Leyslee Paola Castañeda Orihuela

Expediente 110/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
110/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
10/09/2018

Partes del expediente

  • Leyslee Paola Castañeda Orihuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el precepto 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución dictada el diecisiete de agosto actual (fojas 114 a 118), misma que sobreseyó en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, por disposición expresa en su precepto 2°, se declara que la misma ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley en cita, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se concluye que el presente expediente es destruible en la forma y términos indicados en el propio Acuerdo General. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual la quejosa ********************, solicita se le tenga ampliando su demanda de amparo, ello en atención a la vista otorgada el tres de julio actual. Ahora, del análisis integral de la ampliación de que se trata, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del artículo transcrito se observa que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable, consiste en tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En esas condiciones, debe decirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, Fracción I y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, mismos que en orden jerárquico, al efecto estatuyen: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ".II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Luego, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, menester resulta precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el Órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los Órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil ochenta y nueve, Tomo XXXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Además de lo anterior, con relación a lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes que dentro de sus facultades se encuentra la del imperio, es decir de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular y de una manera imperativa. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación tomo tres, segunda parte, página trece, materia común que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". En el caso, y por las razones que se expondrán a continuación, la autoridad señalada en la ampliación de demanda, no se encuentra en un plano de supra subordinación respecto de la quejosa, de donde se colige que no tiene el carácter de responsable para efectos del juicio de garantías. En efecto, se tiene que la peticionaria de garantías señaló como autoridad responsable y acto reclamado, en su libelo constitucional de cuenta, lo siguiente: "III.- Autoridad responsable, lo son; -El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social. IV.- Acto reclamado. El ilegal despido a mi relación laboral de mi contrato de Servicios Profesionales por Honorarios que me unía con la Secretaria de Desarrollo Social". Luego, del informe justificado que obra en autos (fojas 50 a 51), se advierte lo que a continuación se transcribe: "No es cierto el acto reclamado por la quejosa, toda vez que con fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, fue emitida la resolución administrativa, del expediente ********************, expedientillo ********************, relativo a la C. ********************, la cual fue notificada en esa misma fecha por rotulón. Al respecto, se hace del conocimiento de ese H Juzgado, que en la resolución de treinta de mayo de dos mil dieciocho, se determinó lo siguiente: "... PRIMERO. Quede debidamente acreditado que la C. LEYSLEE ********************, es administrativamente responsable de la irregularidad que le fue atribuida en el desempeño de sus funciones como Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios, adscrita a la Delegación Federal de la Secretaria de Desarrollo Social en el Estado de Nayarit; de conformidad con los razonamientos vertidos en los Considerandos IV, V, VI, VII y VIII de la presente Resolución, por el incumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo 8, fracción I y III de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13, fracción II de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos; en atención al principio de proporcionalidad que debe imperar en la imposición de sanciones; y como resultado de la valoración de los elementos que establece el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos, para individualizar la sanción correspondiente se determina imponer a la C. LEYSLEE ********************, la sanción administrativa consistente en la SUSPENSIÓN DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN POR UN PERIODO DE SEIS MESES, conforme a los términos precisados en el Considerando IX." Así, de lo transcrito con antelación, se destaca que lo que impugna la agraviada, en esta vía constitucional es el despido laboral de su contrato de servicios profesionales por honorarios, derivado de la resolución de treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el procedimiento administrativo ********************, expedientillo ********************. De lo anterior, se evidencia que los actos reclamados, no encuadran en actos de autoridad para efectos del amparo, pues emanan de una relación que estableció la accionante del amparo y su patrón; por tanto, es inconcuso que tal actuación no se encuentra revestida de imperio frente al particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad e imperatividad propias de un acto de autoridad porque al ejecutarlo, no se apoya en la ley, sino en la relación contractual de la quejosa; por tanto, cualquier controversia que se suscite con motivo de esa relación contractual no entraña una violación de derechos fundamentales. De ahí que, lo relacionado es una cuestión contractual que tendrá que dilucidarla ante los tribunales de instancia competentes, por lo que el origen de dicha controversia, no da competencia a los Tribunales de la Federación, para conocer de un juicio de amparo por la suspensión de su empleo, cargo o comisión por un periodo de seis meses de que se duele y en todo caso, debe hacer valer su pretensión ante el Órgano Jurisdiccional Competente, ya que se insiste, la relación que tiene la quejosa, con el referido ente, cuya nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que en la especie, el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre los Poderes de la Unión y el Gobierno, con sus trabajadores, tratándose de prestaciones laborales, corresponden al ámbito competencial del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XII del artículo 123, Apartado