Lia Margarita Aguilar Flores
Expediente 1768/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1768/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Lia Margarita Aguilar Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés.********************Visto lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de la razón actuarial de quince de noviembre del año en curso, levantada por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, se advierte que por los motivos expuestos no le fue posible notificar y emplazar a la tercera interesada ********************, como está ordenado en proveído de quince de noviembre de dos mil veintitrés. ********************Al respecto, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable, de donde se advierta un diverso domicilio en el que pueda ser emplazada a juicio la citada parte tercero interesada. ********************Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1768/2023-VI-B, promovido por ********************, contra los actos que reclama de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, ********************, solicitó la suspensión definitiva contra los actos que reclama de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el quince de noviembre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y en cuaderno único el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos; se solicitó a la autoridad responsable su informe previo; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hizo consistir en: La resolución de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de cuatro de septiembre del año en curso, en el que se decretó la prescripción de la ejecución de la sentencia dictada en autos del juicio ejecutivo mercantil ********************, que promovió en contra de ********************. SEGUNDA. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe previo (********************). TERCERA. Pronunciamiento sobre la medida suspensoria. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, con fundamento en los artículos 128 y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, previamente se debe analizar la naturaleza de los actos reclamados, los cuales tienen el carácter de consumados con efectos positivos. De manera, que al tener dichos actos efectos y consecuencias, toda vez que conllevan una ejecución; es sobre éstos que procede la concesión anunciada, pero para que se conceda la medida cautelar solicitada, deben satisfacerse los requisitos de procedencia que se prevén en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: I. Que la solicite el agraviado, donde queda inmerso el concepto de demostración de la titularidad del derecho en controversia, para lo cual basta que se pruebe de manera indiciaria ese derecho, en atención a que la suspensión de los actos reclamados se equipara a una medida cautelar, cuya finalidad es preservar las cosas en el estado que se encuentran al momento de concederse. En ese sentido, se encuentra colmado este requisito en la medida en que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que es la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Lo que se corrobora con el informe previo rendido por la autoridad responsable, en el que expresamente reconoce la existencia del acto reclamado, el cual deriva del juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido por la aquí quejosa en contra de ********************. II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, también se colma este requisito en virtud de que el acto que se reclama, incide básicamente sobre intereses particulares de la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 151 de la referida Ley de Amparo, SE CONCEDE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan; hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el expediente principal del que derivan estos autos. FIJACIÓN DE GARANTÍA Dicha medida cautelar surte sus efectos desde luego, como lo dispone el numeral 136, primer párrafo, de la referida Ley de Amparo, pero toda vez que la suspensión otorgada podría ocasionar daños y perjuicios a terceros, la misma dejará de surtirlos si la parte quejosa no constituye depósito dentro del término de cinco días siguientes a aquél en que quede legalmente notificada de este proveído, por la cantidad de $********************(veintitrés mil seiscientos treinta y cuatro pesos 00/100, moneda nacional), para garantizar posibles daños y perjuicios a terceros, que con la medida cautelar concedida podrían causarse si la parte quejosa no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo respectivo; decisión que encuentra fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el monto establecido en el párrafo anterior se fijó con base en lo estipulado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que más adelante será inserta, de la que se desprende que por concepto de "daños" debe entenderse la pérdida del poder adquisitivo con relación a la cantidad liquida de la que podría disponer la parte tercero interesada, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio, lo que a criterio del Tribunal Constitucional se obtiene de multiplicar el porcentaje inflacionario correspondiente (que puede advertirse y cuantificarse mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de forma mensual) por la cantidad líquida por la que se pretenda establecer la garantía. Asimismo, el máximo Tribunal del País, estimó que por concepto de "perjuicios" debe entenderse a la pérdida de las ganancias lícitas que obtendría la parte tercero interesada de tener bajo su dominio el monto de la condena, durante el tiempo estimado para la resolución del juicio constitucional, lo que equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, la cual, a fin de evitar arbitrariedad al establecerse, deberá ser la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días, que puede constatarse en la publicación que hace el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 71/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Tomo I, Enero de 2015, con número de registro 2008219, con el rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación". Así como la diversa J/1 (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, página: 1497 y registro: 2008816, que dice: "GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN. FORMA DE CALCULARLA CON BASE EN LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, página 2288, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", en relación con la fijación del monto de la garantía para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, concluyó que para determinar el monto de los daños y perjuicios que pudieran originarse al tercero interesado con el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo, debe atenderse a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), al constituir un indicador monetario que, a diferencia del Índice Nacional de Precios al Consumidor que sólo refleja el menoscabo o depreciación del dinero, lo actualiza a valor real, ya que permite conocer tanto la pérdida promedio que acarrea para un individuo no tener bajo su dominio una determinada cantidad monetaria (daño), como el rendimiento que pudo originar la que se dejó de percibir (perjuicio), según las condiciones reales del mercado. En ese sentido, al fijar