese ocurso, la promovente formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales reconocidos por el Estado Mexicano en materia de protección a la infancia. SEGUNDO. Admisión y trámite. En proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda bajo el progresivo 173/2023-X, requirió a la autoridad responsable sobre su informe con justificación y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Toda vez que en el presente asunto se encuentran inmiscuidos los derechos de la menor de iniciales L.M.N., a fin de garantizar sus intereses, se determinó designarle un representante especial designado por la Delegación Regional de la Defensoría Pública, quien aceptó y protestó el cargo conferido en el presente expediente. Asimismo, se reconoció el carácter de tercero interesado a Jonathan Navarrete Aviña, en términos de lo que dispone el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, quien se apersonó oportunamente al sumario a través de su autorizado. Finalmente, el cuatro de abril de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional correspondiente que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto emitido por una autoridad jurisdiccional del orden familiar, cuya ejecución acontece dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal, con competencia mixta, ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: El auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario oral sobre divorcio sin expresión de causa 1707/2018, promovido por Libertad Negrete Hinojosa contra Giovani Raul Martines Jiménez, ante el Juez Quinto de Primera Instancia de Oralidad en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. A través de dicho auto la juez responsable impuso una sanción pecuniaria (multa) equivalente a 25 UMA, ($2,405.50 M.N) por incumplir con los requerimientos que se le realizaron en dicho controvertido. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la juez responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias que integran el juicio oral familiar 1707/2018, en el que obra el auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, que se reclama en este juicio constitucional. Documental pública que se valora en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido autenticada por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública. CUARTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el asunto se destacan las siguientes actuaciones que se desprenden de las constancias allegadas al sumario: 1. El juicio familiar de divorcio sin expresión de causa 1707/2018, fue promovido en la vía ordinaria oral familiar por Libertad Negrete Hinojosa por sí y como representante de L.M.N. contra Giovani Raul Martines Jiménez, ante el Juez Quinto de Primera Instancia de Oralidad en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. En él reclamo en lo toral, la disolución del vínculo matrimonial, la asignación de la guarda y custodia legal de su menor hija, el pago de alimentos a favor, de la menor, y la fijación de un régimen de convivencia por el padre. 2. El juicio se admitió en la vía propuesta con el número 1707/2018. El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, la responsable emitió sentencia que aprobó el convenio celebrado por las partes donde acordaron la guarda y custodia de la infante a favor de la madre y un régimen de convivencias entre el padre y aquella, entre otras cosas. Tal fallo causo ejecutoria el nueve de julio de dos mil diecinueve. 3. Luego en audiencia de catorce de junio de dos mil veintidós, las partes Libertad Negrete Hinojosa y Giovani Raul Martines Jiménez en el punto cuarto pactaron, que en caso de eventos escolares de su hija, la cual esta cursado el conocido programa como "maternal" en la estancia infantil "Chikitines", turno matutino, la madre en su momento, habría de presentar al padre con los y las docente y directivos de esa institución; especialmente cuando se trate de actividades que necesariamente se requiera de la presencia del padre o de ambos. 4. En auto de ocho de diciembre del año pasado, y once de enero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista y notificar personalmente a la quejosa, para que en el término de tres días informará al Juzgado Familiar, el nombre de la escuela, turno y ubicación de la institución educativa en que actualmente se encuentra estudiando la menor, el día y hora en que acudirán de manera conjunta para presentar al padre Giovanni Raúl Martínez Jiménez, antes los directivos de la institución educativa, a efecto de que los progenitores estén en condiciones de involucrarse en las actividades escolares de su menor hija, ya que la participación activa de los padres en el entorno educativo favorece una mayor autoestima en los niños y un mayor rendimiento educativo, en virtud de que son ellos son los encargados en el proceso educativo y de formación en los hijos. Asimismo, se le solicitó indicara si en el mes de diciembre existía alguna actividad escolar de la menor, e informara lugar, día y hora, sin que obre constancia alguna de que la quejosa de hubiera comunicado al Juzgado lo solicitado, no obstante haber sido notificada personalmente de ello el catorce de diciembre de dos mil veintidós y doce de enero de dos mil veintitrés. 