Leydi del Socorro Mendez Peniche
Expediente 398/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 398/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado
- Leydi del Socorro Mendez Peniche
Actuaciones
- Principal
MESA II. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser DEPURABLE, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo.
- Principal
MESA II.quejosa Leydi del Socorro Méndez Peniche, con el que informa que el veintiuno de febrero del año en curso, celebró un contrato de compraventa con Wilberth Francisco Magaña Escamilla. Ahora bien, de autos se aprecia que por sentencia definitiva firmada el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, en su segundo punto resolutivo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto del acto que reclamó al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Asimismo, por auto de trece de junio del dos mil diecisiete, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a las autoridades responsables su debido cumplimiento. De manera que las autoridades responsables estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "(.) En las relatadas condiciones, al resultar la conducta de omisión de la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado, violatoria de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución General de la República en perjuicio de la parte quejosa; lo procedente es conceder a LEYDI DEL SOCORRO MÉNDEZ PENICHE, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la citada autoridad responsable de inmediato, proporcione los elementos necesarios a fin de desahogar el auxilio de la fuerza pública solicitada, que en su oportunidad instó la Juez Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en autos del expediente 262/2013, en donde la justiciable resultó vencedora en dicha controversia. Sin embargo, en atención a las manifestaciones vertidas por la quejosa en el escrito de cuenta se advierte que ésta celebró un convenio de compraventa con el tercero interesado Wilberth Francisco Magaña Escamilla, respecto del predio cuatrocientos veintitrés, letra "G" de la calle sesenta y siete del centro de esta ciudad, cuya diligencia de fuerza pública que debía practicarse sobre él fue concedida en el fallo protector dictado en este juicio. Motivo por el cual, ante la celebración de dicho contrato, es inconcuso que existe imposibilidad jurídica por parte de la responsable para cumplir con el fallo protector, ello, en atención de que la concesión del amparo fue para el efecto de que se proporcionen los elementos necesarios a fin de desahogar el auxilio de la fuerza pública, sobre el citado inmueble. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1ª. III/2003, de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, correspondiente al mes de Febrero de dos mil tres, pagina doscientos dieciséis, que a la letra dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Por lo anterior, debe declararse sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo firmada el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Aplica lo anterior la jurisprudencia 2a./J.2/2008, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO." Asimismo, hágase saber al agraviado que puede inconformarse con esta resolución, para lo cual deberá presentar su escrito respectivo dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación, apercibido que de no hacerlo, dicho cumplimiento, así comunicado, se tendrá por tácitamente consentido y por ende, se ordenará el archivo de este expediente como asunto concluido, con apoyo en el precepto 201 de la invocada Ley de Amparo. Sustenta esta decisión la tesis de jurisprudencia cuyo texto es como sigue: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. "
- Principal
MESA II.quejosa Leydi del Socorro Méndez Peniche, con el que informa que el veintiuno de febrero del año en curso, celebró un contrato de compraventa con Wilberth Francisco Magaña Escamilla. Ahora bien, de autos se aprecia que por sentencia definitiva firmada el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, en su segundo punto resolutivo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto del acto que reclamó al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Asimismo, por auto de trece de junio del dos mil diecisiete, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a las autoridades responsables su debido cumplimiento. De manera que las autoridades responsables estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "(.) En las relatadas condiciones, al resultar la conducta de omisión de la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado, violatoria de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución General de la República en perjuicio de la parte quejosa; lo procedente es conceder a LEYDI DEL SOCORRO MÉNDEZ PENICHE, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la citada autoridad responsable de inmediato, proporcione los elementos necesarios a fin de desahogar el auxilio de la fuerza pública solicitada, que en su oportunidad instó la Juez Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en autos del expediente 262/2013, en donde la justiciable resultó vencedora en dicha controversia. Sin embargo, en atención a las manifestaciones vertidas por la quejosa en el escrito de cuenta se advierte que ésta celebró un convenio de compraventa con el tercero interesado Wilberth Francisco Magaña Escamilla, respecto del predio cuatrocientos veintitrés, letra "G" de la calle sesenta y siete del centro de esta ciudad, cuya diligencia de fuerza pública que debía practicarse sobre él fue concedida en el fallo protector dictado en este juicio. Motivo por el cual, ante la celebración de dicho contrato, es inconcuso que existe imposibilidad jurídica por parte de la responsable para cumplir con el fallo protector, ello, en atención de que la concesión del amparo fue para el efecto de que se proporcionen los elementos necesarios a fin de desahogar el auxilio de la fuerza pública, sobre el citado inmueble. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1ª. III/2003, de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, correspondiente al mes de Febrero de dos mil tres, pagina doscientos dieciséis, que a la letra dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Por lo anterior, debe declararse sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo firmada el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Aplica lo anterior la jurisprudencia 2a./J.2/2008, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO." Asimismo, hágase saber al agraviado que puede inconformarse con esta resolución, para lo cual deberá presentar su escrito respectivo dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación, apercibido que de no hacerlo, dicho cumplimiento, así comunicado, se tendrá por tácitamente consentido y por ende, se ordenará el archivo de este expediente como asunto concluido, con apoyo en el precepto 201 de la invocada Ley de Amparo. Sustenta esta decisión la tesis de jurisprudencia cuyo texto es como sigue: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. "
- Principal
MESA II.Agréguese a estos autos el oficio del Jefe del Departamento de Sanción, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual informa el impedimento legal para dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada en este juicio de amparo, toda vez que en el juicio de amparo V-504/2017 promovido por Wilberth Francisco Magaña Escamilla, del índice de este Órgano jurisdiccional, el quejoso exhibió la garantía a efecto de que surta efecto la suspensión definitiva, remitiendo copia certificada del oficio17586/2017 de fecha quince de junio de dos mil diecisiete. En merito de lo anterior, requiérase a la autoridad responsable para que una vez que deje de surtir efecto la suspensión concedida en dicho expediente, de cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, o bien, informe la imposibilidad que tenga para ello, remitiendo en ambos casos, las constancias respectivas.
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