Leticia y/o María Leticia Zamora Morales
Expediente 625/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 625/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Leticia y/o María Leticia Zamora Morales
- Leticia y/o María Leticia Zamora Morales y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de enero de dos mil veintitrés. Téngase al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, acusando recibo e informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por el autorizado la parte quejosa, el cual registró con el número 697/2022, de su índice. Notifíquese y por lista electrónica. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4487/2022, del diez de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y toda vez que este Juzgado Federal cuenta con las constancias de notificación realizadas a las autoridades responsables con motivo del recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa; en consecuencia, gírese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con la finalidad de identificar el órgano jurisdiccional que conocerá del mismo, lo cual deberá ser enviado al correo electrónico institucional 3jdo2cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a este asunto el escrito de **********, autorizado dela quejosa ********** y/o **********, por medio del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida el veintinueve de septiembre del año en curso. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítasele vía interconexión las constancias que integran este juicio, así como el escrito de agravios, para su substanciación. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito por el que se formulan agravios. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las ocho horas con cincuenta y seis minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 625/2022-VI, promovido por Leticia y/o María Leticia Zamora Morales, contra actos del Titular de la Tesorería Municipal de Cuautitlán Izcalli, México y otras autoridades, ante la presencia de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Acto continuo se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendidos los informes justificados que obran en autos. Periodo de pruebas. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las diversas documentales ofrecidas por las partes. Periodo de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se tienen por formulados los hechos valer por las partes. Se cierra este periodo. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida la presente audiencia constitucional, de la que se levanta el acta para constancia legal. A continuación se procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 625/2022-VI; y R E S U L T A N D O I. Leticia y/o María Leticia Zamora Morales, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Titular de la Tesorería Municipal de Cuautitlán Izcalli, México y otras autoridades. II. Por auto del trece de junio de dos mil veintidós, este juzgado admitió a trámite la demanda, registrándolo con el número 625/2022-VI; se requirieron los informes justificados, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues en el caso los actos reclamados se atribuyen a autoridades que tienen su residencia en el lugar donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. A fin de fijar la Litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: - La emisión del estado de cuenta del impuesto predial respecto del bien inmueble ubicado en Paricutin, No.INT. S/N No.EXT. 1 col. El Rosario, Cuautitlán Izcalli, México, con clave catastral 121-13-204-07-00-0000 a nombre de Leticia Zamora Morales, por la cantidad de $ 13,297.38 trece mil doscientos noventa y siete pesos 38/100 moneda nacional, con fecha de corte al seis de mayo de dos mil veintidós. - La emisión del estado de cuenta del impuesto predial respecto del bien inmueble ubicado en Paricutin, No.INT. S/N No.EXT. 1 col. El Rosario, Cuautitlán Izcalli, México, con clave catastral 121-13-204-07-00-0000, a nombre de Leticia Zamora Morales, por la cantidad de $ 7,609.49 siete mil seiscientos nueve pesos 49/100 moneda nacional, con fecha de corte del treinta de agosto de dos mil veintidós. TERCERO. La Titular de la Dirección Jurídica de la Administración Pública Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en representación de las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados. CUARTO. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Del primer artículo se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esa Ley. El segundo de los preceptos en cita establece que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, en los estados de cuenta reclamados únicamente se le informa a la quejosa las cantidades a pagar por impuesto predial. De tal manera que de la lectura de los actos reclamados no se advierte algún acto que se traduzca en un detrimento o vulneración de su esfera jurídica, pues ante tal circunstancia es potestativo su cumplimiento, sin que genere consecuencia jurídica alguna en su perjuicio. De lo anterior, se advierte que tales estados de cuenta, por su sola emisión no incide en la esfera jurídica de la quejosa ni le ocasiona una afectación inmediata y directa a sus derechos sustantivos, porque no constituye un acto definitivo, sino uno futuro de realización incierta, toda vez que para su ejecución sería necesario en primer lugar, que no los pagara y en segundo, que ésta determinara cobrarlos, lo cual, hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo no ha acontecido. Lo anterior, dado que no existe certeza de que el acto se produzca, ya que su posible existencia dependerá, del modo de actuar de