4. El veintiséis de enero de dos mil veintitrés, el juez responsable estimó que la actora no dio contestación al requerimiento, formulado el once de enero del presente año, por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento que le fue formulado en dicho proveído, imponiéndosele una multa por la suma de $2,405.50 (dos mil cuatrocientos cinco pesos 50/100 M.N.), equivalente a veinticinco valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en su valor actual. Dicha auto constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al no existir alguna causal de inejercitabilidad invocada por las partes que amerite pronunciamiento, ni de oficio se observa su actualización es conducente emprender el estudio de fondo del asunto por el resto de los actos reclamados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Se invoca el efecto la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. En principio se indica que no se ignora que respecto de menores de edad opera la suplencia de la queja en toda su amplitud, cuando están inmiscuidos los intereses directos de una menor de como la de iniciales L.M.N., sin que sea determinante la naturaleza de los derechos familiares en controversia. Ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en la contienda susceptible de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Sin embargo contra lo pretendido por la promovente, el presente asunto versa sobre la imposición de una sanción a cargo de la madre de la quejosa, por incumplir los requerimientos de información formulados por la responsable. De ahí que, en principio, no existe algún aspecto vinculado a los derechos de la infante o su interés superior que pudiera afectarse. Por ello procede analizar el asunto bajo la perspectiva de estricto derecho. La quejosa plantea que el proveído reclamado carece de fundamentación y motivación. Es infundado el disentimiento previo, dado que de la resolución reclamada se aprecia que se citaron los artículos 174 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado, 2º y 7 del Código Familiar para el Estado de Michoacán; 712, 713, 714, 718, 719, 748 fracción V, 769, 932 fracción I y 982 del Código Familiar para el Estado, así como las consideraciones relativas a su aplicación, (en esencia, que la quejosa incumplió al requerimiento de doce de enero de dos mil veintitrés, por lo que era procedente hacer efectivo el apercibimiento relativo), por lo que no se faltó al requisito de forma a que alude la peticionaria de amparo. Así también, la parte quejosa señala que el acuerdo reclamado contraviene el convenio de catorce de junio de dos mil veintidós, al rebasar lo ahí sancionado. Se estima infundado el argumento precisado, en tanto que el requerimiento también contenido en el auto que constituye el acto reclamado, ya que no rebasa el convenio que refiere la quejosa, sino que es congruente específicamente con lo pactado en su cláusula cuarta, donde se acordó la presencia del padre de la menor en los eventos en los que se requiriera su presencia en la institución educativa a la que acude, para lo cual la madre de ésta se comprometía a presentarlo con los docentes y directivos de la institución. Por lo que si en el requerimiento de mérito se le pidió la información para poder evidenciar y, en su momento, verificar que estaba cumpliendo con lo que se comprometió, por sí, no resulta un aspecto diferente o extra a los pactados en el referido acuerdo de voluntades. Máxime que tal información es conducente a procurar que el progenitor se involucre de forma activa en las actividades escolares de la menor, lo que es acorde a su interés superior. De ahí lo infundado del argumento. En otro aspecto, se plantea como concepto de violación que la jueza responsable no observó el contenido de los artículos 276 y 1000 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, que contempla la obligación de respetar la garantía de audiencia, igualdad y debido proceso, cuando la autoridad judicial modifique o extinga alguna de las prestaciones pactadas en un convenio. Es infundada la disidencia anterior, pues del acto reclamado no se advierte que el juez natural haya realizado alguna modificación o extinción de alguna porción del acuerdo de voluntades celebrado entre las partes en el juicio de divorcio de origen. A más de que como ya se precisó anteriormente, la responsable emitió los requerimientos de información donde apercibió expresamente a la quejosa con la multa y se le notificaron previamente; con lo que respetó las formalidades para imponer la multa. Además que, como ya se dijo, tanto los requerimientos de información previos como la imposición de la multa, se dirigen a dar cabal cumplimiento a lo acordado por las partes. Por ello es ineficaz lo argüido. A más de que la jueza