Leyla Margarita Ancona Sosa

Expediente 797/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
797/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Leyla Margarita Ancona Sosa
  • Daniel René Cortez May

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el acuerdo de veintinueve de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado analógica y supletoriamente por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído han causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en cumplimiento a la fracción IV, del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 , se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Para así estimarlo, se precisa que el presente no es de aquellos expedientes auxiliares que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni tampoco constituye un expediente judicial o auxiliar que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información; por lo anterior, se colma la exigencia para dicha clasificación, contenida en los artículos 19 y 20 del Acuerdo General que nos ocupa. De igual forma, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico, al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Cuarto, del citado acuerdo. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], por tanto, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. 1 Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. En otro aspecto, vista la certificación de cuenta se advierte que se verificó la coincidencia e identidad del expediente físico con el electrónico de este asunto, en la inteligencia que las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación generadas de la misma manera, obran en el expediente electrónico correspondiente a este asunto, no así, las recibidas electrónicamente, pues la documentación recibida por esa vía [electrónica o generada electrónicamente] constará únicamente en el expediente electrónico. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista a las partes

  2. Principal

    IV.- Con esta fecha se notifica a la parte quejosa el auto de 29 de agosto del año en curso que en lo conducente dice: "Se tiene por recibido el oficio 22878/2023, firmado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado mediante el cual en autos del juicio de amparo 788/2023-III-B, por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó turnar como demanda nueva el escrito de ampliación de demanda promovida por .., por conducto de su apoderado contra el agente del ministerio público del fuero común, adscrito a la Agencia Investigadora del Municipio Bacalar de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Formación del expediente Se ordena formar el expediente con motivo de la demanda de amparo recibida, en el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Asimismo, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico . En términos de los artículos 99, 99 bis, 104, 105 y 107, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena el registro en el Libro de Control Electrónico bajo el número 797/2023-IV-B. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso, del escrito se advierte que la promovente señala como actos reclamados.. En ese contexto, este juzgado considera que con relación a los actos reclamados en este juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que los directos quejosos Leyla Margarita Ancona Sosa y Daniel René Cortez May, carecen de legitimación para instaurar el presente juicio de amparo. Los artículos citados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." [.] El primer numeral señala que el juicio de amparo es improcedente cuando se advierta de alguna disposición de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo de los artículos citados, refiere que para poder instaurar el juicio de amparo, se debe resentir una afectación personal y directa, y que dicho interés debe estar garantizado por un derecho objetivo. Así, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el objeto mismo, es decir, con la protección a los derechos y su consiguiente restitución; sin embargo, tal aspecto también se rige por otras normas y principios íntimamente relacionados con el tema, como son el principio de instancia de parte y el diverso principio de agravio personal y directo. Por lo que hace al principio de instancia de parte, debe señalarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, esto es, se promueve por vía de acción. Lo anterior significa que el juicio de amparo sólo puede iniciarse, tramitarse y resolverse, en virtud de que la parte que se dice agraviada por un acto de autoridad, su apoderado o represente legal, lo acciona ante los tribunales competentes. Por tanto, los titulares de los derechos constitucionales y en su defecto su apoderado o representante legal, que consideran se ha violado en su perjuicio pueden hacer valer la acción de amparo. En cambio, de acuerdo con el principio de agravio personal y directo no sólo basta que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte, sino que ésta tiene que haber resentido un agravio personal y directo. Por consiguiente, es dable sostener que de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio [daño o perjuicio] actual o inminente de forma directa e inmediata, con motivo de un acto de autoridad, en sus derechos legítimamente tutelados por la Ley Fundamental. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 2/2022, determinó lo siguiente: ".63. Esta Primera Sala ha reconocido a las personas imputadas el derecho de poder acceder a la carpeta de investigación, esto con la finalidad de que puedan preparar de mejor forma su defensa. El derecho en mención tiene su sustento en los artículos 20, apartado B, fracciones VI y VII, de la Constitución Federal, 113, fracción VIII y el 117, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 64. Igualmente, este Alto Tribunal ha reconocido la importancia toral que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial. Así, se ha destacado que el Ministerio Público tiene la facultad de guardar en secrecía los registros de la carpeta de investigación a toda persona, esto con la finalidad de que no se ponga en riesgo el éxito de las indagatorias. 65. Bajo esas circunstancias, con el fin de hacer funcional al sistema, se ha definido que la carpeta de investigación debe conservarse en reserva hasta tanto el Ministerio Público no ejecute un acto de molestia concreto en contra de una persona. Dichos actos de molestia pueden ser: a) la detención; b) la citación a comparecer en carácter de imputado; c) cualquier acto de molestia equivalente encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. En el caso de que se actualice alguno de los supuestos anteriores, se entenderá que la persona tendrá un derecho jurídicamente relevante para efectos de la promoción del juicio de amparo, pues podrá obtener registros de la carpeta de investigación. 