Liberia López Romero
Expediente 2011/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2011/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Liberia López Romero
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio 2067, firmado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, residente en esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, deducido del recurso de queja ********************, derivado juicio de amparo ********************promovido por ********************contra el auto de veintidós de diciembre del dos mil veintidós, emitido por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo; mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria virtual de dieciséis de febrero del dos mil veintitrés, la cual en sus puntos resolutivos establece: "UNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ********************por conducto de su autorizado, ********************contra la resolución de Veintidós de diciembre de dos milo veintidós, dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el Juicio de Amparo indirecto ********************Notifíquese." Acúsese el recibo correspondiente. Hágase saber lo anterior al promovente de amparo y realícense las anotaciones en el libro respectivo. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un desechamiento. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En otro contexto, en términos del mencionado normativo legal, antepenúltimo párrafo del indicado Acuerdo General, se requiere a la parte quejosa, acuda a este órgano de control constitucional dentro del plazo de noventa días hábiles a partir de su legal notificación a recuperar los documentos originales que exhibió, apercibido que de no hacerlo se procederá a su destrucción. Notifíquese
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, mediante el cual informa admitió a trámite el recurso de queja, registrándose bajo el número 10/2023; circunstancia de lo cual queda enterado este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el que interpone recurso de queja contra el proveído de veintidós de diciembre del año en curso, dictado en los autos del juicio en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 fracción I inciso a) de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta Ciudad que es cierto el acto reclamado, y remítase el escrito de agravios y copia, así como copia certificada de todo lo actuado dentro del presente juicio. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por ******************** por propio derecho, contra actos que reclama del Notario Publico Número 2 del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 2011/2022-III, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO De la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que en el capítulo del acto reclamado, los hace consistir en: "El oficio sin fecha, dirigido a la suscrita, firmado por Juan Manuel Sepúlveda Fayad, en su carácter de Notario Público Número 2, del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, en contestación a mi escrito presentado ante esa Notaria en fecha 30 de noviembre de 2022; el cual me fue notificado en fecha 14 de diciembre de 2022, (.)." En primer término, debe decirse que la demanda de derechos, debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto, resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Luego, del análisis integral de la demanda de derechos, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, para una mejor comprensión de la determinación adoptada en el presente juicio, resulta necesario precisar de manera breve los antecedentes plasmados por la quejosa: ? La promovente del amparo y el señor ********************, contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal y procrearon a ********************; ? El quince de marzo de dos mil dieciocho, falleció el señor ********************; ? ******************** inició procedimiento sucesorio testamentario a bienes del de cujus, quien otorgó testamento público abierto a favor de ésta, nombrándola como única y universal heredera de sus bienes; ? El Notario Público Número 2, del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, otorgó escritura pública en la que declaró la validez del testamento del finado; encontrándose pendiente las restantes etapas del procedimiento sucesorio; ? El treinta de noviembre del año en curso, la quejosa ******************** solicitó por escrito al fedatario, acceso al procedimiento sucesorio testamentario, por considerar ser propietaria del cincuenta por ciento de los bienes de la sucesión; asimismo, manifestó su oposición respecto de la continuación del multicitado procedimiento sucesorio; ? En contestación a ello, el Notario manifestó encontrarse legalmente impedido para dar acceso al procedimiento aludido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 858 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, que dispone que únicamente pueden intervenir en el procedimiento testamentario aquellos que hayan sido instituidos como herederos, y en su caso, el albacea designado; y por lo que hace a la oposición de remitir las escrituras al Juzgado Civil de Pachuca de Soto, Hidalgo, el fedatario señaló que sólo puede suspender la tramitación del procedimiento, cuando exista oposición por parte de los herederos reconocidos en el testamentario o por mandato de una autoridad jurisdiccional. Actuación esta última, que constituye el acto reclamado en la demanda de amparo. Bajo este panorama, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que ese tipo de actos no es de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, los artículos 5º, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Del contenido de los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, cuando la autoridad responsable no tenga ese carácter para efectos del juicio de amparo, esto es, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, de la Constitución General de la República; y 1º, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 71/98, en relación con el concepto de autoridad para efectos de procedencia del juicio de amparo, estableció en lo conducente, lo siguiente: "(.) De lo reproducido precedentemente se desprende que la actual integración de esta Suprema Corte estima que una autoridad para efectos del amparo es la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Aunado a lo anteriormente expuesto, esta Sala estima que el concepto de autoridad responsable está dado, en primer lugar, por exclusión de los actos de particulares, tal como se expuso al principio del presente considerando. