Leydi Graciela Priego Sabido
Expediente 150/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Leydi Graciela Priego Sabido
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, se advierte que feneció el plazo de quince días conferido a las partes a fin de que interpusieran recurso de inconformidad contra el proveído de veinte de junio de dos mil diecisiete (fojas 116 a 118), por el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho valer medio de impugnación alguno; en esa tesitura, con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo definitivo del presente expediente judicial. Por otro lado, vista la segunda certificación de cuenta, y atendiendo al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, en cumplimiento al punto Octavo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo; por tanto, se ordena que previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita. Ahora, toda vez que la autoridad responsable Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, al rendir su informe justificado remitió copia certificada [en un tomo] del expediente relativo al juicio oral de divorcio incausado número *** de su índice y un CD con el contenido de las audiencias magistrales dentro del citado expediente; en consecuencia, en razón de que el presente juicio de encuentra totalmente concluido, mediante oficio que se gire a la citada autoridad devuélvase el tomo y CD aludidos, solicitando en acuse de recibo de estilo.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado en su domicilio el veintiuno de junio de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veinte de junio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, veinte de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con la que se da cuenta, de los cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, este Juzgado Federal procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. a) Antecedentes del cumplimiento al fallo protector. I. El diez de mayo de dos mil diecisiete, se engrosó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Leydi Graciela Priego Sabido (fojas 53 a 70), para que el Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente el acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecisiete, dictado dentro de los autos del expediente familiar 870/2016 de su índice. b) Dicte otro en el que una vez subsanado los vicios formales anotados en esta sentencia, con libertad de jurisdicción resuelva lo relativo al tema de la pensión provisional de alimentos compensatorios, valorando los medios de prueba exhibidos por el actor alimentario, a efecto de determinar si se justifica su urgente necesidad, así como la carencia de los medios de supervivencia." Medida concesoria que fue extensiva a los diversos actos de ejecución que se impugnaron al actuario adscrito al Juzgado de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal. II. Por auto de treinta de mayo de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia engrosada el diez de mayo del año en curso, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable (fojas 94 y 95). III. El cinco de junio actual, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el oficio signado por el Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento inmerso en proveído de treinta de mayo pasado, remitió copia certificada del auto de uno de junio que transcurre dictada en el expediente 870/2016 de su índice, con la que acreditó el acatamiento a la ejecutoria de amparo, y se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada para que en el plazo de tres días computado legalmente, hicieran valer lo que a su derecho conviniera, sin que hayan hecho uso de ese derecho (fojas 109 y 110). Conviene precisar que a la referida documental se le otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documento público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedida por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así, del fallo protector se advierte que en el análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado, se concluyó que si bien la autoridad responsable emitió el acto reclamado bajo el rubro de orden público y de urgente necesidad (pensión de alimentos), también lo es que careció de la debida fundamentación y motivación que deben tener las resoluciones judiciales, por lo que con ello se vulneró la garantía de legalidad del aquí quejoso, contemplada en el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Federal, así como al principio de exhaustividad. Por tanto, de las consideraciones expuestas derivó la protección de la Justicia Federal solicitada, siendo que los efectos de su concesión fueron, en esencia, que la autoridad responsable: a).- Dejara insubsistente el acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecisiete, dictado dentro de los autos del expediente familiar 870/2016. b).- Emitiera otro en el que una vez subsanado los vicios formales, con libertad de jurisdicción resolviera lo relativo al tema de la pensión provisional de alimentos compensatorios, valorando los medios de prueba exhibidos por el actor alimentario a efecto de que determinara si se justifica la urgente necesidad del acreedor, así como la carencia de los medios de supervivencia que tuviera. Por lo que en cumplimiento a ello, la autoridad responsable mediante resolución de uno de junio del presente año, satisfizo los efectos de la ejecutoria de amparo, de la manera siguiente: En relación al inciso a), mediante el acuerdo mencionado líneas anteriores lo acató, pues dejó insubsistente la resolución de ocho de febrero de dos mil diecisiete, tal como se advierte de la transcripción que sigue: "[.] Por lo que en cumplimiento a la misma, se deja insubsistente el acuerdo dictado en fecha ocho de febrero del año dos mil diecisiete, exclusivamente en la parte en la