no estaba obligado a otorgar garantía de audiencia a la actora, previo a requerirle el cumplimiento de dicho convenio. Por otra parte, aduce el promovente del juicio de constitucional que le causa perjuicio el auto reclamado ya que en el convenio celebrado con su contrario, si bien se comprometió a presentarlo con el personal de la escuela de su hija, ello tendría lugar hasta que se suscitara una actividad que requiriera de su presencia, lo cual, dice, no ha sucedido, por lo que el requerimiento que se le formuló era ocioso, por tanto, refleja que se están dando nuevas oportunidades al padre de la menor de convivir con ella, sin motivo alguno, así como fuera del lugar y horarios que habían pactado. Es infundado el argumento previo, ya que si bien la jueza le realizó el requerimiento de mérito, en el inciso c) del mismo, se le especificó que informara si en el mes de diciembre estaba programada alguna actividad escolar de la menor, lo que implicaba que la quejosa estaba compelida a contestar, primero, si en el mes que se le especificó, habría algún evento de esa naturaleza, pudiendo hacer saber que no había alguno y, por tanto, que aún no se actualizaba la hipótesis convenida para presentar al padre de su hija con el personal de la institución educativa. Lo cual de modo alguno debía entenderse como una ampliación a los términos de convivencia entre estos últimos, pues existe ya un pacto específico que regula tal aspecto y, en todo caso, lo argüido por la quejosa parte de una mera suposición subjetiva de su parte. Incluso, el requerimiento en cuestión se vincula únicamente como el ejercicio de vigilancia de cumplimiento del convenio que correspondía al juez en protección de los derechos de la menor de mérito, y con base en las facultades que tiene para verificar el cumplimiento de lo pactado. En otro tenor, la quejosa aduce que es ilegal el auto combatido en virtud de que se asentó como nombre de la menor LIBERTAD MARTÍNEZ NEGRETE, cuando lo correcto es LIBERTAD MARTÍNES NEGRETE, es decir, cambió la última letra del primer apellido, lo que indica que se trata de una persona diversa a la hija de la quejosa. Es infundado el concepto de violación anterior, en virtud que de la prosecución del juicio natural se aprecia claramente que dicha menor de edad se encuentra plenamente identificada por las partes, quienes además son sus padres; a más de que los requerimientos de información se dieron dentro del contexto de un juicio donde es evidente que las partes conocen el nombre de los involucrados y, respecto de la quejosa, que es innegable que sabía sobre quien se refería el requerimiento de información. De tal manera que esa inconsistencia en una sola letra del primer apellido únicamente implica un simple error de escritura irrelevante, pero que de modo alguno tiene el alcance de confundir a la quejosa en relación con el requerimiento que se le formuló, sin que denuncie alguna falta de identificación del expediente en el que se estaba actuando, para suponer que estaba imposibilitada por falta de información para cumplir con la prevención de mérito. Finalmente, en relación con las medidas de protección que, dice, requieren, las quejosas por la supuesta modificación del convenio en todo caso, deberá solicitarlas ante la vía el responsable por ser de su competencia. Así, ante la ineficacia de los conceptos de violación analizados y al no existir motivo para suplir la deficiencia de la queja en favor de la menor inmiscuida en este asunto, lo conducente es negar la protección constitucional solicitada. No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos formulados por representante social adscrito, el tercero interesado y la quejosa, en virtud de que no forman parte de la litis constitucional. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Libertad Negrete Hinojosa, por sí y en representación de su menor hija de iniciales L.M.N., contra el acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 173/2023-X, promovido por Libertad Negrete Hinojosa, por sí y en representación de su menor hija de iniciales L.M.N., contra el acto de la Jueza Quinta de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado en esa data a este Juzgado Tercero de Distrito, Libertad Negrete Hinojosa, por sí y en representación de su menor hija de iniciales L.M.N., compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto de la Jueza Quinta de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; en los términos siguientes: "ACTO RECLAMADO.