Levi Ávila Monter

Expediente 453/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
453/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
22/06/2017

Partes del expediente

  • Levi Ávila Monter

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México... acusa recibo del oficio ... se ordena agregar a sus autos ... Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede... se declara que el citado auto, ha causado estado... Archívese este expediente... es susceptible de destrucción... Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de éste juzgado, por el lapso de tres años... Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental e histórica... Por último, devuélvase a la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las constancias que remitió ... se requiere a dicha autoridad para que en el término de veinticuatro horas, remita el acuse respectivo, apercibida de multa ... Notifíquese.

  3. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA... EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 19 DE AMYO DE 2017 QUE ENLO CONDUCENTE DICE: "Ciudad de México, a diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta, de la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y anexos que acompaña, consistentes en su cuaderno D.C. 320/2017, en el que obra el oficio 2720 de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, escrito original de la demanda, dos copias de la misma, toca 258/2017, expediente 427/2016 y una bolsa cerrada con documentos base de la acción; acúsese el recibo correspondiente a la autoridad oficiante y con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de mérito misma que se acuerda en los siguientes términos: Vista la demanda de garantías promovida por Levi Ávila Monter, por su propio derecho, contra actos de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese bajo el arábigo 453/2017-II, y provéase lo conducente con relación a la misma. Del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que resulta improcedente por actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en contrario sensu de lo establecido en la fracción V del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, atento a las siguientes consideraciones. Por actos de imposible reparación debemos entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio pueden ser reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso a estudio, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, emitida en el toca 258/2017 por la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dentro del juicio ordinario civil, seguido por Ávila Monter Levi en contra de María Concepción Muciño Guadarrama, expediente 427/2016, que declaró insubsistente la sentencia definitiva de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Trigésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por falta de integración del litisconsorcio pasivo necesario y ordenó reponer el procedimiento sólo en cuanto al litisconsorcio pasivo necesario, para que Mateo Ávila Muciño y Sebastián Ávila Muciño, sean llamados a juicio por conducto de persona que legalmente represente sus derechos o tutor, para que procedan a deducir lo que a sus intereses concierne e integrar así, debidamente la relación jurídica procesal, lo que constituye el acto reclamado. Como es de verse, la resolución reclamada que implica la reposición del procedimiento oficiosamente, a efecto de llamar a juicio a Mateo Ávila Muciño y Sebastián Ávila Muciño, a fin de que se integre el litisconsorcio pasivo necesario que advirtió la sala responsable, no le causa un perjuicio de imposible reparación al hoy quejoso; es decir, no son actos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio, lo que se traduce en que dicha determinación implica una violación procesal, la cual es impugnable por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin al juicio ordinario civil; es decir, cuando el juez emplace al juicio de origen a los menores por conducto de persona que legalmente represente sus derechos o tutor, y dicte la sentencia definitiva, podrá en su caso promover el juicio de amparo, previo el recurso ordinario que contempla el procedimiento de origen, por lo que ahora, el acto reclamado consistente en la resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, emitida por la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 258/2017, que resolvió declarar insubsistente la sentencia definitiva de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, por falta de integración del litisconsorcio pasivo necesario, dictada por el Juez Trigésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los autos del juicio ordinario civil, seguido por Ávila Monter Levi en contra de María Concepción Muciño, expediente 427/2016, y se ordena reponer el procedimiento sólo en cuanto al litisconsorcio pasivo necesario, para que Mateo Ávila Muciño y Sebastián Ávila Muciño, sean llamados a juicio por conducto persona que legalmente represente sus derechos o tutor, para que procedan a deducir lo que a sus intereses concierne e integrar así, debidamente la relación jurídica procesal, que se advirtió de los citados autos; hace improcedente el juicio de garantías, atento a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por no tratarse de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Asimismo, se precisa que no se desatiende la jurisprudencia que más adelante se transcribirá, ya que en el presente asunto la misma no se actualiza, puesto que además de analizarse el escrito inicial de demanda, se tuvieron a la vista las constancias del juicio natural las cuales gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que los efectos de la resolución reclamada de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, que declaró insubsistente la sentencia definitiva de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el juez Trigésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por falta de integración del litisconsorcio pasivo necesario y ordenó reponer el procedimiento sólo en cuanto al litisconsorcio pasivo necesario, para que Mateo Ávila Muciño y Sebastián Ávila Muciño, sean llamados a juicio por conducto persona que legalmente represente sus derechos o tutor; constituyen una violación procesal que no causa en el solicitante de amparo un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, ya que del procedimiento del juicio de origen no se advierte el cumplimiento de ciertas conductas que deba cumplir al momento de reponerse el procedimiento de origen, que se afecte en grado predominante o superior al solicitante de amparo. El criterio mencionado en el párrafo que antecede se encuentra visible en la página 199, del tomo XXI, enero de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que a la letra dice: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento." Finalmente, se cita en apoyo de lo expuesto, la jurisprudencia, visible a foja 59, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de octubre-diciembre de 1989, de la octava época, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B) CONSTITUCIONAL.- de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Así las cosas, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causal de improcedencia antes analizada; razón por la cual en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de garantías. Por otra parte, téngase por señalado como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda; asimismo como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista Ricardo Casarín Barrientos, en virtud de tener registrada su cédula profesional, en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos, en términos del segundo supuesto del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los demás profesionistas y personas que menciona en su escrito de cuenta. Y debido a lo voluminoso de las constancias remitidas por la Sala responsable, fórmense tres legajos por separado para un mejor manejo del asunto Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario que corresponda a efecto de practicar todas las diligencias que así lo requieran. Notifíquese personalmente a la parte quejosa." NOTIFIQUESE

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