Leyton Alaim Keb Canche

Expediente 1033/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1033/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/05/2022

Partes del expediente

  • Leyton Alaim Keb Canche

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio de la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial", del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, con el que, esencialmente, informa que las piezas postales relativas a los oficios 1564 y 2404, que le fueran solicitadas mediante proveído de veintidós de abril de los corrientes, fueron entregadas a la actuaria adscrita a este Juzgado de Distrito, el once y veintidós de abril del año en curso, respectivamente. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, se advierte que hasta la presente fecha las autoridades responsables foráneas 1. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CIUDAD DE MÉXICO. No han rendido sus informes previos, ni obran en autos las tarjetas de acuse de recibo correspondientes a los oficios por los que se les solicitaron. Por tal motivo, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la referida audiencia y se señalan las ONCE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nuevas fecha y hora para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que los domicilios de dichas autoridades se ubican fuera de la residencia de este juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 351/2022-VI-A, promovido por Jorge Gustavo Solís Rosado. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda de remitida a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, y turnada, al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Circuito, compareció Jorge Gustavo Solís Rosado a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del Juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda en vía de amparo directo. Mediante acuerdos catorce de junio y veinte de octubre de dos mil veintiuno, el citado Tribunal Colegiado radicó la demanda de referencia, que quedó registrada con el número de amparo directo 360/2021; y, previo cumplimiento de una prevención, la admitió a trámite; respectivamente. TERCERO. Declaratoria de incompetencia. En sentencia de veinte de enero de dos mil veintidós, por unanimidad de votos, los Magistrados del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Circuito, resolvieron que dicho órgano carecía de competencia para conocer del juicio de amparo promovido por Jorge Gustavo Solís Rosado; motivo por el cual, ordenaron remitir la demanda y anexos a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta entidad, para que la turnaran al Juez de Distrito en el Estado de Yucatán que correspondiera, al resolver que era la autoridad competente para su conocimiento; que por razón de turno, tocó a este Juzgado Segundo de Distrito. CUARTO. Avocamiento del conocimiento de la demanda y admisión. Por acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del asunto y, mediante diverso de veintiocho de febrero de este año, admitió a trámite la demanda de amparo, la que quedó registrada con el número 351/2022-VI-A; de igual forma, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y, entre otras cosas, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. Así mismo, se ordenó emplazar a juicio a la autoridad tercera interesada Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida; lo que se realizó en sus términos, como se advierte de la boleta de acuse de recibo que obra agregada a foja 126. QUINTO. Celebración de la audiencia. Seguido el juicio por su secuela procedimental, el doce de abril de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en el presente asunto; como consta del acta glosada en autos. C O N S I D E R A C I O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación; en razón de que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y tiene ejecución en dicha localidad; donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro P./J. 40/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese orden, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La sentencia de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictada en autos del recurso de revisión 49/2020. TERCERO. Existencia del acto. Es cierto el acto que se reclama del Juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, con residencia en esta ciudad, pues así lo confirmó en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias del expediente 49/2020, que el referido Juez remitió como justificación de su informe y que obran al resguardo de la Secretaría como cuaderno de antecedentes; las que tienen valor probatorio pleno por ser documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo; aunado a que no fueron objetadas por las partes. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia; por lo que procede el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los que se tienen por reproducidos, ya que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Por aplicable, la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, motivo por el cual, deberá negársele el amparo y protección que solicita. En principio, como antecedentes del recurso de revisión 49/2020, cabe destacar que del contenido de las constancias que remitió el Juez responsable, se advierte lo siguiente: Sentencia de veinte de octubre de dos mil veinte, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el aquí quejoso Jorge Gustavo Solís Rosado, contra la determinación de diez de diciembre de dos mil diecinueve en la que se negó el trámite 0000166798; cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: "PRIMERO.