- En auto de fecha 26 veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se me impuso multa por el importe de 25 Unidades de Medida Actualización (UMA) y se acordó escrito presentado por la mandataria jurídica del C. Giovani Raúl Martines Jiménez, acuerdo mediante el cual se ordena a la suscrita "a efecto de que dentro del término de tres días informe a ese Juzgado lo siguiente: "El nombre de la escuela, turno ubicación de la institución educativa en la actualmente estudia la menor Libertad Martínez Negrete. Informe a este juzgado el día, hora y lugar en que se presentará de manera conjunta para presentar al padre de la menor Giovani Raúl Martínez Jiménez, con las y los docentes, directivos de la institución en la que actualmente está cursando la menor a efecto de que el padre de la menor esté en condiciones de acudir e involucrarse en las actividades escolares de su menor hija, ya que la participación activa del padre y madre en el entorno educativo favorece una mayor autoestima en los niños y esto se traduce en un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones entre progenitores e hijos ya que los padres son los actores principales en el proceso de educación y formación de sus hijos. Informe a este juzgado si existió alguna actividad escolar de la menor Libertad Martínez Negrete en el mes de diciembre del año dos mil veintidós. Lo anterior con el apercibimiento de que, en caso de no informar, le será impuesta una multa equivalente a treinta unidades de medida y Actualización." En ese ocurso, la promovente formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales reconocidos por el Estado Mexicano en materia de protección a la infancia. SEGUNDO. Admisión y trámite. En proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda bajo el progresivo 173/2023-X, requirió a la autoridad responsable sobre su informe con justificación y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Toda vez que en el presente asunto se encuentran inmiscuidos los derechos de la menor de iniciales L.M.N., a fin de garantizar sus intereses, se determinó designarle un representante especial designado por la Delegación Regional de la Defensoría Pública, quien aceptó y protestó el cargo conferido en el presente expediente. Asimismo, se reconoció el carácter de tercero interesado a Jonathan Navarrete Aviña, en términos de lo que dispone el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, quien se apersonó oportunamente al sumario a través de su autorizado. Finalmente, el cuatro de abril de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional correspondiente que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto emitido por una autoridad jurisdiccional del orden familiar, cuya ejecución acontece dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal, con competencia mixta, ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: El auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario oral sobre divorcio sin expresión de causa 1707/2018, promovido por Libertad Negrete Hinojosa contra Giovani Raul Martines Jiménez, ante el Juez Quinto de Primera Instancia de Oralidad en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. A través de dicho auto la juez responsable impuso una sanción pecuniaria (multa) equivalente a 25 UMA, ($2,405.50 M.N) por incumplir con los requerimientos que se le realizaron en dicho controvertido. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la juez responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias que integran el juicio oral familiar 1707/2018, en el que obra el auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, que se reclama en este juicio constitucional. Documental pública que se valora en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido autenticada por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública. CUARTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el asunto se destacan las siguientes actuaciones que se desprenden de las constancias allegadas al sumario: 1. El juicio familiar de divorcio sin expresión de causa 1707/2018, fue promovido en la vía ordinaria oral familiar por Libertad Negrete Hinojosa por sí y como representante de L.M.N. contra Giovani Raul Martines Jiménez, ante el Juez Quinto de Primera Instancia de Oralidad en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. En él reclamo en lo toral, la disolución del vínculo matrimonial, la asignación de la guarda y custodia legal de su menor hija, el pago de alimentos a favor, de la menor, y la fijación de un régimen de convivencia por el padre. 2. El juicio se admitió en la vía propuesta con el número 1707/2018. El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, la responsable emitió sentencia que aprobó el convenio celebrado por las partes donde acordaron la guarda y custodia de la infante a favor de la madre y un régimen de convivencias entre el padre y aquella, entre otras cosas. Tal fallo causo ejecutoria el nueve de julio de dos mil diecinueve. 3. Luego en audiencia de catorce de junio de dos mil veintidós, las partes Libertad Negrete Hinojosa y Giovani Raul Martines Jiménez en el punto cuarto pactaron, que en caso de eventos escolares de su hija, la cual esta cursado el conocido programa como "maternal" en la estancia infantil "Chikitines", turno matutino, la madre en su momento, habría de presentar al padre con los y las docente y directivos de esa institución; especialmente cuando se trate de actividades que necesariamente se requiera de la presencia del padre o de ambos. 