Leydi Yolanda Briceño León
Expediente 981/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 07/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Leydi Yolanda Briceño León
- Fidelia León
- Guadalupe Briceño León
- Baltazar Alejandro Briceño Agilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
I. Parte quejosa solicita fotocopias. Agréguese a los autos la promoción de cuenta con registro 6174, firmada por los quejosos i) Fidelia León y ii) Guadalupe Briceño León; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa fotocopia certificada de las constancias que solicitan. II. Se agrega promoción sin mayor acuerdo. Por otra parte, glósese a los autos la diversa promoción con número de control interno 6175, a través de la cual la autoridad responsable Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento al requerimiento realizado en autos, informa que las constancias solicitadas ya fueron remitidas. Sin embargo, no procede dictar mayor proveído, toda vez que por auto de treinta y uno de marzo pasado, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se ordenó el archivo del presente asunto como concluido.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el once de marzo de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, la documental que exhibió en este asunto (tomo de prueba), toda vez que no es necesaria su conservación en este expediente.
- Principal
En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con veinte minutos del once de marzo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para verificar la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 981/2021-II, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias de autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por las autoridades responsables; a lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y las autoridades responsables i) Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México (tomo de prueba) y ii) Titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, por conducto de la Jefa de la Unidad Jurídica, ofrecieron pruebas documentales, sin que las demás partes ofrecieran algún medio de convicción; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; luego, téngase por terminada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, formuló manifestaciones en vía de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula el fiscal federal de la adscripción; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al dictado de la resolución correspondiente. Visto para resolver el juicio de amparo 981/2021-II, promovido por i) Fidelia León, ii) Leydi Yolanda Briceño León, iii) Guadalupe Briceño León y iv) Baltazar Alejandro Briceño Aguilar, todos por propio derecho, contra actos del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades.; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido el trece siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional, i) Fidelia León, ii) Leydi Yolanda Briceño León, iii) Guadalupe Briceño León y iv) Baltazar Alejandro Briceño Aguilar, todos por propio derecho, solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de las siguientes autoridades responsables 1] Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2] Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de su adscripción, ambos con residencia en la Ciudad de México, y 3] Titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: IV.- ACTO RECLAMADO. - - I).- A la autoridad señalada como responsable le reclamo: - - - a).- La falta de Notificación y omisión al Derecho de Audiencia a los quejosos de Amparo que son cotitulares de la CONCESION DGFZ-100/98, en el trámite administrativo radicado en el expediente 53/36938, y BITÁCORA 23/KV-0016/05/19, durante la prosecución administrativa del TRAMITE DE MODIFICACION A LAS BASES Y CONDICIONES DE LA CONCESION DGZF-100/98, cuyo trámite que tiene fecha de recepción 06 de mayo del 2019 a las 09:44 hrs, con número de BITÁCORA 23/KV-0016/05/19. - - b).- La omisión de atender de forma expedita y tomar las medidas urgentes para la regularización, suspensión, cancelación y archivo definitivo solicitada por los cotitulares de la CONCESION DGFZ-100/98, en el trámite administrativo radicado en el expediente 53/36938, y BITÁCORA 23/KV-0016/05/19, durante la prosecución administrativa del TRAMITE DE MODIFICACION A LAS BASES Y CONDICIONES DE LA CONCESION DGZF-100/98, así como la expedición de las copias certificadas del expediente y bitácora de referencia, solicitada por escrito de fecha 27 de julio del 2021, recibido en las oficinas de SEMARNAT en la ciudad de Cancún, Quintana Roo el día 28 de julio del 2021.- - c).- La omisión de acordar de manera favorable, expedita en atención a la urgencia y peligro en la demora, el DESISTIMIENTO DE TRAMITE solicitado por los cotitulares de la CONCESION DGZF-100/98, en el trámite administrativo radicado en el expediente 53/36938, y BITÁCORA 23/KV-0016/05/19, durante la prosecución administrativa del TRAMITE DE MODIFICACION A LAS BASES Y CONDICIONES DE LA CONCESION DGZF-100/98, solicitada por escrito de fecha 29 de julio del 2021, recibido en las oficinas de SEMARNAT en la ciudad de Cancún, Quintana Roo el mismo día 29 de julio del 2021. - - d).- La omisión de acordar de manera favorable, expedita en atención a la urgencia y peligro en la demora, el DESISTIMIENTO DE TRAMITE solicitado por los cotitulares de la CONCESION DGZF-100/98, en el trámite administrativo radicado en el expediente 53/36938, y BITÁCORA 23/KV-0016/05/19, durante la prosecución administrativa del TRAMITE DE MODIFICACION A LAS BASES Y CONDICIONES DE LA CONCESION DGZF-100/98, solicitada por escrito de fecha 29 de julio del 2021, recibido en el Departamento de Correspondencia SEMARNAT II, de las oficinas de SEMARNAT en la Ciudad de México, el día 09 de Agosto del 2021.