cual se establece literalmente [.]" (foja 101). Por lo que hace al inciso b), en el referido acuerdo, emitió una nueva resolución, en la que siguiendo los lineamientos del fallo protector, fundamento, motivó y valoró los medios de prueba exhibidos por el actor alimentario a efecto de determinar si se justificaba o no su urgente necesidad, así como la carencia de los medios de supervivencia, todo lo cual llevó a cabo al tenor literal plasmado a continuación: "[.] se procede a dictar la parte conducente de un nuevo acuerdo, mismo que formará parte integral del diverso dictado en fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, dentro de los autos que integran el expediente 870/2016 para quedar en los términos siguientes: ".Respecto a la pensión alimenticia provisional solicitada por el ciudadano RICARDO ANTONIO TORRES AVILA, dígasele que no resulta viable fijar a su favor dicha pensión en atención a que no prueba el título en cuya virtud la solicita, pues este es un requisito que exigen los artículo 963 y 964 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que no pasa inadvertido para esta autoridad el estado civil con el cual comparece a juicio dicho actor pues el mismo no le otorga en primero término el derecho de solicitar dicha pensión puesto que la obligación de la demandada ciudadana LEYDI GRACIELA PRIEGO SABIDO de proporcionarle una pensión alimenticia quedó extinguida desde el momento en que quedaron legalmente divorciados mediante sentencia definitiva de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis dictada dentro del presente expediente. Por otra parte, en relación a las diversas documentales que el actor adjunta a su demanda y concretamente la relativa a la constancia médica, en copia simple, de fecha veinticinco de agosto del año dos mil dieciséis, cabe señalar que en sí misma no genera a favor del actor la presunción de necesitar los alimentos, pues para ello resulta indispensable que se colmen los extremos que estable el artículo 822 del Código Civil del Estado aplicado por analogía de razón y más aún por las particularidades con las cuales dicho actor demandó pensión alimenticia, siendo dichos extremos, el que se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, además que no cuente con ingresos suficientes que le permitan su subsistencia, circunstancias todas ellas que en su caso debe acreditar en la secuela procesal y que de comprobarse las mismas le generarían el derecho a recibir pensión alimenticia por parte de la demandada LEYDI GRACIELA PRIEGO SABIDO, por el tiempo que duró el matrimonio, pero que sin duda será hasta el momento de la conclusión del presente juicio en que la Juez Oral al dictar su sentencia lo resuelva en su caso de tal forma." En consecuencia, todo lo antes expuesto permite sostener que la Juez responsable, siguiendo los lineamientos del fallo protector, dejó insubsistente el auto tildado de inconstitucional y en su lugar, emitió uno nuevo en el que, motivó y fundamentó de conformidad a lo establecido en los articulados invocados tanto del Código Civil como el de Procedimientos Civiles ambos del Estado de Quintana Roo, las circunstancias por las que no otorgaría a favor de Ricardo Antonio Torres Ávila la pensión solicitada a Leydi Graciela Priego Sabido, ello en razón de que no se cumplían los requisitos que contemplan los numerales 963, 964, y 822. En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en el fallo protector, por tal motivo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal.
- Principal
(AVISO) Toda vez que el tercero interesado no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado en su domicilio el ocho de junio de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de seis de junio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, seis de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese orden, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se resolverá respecto al cumplimiento de la ejecutoria con los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, Octubre 2001, tomo XIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Marzo 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
Vista la certificación de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia engrosada el diez de mayo del año en curso (fojas 53 a 70), en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada, para todos los efectos legales. Así, toda vez que en la aludida sentencia, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos de que: 1. Deje insubsistente el acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecisiete, dictado dentro de los autos del expediente familiar *** de su índice. 2. Dicte otro en el que una vez subsanado los vicios formales anotados en esta sentencia, con libertad de jurisdicción resuelva lo relativo al tema de la pensión provisional de alimentos compensatorios, valorando los medios de prueba exhibidos por el actor alimentario, a efecto de determinar si se justifica su urgente necesidad, así como la carencia de los medios de supervivencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Instrucción del Juzgado Familiar Oral del Distrito Judicial de Chetumal y actuario de su adscripción, para que dentro del plazo de tres días, siguiente al en que se le notifique el presente proveído, cumpla con la sentencia de amparo. En el entendido que, de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si la autoridad responsable demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contraen los citados artículos 192 y 258, ambos de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutora concesoria de amparo, si es injustificado, no las exime de responsabilidad, pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195 de la legislación en consulta.
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