Leticia Socorro Galindo Ugarte

Expediente 462/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
462/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • Leticia Socorro Galindo Ugarte

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio signado por la Secretaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; mediante el cual remite el juicio de amparo 462/2023-VII, del índice de este órgano jurisdiccional, asimismo, remite testimonio de la ejecutoria dictada el diez de agosto de dos mil veintitrés, dentro del recurso de queja 110/2023, cuyo punto resolutivo establece lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por ********************contra el auto de doce de abril de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dentro del Juicio de Amparo Indirecto 462/2023. En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente y dese a conocer a las partes el presente proveído; por otra parte, en relación al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los autos, se ordena destruir las copias con las que se integró el mismo, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Causa estado auto de desechamiento y se ordena archivo y destrucción. Con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído dictado el doce de abril de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo radicada en este expediente promovida por ********************ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federa, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federa, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diez de mayo de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado de Circuito informa admisión de recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa ********************, por conducto de su autorizada en términos amplios ********************, en contra del proveído de doce de abril de dos mil veintitrés, dictada por este Juzgado de Distrito, siendo registrado con el número ********************, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Est********************, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.ajb

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés.****************************************Se interpone recurso de queja.****************************************Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, autorizada en términos amplios de la parte quejosa ********************en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de doce de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo.****************************************En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en Turno, el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado que se desechó la demanda de amparo; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado.****************************************Por tanto, con diversa copia del escrito de recurso de queja, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto; una vez notificado el presente proveído a la parte promovente, remítanse las constancias precisadas dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, al citado tribunal colegiado.****************************************Notifíquese personalmente a la parte promovente.****************************************Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.ajb

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, doce de abril de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Leticia Socorro Galindo Ugarte, por propio derecho, contra actos de los Magistrados de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 462/2023-II. Se desecha demanda. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado, la resolución de quince de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el toca de queja 597/2022 de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual modificó la resolución interlocutoria de seis de octubre de dos mil veintidós, la cual a su vez revocó el auto de dos de junio de dos mil veintidós dictado en el expediente 277/2019 del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, y por la cual se acordó no ha lugar a acordar de conformidad la petición del aquí quejoso respecto de desechar la demanda reconvencional interpuesta por María Guadalupe Rodríguez Pérez o Ma. Guadalupe Rodríguez Pérez. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: ... En esas condiciones, este juzgado considera que en el presente asunto se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales, 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, los cuales establecen:... Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías bi-instancial, debe tenerse en cuenta, que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, visible a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se desprende que el quejoso tilda de inconstitucional la resolución de quince de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el toca de queja 597/2022 de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual modificó la resolución interlocutoria de seis de octubre de dos mil veintidós, la cual a su vez revocó el auto de dos de junio de dos mil veintidós dictado en el expediente 277/2019 del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, y por la cual se acordó no ha lugar a acordar de conformidad la petición del aquí quejoso respecto de desechar la demanda reconvencional interpuesta por María Guadalupe Rodríguez Pérez o Ma. Guadalupe Rodríguez Pérez. Sin embargo, el mismo no constituye un acto de imposible reparación en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no afecta en forma material derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etcétera) y sus consecuencias sólo son de carácter intraprocesales que pueden ser reparables si la sentencia le resulta favorable; en caso contrario, tiene la posibilidad de impugnar tal violación en amparo directo junto con el fallo definitivo. Lo anterior, toda vez que con entera independencia de las consecuencias que de suyo traiga la citada resolución reclamada, lo cierto es que no es de imposible reparación, al no afectar derechos sustantivos de la quejosa, pues las violaciones que se pudieran haber cometido al resolverse el recurso de queja referido, quedarían resarcidas si la sentencia que se llegue a dictar en el juicio le beneficia; sin perjuicio de que, de resultarle adversa, pueda plantear como violación procesal en el juicio de amparo directo la determinación de que ahora se duele. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VII.1o.A.T.26 L, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Mayo de 2000, página 927, con registro digital 191815, de rubro y contenido siguiente: "DEMANDA RECONVENCIONAL. SU ADMISIÓN Y EL HECHO QUE SE TENGA POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO NO IMPLICA UN ACTO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS INDIRECTO. Si se parte de la base de que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República estatuye que procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ..." y que, a su vez, la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, dispone que procede el amparo ante el Juez de Distrito "Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", entendiéndose que los actos procesales tienen esa ejecución irreparable si afectan de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del gobernado, no reparable en el laudo o sentencia definitiva, es indudable que los actos reclamados, consistentes en el acuerdo que admitió la demanda reconvencional y la tuvo por contestada en sentido afirmativo, no surten los requisitos de irreparabilidad que hagan procedente el amparo biinstancial en términos de los preceptos de mérito, dado que con ello no se impide la continuación del procedimiento en el expediente laboral, y tampoco se causa un daño que no pudiera ser reparado al dictarse el laudo, el cual podrá impugnarse, de serle desfavorable, a través del juicio de amparo directo y, en esa oportunidad, también tal acto como violación procesal; motivo por el cual resulta patente y manifiesto que el juicio de garantías resulta improcedente de conformidad con lo que previene la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el citado 114, fracción IV, de la ley de la materia". Como se puede observar, la posible violación procesal reclamada en esta instancia constitucional no producirá materialmente una afectación a los derechos fundamentales de quien promovió el amparo, cuenta habida que puede obtener un fallo definitivo favorable, con lo que desaparecerían fácticamente los efectos de la violación procesal, dejando intacta la esfera jurídica de la parte quejosa al no alterarse ningún derecho sustantivo; por ende, será hasta que se dicte la resolución correspondiente cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas de la parte inconforme y, en caso de que la supuesta violación procesal haya trascendido al resultado del fallo, el impetrante tiene la posibilidad de combatirla conjuntamente con la resolución definitiva si ésta resultara desfavorable a sus intereses. De ahí que se asevere que el juicio de amparo indirecto promovido contra el acto reclamado resulta improcedente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V (en sentido contrario), de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Consulta y notificación de expediente electrónico. Asimismo, si bien manifiesta un domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico a través del usuario ********************toda vez que se encuentra registrado, en la inteligencia de que el Actuario de la adscripción deberá realizar las notificaciones por la vía electrónica, por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Miriam Atonal Sánchez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.AIHH*

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