Leticia Ruiz Paniagua
Expediente 58/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 58/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/02/2018
Partes del expediente
- Leticia Ruiz Paniagua
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Primer Secretario de Acuerdos, Encargado del Despacho por ministerio de Ley del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por conducto del Encargado del Despacho, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 18/2018, con número de orden 30/2018, del índice de este órgano de control constitucional, que se envió para notificar a la quejosa Leticia Ruiz Paniagua, el auto de diecisiete de enero del año en curso, por el que se desechó la demanda, de lo que se toma nota para los efectos legales procedentes. En ese sentido, dése de baja en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, el despacho devuelto por la autoridad de mérito. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, en el presente sumario se advierte la existencia del despacho 18/2018, con número de orden 30/2018, girado al Juez Civil de San Cristóbal de las Casas en Turno, a fin de notificar el auto de diecisiete de enero del año en curso, que tuvo por desechada la demanda promovida por Leticia Ruiz Paniagua; sin embargo, se aprecia (fojas 22 y 23) que la comunicación procesal de referencia a la parte fue realizada el doce de febrero de dos mil dieciocho, por conducto del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito. En ese tenor, en virtud de la información recabada por la Secretaría, requiérase al Juzgado Segundo Civil de San Cristóbal de las Casas, para que remita en el estado que se encuentra la comunicación oficial citada en el párrafo anterior; apercibido que de no hacerlo se le impondrá que de no dar cumplimiento a lo anterior o no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, se hará acreedor a una multa de Cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos de lo establecido por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casa, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 58/2018-3-B. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la ley. El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio (intraprocesales), que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en el auto de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se consideró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio de cesación y cancelación de pensión alimenticia 805/2017, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas. Ahora, de un análisis integral a la demanda que se provee, es de advertirse que el auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, contra el que la quejosa promovió el recurso de apelación denegado, versa sobre las pruebas que ofreció y que a su decir, la autoridad responsable negó su desahogo, consistentes en el estudio socioeconómico que pretende se realice a ambas partes, así como el oficio que considera necesario se gire a la dependencia donde actualmente trabaja la parte actora José Francisco Montoya Molina. Lo que guarda relación con los motivos que la autoridad responsable expuso en el acuerdo reclamado, para considerar inadmisible dicho medio de impugnación, tal y como se desprende de la transcripción que cita la quejosa: ".al efecto dígasele a la ocursante que se declara INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en contra del auto de fecha 04 cuatro de diciembre del año que transcurre, toda vez que por criterio sustentado por el Tribunal de Alzada, en toca civil número 236-B-1CO3-2016, resolvieron los magistrados que integran dicho cuerpo colegiado que en esta clase de incidentes o juicios donde se promuevan cesación o cancelación de pensión alimenticia, no deben girarse los oficios ordenados por el arábigo 948 del citado cuerpo legal, así como tampoco practicarse los estudios socioeconómicos, ante tales razonamientos no es dable su petición." En consecuencia, es de considerarse que dicha actuación de carácter intraprocesal, al estar directamente vinculada al trámite del procedimiento y a la actividad probatoria de las partes, se traduce en una violación adjetiva que únicamente repercute en el procedimiento y no genera a las partes una afectación material, habida cuenta que sus efectos lesivos habrán de concretarse con la emisión de una resolución definitiva desfavorable; de lo que se sigue que el perjuicio de tal determinación se encuentra condicionada al desenlace de la litis de origen. Esto es, se trata de actos procesales que no tienen una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. En efecto, el acto reclamado no causaría perjuicio alguno a la parte aquí quejosa en el supuesto de que la sentencia definitiva fuese en su contra, pues la violación alegada puede que no trascienda al resultado del fallo, y, en caso contrario, tendría expedito su derecho para impugnar la mencionada resolución, en el amparo directo. Tiene aplicación la tesis aislada I.1º.A.7 K de rubro siguiente: "RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA UN ACTO INTRAPROCESAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA SI LA DETERMINACIÓN RECURRIDA EN LA VÍA ORDINARIA NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Asimismo, resulta aplicable al caso, por identidad jurídica substancial, por el espíritu que la rige y únicamente en lo conducente, la tesis 3ª. 43 , sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Asimismo, quien esto determina considera que respecto del citado acto reclamado, también se actualiza la causa de improcedencia prevista fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". De la cita que antecede se aprecia que el principio de definitividad refiere a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Ahora, la determinación -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que ésta puede ser modificada, revocada o anulada, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, el recurso de queja previsto en el numeral 697, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas; precepto que a la letra reza: "Artículo 697. El recurso de queja tiene lugar: [.] III.