- - - e).- La omisión de atender de forma expedita y tomar las medidas urgentes para la regularización, suspensión, cancelación y archivo definitivo solicitada por los cotitulares de la CONCESION DGZF-100/98, en el trámite administrativo radicado en el expediente 53/36938, y BITÁCORA 23/KV-0016/05/19, durante la prosecución administrativa del TRAMITE DE MODIFICACION A LAS BASES Y CONDICIONES DE LA CONCESION DGZF-100/98, y la expedición de copias certificadas del expediente y bitácora de referencia, solicitada por escrito de fecha 27 de julio del 2021, recibido en el Departamento de correspondencia SEMARNAT II, en las oficinas de SEMARNAT en la Ciudad de México, el día 09 de Agosto del 2021. - - f).- La omisión de atender de forma expedita y tomar las medidas urgentes para la regularización, suspensión, cancelación y archivo definitivo solicitada por los cotitulares de la CONCESION DGZF-100/98, en el trámite administrativo radicado en el expediente 53/36938, y BITÁCORA 23/KV-0016/05/19, durante la prosecución administrativa del TRAMITE DE MODIFICACION A LAS BASES Y CONDICIONES DE LA CONCESION DGZF-100/98, y la expedición de copias certificadas del expediente y bitácora de referencia, solicitada por escrito de fecha 27 de julio del 2021, recibido en la oficina de CONTACTO CIUDADANO SEMARNAT, en las oficinas de SEMARNAT en la Ciudad de México, el día 09 de Agosto del 2021. SEGUNDO. Radicación y admisión de demanda de amparo. Recibida que fue la demanda de amparo el trece de agosto de dos mil veintiuno, ante este juzgado de distrito, por auto de dieciséis siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 981/2021-II; se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de autoridades administrativas que carecen de ejecución material y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de Distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, y demás constancias de autos, se hacen consistir en: De la 1] Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la 2] Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de su adscripción, ambos con residencia en la Ciudad de México y del 3] Titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad (denominación correcta). a) La omisión de notificar a los aquí quejosos el inicio del trámite de modificación a las bases y condiciones de la concesión DGZF-100/98, con número de expediente 53/36938 y bitácora 23/KV-0016/05/19, del índice de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, promovido el seis de mayo de dos mil diecinueve por Manuel de Atocha Acea Vega. Del 3] Titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad (denominación correcta). b) La omisión de contestar los escritos presentados por los quejosos ante la oficina de la Delegación en Cancún, Quintana Roo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el veintiocho y veintinueve de julio de dos mil veintiuno, respectivamente, mediante los cuales -en suma- solicitan la regularización, suspensión, cancelación, archivo definitivo y desistimiento del trámite precisado en el inciso a) que antecede. De la 1] Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 2] Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de su adscripción, ambos con residencia en la Ciudad de México. c) La omisión de contestar los escritos presentados por los quejosos ante su potestad, el nueve de agosto de dos mil veintiuno, respectivamente, mediante los cuales -en suma- solicitan la regularización, suspensión, cancelación, archivo definitivo y desistimiento del trámite precisado en el inciso a) que precede. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1] Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, por conducto de la Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, y 3] Titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, por conducto de la Jefa de la Unidad Jurídica, al rendir informe justificado, negaron la existencia del acto que se les atribuye, precisado el inciso a), del considerando tercero de esta sentencia. Por su parte, la autoridad citada con el inciso 1], al rendir informe justificado, negó en la existencia del diverso acto reclamado destacado en el inciso c), del considerando tercero de esta sentencia. Al respecto, precisaron que no se encuentra dentro de sus facultades conocer, substanciar y resolver actos administrativos relativos a trámites de modificación a las bases y condiciones de concesiones de zona federal marítima terrestre, y tampoco respecto de títulos de concesiones de zona federal marítimo terrestre, pues de conformidad con el artículo 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las solicitudes de prórroga y modificación a las bases y condiciones de una concesión, es atribución exclusiva de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la referida secretaría. Ahora, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia. Luego, previo a la presentación de la demanda de amparo, en esta instancia constitucional no se probó la i) la omisión de notificar a los aquí quejosos el inicio del trámite de modificación a las bases y condiciones de la concesión DGZF-100/98, con número de expediente 53/36938 y bitácora 23/KV-0016/05/19, del índice de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, promovido el seis de mayo de dos mil diecinueve por Manuel de Atocha Acea Vega, atribuido a la 1] Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, y al 3] Titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad (denominación correcta); ni la ii) omisión de contestar los escritos presentados