4. En auto de ocho de diciembre del año pasado, y once de enero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista y notificar personalmente a la quejosa, para que en el término de tres días informará al Juzgado Familiar, el nombre de la escuela, turno y ubicación de la institución educativa en que actualmente se encuentra estudiando la menor, el día y hora en que acudirán de manera conjunta para presentar al padre Giovanni Raúl Martínez Jiménez, antes los directivos de la institución educativa, a efecto de que los progenitores estén en condiciones de involucrarse en las actividades escolares de su menor hija, ya que la participación activa de los padres en el entorno educativo favorece una mayor autoestima en los niños y un mayor rendimiento educativo, en virtud de que son ellos son los encargados en el proceso educativo y de formación en los hijos. Asimismo, se le solicitó indicara si en el mes de diciembre existía alguna actividad escolar de la menor, e informara lugar, día y hora, sin que obre constancia alguna de que la quejosa de hubiera comunicado al Juzgado lo solicitado, no obstante haber sido notificada personalmente de ello el catorce de diciembre de dos mil veintidós y doce de enero de dos mil veintitrés. 4. El veintiséis de enero de dos mil veintitrés, el juez responsable estimó que la actora no dio contestación al requerimiento, formulado el once de enero del presente año, por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento que le fue formulado en dicho proveído, imponiéndosele una multa por la suma de $2,405.50 (dos mil cuatrocientos cinco pesos 50/100 M.N.), equivalente a veinticinco valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en su valor actual. Dicha auto constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al no existir alguna causal de inejercitabilidad invocada por las partes que amerite pronunciamiento, ni de oficio se observa su actualización es conducente emprender el estudio de fondo del asunto por el resto de los actos reclamados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Se invoca el efecto la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. En principio se indica que no se ignora que respecto de menores de edad opera la suplencia de la queja en toda su amplitud, cuando están inmiscuidos los intereses directos de una menor de como la de iniciales L.M.N., sin que sea determinante la naturaleza de los derechos familiares en controversia. Ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en la contienda susceptible de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Sin embargo contra lo pretendido por la promovente, el presente asunto versa sobre la imposición de una sanción a cargo de la madre de la quejosa, por incumplir los requerimientos de información formulados por la responsable. De ahí que, en principio, no existe algún aspecto vinculado a los derechos de la infante o su interés superior que pudiera afectarse. Por ello procede analizar el asunto bajo la perspectiva de estricto derecho. La quejosa plantea que el proveído reclamado carece de fundamentación y motivación. Es infundado el disentimiento previo, dado que de la resolución reclamada se aprecia que se citaron los artículos 174 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado, 2º y 7 del Código Familiar para el Estado de Michoacán; 712, 713, 714, 718, 719, 748 fracción V, 769, 932 fracción I y 982 del Código Familiar para el Estado, así como las consideraciones relativas a su aplicación, (en esencia, que la quejosa incumplió al requerimiento de doce de enero de dos mil veintitrés, por lo que era procedente hacer efectivo el apercibimiento relativo), por lo que no se faltó al requisito de forma a que alude la peticionaria de amparo. Así también, la parte quejosa señala que el acuerdo reclamado contraviene el convenio de catorce de junio de dos mil veintidós, al rebasar lo ahí sancionado. Se estima infundado el argumento precisado, en tanto que el requerimiento también contenido en el auto que constituye el acto reclamado, ya que no rebasa el convenio que refiere la quejosa, sino que es congruente específicamente con lo pactado en su cláusula cuarta, donde se acordó la presencia del padre de la menor en los eventos en los que se requiriera su presencia en la institución educativa a la que acude, para lo cual la madre de ésta se comprometía a presentarlo con los docentes y directivos de la institución. Por lo que si en el requerimiento de mérito se le pidió la información para poder evidenciar y, en su momento, verificar que estaba cumpliendo con lo que se comprometió, por sí, no resulta un aspecto diferente o extra a los pactados en el referido acuerdo de voluntades. Máxime que tal información es conducente a procurar que el progenitor se involucre de forma activa en las actividades escolares de la menor, lo que es acorde a su interés superior. De ahí lo infundado del argumento. En otro aspecto, se plantea como concepto de violación que la jueza responsable no observó el contenido de los