- Es procedente el Recurso de Reconsideración pero Infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por el C. JORGE GUSTAVO SOLÍS ROSADO en contra del acto reclamado consistente en la negativa de Factibilidad de Uso de Suelo para el predio de la calle 25, # 145 x 34 y 36, de la colonia México, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, perteneciente al número de trámite 0000166798, formado en el Departamento de Factibilidades de Usos y Destinos del Suelo de la Subdirección de Nuevos Desarrollos de esta Dirección de Desarrollo Urbano. SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 179, fracción V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, se CONFIRMA totalmente el acto reclamado consistente en la negativa de Factibilidad de Uso de Suelo para el predio de la calle 25, # 145 x 34 y 36, de la colonia México, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, en el cual se pretende establecer el uso de Sala (SIC) de ESCUELA PRIMARIA. TERCERO.- Se hace saber al C. JORGE GUSTAVO SOLÍS ROSADO, que la presente resolución es recurrible mediante el Recurso de Revisión previsto en los artículos 179 y 182 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, mismo que deberá interponer ante la autoridad competente dentro de los diez días hábiles siguientes al día en que surta sus efectos la notificación que se le haga de esta resolución. ." (fojas 16 a 35, del anexo). Inconforme con tal determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Ayuntamiento de Mérida, el que se admitió a trámite por auto de ocho de enero de dos mil veintiuno, con el número de expediente 49/2020 (fojas 37 y 38, del anexo). Sentencia de doce de mayo de dos mil veintiuno, que resolvió el referido recurso de revisión interpuesto contra la resolución de veinte de octubre de dos mil veinte; cuyos puntos resolutivos fueron: "I. La parte actora no probó su pretensión; en consecuencia, II. Con fundamento en el artículo 70, fracción I, del Reglamento de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, se reconoce la validez de la resolución impugnada. III. Notifíquese esta sentencia." (fojas 138 a 143, del anexo). Esta última resolución constituye el acto reclamado. Ahora bien, esencialmente, como conceptos de violación el quejoso refiere que la resolución impugnada es violatoria de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal, entre ellos, los de legalidad y seguridad jurídica; por cuanto la responsable no desaplicó el Anexo N-02 Tabla de usos destinos y giros según Nivel de Impacto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida, no obstante le argumentara que dicho instrumento urbanístico era discriminatorio y daba tratos desiguales a iguales, toda vez que éste sí permitía la instalación, operación o funcionamiento de una escuela preescolar en una zona 1 (consolidación urbana), pero no, una escuela primaria, por considerar a la primera como de bajo impacto y a la segunda de mediano impacto. Lo que la quejosa estima ilegal, pues si bien su predio se ubica en una zona 1, le destacó a la responsable que la educación primaria, al igual que la preescolar, forman parte de la educación inicial; por lo que al ser giros similares, de impartición de educación, cuya única variante es la edad de los menores, dicha norma daba tratos diferenciados a iguales; razón por la cual, alega que la responsable debió realizar un ejercicio de control difuso de constitucionalidad e inaplicar el referido anexo que motivó, en primeras instancias, la negativa de factibilidad de uso de suelo; a fin de que se le permita instalar una escuela primaria en el predio número ciento cuarenta y cinco, de la calle veinticinco, por treinta y cuatro y treinta y seis, de la Colonia México, de esta ciudad, a pesar de que la referida normativa lo prohíba; lo que refiere no realizó la responsable. Motivos de inconformidad que devienen infundados; para arribar a lo anterior, es necesario hacer ciertas acotaciones respecto al tema de control difuso, cuya omisión de ejercer se reclama; motivo por el cual, se cita el artículo 1° Constitucional que se aduce transgredido. "Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." De la interpretación del citado precepto constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que todos los jueces del país están facultados para no aplicar normas inferiores, cuando contravengan las contenidas en la Carta Magna y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Lo que denominó control ex officio, definido por el Alto Tribunal al resolver el expediente Varios 912/2010 y que quedó plasmado en la tesis P. LXVII/2011(9a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Constitucional, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, página 535; con Registro digital: 160589; del rubro y texto siguientes: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia." De la que se colige que tras la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, el Tribunal Pleno realizó una interpretación del reformado artículo 1° y el diverso 133, ambos de la Constitución Federal, y concluyó que los jueces están obligados a preferir los derechos humanos previstos en la Constitución y en tratados internacionales sobre esa materia, respecto de cualquier disposición contenida en una norma inferior que los contravenga. Así, de encontrarse en ese supuesto, los jueces ordinarios quedan facultados para no aplicar la norma inferior y preferir lo previsto en la Constitución y tratados internacionales; lo que se conoce como control difuso de constitucionalidad y convencionalidad; respecto del