por los quejosos el nueve de agosto de dos mil veintiuno, respectivamente, mediante los cuales -en suma- solicitan la regularización, suspensión, cancelación, archivo definitivo y desistimiento del trámite precisado en el inciso i) que precede, reclamada a la 1] Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México; ergo, no se acreditó la existencia de los referidos actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto, siguientes: Época: Octava Época Registro: 206346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Página: 15 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Sin que sea óbice a lo anterior, las pruebas documentales aportadas por la parte quejosa, consistentes en: i. Original del acuse del escrito de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, presentado el nueve de agosto siguiente, ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT II). ii. Original del acuse del escrito de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, presentado el nueve de agosto siguiente, ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT II). iii. Original del acuse del escrito de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, presentado el nueve de agosto siguiente, ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. iv. Original del acuse del escrito de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, presentado el veintiocho siguiente, ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación Quintana Roo. v. Fotocopia certificada de i) la resolución 662/14 de veintinueve de mayo de dos mil catorce, emitida dentro del expediente 53/36938, del índice de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del ii) acta de entrega de dicha resolución a las personas ahí indicadas. Documentales a las que se concede valor probatorio conforme a los artículos 129, 133, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sin embargo, de esas constancias solo se advierte -en síntesis- que los impetrantes de amparo, respectivamente, i) presentaron diversos escritos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tanto en la Ciudad de México, como en la delegación que se encuentra en Quintana Roo. Empero, como se vio, la autoridad responsable 1] Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, por conducto de la Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, al rendir informe justificado, refirió que no está dentro de sus facultades dar contestación a promociones dentro de un procedimiento administrativo, sino que es facultad de diversa autoridad; y, por cuanto las demás probanzas, únicamente acreditan la existencia de una resolución dictada en un expediente administrativo y la entrega esa resolución a diversas personas autorizadas para recibirla. vi. Fotocopia sin certificar del acuse del escrito de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, presentado el tres de agosto siguiente, ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación Quintana Roo. vii. Fotocopia sin certificar de la credencial para votar, expedida -al parecer- por el Instituto Nacional Electoral a favor de Fidelia León. viii. Fotocopia sin certificar de la credencial para votar, expedida -al parecer- por el otrora Instituto Federal Electoral a favor de Leydi Yolanda Briceño León. ix. Fotocopia sin certificar de la credencial para votar, expedida -al parecer- por el Instituto Nacional Electoral a favor de Baltazar Alejandro Briceño Aguilar. x. Fotocopia sin certificar de la credencial para votar, expedida -al parecer- por el Instituto Nacional Electoral a favor de Guadalupe Briceño León. xi. Fotocopia sin certificar de una documental ilegible. Documentales a las que se concede valor probatorio indiciario en términos de los artículos 197, 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, las cuales únicamente acreditan ser una reproducción de su original, pues las fotocopias sin certificar son susceptibles de alteración. Con todo, dichas pruebas no acreditan la existencia o participación de las aludidas autoridades responsables en la emisión de los actos que se reclaman en esta instancia constitucional. En ese orden, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea que desvirtúe la afirmación de las referidas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, ante la inexistencia del acto reclamado a la 1] Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, y al 3] Titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, precisados en los incisos a) y c), del considerando tercero de la presente sentencia. QUINTO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable 2] Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, al rendir informe justificado, convino en la existencia de los actos reclamados precisados en los incisos a) y c), del considerando tercero de esta sentencia. Por su parte, la diversa autoridad responsable 3] Titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, por conducto de la Jefa de la Unidad Jurídica, al rendir informe justificado, negó la existencia del diverso acto que se le atribuye, reseñado en el inciso b), del considerando tercero de la presente sentencia. