Leydi Esther Acosta Yeh

Expediente 1441/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1441/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Leydi Esther Acosta Yeh

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto estado procesal que guarda el presente incidente de suspensión y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este asunto, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad de lo dispuesto en el numeral 20, fracción III, del Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, se precisa que el cuaderno original del incidente de suspensión deberá ser destruido, una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de esta fecha. Hágase constar en la carátula del cuaderno original del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 34 del citado Acuerdo archivístico, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Juez Primero de Oralidad Familiar, turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable en este asunto. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. En el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable de concluir las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 383/2023 que promovió la quejosa para la inscripción de un acta de nacimiento ante el Oficial Número Uno del Registro Civil del Estado. Sin embargo, de la lectura de las constancias que remitió la Juez Primero de Oralidad Familiar, turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, al rendir su informe justificado y a su oficio de cuenta, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en autos del expediente 383/2023 del índice del Juzgado a su cargo, el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés se ordenó inscribir diversas modificaciones respecto del acta de nacimiento del menor de edad con iniciales E.S.M.A. ante el Registro Civil del Estado de Yucatán y se levante la anotación marginal que indique que el acta ha sido modificada en el apartado del padre, abuelos paternos y nombre del menor y se expedida una nueva acta de nacimiento. Determinación que fue notificada a las partes en el juicio de origen el veintiocho de septiembre del año en curso, mediante lista publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, y mediante oficio 3219/2023 dirigido al Registro Civil del Estado de Yucatán, el cual fue entregado en dicha dependencia el veintisiete de septiembre del mismo año, todo esto con posterioridad a la presentación de la demanda, que lo fue el doce de septiembre del año que transcurre, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y nueve minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la Juez Primero de Oralidad Familiar, turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable en este asunto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Por otra parte, del informe de cuenta se advierte que la autoridad responsable no remitió copia del oficio librado el veintiuno de septiembre del año en curso, en autos de las diligencias de jurisdicción voluntaria 383/2023, dirigido al Oficial número Quince del Registro Civil de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, del cual se advierta el sello de entrega ante dicho Registro Civil; entonces, a fin de estar en condiciones de resolver con conocimiento de causa este asunto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero de Oralidad Familiar, turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que reciba el oficio con transcripción del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada del citado oficio. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con los diversos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

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