LETICIA SONIA HERRERA GOMEZ TAGLE y Otros.
Expediente 68/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 68/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/04/2023
Partes del expediente
- LETICIA SONIA HERRERA GOMEZ TAGLE y Otros.
- Edgardo Ibarra Herrera
- EDGARDO IBARRA HERRERA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Gerente Comercial Toluca, de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, informa que no localizó registro a nombre de ********************, también conocida como ********************. Atento a lo anterior y vista la certificación de cuenta, se advierte que dicho oficio no guarda relación con el juicio de amparo 68/2023-I de este órgano jurisdiccional; por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, previa obtención de copia simple para que obre en autos, remítase al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibidos los oficios de cuenta; mediante los cuales, con el primero el Director del Centro Penitenciario y Reinserción Social de Santiaguito, Estado de México, rinde informe de cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente juicio, y con el segundo, rinde informe justificado. Por lo anterior, se toma conocimiento de lo informado por cuanto hace a la manera en como la autoridad responsable rinde su informe de suspensión de plano. En diverso orden, con el informe justificado, dese vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora, por cuanto hace al anexo que se acompaña, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dicha probanza, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, del contenido de los informes en comento, se advierte que la autoridad responsable, informa la inexistencia de las autoridades denominadas Jefe del Área de Custodia y Jefe del Área de Seguridad, ambos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México; esto por los motivos referidos. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente proveído, proporcione la denominación correcta de las autoridades que señaló como responsables en el presente juicio; apercibida que de no hacerlo se suspenderá toda comunicación con ésta al no ser localizadas y se declarará su inexistencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 153/2019 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 15 de noviembre de 2019, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió". Finalmente, vista la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para el día de hoy, no obstante por lo anteriormente expuesto, se difiere y en su lugar se señalan las trece horas con treinta minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, para su verificativo.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, la Encargada del Área de Amparos y Fianzas de Interés Social del Instituto de la Defensoría Pública, informa que designa a la licenciada ********************; para que asuma la representación del quejoso Edgardo Ibarra Herrera; asimismo, del escrito que se anexa al oficio de cuenta, la defensora pública manifiesta que acepta el cargo que se le ha conferido y que protesta cumplirlo fielmente en términos de ley; además, señala domicilio físico para oír y recibir notificaciones, así como dos correos electrónicos y números telefónicos; de igual forma, solicita que éstas se lleven a cabo con el quejoso en el lugar de su reclusión y a la promovente mediante oficio en el Área de Amparos; además, autoriza a diversas personas para oír y recibir notificaciones; de igual forma, solicita la consulta del expediente electrónico mediante el usuario "********************"; y, adjunta copia de su gafete y cédula profesional. Atento a lo anterior, se tiene por aceptado y protestado el cargo de la profesionista en comento, así como por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que proporciona, y se toma conocimiento del domicilio físico que aporta. Luego, toda vez que de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro del usuario "********************"; en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva de este asunto. De igual forma, se requiere a la defensora pública de mérito para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si señala el citado usuario como medio para recibir notificaciones, en el entendido que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio los correos electrónicos que ofertó. Además, comuníquese a la defensora referida que las notificaciones personales se le realizarán al quejoso, en los términos que establece el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; y, respecto a las notificaciones de ella, dígasele que en términos de la fracción III, del numeral aludido, las mismas se le realizarán por lista; y, en el domicilio señalado, únicamente las notificaciones que la ley establezca de manera personal. Finalmente, se tiene por autorizadas en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su escrito.
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto la primera certificación de cuenta, se advierte que feneció el término otorgado en auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, a Alhan Cruz Martínez Hernández, para que registrara su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Cédulas Profesionales del Consejo de la Judicatura Federal, sin que al momento se advierta atendido el requerimiento solicitado. Por lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y se procede a proveer al respecto. A efecto de garantizar una tutela jurisdiccional efectiva en favor del peticionario del amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro 2020495, viernes 23 de agosto de 2019 10:31 h, Materia(s): (Constitucional, Común), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.", requiérase mediante oficio al Delegado del Instituto de Defensoría Pública del Estado de México, para que en el término de tres días legalmente computados, designe un Asesor Jurídico que acompañe al quejoso durante la tramitación del presente juicio de amparo, quien dentro del mismo plazo, deberá comparecer a aceptar el cargo conferido, e imponerse de los autos, apercibido que, en caso de ser omiso, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. A efecto de dar tiempo a lo antes descrito, se difiere la audiencia programada para el día de la fecha, y en su lugar se programan las doce horas del seis de marzo de dos mil veintitrés, para su verificativo. Por otra parte, los actos reclamados son incomunicación y tortura, por lo que en proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, de la Ley de Amparo, se suspendieron de oficio y de plano tales actos, para el efecto de que cesaran de inmediato, debiendo las autoridades responsables informar, en un término no mayor a veinticuatro horas, el cumplimiento que dieran a esta determinación, apercibidas que si al rendir sus informes correspondientes afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serían sancionadas en términos del Código Penal Federal, ello acorde con lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia I. 3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 951, tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989 del Semanario Judicial de la Federación que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Por lo anterior, se requiere a las responsables para que a la brevedad informen el cumplimiento a la suspensión de plano y hágaseles saber que si existe violación a esta medida suspensional, serán sancionadas conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos; asimismo, hágase de su conocimiento que no obran los informes justificados requeridos en auto de dieciocho de enero del año en curso.
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