cual, conforme al citado criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido: Que los jueces nacionales, al resolver los asuntos sometidos a su competencia, deben atender, primeramente, los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, empleando el método de interpretación que prevé el segundo párrafo del artículo 1° Constitucional. En el entendido que, de existir criterios discrepantes entre la Carta Magna y los tratados internacionales, debe estarse a lo establecido en la Norma Fundante, como prevé el primer párrafo de su artículo primero. De igual forma, que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, están obligadas a velar, no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución, sino también por los derechos humanos previstos en los ordenamientos internacionales firmados por el Estado mexicano; por lo que deben realizar la interpretación más favorable del derecho humano (principio pro persona), sin soslayar las limitaciones y restricciones a los derechos humanos que prevé la propia Carta Magna. También, ha señalado que si bien los jueces del orden común no pueden hacer una declaración general sobre invalidez o expulsar del ordenamiento jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 Constitucionales), sí pueden dejar de aplicar esas normas inferiores, prefiriendo lo contenido en la Constitución y tratados internacionales en esta materia. Así, el control de constitucionalidad que antes se concentraba en los órganos del Poder Judicial de la Federación, se hizo extensivo y constriñe a todas las autoridades jurisdiccionales del país, que verifiquen si las leyes inferiores a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos respetan, protegen y garantizan las prerrogativas de las personas; y, de no ser el caso, se abstengan de aplicarlas. Apoya las consideraciones anteriores, la tesis P. LXIX/2011(9a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Constitucional, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, página 552, con Registro digital: 160525, que establece: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte." Expuesto lo anterior, se destaca que la diferencia toral entre ambos medios de control (concentrado y difuso) radica, esencialmente, en que en el juicio de amparo es decisión del quejoso que el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la norma forme parte de la Litis, al plantearlo expresamente en su demanda; mientras que en el control difuso, tal tema no integra la Litis, pues éste se limita a cuestiones de legalidad; sin embargo, el juez ordinario está facultado para desaplicar la norma que a su criterio no resulte acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En el caso, la autoridad responsable, por su naturaleza ordinaria, está imposibilitada para realizar un control concentrado de constitucionalidad, ya que, como se vio, dicho estudio sólo compete a los órganos del Poder Judicial Federal, del cual, no forma parte; no obstante, conforme a la reforma constitucional y a las interpretaciones del Alto Tribunal antes destacadas, sí está dentro de sus facultades realizar un control difuso de constitucionalidad o convencionalidad y dejar de aplicar una norma inferior cuando sea contraria a una contenida en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Control que el quejoso alega no realizó la autoridad responsable; sin embargo, contrario a lo aducido por el accionante, del contenido de la resolución impugnada se advierte que el Juez responsable sí se pronunció respecto al control difuso de constitucionalidad que el quejoso refiere se omitió; ya que, primeramente, precisó que el actor solicitó expresamente que se inaplicara el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, específicamente el Anexo N-02, Tabla de Usos Destinos y Giros según Nivel de Impacto, bajo el argumento que dicha herramienta urbanística establecía que las escuelas primarias son clasificadas como servicios de mediano impacto y las de preescolar de bajo impacto; lo que a su juicio era discriminatorio. Acto posterior, resolvió que no advertía violación de derechos humanos o la existencia de un fenómeno de discriminación indirecto derivado del referido anexo del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, respecto a la clasificación de las escuelas preescolares como de bajo impacto y las primarias de mediano impacto; y precisó que no existían motivos para inaplicar dicha normativa. De modo que, contrario a lo que aduce la parte quejosa, la autoridad responsable sí se pronunció respecto a sus argumentos tendientes a dejar de aplicar la normativa que refirió vulneraba sus derechos, ya que destacó que el aquí quejoso hizo tal solicitud y resolvió que no advirtió violación de derechos humanos o fenómeno de discriminación que ameritara dejar de aplicar el referido Anexo N-02, Tabla de Usos Destinos y Giros según Nivel de Impacto; lo que resulta suficiente para evidenciar que el Juez de conocimiento realizó el control difuso de constitucionalidad o convencionalidad y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de las sentencias; y por ende, dio cabal respuesta a la petición expresa del quejoso. Lo anterior, ya que, como ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este supuesto, no es necesario que el Juez desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido de constitucionalidad, dado que es una autoridad que dirime cuestiones de legalidad y el control difuso no forma parte de su Litis natural; por lo que obligar al juzgador a hacerlo convertiría dicho control difuso en concentrado, cuya competencia originaria tienen