la accionante de amparo, por lo que debe estimarse que se trata de actos que no tienen el carácter de inminentes. Asimismo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Dicho dispositivo establece el principio de definitividad, que parte de la premisa consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; por tanto, para que sea procedente debe agotarse, previamente, la jurisdicción ordinaria. La actualización de la hipótesis de improcedencia invocada requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; c) Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan; d) Que, para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. e) Que el acto no carezca de fundamentación. f) Que no se aleguen solo violaciones directas a la Constitución. g) Que el recurso o medio de defensa no se encuentre previsto en un reglamento, sino en una ley. Como se advierte, el precepto constitucional es claro al establecer que en materia administrativa el amparo procede, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal; y que será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. La norma constitucional dispone como excepción, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Ahora bien, a fin de verificar si se cumplen con los requisitos señalados con anterioridad, resulta conveniente recapitular que los actos reclamados consiste en: - La emisión del estado de cuenta del impuesto predial respecto del bien inmueble ubicado en Paricutin, No.INT. S/N No.EXT. 1 col. El Rosario, Cuautitlán Izcalli, México, con clave catastral 121-13-204-07-00-0000 a nombre de Leticia Zamora Morales, por la cantidad de $ 13,297.38 trece mil doscientos noventa y siete pesos 38/100 moneda nacional, con fecha de corte al seis de mayo de dos mil veintidós; y, - La emisión del estado de cuenta del impuesto predial respecto del bien inmueble ubicado en Paricutin, No.INT. S/N No.EXT. 1 col. El Rosario, Cuautitlán Izcalli, México, con clave catastral 121-13-204-07-00-0000, a nombre de Leticia Zamora Morales, por la cantidad de $ 7,609.49 siete mil seiscientos nueve pesos 49/100 moneda nacional, con fecha de corte del treinta de agosto de dos mil veintidós. Precisado lo anterior, se verifica el primero de los requisitos antes señalados, consistente en que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; se advierte que los actos reclamados provienen de autoridades municipales. Por cuanto al requisito consistente en que contra el acto reclamado proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, este también se encuentra satisfecho tal como se expone a continuación. En el caso a estudio, la quejosa tienen a su disposición en forma optativa el recurso de inconformidad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 186, 187, fracción II y 229, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que disponen que la interposición del recurso administrativo de inconformidad en sede administrativa, o bien, el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tiene su procedencia contra actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación, como en el caso sucede, pues el acto fue emitido por una autoridad de naturaleza administrativa. Respecto a los requisitos consistentes en que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan y que dicha suspensión no exija mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo, también se encuentran satisfechos. En el caso particular, el acto reclamado puede ser suspendido, de conformidad con el precepto 194 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se aprecia que ahora, para obtener la suspensión del acto combatido a través del recurso de inconformidad o del juicio contencioso administrativo, no prevé mayores requisitos a los que exige la Ley de Amparo. Por ello, si tales medios de impugnación no se intentaron por la parte quejosa, antes de promover el juicio de amparo respecto del acto que combate, el procedimiento constitucional, como se indicó, resulta improcedente, sin que pudiera tenerse como actualizada alguna excepción al señalado principio. En efecto, como se evidenció en párrafos que anteceden, la ley que rige los actos no prevé mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución, tiene los mismos alcances, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, de ahí que no se actualice la excepción al principio de definitividad consistente en que la ley aludida no prevea la suspensión de la ejecución de los actos, o bien, establezca mayores requisitos. No es inadvertido para este órgano jurisdiccional que los actos reclamados pudieran ser considerados de imposible reparación, al poderse ver afectados derechos sustantivos de la parte quejosa; sin embargo, ello no altera de forma alguna las exigencias de procedencia establecidas, por lo cual, este Juzgado de Distrito está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, tal como lo prevé la ley para el acto reclamado, recurso que tiene como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Por tanto, al ser de estricta interpretación las leyes que establecen excepciones, como regla general, en contra de actos de ejecución irreparable es obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que tiene a su alcances. Tampoco los recursos ordinarios mencionados se encuentran previstos en un reglamento, sino en una ley, es decir, en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. En tal virtud, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E : Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese vía electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.
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