Levi García Tinoco
Expediente 522/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Levi García Tinoco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, y depúrese el incidente de suspensión debido a que se concedió la medida cautelar. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 4° de la publicación de la Lista de las Personas Admitidas a la segunda etapa del Primer Concurso Interno de Oposición para la designación de Magistradas y Magistrados de Circuito, conforme a la Reforma Judicial, en virtud de que el Titular de este órgano jurisdiccional participa en el mismo, de acuerdo con el numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la Carrera Judicial y las Condiciones de los Funcionarios Judiciales, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe. Monse. Oficios 14762, 14763, 14764, 14765, 14766, 14767, 14768, 14769 y 14770
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 522/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al Juez, con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción El Juez provee: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: En términos de lo que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Levi García Tinoco por propio derecho solicito el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: Jueces de Control de la Unidad y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan; Juez de Control de la Unidad y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan. Fernando Javier Gamez Piñon; Juez de Control de la Unidad y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan. Josué Salvador Ortiz Sánchez; Juez de Control de la Unidad y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan. Martha Magaly Vega Alfaro; Juez de Control de la Unidad y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan. Víctor Hugo Ortíz Margarito; Juez de Control de la Unidad y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan. Yuritzi Sánchez Ramírez; y, Elementos del Departamento de Aprehensiones de la Fiscalía Regional de Uruapan. Con residencia en Uruapan, Michoacán Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado De Michoacán; y, Encargado del Departamento de Aprehensiones de la Policía Ministerial en el Estado de Michoacán Con residencia en esta Ciudad. Como acto reclamado: La orden de aprehensión dictada en su contra, así como la ejecución de la misma, tendiente a su detención y privación de la libertad. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, registrándose en el libro de gobierno con el número 522/2022-DM, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se pidió los informes justificados a las autoridades responsables, y se fijó fecha para la audiencia constitucional. Asimismo, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos positivos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en los siguientes: La orden de aprehensión dictada en su contra, así como la ejecución de la misma, tendiente a su detención y privación de la libertad. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Los Jueces de Control de la Unidad y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan, así como el Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado De Michoacán, en su denominación correcta Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado; y, el encargado del Departamento de Aprehensiones de la Policía Ministerial en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, quienes al momento de rendir su informe injustificado manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Asimismo, respecto a los Elementos del Departamento de Aprehensiones de la Fiscalía Regional de Uruapan, a la fecha no ha rendido su informe justificado, la presente determinación se hace extensiva, toda vez que tienen el carácter de ejecutora y no pueden realizar ninguna acción o cumplimentar alguna orden si ninguna autoridad ordenadora se los encomienda. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, refirió que el veinticuatro de marzo del presente año se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión donde se dictó auto de vinculación a proceso al quejoso dentro de la causa penal 11/2022, por el delito de privación de la libertad personal; y por el delito de lesiones calificadas, en agravio de Abraham Godínez Ángel. Por tanto, resulta ser evidente que a la fecha de presentación de la demanda -dieciséis de mayo de dos mil veintidós-, no existía orden de aprehensión o detención emitida por alguna de las juezas o jueces de la región judicial de Uruapan, Michoacán en contra del quejoso Levi García Tinoco. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Levi García Tinoco, por inexistencia de los actos reclamados en términos de la consideración tercera de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretaria que autoriza y da fe.Monse oficio 13382, 13383, 13384, 13385, 13386, 13387, 13388, 13389 y 13390
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado y el disco compacto que rinde el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan. Hágase relación en la audiencia constitucional respectiva Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto 2013, del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado; y el Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales, ambos con residencia en esta ciudad. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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