Libertad Juarez Fregoso
Expediente 451/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 05/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Libertad Juarez Fregoso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron el auto dictado por este juzgado el quince de agosto del año en curso, donde se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la Agente del Ministerio Público adscrita y la parte quejosa, fueron notificados el dieciséis y dieciocho de agosto siguiente, quedando comprendido dicho lapso del dieciocho de agosto al dos de septiembre de la presente anualidad. Sentado lo anterior, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto de sobreseimiento de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE, toda vez que se sobreseyó en el juicio en que se actúa.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de donde se advierte que el veintisiete de junio de dos mil veintidós, se proveyó que de las pruebas documentales allegadas con el informe justificado del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, se desprende la participación de la autoridad licenciada Lourdes Lizárraga Lizárraga, Actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con sede en esta ciudad, y que no fue designada como responsable en el libelo constitucional; motivo por el cual se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, indicara si era su deseo llamarla a este juicio con el aludido carácter; bajo apercibimiento que de no hacerlo se continuaría el trámite con las autoridades señaladas originalmente en el escrito inicial, de lo cual quedó notificada el veintisiete de los propios mes y año, sin que fuera su voluntad señalar a la anotada autoridad, motivo por el cual en auto de diez de los corrientes se hizo efectivo el aludido apercibimiento. Ahora bien, del estado de los autos, se advierte que la promovente del amparo reclama el ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 292/2020 y sus consecuencias jurídicas, consistentes en la sentencia, remate, adjudicación, escrituración y desposesión del inmueble ubicado en Calle Rincón del Verde número 12502, colonia Lucio Valverde, código postal 82124, en esta ciudad. Luego, en el caso, a juicio de quien esto provee, y toda vez que la promovente tiene el carácter de tercera extraña por equiparación al juicio de origen, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.]." Establecido lo anterior, debe decirse que doctrinariamente se ha definido al emplazamiento como el acto procesal cuya finalidad es dar a conocer a la contraparte de quien ejerce un derecho ante el órgano jurisdiccional sobre la existencia de una demanda y la correspondiente posibilidad que tiene de contestarla. El objeto de dicho acto procesal es que las autoridades jurisdiccionales dentro de un proceso o en un procedimiento seguido en forma de juicio, cumplan con el derecho de audiencia reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que nadie puede ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que deberán ser observadas las formalidades esenciales del procedimiento. Esto es, de entre los diversos derechos de seguridad jurídica que reconoce el artículo 14 constitucional, destaca el de audiencia previa, el cual impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Por tanto, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia a favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, lo que tiene como finalidad que el gobernado conozca la existencia del procedimiento mismo y esté en aptitud de preparar su defensa; que se le otorgue la posibilidad de presentarla a través de la organización de un sistema de pruebas y que, quien estime lo contrario cuente, a su vez, con el derecho de réplica a fin de desvirtuar las afirmaciones de su parte contraria; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes; y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 1995, que a la letra dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." El derecho de audiencia debe protegerse en conjunción con el de debido proceso legal, pues si bien es cierto que un juicio se inicia precisamente con el llamamiento que se hace al demandado, también lo es que todos los actos procesales que en él se producen, incluyendo el emplazamiento, deberán llevarse a cabo en los términos establecidos en la legislación procesal que resulte aplicable, acorde al principio de seguridad jurídica (legalidad), previsto en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, en el que textualmente se establece: "[...] en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento [...]". En ese sentido, si en la especie el acto reclamado lo constituye la diligencia de emplazamiento de la aquí quejosa al juicio ejecutivo mercantil 292/2020 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, que llevó a cabo la licenciada Lourdes Lizárraga Lizárraga, fedataria adscrita a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con residencia en esta ciudad, en diligencia de uno de diciembre de dos mil veinte, cuya inexistencia alega la parte quejosa en los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo; por tanto, dicha servidora pública debió ser señalada como autoridad responsable en el sumario en que se actúa, a fin de integrar debidamente la litis en el presente juicio de amparo. Por consiguiente, si en la substanciación del presente juicio de amparo no se señaló a dicha autoridad como responsable, no obstante que se encuentra directamente vinculada a la diligencia de emplazamiento reclamada, entonces, es jurídicamente imposible examinar la constitucionalidad de la expresada diligencia, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída. Aunado a lo anterior, es necesario reiterar que en auto de veintisiete de junio de este año, se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad y sus anexos, a fin de que se impusiera de