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con sus propias manifestaciones, pues refiere que el escrito presentado ante su potestad, el veintisiete de julio de dos mil veintiuno (fecha correcta de dicho escrito y no de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, como lo señalan los impetrantes de amparo), mediante el cual -en suma- solicitan la regularización, suspensión, cancelación, archivo definitivo y desistimiento del trámite de modificación a las bases y condiciones de la concesión materia de este juicio de amparo, fue acordado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno y dicha respuesta fue notificada a los quejosos el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, esto es, en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (doce de agosto de dos mil veintiuno). En dicho acuerdo, la autoridad hizo del conocimiento de los hoy quejosos que la autoridad competente para resolver su petición es la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, por lo que tal solicitud (escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno), fue remitida a dicha dirección a través de un oficio. Agrega, que en el momento en que recibió el diverso escrito presentado ante su potestad el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento a la parte quejosa que la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, no es competente para atender su solicitud, por lo que remitió dicha solicitud a la Dirección General de Zona Federal Marítimo terrestre y Ambientes Costeros de dicha secretaría, con sede en la Ciudad de México, a través de un oficio de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno; sin que se advierte que recayera algún acuerdo o determinación escrita a dicha promoción. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitieron las referidas autoridades responsables, consistente en fotocopia certificada del i) trámite de modificación a las bases y condiciones de la concesión DGZF-100/98, con número de expediente 53/36938 y bitácora 23/KV-0016/05/19 de su índice, y de los ii) escritos y respuesta referidos en líneas anteriores, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las cuales se advierte: 1. El seis de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el escrito de Baltazar Alejandro Briceño Aguilar, quien se ostentó como representante de i) Fidelia León, ii) Leydi Yolanda Briceño León, iii) Guadalupe Briceño León, iv) Baltazar Alejandro Briceño Aguilar y v) Manuel de Atocha Acea Vega, mediante el cual solicitó la modificación a las bases y condiciones de la concesión DGZF-100/98, a la cual recayó el expediente 53/36938 y bitácora 23/KV-0016/05/19, del índice de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2. Mediante escritos presentados el veintiocho y veintinueve de julio de dos mil veintiuno, ante la Delegación en Cancún, Quintana Roo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, respectivamente, los quejosos -en suma- solicitaron la regularización, suspensión, cancelación, archivo definitivo y desistimiento del trámite precisado en el numeral 1 que antecede. 3. Por escritos presentados el nueve de agosto de dos mil veintiuno ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de México, los quejosos -en síntesis- solicitaron la regularización, suspensión, cancelación, archivo definitivo y desistimiento del trámite precisado en el numeral 1 que antecede. En ese contexto, son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables destacadas en este considerando, precisados en los incisos a), b) y c), del considerando tercero de esta sentencia. SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando tercero de esta sentencia, respectivamente, reclamados a las autoridades responsables 2] Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México y 3] Titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, este órgano jurisdiccional estima que de oficio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debido a que se ha producido un cambio de situación jurídica, por lo cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en esta instancia constitucional. En efecto, el artículo 61, fracción XVII, del propio ordenamiento legal, señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.) Del precepto legal invocado, en lo conducente, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese entendido, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, cuando se está en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse por no formar parte de ella, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho; esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que se analiza. Es importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición del quejoso frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia, debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo; se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos que, por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También, es necesario precisar que al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, no pueden examinarse las violaciones alegadas por la quejosa respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el juez de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de amparo, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso. Ilustra lo anterior por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la tesis aislada que enseguida se invoca: Octava Época Núm. de Registro: 221961 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Septiembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 145 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso. En el caso, como se vio, en esta instancia constitucional se reclama de la autoridades responsables 2] Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México y 3] Titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, respectivamente, los siguientes actos: a) La omisión de notificar a los aquí quejosos el inicio del trámite de modificación a las bases y condiciones de la concesión DGZF-100/98, con número de expediente 53/36938 y bitácora 23/KV-0016/05/19, del índice de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, promovido el seis de mayo de dos mil