artículos 276 y 1000 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, que contempla la obligación de respetar la garantía de audiencia, igualdad y debido proceso, cuando la autoridad judicial modifique o extinga alguna de las prestaciones pactadas en un convenio. Es infundada la disidencia anterior, pues del acto reclamado no se advierte que el juez natural haya realizado alguna modificación o extinción de alguna porción del acuerdo de voluntades celebrado entre las partes en el juicio de divorcio de origen. A más de que como ya se precisó anteriormente, la responsable emitió los requerimientos de información donde apercibió expresamente a la quejosa con la multa y se le notificaron previamente; con lo que respetó las formalidades para imponer la multa. Además que, como ya se dijo, tanto los requerimientos de información previos como la imposición de la multa, se dirigen a dar cabal cumplimiento a lo acordado por las partes. Por ello es ineficaz lo argüido. A más de que la jueza no estaba obligado a otorgar garantía de audiencia a la actora, previo a requerirle el cumplimiento de dicho convenio. Por otra parte, aduce el promovente del juicio de constitucional que le causa perjuicio el auto reclamado ya que en el convenio celebrado con su contrario, si bien se comprometió a presentarlo con el personal de la escuela de su hija, ello tendría lugar hasta que se suscitara una actividad que requiriera de su presencia, lo cual, dice, no ha sucedido, por lo que el requerimiento que se le formuló era ocioso, por tanto, refleja que se están dando nuevas oportunidades al padre de la menor de convivir con ella, sin motivo alguno, así como fuera del lugar y horarios que habían pactado. Es infundado el argumento previo, ya que si bien la jueza le realizó el requerimiento de mérito, en el inciso c) del mismo, se le especificó que informara si en el mes de diciembre estaba programada alguna actividad escolar de la menor, lo que implicaba que la quejosa estaba compelida a contestar, primero, si en el mes que se le especificó, habría algún evento de esa naturaleza, pudiendo hacer saber que no había alguno y, por tanto, que aún no se actualizaba la hipótesis convenida para presentar al padre de su hija con el personal de la institución educativa. Lo cual de modo alguno debía entenderse como una ampliación a los términos de convivencia entre estos últimos, pues existe ya un pacto específico que regula tal aspecto y, en todo caso, lo argüido por la quejosa parte de una mera suposición subjetiva de su parte. Incluso, el requerimiento en cuestión se vincula únicamente como el ejercicio de vigilancia de cumplimiento del convenio que correspondía al juez en protección de los derechos de la menor de mérito, y con base en las facultades que tiene para verificar el cumplimiento de lo pactado. En otro tenor, la quejosa aduce que es ilegal el auto combatido en virtud de que se asentó como nombre de la menor LIBERTAD MARTÍNEZ NEGRETE, cuando lo correcto es LIBERTAD MARTÍNES NEGRETE, es decir, cambió la última letra del primer apellido, lo que indica que se trata de una persona diversa a la hija de la quejosa. Es infundado el concepto de violación anterior, en virtud que de la prosecución del juicio natural se aprecia claramente que dicha menor de edad se encuentra plenamente identificada por las partes, quienes además son sus padres; a más de que los requerimientos de información se dieron dentro del contexto de un juicio donde es evidente que las partes conocen el nombre de los involucrados y, respecto de la quejosa, que es innegable que sabía sobre quien se refería el requerimiento de información. De tal manera que esa inconsistencia en una sola letra del primer apellido únicamente implica un simple error de escritura irrelevante, pero que de modo alguno tiene el alcance de confundir a la quejosa en relación con el requerimiento que se le formuló, sin que denuncie alguna falta de identificación del expediente en el que se estaba actuando, para suponer que estaba imposibilitada por falta de información para cumplir con la prevención de mérito. Finalmente, en relación con las medidas de protección que, dice, requieren, las quejosas por la supuesta modificación del convenio en todo caso, deberá solicitarlas ante la vía el responsable por ser de su competencia. Así, ante la ineficacia de los conceptos de violación analizados y al no existir motivo para suplir la deficiencia de la queja en favor de la menor inmiscuida en este asunto, lo conducente es negar la protección constitucional solicitada. No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos formulados por representante social adscrito, el tercero interesado y la quejosa, en virtud de que no forman parte de la litis constitucional. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Libertad Negrete Hinojosa, por sí y en representación de su menor hija de iniciales L.M.N., contra el acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.

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