su contenido, y dentro del término de quince días, en su caso, manifestara si era su voluntad ampliar su demanda de amparo y llamar como autoridad responsable a la licenciada Lourdes Lizárraga Lizárraga, fedataria adscrita a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con residencia en esta ciudad, quien, como se dijo, llevó a cabo el emplazamiento materia de reclamo y, de ser el caso, formulara conceptos de violación al respecto; mismo que le fue notificado personalmente en la propia fecha (foja 187), por conducto de su autorizado José Ricardo Hernández Vázquez, sin que dentro del término de quince días otorgado ampliara su demanda de amparo. Así, en auto de diez de agosto pasado, se hizo efectivo el apercibimiento a la parte quejosa impuesto en acuerdo de veintisiete de junio de este año, por lo que se ordenó continuar con el trámite del presente sumario únicamente respecto de las autoridades señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda. Apoya lo expuesto, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 12/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, abril de 2014, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE RECLAME LA NOTIFICACIÓN O EL EMPLAZAMIENTO PRACTICADO POR EL ACTUARIO Y EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR A ÉSTE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL ESCRITO RELATIVO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE ACLARE DICHA OMISIÓN, ANTES DE ACORDAR SOBRE SU ADMISIÓN. Del artículo 116, en relación con los numerales 145 a 147 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que cuando de la lectura integral de la demanda relativa, el juez de distrito advierta que el acto reclamado consiste en la notificación o el emplazamiento practicado por el actuario, y no se le señale como autoridad responsable en el escrito referido, aquél deberá prevenir al quejoso para que -dentro del término de tres días- aclare si desea designarlo como tal, previamente a la admisión de la demanda, con el fin de garantizar el inicio y la conducción adecuada del proceso. Así, una vez que el promovente desahogue la prevención en la que indique si desea o no señalar como autoridad responsable al actuario ejecutor, u omita desahogar dicha prevención dentro del término referido, el juez estará en aptitud de dictar el auto de admisión, con base en la totalidad de los elementos que tenga a su alcance o, en su caso, tener o no como autoridad responsable a dicho funcionario; pero tal prevención deberá realizarse previo a la admisión de la demanda, toda vez que de los artículos 146 y 147 de referencia, no se advierte que el juzgador esté autorizado a que en el propio auto admisorio pueda prevenir para que se subsane una irregularidad como ésta." Así las cosas, la actuaria es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, por lo que si no se señaló a este con tal carácter, jurídicamente es imposible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída. En mérito de lo anterior, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VII.A.T. J/6 del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta junio de 1996, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICÓ. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." Sobreseimiento que se hace extensivo a todas las actuaciones posteriores a dicho emplazamiento reclamadas en vía de consecuencia al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, ya que la parte quejosa no las combatió por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad la hizo derivar de la que en su opinión adoleció el emplazamiento reclamado. En ese contexto, resulta ocioso esperar hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que nos ocupa y, por ende, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto de los actos que en esta vía se reclaman, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la referida audiencia de ley. Sustenta lo anterior, la tesis por contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil trece, página trescientos ochenta y siete, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
- Principal
Visto el estado de los autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintisiete de junio del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días contado legalmente, manifestara si era su voluntad ampliar su libelo constitucional respecto al señalamiento de la licenciada Lourdes Lizárraga Lizárraga, actuaria adscrito a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con sede en esta ciudad, como autoridad responsable en este juicio, y de ser el caso, manifestara el acto que le atribuía y expusiera los conceptos de violación que correspondieran, lo anterior, con motivo del informe justificado rendido por la responsable ordenadora, bajo apercibimiento que en caso contrario, se seguiría el trámite únicamente con las autoridades señaladas originalmente en el escrito inicial de demanda; acuerdo del que fue notificado de manera personal en la propia data, por conducto de su autorizado José Ricardo Hernández Vázquez, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de referencia y, por tanto, se continúa el trámite únicamente con las autoridades señaladas originalmente en el escrito inicial de demanda.
- Principal
Visto el estado de los autos, de los cuales se aprecia que aún no transcurre el término que se concedió a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de junio del año en curso, para que manifestara si es su voluntad señalar como autoridad responsable en el presente juicio a la licenciada Lourdes Lizárraga Lizárraga, actuaria adscrito a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con sede en esta ciudad; por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se DIFIERE a fin de que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.
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