diecinueve por Manuel de Atocha Acea Vega. b) La omisión de contestar los escritos presentados por los quejosos ante la oficina de la Delegación en Cancún, Quintana Roo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el veintiocho y veintinueve de julio de dos mil veintiuno, respectivamente, mediante los cuales -en suma- solicitan la regularización, suspensión, cancelación, archivo definitivo y desistimiento del trámite precisado en el inciso a) que antecede. c) La omisión de contestar los escritos presentados por los quejosos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, el nueve de agosto de dos mil veintiuno, respectivamente, mediante los cuales -en suma- solicitan la regularización, suspensión, cancelación, archivo definitivo y desistimiento del trámite precisado en el inciso a) que precede. Ahora, la autoridad responsable 2] Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, remitió fotocopia certificada de la resolución administrativa 508/2021 de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, a la que se confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la cual se obtiene que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que nos atañe (doce de agosto de dos mil veintiuno), resolvió poner fin al procedimiento administrativo correspondiente al trámite de modificación a las bases y condiciones de la concesión DGZF-100/98, con número de expediente 53/36938 y bitácora 23/KV-0016/05/19, de su índice, con motivo del desistimiento de los promoventes y, por ende, ordenó el archivo del citado procedimiento administrativo. Sentado lo anterior, es claro que la emisión de la referida resolución administrativa dictada en el procedimiento administrativo de origen, en la que se puso fin a dicho procedimiento con motivo del desistimiento de los promoventes y se ordenó su archivo, trajo como resultado el cambio de situación jurídica en el presente juicio de derechos fundamentales; de tal manera que no es posible analizar los actos reclamados en esta instancia constitucional, sin que al hacerlo se afecte la situación creada por dicha decisión en cuanto a la conclusión y archivo del procedimiento de origen, resultando irreparablemente consumadas las violaciones que se pudieron haber cometido con los actos reclamados. Por tanto, se estima que la situación jurídica de la parte quejosa, en relación con los actos reclamados en consulta, ahora se rige por lo resuelto en la resolución administrativa 508/2021 de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento de origen. En ese oren de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables 2] Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México y 3] Titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, respectivamente, precisados en el considerando tercero de esta sentencia. En tales condiciones, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte inconforme en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, por lo que la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión planteada. Sobre el particular tiene aplicación la siguiente jurisprudencia: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Se precisa que no es el caso analizar los alegatos hechos valer por el fiscal federal de la adscripción, toda vez no forman parte de la litis y en nada cambiarían el sentido de la presente resolución. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: No. Registro: 205,449 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Pleno Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994 Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 43, página 27. ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido i) Fidelia León, ii) Leydi Yolanda Briceño León, iii) Guadalupe Briceño León y iv) Baltazar Alejandro Briceño Aguilar, todos por propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando tercero, en términos de lo expuesto en los diversos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los autos la promoción de cuenta, a través de la cual la autoridad responsable Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento al requerimiento que se le realizó por auto de once de enero de dos mil veintidós, informa que después de una búsqueda en los controles y archivos de esa unidad administrativa no se tuvo registro o antecedente de la recepción del oficio 7621/2021-II por el cual se le requirió que remitiera fotocopia certificada de la totalidad de las constancias que integran el trámite de modificación a las bases y condiciones de la concesión DGZF-100/98, con número de expediente 53/36938 y bitácora 23/KV-0016/05/19, del índice de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, señala que dichas constancias ya fueron remitidas a este órgano jurisdiccional mediante oficio SGPA-DGZFMTAC-001992/2021. Sin que haya lugar a dictar mayor acuerdo, toda vez que por auto de ocho de febrero pasado, se tuvo a dicha autoridad remitiendo las aludidas constancias, tal como lo informa. Por otra parte, téngase a la autoridad oficiante comunicando a este órgano jurisdiccional que emitió la resolución administrativa 508/2021 de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se pone fin al procedimiento administrativo de origen (precisado en líneas anteriores), con motivo del desistimiento del solicitante de dicho procedimiento. Al respecto, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Finalmente, con apoyo en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase por ofrecida como prueba la documental que exhibe la autoridad oficiante, póngase a la vista de las partes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional.
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