Leticia Soya Figueroa

Expediente 1328/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1328/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
01/02/2018

Partes del expediente

  • Leticia Soya Figueroa

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; uno de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio suscrito por la secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil, con domicilio en esta ciudad, por medio del cual, remite el testimonio de la resolución pronunciada el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, dentro del recurso de queja ******, de su índice, así como copia certificada del juicio en que se actúa. Acúsese recibo. De la ejecutoria que anexa al oficio de cuenta, se advierte que el tribunal de alzada declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa ********** y confirmó el auto que desechó de plano la demanda de amparo. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en que se desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Destrucción de constancias. Con relación a las copias certificada que remite la superioridad con el oficio de cuenta, toda vez que el mismo consta de las copias del expediente en que se actúa; se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el libelo firmado por *********** autorizado de la parte quejosa ********** por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda promovida. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil en turno del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copias certificadas de las constancias que integran los presentes autos, y el informe sobre la materia del medio impugnación interpuesto, para la substanciación del mismo. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ríndase informe en el sentido de ser cierto que se emitió el proveído de veintiocho de noviembre del año en curso en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida, constando en el mismo los motivos y fundamentos legales que fueron tomados en cuenta, para resolver en el sentido asentado, lo cual sustenta su legalidad. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad para resolverlo, puesto que el medio de impugnación de que se trata es contra el auto que desechó de plano la demanda de amparo y por ende, no hay partes en el asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza, Elda Karen Carral Chávez, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- se reclama el Visto dictado en la resolución de fecha 07 siete de Noviembre del 2017, por la C. JUEZ CUARTO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, en los autos del expediente *****, ya que dicha resolución es completamente ilegal, anticonstitucional y violatorio de mis derechos humanos, tal y como se apreciará en líneas posteriores de la presente demanda de amparo". ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1328/2017-XIII. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizada que es la demanda de amparo de referencia, se aprecia que la promovente del juicio reclama en esta vía constitucional lo siguiente: La determinación emitida el siete de noviembre del año en curso por la Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro de los autos del expediente ****, en la cual, determinó no dictar la sentencia que resolviera el fondo del referido asunto y declaró nula la diligencia de emplazamiento de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, realizada a la persona moral denominada *********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad de Fondo Múltiple, Entidad no Regulada, así como las posteriores actuaciones, dejando subsistente únicamente el auto de radicación de once de noviembre de dos mil dieciséis, emplazamiento y contestación de la demanda realizada por el ***** y, desahogo de vista de ésta. Ahora bien, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, pues tales numerales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De los artículos y fracciones transcritas se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo biinstancial, son aquellos que afectan de modo directo alguno de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución. De igual manera, como un criterio complementario, el Máximo Tribunal del País ha determinado que el juicio de amparo indirecto procede contra violaciones procesales cometidas durante la tramitación de un juicio, cuando produzcan un grado extraordinario de afectación, lo cual permite que sean impugnables de inmediato, sin necesidad de aguardar el dictado de la sentencia definitiva. Así se desprende de la tesis P. LVII/2004, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 9, Novena época, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, si éstos no producen a las partes una afectación en grado predominante o superior, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. Tiene aplicación, la jurisprudencia 48/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 30, mayo de 2016, tomo II, página 1086, registro 2011580, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". De igual forma, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, página 59, Octava época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". En efecto, el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso, se exige que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a ubicar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente deben de revestir la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, el quejoso verá limitada el ejercicio de la acción constitucional vía amparo indirecto, cuando los actos dictados tengan su origen dentro del proceso, debe de acreditarse que tal gravedad impida en forma actual el ejercicio de un derecho, aun cuando sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues se encuentra justificada esa exigencia de recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, para hacer claro la lesión de bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables, sino sustantivas. Consideraciones que fueron sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en materia de Trabajo del Tercer Circuito, en donde concluyó lo siguiente. "(.) Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen; expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. (.)". El criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), corresponde a la Décima época, con registro: 2006589, del libro 7, junio de 2014, tomo I. Materia(s): Común, página: 39, literalidad siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En ese tenor, se tiene que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; sin embargo, por similitud jurídica procesal, dicha disposición legal es también aplicable al caso concreto, cuando el acto reclamado lo constituye el acuerdo emitido el siete de noviembre del año en curso por la Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro de los autos del expediente *****, de su índice, en el cual, determinó no dictar la sentencia que resolviera el fondo del referido asunto y declaró nula la diligencia de emplazamiento de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, realizada a la persona moral denominada *******, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad de Fondo Múltiple, Entidad no Regulada, así como las posteriores actuaciones, dejando subsistente únicamente el auto de radicación de once de noviembre de dos mil dieciséis, emplazamiento y contestación de la demanda realizada por el ***** y, el desahogo de vista de ésta. Dicha determinación, no es un acto que lleve en sí mismo una ejecución de imposible reparación, toda vez que no le causa algún daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación directa e inmediata en sus derechos sustantivos, por ende cualquier afectación que pudiera resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro de ese mismo procedimiento. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 23/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, tomo XXVII, página 593, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 2008, número de registro electrónico 170244, cuyo rubro y texto son los siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.-La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta". Así como la tesis I.14o.C.15 K (9a.), emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro I, octubre de 2011, tomo 3, visible en la página 1662, registro electrónico 160816, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES POR DEFECTOS EN EL EMPLAZAMIENTO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE, POR TAL RAZÓN, ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, AUNQUE ELLO PUEDE IMPLICAR REALIZARLO POR EDICTOS. De la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.", se advierte, medularmente, que la resolución que ordena reponer el procedimiento por falta de emplazamiento constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva (en materia civil, estricto o lato sensu), en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, por no afectar, directa e inmediatamente, derechos sustantivos establecidos en la Constitución, y el perjuicio procesal no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, dado que éste continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada, lo que no encuentra obstáculo en el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque el propio Alto Tribunal señaló: "... tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta.". Adicionalmente, a la misma conclusión debe arribarse cuando se trata de una resolución que ordena reponer el procedimiento por defectos en el emplazamiento y que, en su caso, puede significar que deba realizarse nuevamente mediante edictos y a cargo de la parte quejosa, puesto que tal hecho constituye un acto futuro e incierto que, de concretarse, implicaría un acto de molestia a la parte inconforme con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, pero que no está contemplado como elemento que determine la irreparabilidad del acto que reclama e, inclusive, la afectación económica puede ser objeto de las costas causadas en el juicio a la parte condenada, en las hipótesis establecidas en la ley que rige al acto". Además, debe señalarse que la reposición del procedimiento es una institución jurídica procesal que opera en los casos en que un órgano jurisdiccional advierte por sí o con motivo de un agravio planteado, que durante el procedimiento se cometió una violación procesal manifiesta que trasciende al resultado del fallo, lo cual trae como consecuencia, que se ordene dejar insubsistente la resolución o actuación impugnada hasta el momento procesal en que se verificó la violación y así subsanar la irregularidad presentada, esto encuentra explicación en el respeto a que están obligados los tribunales por las formalidades esenciales del procedimiento. Los alcances concretos de la reposición de procedimiento que ordena un tribunal pueden ser muy distintos, y prueba de ello es el juicio que se ha analizado en esta resolución, pues dicho alcance siempre implica la obligación de litigar nuevamente tras haber quedado sin efecto un tramo del procedimiento seguido hasta ese momento. En ese contexto, el acto reclamado no reviste las características de una violación de derechos sustantivos constitucionales, pues en todo caso podría vulnerar sólo derechos procesales, sin producir una afectación en grado predominante o superior. Con apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia tesis IV.2° J/13, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, tomo III, junio de 1996, página 538, cuyo texto es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION.- Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." En consecuencia de lo anterior, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la ley en la materia. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Por otra parte, el quejoso aduce que se violentó en su perjuicio el contenido del artículo 1° Constitucional, sin embargo, este juzgador no advierte que en la especie exista algún problema de constitucionalidad o convencionalidad, esto es, que las disposiciones secundarias aplicables al caso, no pugnan con las normas de derechos humanos establecidas en la Constitución Federal o en los instrumentos internacionales, sino que sólo se dilucidó cuestiones de mera legalidad. Máxime que las normas secundarias parten de la presunción de constitucionalidad. Por lo cual, en el caso no existe contravención al principio y obligación de las autoridades judiciales de estar a lo más benéfico, que ahora tiene estrecha relación con el mandato constitucional "pro persona"; pues ciertamente en la elección que el juzgador debe realizar para aplicar la norma más benéfica o realizar la interpretación más amplia si se trata de reconocer derechos protegidos, así como en la elección de la norma o la interpretación más restringida cuando se trata de establecer límites permanentes o suspensión extraordinaria a los derechos; debe elegirse aquella que favorezca más ampliamente a la persona o que implique una menor restricción, y si la norma admite varias interpretaciones jurídicamente válidas, debe preferirse aquella que represente una mayor protección para el individuo o una menor restricción del derecho. Empero, ello no deriva necesariamente que lo alegado por la parte quejosa deba ser resuelto de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 104/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro XXV, octubre de 2013, tomo 2, página 906, registro electrónico 2004748, cuyo texto es: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Asimismo, es aplicable la tesis 98/2014 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 11, octubre de 2014, tomo I, página 909, registro electrónico 2007621, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica; y, autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** y ****, y en términos restringidos del citado numeral a ****. Asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la promovente.

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