66. No obstante, en la hipótesis en la que una persona concurre al amparo a reclamar la negativa y/u omisión de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero no ha sido detenido, llamado a comparecer o cualquier otro acto equivalente de autoridad que genere molestia, y únicamente pretende basar su acción en una referencia de temor o sospecha de ser investigado, entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo indirecto, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior, se justifica en el hecho de que la promoción del amparo se basa a partir de un interés simple, pues no existe en ese momento un derecho subjetivo a favor del quejoso. 67. Bajo esas circunstancias, si un Juez de amparo recibe una demanda de amparo indirecto con esas características, deberá ser cuidadoso de revisar exhaustivamente el escrito de demanda y sus anexos, esto con el fin de advertir si la acción del quejoso se encuentra justificada a través de un derecho subjetivo, o bien, se trata de una acción que carece de un interés jurídicamente relevante. 68. La interpretación que adopta esta Primera Sala guarda relación con el principio de reserva, con el cual se busca que los registros de la investigación guarden secrecía al público en general, hasta tanto se llame a comparecer al probable responsable. Una interpretación diversa, es decir, que cualquier persona pueda acceder a los registros de la investigación sin contar con un interés jurídicamente relevante, implicaría un riesgo patente al éxito de la investigación, pues se perdería el sigilo. 70. En esa lógica, no es pertinente que, en este tipo de casos, se dirima la litis hasta el dictado de la sentencia, pues al remitir los informes y desahogar pruebas, cualquier persona podría conocer los elementos que conforman una carpeta de investigación (nombres de los imputados, víctimas, datos de pruebas, etc.), sin que tuviera relación con la misma." Lo anterior quedó plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 95/2022 (11a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. De la ejecutoria trascrita, se concluye que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial; que el Ministerio Público tiene la facultad de guardar en secrecía los registros de la carpeta de investigación a toda persona, esto con la finalidad de que no se ponga en riesgo el éxito de las indagatorias. Y destacó que los actos de molestia que pueden actualizarse en la etapa de investigación, son: a) la detención; b) la citación a comparecer en carácter de imputado; c) cualquier acto de molestia equivalente encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. Por lo que en caso de que se actualice alguno de los supuestos anteriores, se entenderá que la persona tendrá un derecho jurídicamente relevante para efectos de la promoción del juicio de amparo, pues podrá obtener registros de la carpeta de investigación. En el caso, los directos quejosos reclaman la omisión o falta de notificación dentro de la carpeta de investigación CI/BAC/02/09/354/07-2016 así como todo lo actuado en la misma, en virtud de que tienen conocimiento de que en veinticinco de agosto de dos mil diecisiete Alan David Aldana Cauich en su carácter de Apoderado Legal de Africam, S.A. de C.V., amplió la querella por el delito de despojo en su contra, no obstante lo anterior la referida circunstancia no es suficiente para acreditar un derecho jurídicamente relevante para efectos de la promoción del juicio de amparo, pues al no haber sido llamados a comparecer o cualquier otro acto de los señalados como de molestia párrafos anteriores, actualiza únicamente que pretenda basar su acción en una referencia de temor o sospecha de ser investigados. En esas condiciones, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Juicio de amparo indirecto 797/2023-IV 15 Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII del mes de mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el texto y rubro siguientes: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, del Poder Judicial Federal. Ahora, para efectos de que las personas justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", se les hace del conocimiento a las partes que el manual de uso actualizado se encuentra disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Así, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora, en términos del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes de este asunto, se les hace del conocimiento que este juzgado federal adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases: Juicio de amparo indirecto 797/2023-IV 17 - Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. - Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. - La única excepción a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; - Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y - Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización. Acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal En estricto acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico consistentes en el impulso tecnológico, acceso a la justicia, inclusión y accesibilidad, interoperabilidad, orientación al valor público, eficiencia y eficacia, adaptación tecnológica, validez y certeza jurídica, así como protección de los derechos humanos, contemplados en el artículo 251 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. Mientras que, en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se digitalizaran las constancias e incorporaran al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Con lo anterior, se precisa que bajo ninguna circunstancia este juzgado federal obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Además, en términos del artículo 257, del citado Acuerdo General, se procurará utilizar el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal para la atención a personas justiciables, conforme a lo siguiente5 : - Tratándose de comunicaciones no procesales, se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto. En estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. En casos excepcionales, podrá emplearse esta opción para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; y - Tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias, que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se procurarán practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. Tratándose de audiencias constitucionales o incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Inclusión y accesibilidad6 En términos del artículo 261, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento a las partes que de acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se dispondrá para tal efecto, los cuales se destinarán a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se colocará en el área de atención al público de las instalaciones del este órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Domicilio procesal y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda. Notifíquese personalmente a la parte promovente."

  3. Principal

    IV- Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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