- Contra la denegación de apelación". En efecto, el acto reclamado consistente en el auto de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se consideró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio de cesación y cancelación de pensión alimenticia 805/2017, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, es dable su impugnación a través del recurso de queja previsto por el artículo 697, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, pues la impetrante figura como parte demandada en el juicio de origen, en el cual no se ha dictado sentencia definitiva; además, tampoco se desprende que el acto reclamado se ubique en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) o c), de la citada fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. De ahí que, al advertirse que la impetrante no agotó el recurso de queja previamente a la promoción del juicio de amparo, a pesar de que se encontraba obligada, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se agoten todos los recursos o medios de defensa que la ley otorgue a las partes de un juicio o procedimiento, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.". En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualizan de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XVIII, y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la quejosa, al resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, respecto a la petición de la promovente de tener como mandatario judicial a Julio Cesar Herrera Molina, dígase que no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que la Ley de Amparo no prevé esa figura. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, se tiene como autorizados en términos restringidos a Julio Cesar Herrera Molina y Roxana Gabriela Gómez López, toda vez que no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumpla con el requisito, se acordará lo conducente. Ahora bien, a efecto que la solicitante de amparo se imponga del contenido de la radicación del juicio de amparo ante este juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, gírese atento despacho al Juez Civil de san Cristóbal de las Casas en Turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique el presente proveído a la parte quejosa, en el despacho jurídico ubicado en Avenida Crescencio Rosas, número treinta y nueve (39) "B" de Barrio de Santa Lucía de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; debiendo requerirle para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ya que de no hacerlo las que surjan dentro del procedimiento se les harán por lista de acuerdos, aún las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para ese fin. Puntualícese a la autoridad requerida que la notificación a la parte quejosa, deberá realizar conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Amparo vigente. De igual manera, requiérase a dicha autoridad, para que dé cumplimiento a este mandato dentro del término de cinco días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 del Código Federal en mención, apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior o no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización , conforme al Salario Mínimo Nacional vigente, en términos de lo establecido por el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Poder Ejecutivo, que entró en vigor al día siguiente, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que para la práctica de la diligencia encomendada podrá constituirse en diversos horarios, pudiendo ser estos en días y horas inhábiles, a fin de practicar la diligencia respectiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de ley de la materia. Hecho lo anterior, deberá devolver inmediatamente el despacho a este Juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese."
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casa, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 58/2018-3-B. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la ley. El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio (intraprocesales), que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en el auto de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se consideró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio de cesación y cancelación de pensión alimenticia 805/2017, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas. Ahora, de un análisis integral a la demanda que se provee, es de advertirse que el auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, contra el que la quejosa promovió el recurso de apelación denegado, versa sobre las pruebas que ofreció y que a su decir, la autoridad responsable negó su desahogo, consistentes en el estudio socioeconómico que pretende se realice a ambas partes, así como el oficio que considera necesario se gire a la dependencia donde actualmente trabaja la parte actora José Francisco Montoya Molina. Lo que guarda relación con los motivos que la autoridad responsable expuso en el acuerdo reclamado, para considerar inadmisible dicho medio de impugnación, tal y como se desprende de la transcripción que cita la quejosa: ".al efecto dígasele a la ocursante que se declara INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en contra del auto de fecha 04 cuatro de diciembre del año que transcurre, toda vez que por criterio sustentado por el Tribunal de Alzada, en toca civil número 236-B-1CO3-2016, resolvieron los magistrados que integran dicho cuerpo colegiado que en esta clase de incidentes o juicios donde se promuevan cesación o cancelación de pensión alimenticia, no deben girarse los oficios ordenados por el arábigo 948 del citado cuerpo legal, así como tampoco practicarse los estudios socioeconómicos, ante tales razonamientos no es dable su petición." En consecuencia, es de considerarse que dicha actuación de