los órganos del Poder Judicial de la Federación. Lo que encuentra sustento, en los criterios sostenidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en la jurisprudencia 2a./J. 16/2014 (10a.), de la Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 984, con Registro digital: 2006186; del rubro y texto siguientes: "CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 4/2016 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 430, con Registro digital: 2010954; que dispone: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO. La autoridad judicial, para ejercer el control ex officio en los términos establecidos en el expediente Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control, es decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. De este modo, cuando una norma no genera sospechas de invalidez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. Lo anterior es así, porque como se señaló en el citado expediente Varios, las normas no pierden su presunción de constitucionalidad sino hasta que el resultado del control así lo refleje, lo que implica que las normas que son controladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad mediante la interpretación conforme en sentido amplio, o en sentido estricto." De ahí que resulte infundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, de que la autoridad responsable no analizó sus argumentos, tendientes a que el Anexo N-02, Tabla de Usos Destinos y Giros según Nivel de Impacto era una norma discriminatoria y que daba trato desigual a iguales, y por ende, no debía aplicarse; pues, como se evidenció, sí se le dio respuesta a sus planteamientos, y además, ésta cumple con los extremos exigidos en la citada jurisprudencia 2a./J. 16/2014 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal. De igual forma, cabe precisar que si bien este Juzgado de Distrito está facultado para realizar un control concentrado de constitucionalidad respecto de normas generales; esto es posible cuando la parte quejosa cumple cabalmente con su carga procesal de reclamar de manera destacada, la norma o normas respecto de las cuales pretende evidenciar su incompatibilidad constitucional, así como señalar como responsables, a los titulares del órgano estatal a los que la ley encomiende su aprobación y promulgación; de conformidad con el artículo 108, fracción III y IV, de la Ley de Amparo. Lo que no realizó el quejoso en el presente asunto, ya que fue omiso en señalar como acto reclamado destacado, el Anexo N-02, Tabla de Usos Destinos y Giros según Nivel de Impacto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida, que tilda de discriminatorio e inconstitucional; así como las autoridades que intervinieron en su aprobación y promulgación. Ante tales circunstancias, no es factible para este Juzgado de Distrito ejercer el control concentrado de constitucionalidad, respecto de una disposición normativa que no fue expresamente reclamada por la parte quejosa en su demanda de amparo. De ahí que, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, lo que legalmente procede es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste de oponerse a la publicación de sus datos personales. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde con lo establecido por los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Jorge Gustavo Solís Rosado, contra el acto que reclamó del Juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, con residencia en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto: Como se ordenó en el expediente principal, se da cuenta en estos autos con la copia autorizada del acuerdo dictado en esta fecha, mediante el cual se decretó que causó estado el auto de seis de abril de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó en el juicio constitucional fuera de audiencia y se ordenó el archivo del mismo, como asunto total y definitivamente concluido. En consecuencia, se ordena dejar sin efecto todas las providencias dictadas en este cuaderno de suspensión, así como la audiencia incidental señalada para las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se ordena agregar el oficio firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, residente en esta ciudad; así como los anexos que adjuntó. Del oficio de mérito, se advierte que el Tribunal responsable dictó un acuerdo el seis de abril de dos mil veintidós, en el expediente laboral 11/2007; en el cual, tuvo por recibido el oficio del representante del Gobernador de esta entidad, con el cual acreditó haber dado contestación a la solicitud que le formuló el Presidente y Secretaria Municipal, del Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán; y lo puso a la vista de las partes. Al respecto, cabe destacar que mediante auto de once de abril de este año se requirió al Tribunal responsable, a efecto de que requiera y aperciba al Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán, para que realice las adecuaciones correspondientes a su Presupuesto de egresos, a fin de pagarle a la actora ******************** ********************lo laudado a su favor; y también para que remita las constancias de notificación, de las que se acredite que hizo del conocimiento de las autoridades de Tixkokob, Yucatán, el acuerdo que para tal efecto dicte. Por tanto, toda vez que aún se encuentra transcurriendo el término que se concedió al Tribunal responsable para que haga lo anterior, dese nueva cuenta al fenecer su término, o bien con la promoción con la que dé cumplimiento al requerimiento de mérito. Notifíquese y cúmplase.

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