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste es improcedente contra actos de particulares, de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a que si el acto reclamado no es de particulares, el juicio será procedente. Lo expuesto anteriormente revela que debe atenderse a la clasificación que la Teoría General del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Para definir el concepto de autoridad responsable cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable (.)" Derivado de las anteriores consideraciones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la tesis número 2a. XXXVI/99, con registro digital número 194367, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, página 307, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99, precisó como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Las anteriores reflexiones, se contienen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, con registro digital 161133, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a ese criterio, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares; para lo cual, es útil atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, y supra a subordinación. En ese tenor, se dice que los actos reclamados pueden consistir en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto estricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que los órganos del Estado actúan como autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando emiten actos unilaterales a través de los cuales, con fundamento en la ley, crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Para distinguir un acto de otro, se tiene en cuenta la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir la justicia por propia mano, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, administrativo, mercantil, agrario y laboral. Este tipo de relaciones se distinguen porque las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, al estar ambas en el mismo nivel y existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se presentan en la interacción entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional a través del juicio de amparo. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si el acto sujeto de análisis en el juicio de amparo se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En el caso particular, la quejosa reclama del Notario Público Número 2, del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, la negativa de permitir el acceso al trámite sucesorio iniciado por su hija de nombre ********************; así como la negativa del fedatario de suspender la remisión de las escrituras al Juzgado Civil de Pachuca de Soto, Hidalgo, para la continuación del juicio sucesorio testamentario, por sus diversas etapas. Sin embargo, la actuación atribuida al Notario Público no es de aquellas que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en tanto que, únicamente actúa en el procedimiento testamentario como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le fueron sometidos por ********************, en su carácter de heredera del finado ********************. Por tanto, entre ******************** y el Notario Público Número 2 del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, no existe una relación de supra a subordinación, aunado a que la actividad del fedatario en el trámite sucesorio no constituye un acto unilateral, sino únicamente un acto declarativo en el que le reconoce la calidad de heredera, por lo que la intervención del fedatario no puede considerarse como acto de autoridad. De ahí que el Notario se encuentre impedido legalmente para suspender la tramitación del procedimiento sucesorio cuando una persona extraña a éste pretende formar parte del mismo, pues se insiste, no actúa con calidad de imperio, ya que no crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas, pues en todo caso, quien tiene la facultad para suspenderlo es la autoridad judicial que previno en el conocimiento del juicio sucesorio. Ilustra lo anterior, el criterio sustentado en la Contradicción de Tesis 1a./J. 99/2008 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 199, con registro digital 167897, de epígrafe y contenido: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN). Conforme a los artículos 934, 935, 936, 937 y 938 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 800, 881, 882, 883, 884 y 885 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, una vez radicada la sucesión ante el juez natural y hecha la declaratoria de herederos, cuando éstos sean mayores de edad, los menores estén debidamente representados y haya designación del albacea, podrá continuarse extrajudicialmente el trámite sucesorio ante notario público, siempre y cuando no se suscite controversia, pues en caso de haberla, el mencionado fedatario debe suspender su intervención y a costa de los interesados remitir testimonio de lo que haya practicado al juzgado que previno, para que judicialmente continúe el procedimiento, sin que los interesados puedan volver a separarse de éste. Así, el notario público actúa en dicho trámite como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que si entre éstos y aquél no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan, es evidente que su intervención no puede considerarse acto de autoridad; máxime que no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sino que sólo las hace constar. En ese sentido, se concluye que cuando un tercero que se dice extraño al trámite de una sucesión llevada ante notario público, lo reclama alegando que se le desconocieron sus derechos hereditarios, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo el aludido fedatario no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, además de que la falta de llamamiento al trámite indicado no constituye un acto definitivo sino una controversia que debe resolver el juez natural que previno en el conocimiento del juicio sucesorio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y en términos restringidos a las demás personas autorizadas en el escrito de demanda, por no contar con registro de su cédula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura Federal y a las demás personas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tal y como lo solicita el ocursante, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.
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