carácter intraprocesal, al estar directamente vinculada al trámite del procedimiento y a la actividad probatoria de las partes, se traduce en una violación adjetiva que únicamente repercute en el procedimiento y no genera a las partes una afectación material, habida cuenta que sus efectos lesivos habrán de concretarse con la emisión de una resolución definitiva desfavorable; de lo que se sigue que el perjuicio de tal determinación se encuentra condicionada al desenlace de la litis de origen. Esto es, se trata de actos procesales que no tienen una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. En efecto, el acto reclamado no causaría perjuicio alguno a la parte aquí quejosa en el supuesto de que la sentencia definitiva fuese en su contra, pues la violación alegada puede que no trascienda al resultado del fallo, y, en caso contrario, tendría expedito su derecho para impugnar la mencionada resolución, en el amparo directo. Tiene aplicación la tesis aislada I.1º.A.7 K de rubro siguiente: "RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA UN ACTO INTRAPROCESAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA SI LA DETERMINACIÓN RECURRIDA EN LA VÍA ORDINARIA NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Asimismo, resulta aplicable al caso, por identidad jurídica substancial, por el espíritu que la rige y únicamente en lo conducente, la tesis 3ª. 43 , sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Asimismo, quien esto determina considera que respecto del citado acto reclamado, también se actualiza la causa de improcedencia prevista fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". De la cita que antecede se aprecia que el principio de definitividad refiere a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Ahora, la determinación -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que ésta puede ser modificada, revocada o anulada, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, el recurso de queja previsto en el numeral 697, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas; precepto que a la letra reza: "Artículo 697. El recurso de queja tiene lugar: [.] III.- Contra la denegación de apelación". En efecto, el acto reclamado consistente en el auto de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se consideró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio de cesación y cancelación de pensión alimenticia 805/2017, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, es dable su impugnación a través del recurso de queja previsto por el artículo 697, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, pues la impetrante figura como parte demandada en el juicio de origen, en el cual no se ha dictado sentencia definitiva; además, tampoco se desprende que el acto reclamado se ubique en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) o c), de la citada fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. De ahí que, al advertirse que la impetrante no agotó el recurso de queja previamente a la promoción del juicio de amparo, a pesar de que se encontraba obligada, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se agoten todos los recursos o medios de defensa que la ley otorgue a las partes de un juicio o procedimiento, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.". En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualizan de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XVIII, y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la quejosa, al resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, respecto a la petición de la promovente de tener como mandatario judicial a Julio Cesar Herrera Molina, dígase que no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que la Ley de Amparo no prevé esa figura. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, se tiene como autorizados en términos restringidos a Julio Cesar Herrera Molina y Roxana Gabriela Gómez López, toda vez que no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumpla con el requisito, se acordará lo conducente. Ahora bien, a efecto que la solicitante de amparo se imponga del contenido de la radicación del juicio de amparo ante este juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, gírese atento despacho al Juez Civil de san Cristóbal de las Casas en Turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique el presente proveído a la parte quejosa, en el despacho jurídico ubicado en Avenida Crescencio Rosas, número treinta y nueve (39) "B" de Barrio de Santa Lucía de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; debiendo requerirle para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ya que de no hacerlo las que surjan dentro del procedimiento se les harán por lista de acuerdos, aún las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para ese fin. Puntualícese a la autoridad requerida que la notificación a la parte quejosa, deberá realizar conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Amparo vigente. De igual manera, requiérase a dicha autoridad, para que dé cumplimiento a este mandato dentro del término de cinco días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 del Código Federal en mención, apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior o no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización , conforme al Salario Mínimo Nacional vigente, en términos de lo establecido por el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Poder Ejecutivo, que entró en vigor al día siguiente, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que para la práctica de la diligencia encomendada podrá constituirse en diversos horarios, pudiendo ser estos en días y horas inhábiles, a fin de practicar la diligencia respectiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de ley de la materia. Hecho lo anterior, deberá devolver inmediatamente el despacho a este Juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
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