Leydi Beatríz Estrella Ventura
Expediente 1541/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1541/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 20/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Leydi Beatríz Estrella Ventura
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA I.- Vista la cuenta que antecede, agréguese el telegrama del Fiscal investigador en turno del Ministerio Público de la Fiscalía General, con sede en Hunucma, Yucatán, mediante el cual informa la fecha y la hora, en la que recibió el oficio 12383/2018, que contenía el acuerdo en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo. CAUSA ESTADO: Por otra parte, vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el veintisiete de abril del dos mil dieciocho, dictada por este Juzgado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
MESA I.- Visto la certificación de autos, toda vez que hasta la presente no obra en autos el acuse de recibo del oficio 12383/2018, dirigido al Titular de la Fiscalía Investigadora Hunucmá, del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, mediante el cual, se transcribió el auto de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, toda vez que el acuse de recibo correspondiente es necesario para la continuación del trámite de este juicio de amparo, habida cuenta que, los juicios de amparo no pueden quedar paralizados por tiempo indefinido; en consecuencia, requiérase por la vía telegráfica, a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, siguientes a la de su notificación de este acuerdo, comunique por la misma vía, el día y hora en que recibió el oficio que a continuación se señala: Titular de la Fiscalía Investigadora Hunucmá, del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán OFICIO 12383/2018 Asimismo, se le apercibe que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá, una multa de cincuenta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 fracción I, 238 y 259, todos de la Ley de Amparo.
- Principal
AVISO.- MESA I.- Visto el estado de los autos, a juicio de la suscrita, sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual, los actos reclamados, puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esto es así, pues la quejosa reclama de las autoridades citadas, la negativa de ejercitar acción penal, y por los cuales se abrió la carpeta de investigación ..., acto que puede impugnar en sede ordinaria, conforme al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el recurso previsto en el numeral 258 de dicho ordenamiento jurídico. Tales preceptos jurídicos establecen como un derecho de las víctimas, la posibilidad de impugnar por sí o por medio de sus representantes, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Asimismo, que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán impugnarse por la víctima u ofendido, ante el Juez de control. En cuyo caso, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. Ahora bien, no obstante que tal numeral no establece expresamente la procedencia del recurso contra omisiones del Ministerio Público en su labor investigadora, lo cierto es que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha establecido que cuando el Ministerio Público no se pronuncia sobre los resultados de tal actividad (porque no se encuentra realizándola o bien ha cesado de actuar en ella), con el paso del tiempo, esa abstención produciría el mismo efecto que el de una resolución expresa de desistimiento o inejercicio de la acción penal. Partiendo de ahí, es evidente que contra tal inactividad u omisión, debe proceder el recurso previsto en el artículo 258 del Código citado, pues tales actos se equiparan a una determinación de no ejercicio de la acción penal, de la cual, en caso de inconformidad por parte de los afectados, deberá conocer un Juez de Control. Máxime que la Sala en cuestión, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, determinó que una interpretación funcional y extensiva de las disposiciones normativas citadas, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea un Juez de Control que revise su legalidad. Así como que tal circunstancia, conduce que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en el artículo 258 citado, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Finalmente, no se soslaya que la procedencia del recurso provenga de una interpretación adicional de los preceptos normativos invocados, ya que ésta proviene del Máximo Tribunal Constitucional, quien ha determinado, al resolver la contradicción de tesis aludida, que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, debe agotarse el medio de defensa aludido. No sobreseer en el caso en particular, implicaría mayores perjuicios para el peticionario de amparo, toda vez que la sentencia que en su caso llegara a dictarse sería en el mismo sentido que la presente determinación ya que la causa de improcedencia invocada ha sido establecida, como se ha dicho, al resolverse la contradicción de tesis aludida, retrasado la oportunidad del quejoso de obtener una respuesta favorable a sus pretensiones en la vía correspondiente. Por lo tanto, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, la cual, debido a lo anterior, se deja sin efectos.
- Principal
MESA I.- Visto el estado de los autos, a juicio de la suscrita, sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual, los actos reclamados, puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esto es así, pues la quejosa reclama de las autoridades citadas, la negativa de ejercitar acción penal, y por los cuales se abrió la carpeta de investigación ..., acto que puede impugnar en sede ordinaria, conforme al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el recurso previsto en el numeral 258 de dicho ordenamiento jurídico. Tales preceptos jurídicos establecen como un derecho de las víctimas, la posibilidad de impugnar por sí o por medio de sus representantes, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Asimismo, que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán impugnarse por la víctima u ofendido, ante el Juez de control. En cuyo caso, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. Ahora bien, no obstante que tal numeral no establece expresamente la procedencia del recurso contra omisiones del Ministerio Público en su labor investigadora, lo cierto es que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha establecido que cuando el Ministerio Público no se pronuncia sobre los resultados de tal actividad (porque no se encuentra realizándola o bien ha cesado de actuar en ella), con el paso del tiempo, esa abstención produciría el mismo efecto que el de una resolución expresa de desistimiento o inejercicio de la acción penal. Partiendo de ahí, es evidente que contra tal inactividad u omisión, debe proceder el recurso previsto en el artículo 258 del Código citado, pues tales actos se equiparan a una determinación de no ejercicio de la acción penal, de la cual, en caso de inconformidad por parte de los afectados, deberá conocer un Juez de Control. Máxime que la Sala en cuestión, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, determinó que una interpretación funcional y extensiva de las disposiciones normativas citadas, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea un Juez de Control que revise su legalidad. Así como que tal circunstancia, conduce que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en el artículo 258 citado, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Finalmente, no se soslaya que la procedencia del recurso provenga de una interpretación adicional de los preceptos normativos invocados, ya que ésta proviene del Máximo Tribunal Constitucional, quien ha determinado, al resolver la contradicción de tesis aludida, que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, debe agotarse el medio de defensa aludido. No sobreseer en el caso en particular, implicaría mayores perjuicios para el peticionario de amparo, toda vez que la sentencia que en su caso llegara a dictarse sería en el mismo sentido que la presente determinación ya que la causa de improcedencia invocada ha sido establecida, como se ha dicho, al resolverse la contradicción de tesis aludida, retrasado la oportunidad del quejoso de obtener una respuesta favorable a sus pretensiones en la vía correspondiente. Por lo tanto, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, la cual, debido a lo anterior, se deja sin efectos.
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