el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión, no debe cuantificarse dos veces la indicada tasa, es decir, aplicar su valor al determinar por separado tanto el monto de los daños como el de los perjuicios que pudieran ocasionarse con la medida al tercero perjudicado, pues tal duplicidad sería contraria a los argumentos dados al emitir la citada jurisprudencia, conforme a los cuales en ese indicador monetario ya se encuentran reflejados tanto unos como otros. Ahora bien, para obtener el monto de la garantía, debe atenderse, en su caso, al valor de la condena decretada en el juicio de donde emane el acto reclamado. A dicha condena debe aplicarse la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, acorde con la jurisprudencia citada, por seis meses que es probablemente el periodo en que se resuelve el juicio de amparo indirecto en lo principal. De lo anterior se tiene que una vez determinada la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio mensual a veintiocho días que publica el Banco de México, ésta debe anualizarse, esto es, dicha tasa debe dividirse entre doce meses para obtener cuál es su monto mensual. El porcentaje que se obtenga debe multiplicarse por seis meses y ése será el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión". En ese tenor, la cantidad fijada en este proveído, consistente en $********************(veintitrés mil seiscientos treinta y cuatro pesos 00/100, moneda nacional), se obtuvo de la operación aritmética siguiente: Se multiplicó la cantidad de $********************(trescientos mil pesos 00/100, Moneda Nacional), relativa a la suerte principal condenada en el juicio de origen, de conformidad con lo manifestado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, por la tasa de inflación mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (0.355%), la cual se obtuvo de dividir la tasa anual (4.26%) entre doce. Lo anterior, produce como resultado la cantidad de $1,065.00 (mil sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) mensual; misma que al multiplicarse por seis (número de meses que se estima podría durar el juicio), se obtiene la suma de $********************(seis mil trescientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), para garantizar los daños. Cabe señalar que el porcentaje inflacionario nacional es publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su página electrónica http://www.inegi.org.mx. Ahora bien, a fin de obtener la garantía relativa a los perjuicios, es necesario atender a la correspondiente Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días (11.5070%) entre doce (para obtener el porcentaje mensual), lo que produce 0.958%, que multiplicado por la suerte principal a la que se condenó a la ahora tercero interesada en el juicio ejecutivo mercantil de origen, es decir $********************(trescientos mil pesos 00/100, moneda nacional), arroja como resultado $********************(dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), lo que equivale a la cantidad mensual, la cual se multiplica por seis (número de meses que se estima podría durar el juicio), obteniéndose ********************(diecisiete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), para garantizar los perjuicios que podrían causarse con la aludida concesión de la medida cautelar, ya que ocasionaría la privación de las ganancias lícitas que obtendría la parte actora de tener bajo su dominio la cantidad total reclamada. Es menester precisar que el TIIE referido, se obtuvo de la página electrónica del Banco de México: http://www.banxico.org.mx. Luego, sumando la cantidad obtenida por los daños $********************(seis mil trescientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), más aquella relativa a los perjuicios ********************(diecisiete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), es que se obtiene la cantidad total de $********************(veintitrés mil seiscientos treinta y cuatro pesos 00/100, moneda nacional), inicialmente señalada. Garantía que deberá depositar en efectivo y a disposición de este Juzgado de Distrito, en la sucursal del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, de esta ciudad o en cualquiera de las formas establecidas en la ley que rija el acto reclamado. En el supuesto de que exhiba la garantía mediante billete de depósito, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, deberá ser a disposición de este Juzgado y contener la leyenda siguiente: "otorgo autorización al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para que solicite y reciba de la institución crediticia la información pertinente". Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince. Si se exhibe póliza de fianza, deberá ser a disposición de este Juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme al precepto 126 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la compañía respectiva deberá comprometerse a sujetarse al trámite previsto en los numerales 279 a 282 del último ordenamiento para, en su caso, hacerla efectiva. Lo anterior, de conformidad con la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 15/2006, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del diecisiete de febrero de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, correspondiente al mes de marzo de dos mil seis, publicada en la página 419, localizable con número de registro 175421, con el texto y rubro siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR NO DEBE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA QUE EL QUEJOSO HABRÁ DE EXHIBIR PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS, SALVO LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. De lo previsto por los artículos 125, 126, 127, 128, 173 y 174 de la citada Ley, se advierte que el Juez de Distrito o la autoridad que conoce del juicio de garantías o de la suspensión no están facultados para determinar la naturaleza de la garantía o caución que deba presentar el quejoso para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, por lo que basta determinen su monto para que se exhiba en cualquiera de las formas establecidas por la ley, salvo lo que establece el artículo 135 del mismo ordenamiento legal, respecto del cobro de contribuciones." En la inteligencia de que este órgano jurisdiccional no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones por la suma depositada, pues no genera intereses la garantía exhibida para que surta sus efectos la suspensión, como así deberá asentarse en el billete de referencia. Asimismo, dicho billete o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: Nombre del quejoso (depositante). Número de expediente dentro del que se gestiona la garantía. Juzgado ante el que se otorga la garantía. Concepto para el cual se exhibe la garantía. Importe por el cual se expidió el certificado o póliza para otorgar la garantía, y Fecha de expedición del certificado o póliza de garantía. Ahora bien, toda vez que se le otorgó la suspensión definitiva a la parte quejosa, notifíquese personalmente la presente resolución a la parte tercero interesada, para los efectos legales conducentes, tal y como lo establece la jurisprudencia número P./J. 143/2000, visible en la página 23, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión." Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se CONCEDE a ********************, la suspensión definitiva que solicitó contra el acto que atribuyó a la autoridad responsable Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el tercer considerando. Notifíquese personalmente a la tercera interesada, y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos incidentales para los efectos legales correspondientes, el informe previo presentado por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia incidental relativa. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. ********************Vista la demanda de amparo de cuenta, se tiene a ******************** solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en:********************ACTO RECLAMADO********************Según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, como facultad exclusiva del juzgador federal, reclama esencialmente lo siguiente:********************La resolución de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de cuatro de septiembre del año en curso, en el que se decretó la prescripción de la ejecución de la sentencia dictada en autos del juicio ejecutivo mercantil ********************que promovió en contra de ********************.********************FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO********************Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1768/2023-VI-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado.********************ADMISIÓN DE LA DEMANDA********************Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de referencia como en derecho procede.********************INCIDENTE DE SUSPENSIÓN********************Con copia autorizada del presente proveído, así como copia simple de la demanda de amparo fórmese el incidente de suspensión que se solicita, el cual se deberá integrar sin el duplicado, en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo.********************AUDIENCIA CONSTITUCIONAL********************Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las ONCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.********************En la cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la parte quejosa sólo podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos previstos en el citado numeral de la referida legislación. Sin menoscabo que, de considerarlo necesario, las partes puedan hacer valer sus alegatos por escrito o vía electrónica. ********************Y de ser necesario el desahogo de pruebas que requieran la presencia de las partes en el órgano jurisdiccional, atendiendo al esquema de trabajo señalado en la sección tercera, artículos 251, fracciones c), f) y g), 254 y 257, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se procurará hacerlo mediante el uso de herramientas tecnológicas como la videoconferencia, sin perjuicio, que de ser estrictamente necesario se podrán llevar a cabo en el recinto judicial siguiendo los lineamientos que al efecto prevé el citado Acuerdo General. ********************INFORME JUSTIFICADO********************Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley.********************Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia; equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional).********************Mandamiento que deberá cumplir la autoridad responsable:********************De ser CIERTO el acto.- A través de la vía ordinaria, entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva, adjuntando, en su caso, las constancias con las que apoyen el sentido de su informe. ********************Únicamente de ser NEGATIVO el acto.- Podrá enviarse vía electrónica a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (con su firma electrónica FIREL); y,********************En caso de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitirlo vía interconexión.********************INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO********************Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia de la demanda.********************EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE TERCERO INTERESADA********************De conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de parte tercero interesada a ****************************************En consecuencia, emplácesele al presente juicio, en el domicilio señalado en el escrito de demanda para tal efecto, entregándole copia autorizada del presente acuerdo, así como copia simple de la demanda de amparo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio si así le conviniere.********************Exhortando a la parte tercero interesada a continuar el presente juicio, a través del esquema de "juicio en línea", en la forma y condiciones que en este acuerdo se señalan, a fin de poder continuar en todo momento con la tramitación del presente juicio.********************CONOCIMIENTO DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA********************Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo.********************Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos, 20/100 M.N).********************JUSTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS SIN NECESIDAD DE GIRAR OFICIO********************Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio.********************Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes.********************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: ********************"NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."****************************************DOMICILIO Y AUTORIZADOS. ********************Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en la demanda de amparo y como su autorizado a ********************, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo.********************Mientras que a ********************y ********************, en términos restringidos del aludido numeral, tal como lo señala en su demanda.********************EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA********************Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.********************DERECHO A LA OPOSICIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES (PRIVACIDAD E INTIMIDAD DE LAS PARTES). ********************En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos.********************Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos.********************Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados.******************** De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley.********************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES********************Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales.********************FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO********************Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.********************SOLICITUD DE COPIAS********************Por otra parte, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo.********************DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA********************Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten.********************Notifíquese, haciéndolo personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, parte tercero interesada; y cúmplase.********************Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
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