Leticia Vásquez Montes de Oca

Expediente 1531/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1531/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
31/12/2018

Partes del expediente

  • Leticia Vásquez Montes de Oca
  • LETICIA VÁSQUEZ MONTES DE OCA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    Vista la razón actuarial que antecede, por la que la Actuaria Adscrita a este Juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la promovente..., el proveído de siete de diciembre de dos mil dieciocho, toda vez que, como se advierte de dicha razón, en el domicilio proporcionado para tal efecto no habita dicha impetrante de amparo. En razón de lo anterior, hágase efectivo el apercibimiento con que se le comino en el auto inicial del presente juicio; por tanto realícese la notificación de que se trata, a la peticionaria del amparo, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo III del artículo 27 en relación con el numeral 29, de la Ley de Amparo. Resolución de siete de diciembre de dos mil dieciocho: "...Téngase promoviendo demanda de amparo a..., Fórmense los expedientes impreso y electrónico..., En relación a los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo..., se desecha la demanda de amparo..., Por otra parte, visto el oficio..., se adscribió a este órgano jurisdiccional al Juez Ramón Hernández Cuevas, con efectos a partir del dieciséis de enero de dos mil diecinueve..., se ordena hacer del conocimiento de las partes dicha circunstancias, para los efectos legales a que haya lugar..."

  3. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por promoviendo demanda de amparo a Leticia Vásquez Montes de Oca, contra actos del Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Liconsa, Sociedad Anónima de Capital Variable y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1531/2018, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición, en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ACTOS RECLAMADOS De la lectura del acto reclamado y conceptos de violación vertidos en el escrito de la demanda, se advierte que la promovente del amparo reclama esencialmente de las autoridades señaladas como responsable: dos mil dieciocho. Del Titular de la Gerencia Estatal Querétaro, de Liconsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, la ejecución de la orden de dejar sin efectos mi nombramiento como servidor público de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Liconsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, adscrito a la Gerencia Estatal Querétaro de Liconsa Sociedad Anónima de Capital Variable. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Ahora, en relación a los actos reclamados precisados se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación a los diversos 1º fracción I y 5° fracción II, del mismo ordenamiento legal, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1°: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso, de la demanda de garantías se advierte que la peticionaria de amparo, reclama de manera esencial la determinación por medio del cual el Director General de LICONSA de dejar sin efectos el nombramiento o contrato de la parte quejosa. En efecto, la causa de improcedencia invocada se surte plenamente en el presente asunto, toda vez que la conducta que se reclama, no resulta ser acto de autoridad, atento a su naturaleza es un acto emanado de la relación entre el trabajador y patrón y no de autoridad alguna para los efectos del juicio constitucional pues, en la especie, el Director Genera Liconsa, Sociedad Anónima de Capital Variable y otras autoridades, sólo funge como conducto para sancionar la conducta de la quejosa, es decir; se trata de un acto particular de la dependencia de gobierno que actúa como patrón. Lo anterior es así, ya que del numeral con el cual se sanciona a la ahora quejosa, en específico el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, señala lo siguiente: Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: (.) Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del: a) Ingreso al servicio público por primera vez; b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo; II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión. En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión. La Secretaría o los Órganos internos de control, según corresponda, podrán solicitar a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los entes públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación. Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II de este artículo, en caso de que la omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere notificado el requerimiento al Declarante, las Secretarías o los Órganos internos de control, según corresponda, declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del Ente público correspondiente para separar del cargo al servidor público. El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por parte del titular de alguno de los entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley. Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción III de este artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año. Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en el Título Segundo del Libro Segundo de esta Ley. En ese sentido, si la parte quejosa es sancionada con motivo del incumplimiento al requerimiento formulada mediante oficio AQ/1059/2018 de fecha diez de agosto de dos mil dieciocho, de lo que se toma que dicha sanción es derivada de la relación laboral que existe entre la aquí quejosa y la dependencia que la sancionó en términos del numeral ya descrito. Luego en el caso, el acto lo realiza la dependencia en su calidad de patrón y no la autoridad administrativa responsable de tramitar y resolver los asuntos por faltas o responsabilidades de carácter administrativo, luego entonces si la autoridad en su carácter de patrón impone una sanción, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que implica una actuación unilateral de índole patronal proveniente de la relación de coordinación con el servidor público de carrera, sin involucrar una potestad pública administrativa que pueda modificar o extinguir por sí o ante sí aquélla, sin acudir a los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, y toda vez que lo reclamado en la demanda de amparo no se trata de actos que puedan ser materia de análisis en el juicio de amparo, por provenir de una dependencia que no tiene el carácter de autoridad para efectos de esta instancia, por los motivos ya expresados, pues no existe duda respecto de la naturaleza de los actos reclamados por el quejoso. De lo anterior tenemos que autoridad, para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Encambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es corolario de lo anterior que, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Por ende, la determinación de dejar sin efectos el nombramiento o contrato de la quejosa, argumentando la omisión de presentar la declaración de inicio de situación patrimonial y de interés que está obligada en términos del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es un acto patronal susceptible de controvertirse ante el órgano de justicia laboral competente. De ahí que deba establecerse que el referido juicio resulta improcedente, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo. En ese tenor, el acto que reclama la promovente no constituye, de acuerdo a su naturaleza, acto de persona de derecho público o de autoridad, sino acto entre trabajador y patrón, por lo que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente, por actualizarse una manifiesta e indudable causa de improcedencia, que es concretamente la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo que dispone el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el diverso 5°, fracción II, de la ley reglamentaria, este último interpretado en sentido contrario; motivo por el cual, en atención a lo dispuesto por el numeral 113, del ordenamiento legal antes invocado, se desecha de plano la demanda de mérito. Ahora, en el presente asunto el acto reclamado consiste en la determinación de imponer una sanción consistente en dejar sin efectos el nombramiento o contrato de la quejosa como servidora pública, argumentando la omisión de no presentar la declaración de inicio de situación patrimonial y de intereses que estaba obligada en términos del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; por tanto, dicho acto no encuadra en la hipótesis de aplicación de la referida jurisprudencia, ya que ésta sólo es aplicable en aquellos casos en los que se reclame el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17, constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio y por el contrario, ello permite a la parte quejosa acudir oportunamente a la instancia correspondiente a defender sus intereses. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda; y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Arturo Andrade Carreto, y en términos del numeral 24 de la invocada ley, a las diversas personas que refiere, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredite para ejercer la profesión de derecho. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Notifíquese; personalmente a la parte promovente.

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