B, de la Constitución General de la República. En tales condiciones, al no constituir lo reclamado, actos de autoridad para efectos del amparo y no resentir una afectación en su esfera jurídica, dado que su naturaleza y origen versa acerca de una relación contractual, el cual en el presente caso, no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, al tratarse de una relación contractual, es decir, entre particulares, por lo cual el juicio constitucional no es procedente en los términos a que se contraen los artículos 103, fracción I, constitucional, 1o., fracción I, 5o., fracción II de la Ley de Amparo vigente. Así como el criterio Jurisprudencial I.6o.T. J/28 (10a.), emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a página mil novecientos cincuenta y seis, Décima Época, Materia Común, Libro 29, Abril de dos mil dieciséis, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación.". En las relatadas condiciones, de conformidad con el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, Fracción I y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, la acción de amparo, intentada por ********************, en contra del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social, es notoriamente improcedente; en consecuencia, se impone DESECHAR DE PLANO LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA, por su manifiesta e indudable improcedencia.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos se aprecia que mediante proveído de tres de julio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con las documentales exhibidas por la autoridad responsable Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de quince días, siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara lo que a su interés legal conviniera y en su caso precisara si ampliaba su demanda respecto al contenido de dicha contestación; sin embargo, a la fecha en que se actúa no se ha efectuado la notificación correspondiente, para efecto de determinar el plazo a transcurrir. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Finalmente, se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por el Administrador Postal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se encuentra realizando las gestiones pertinentes a efecto de remitir a este juzgado el acuse de recibo del oficio 17344/2018 de dos de mayo de dos mil dieciocho que le fue requerido mediante proveído de siete de junio del año en curo; sin embargo, agréguese el oficio de cuenta para los efectos a que haya lugar, toda vez que el acuse de referencia ya obra agregado en autos.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos con vista a las partes, el informe justificado signado por la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, con sede en la Ciudad de México. Asimismo, de conformidad con el arábigo 75 de la Ley de la Materia, se tiene por recibido el legajo certificado remitido por la autoridad en comento, el cual se agregar a los presentes autos. Luego, visto el contenido del informe de cuenta, se advierte que la responsable emitió resolución en el expediente P.A. 0141.2016, lo cual, reclamó la promovente del amparo en su escrito de demanda. Luego, con sustento en los artículos 17, 111 y 117 último párrafo de la Ley de Amparo, con el líbelo exhibido por el ente en cita y las constancias que acompañó, dése vista a la demandante del amparo y córrase traslado con los mismos, a fin de que dentro del término de QUINCE DÍAS, siguientes al en que surta sus efectos la notificación respectiva, manifieste lo que a su interés legal convenga y en su caso, precise si amplía su demanda respecto al contenido de dicha contestación; en la inteligencia que deberá cumplir con lo establecido en el dispositivo 108 de la Ley en comento, apercibida que en caso de omisión dentro del término precisado, no se tendrá como reclamado el referido acto y se resolverá el presente juicio de garantías, tal como fue planteado, ello ante la probable actualización de una causa de sobreseimiento o motivo de improcedencia. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página seiscientos cinco, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "..." Asimismo, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia VI.1o.A. J/48, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible a página mil setecientos veintiocho, Tomo XXIX, abril de dos mil nueve, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "..." Finalmente, sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis I.3o.P.15 P (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página dos mil doscientos cuarenta y cuatro, Libro 3, febrero de dos mil catorce, Tomo III, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN MATERIA PENAL. SI SE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO, POR ADVERTIRSE LA EXISTENCIA DE UN ACTO DISTINTO AL RECLAMADO EN LA DEMANDA PERO QUE GUARDA ESTRECHA RELACIÓN CON ÉL, AQUÉLLA DEBE REALIZARSE EN EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS. La ampliación de la demanda de amparo es una institución procesal reconocida en el artículo 111 de la ley de la materia, cuya materialización en el trámite del juicio ya iniciado, en principio, debe ceñirse a la oportunidad para controvertir el nuevo acto que guarda estrecha relación con el originalmente reclamado en la demanda, de manera que si bien habrá de atenderse a los plazos y excepciones determinados en su artículo 17, adicionalmente debe limitarse a que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Por ende, cuando con motivo del informe justificado rendido por alguna de las autoridades responsables se advierta la existencia de un acto distinto al reclamado en la demanda, pero que guarda estrecha relación con él, al margen de la formalidad y trámite específicos, que en torno a los actos materialmente administrativos establece el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para efecto de la ampliación de la demanda en materia penal, con la finalidad de materializar el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, y con apego a las reglas fundamentales que norman el procedimiento, es menester dar vista al quejoso con dicho informe, y precisarse que el derecho a ampliar la demanda es por el plazo genérico de quince días y no por uno menor o mayor, lo anterior con independencia de que en razón a la naturaleza del acto novedoso sea legalmente posible ejercer la acción de amparo en un plazo mayor o incluso en cualquier tiempo, pues ante tal circunstancia el quejoso estará en la opción de ejercer ese derecho de ampliar la demanda, o bien, de presentar una nueva e iniciar un procedimiento de amparo diverso.

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