Leyla Soraya Camarillo Blancarte y Otros.
Expediente 656/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Leyla Soraya Camarillo Blancarte y Otros.
Actuaciones
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Visto que transcurrió el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del seis de octubre del año que transcurre, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que se desechó la demanda. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida conjuntamente por ************************, quien se ostenta como asesor jurídico de la ofendida *********************, y de la víctima menor de edad de iniciales **********************, y la ofendida por derecho propio y en representación de su menor hija, contra actos del Presidente de la República y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 656/2020-I. En el presente asunto los actos reclamados son: La omisión legislativa de reformar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, La inconstitucionalidad del citado precepto con motivo de su primer acto de aplicación en la audiencia inicial del trece de septiembre de dos mil veinte, donde resuelve la autoridad judicial responsable prisión preventiva justificada al tercero interesado ******************* y no la oficiosa, como medida cautelar en el proceso penal ********************, seguido por el delito de abuso sexual. Respecto del primer acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción II, de la Constitución Federal y 73 de la Ley de Amparo, estos dos últimos, establecen que la sentencia de amparo únicamente podrá ocuparse de individuos particulares, limitándose a ampararlos en el caso en concreto, sin que haya lugar a realizar una declaración general respecto de la ley o acto que la motive. Lo anterior, impide que una hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio a la parte quejosa, dado que no puede obligarse a las autoridades responsables a reparar esa omisión, es decir, a realizar actos legislativos, dando efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley de carácter general, abstracto y permanente, la que vincularía no sólo a la parte quejosa y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada. De ahí que este juicio resulte improcedente respecto de la omisión legislativa y normativa reclamadas; pensar lo contrario implicaría, de ser el caso, conceder el amparo de la Justicia Federal, tendría efectos generales, lo que es contrario al principio de relatividad de las sentencias del juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable la tesis P. CLXVIII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Diciembre de 1997, página 180, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IMPUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO LEGAL A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL". Así como, la tesis 2a. VIII/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, página 1164, cuyo de rubro: "OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En cuando al segundo de los actos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. De dicho precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Para que se actualice esta causa de improcedencia es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. El requisito señalado en el inciso a) se encuentra satisfecho, dado que el acto reclamado lo emitió el Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio de Tlalnepantla, Estado de México. Respecto al inciso b) también se encuentra satisfecho, dado que en contra de la referida determinación (imposición de medida cautelar), es recurrible a través del recurso de apelación, conforme al artículo 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la tesis II.3o.P.59 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, materia Común, Penal, página 2694, de rubro: "MEDIDA CAUTELAR DE EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA IMPONE PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Con relación al inciso c), también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación del aludido recurso debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. También, se encuentra solventado el requisito mencionado en el inciso d), habida cuenta que con la resolución que se dicte, derivado de la substanciación del recurso, el acto reclamado puede ser confirmado, modificado o revocado. Sin que en el caso exista excepción al principio de definitividad, dado que el acuerdo reclamado no implica un peligro de privación de la libertad, deportación o destierro ni se trata de los actos referidos en el artículo 22 de la Carta Magna; y por otro lado, la parte quejosa es sujeto del procedimiento penal conforme lo establece el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que determina que al tener intervención en la causa, está en aptitud de inconformarse con el acto combatido, interponiendo en su contra el medio de defensa correspondiente. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad, en consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, materia Común, página 8, de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Así como, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, materia Común, página 350, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." Por otra parte, dado que cuando se promueve un amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la parte quejosa, no puede desvincularse el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, debe decirse, respecto de la norma reclamada en esta instancia constitucional, que si el juicio de amparo es improcedente contra el acto donde la parte quejosa dice se aplicó, por no ser definitivo, entonces también lo es contra dicha norma. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 71/2000, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, agosto 2000, página 235, con número de registro 191311, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN". En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo. Ténganse por autorizado a los usuarios "**********" y "************" para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo y para las notificaciones electrónicas, en virtud de que cuenta con los registros correspondientes; por lo que se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice los registros correspondientes. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda, pues al solicitar la autorización electrónica implicaría que fuese posible que una notificación se ordenara por ambas vías, lo que generaría incertidumbre a la parte garante. Se toma conocimiento del número telefónico y correos electrónicos que proporcionan, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgado considere necesario durante la tramitación del presente juicio. Se tienen como autorizados en los términos que precisa a las personas que señala en el escrito de cuenta, a quienes también se autoriza el uso de medios electrónicos en la consulta de este expediente. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; y por vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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