Leticia Romero Sánchez
Expediente 959/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 959/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Leticia Romero Sánchez
Actuaciones
- Principal
Vista; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, contra el auto dictado el veintiuno de diciembre del dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Por otra parte, ya que en el presente juicio de amparo sí existen documentos originales exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar; y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, de que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; en consecuencia se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible. Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruido junto con el presente expediente. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por la quejosa Leticia Romero Sánchez; como lo solicita, se autoriza a las personas que refiere para recibir los documentos que se ordenó devolver en párrafo anterior, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. Hágase saber a la parte quejosa que conforme a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, concretamente en el artículo 6, fracción II, del primero de los citados acuerdos, establece un modelo de atención presencial basado en citas, por lo cual para su comparecencia ante este órgano jurisdiccional, a efecto de recibir los documentos que presentó junto con su escrito de demanda, deberá previamente generar su correspondiente cita a través del sistema "Agenda OJ".
- Principal
SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA Vista; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, contra el auto dictado el veintiuno de diciembre del dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Por otra parte, ya que en el presente juicio de amparo sí existen documentos originales exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar; y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, de que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; en consecuencia se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible. Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruido junto con el presente expediente. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por la quejosa Leticia Romero Sánchez; como lo solicita, se autoriza a las personas que refiere para recibir los documentos que se ordenó devolver en párrafo anterior, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. Hágase saber a la parte quejosa que conforme a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, concretamente en el artículo 6, fracción II, del primero de los citados acuerdos, establece un modelo de atención presencial basado en citas, por lo cual para su comparecencia ante este órgano jurisdiccional, a efecto de recibir los documentos que presentó junto con su escrito de demanda, deberá previamente generar su correspondiente cita a través del sistema "Agenda OJ".
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Leticia Romero Sánchez, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, se acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 959/2021-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El auto de requerimiento de pago y embargo librado dentro del expediente 329/I/2014, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, de catorce de abril de dos mil veintiuno. La inminente orden de inscripción de embargo del bien inmueble que señala la quejosa es de su propiedad, ubicado en calle Dolores, número sesenta y cuatro (64), de la Colonia Centro, en Jerez, Zacatecas. La diligencia de ejecución desahogada el veintisiete de abril del dos mil veintiuno, en la que se trabó real y formal embargo del bien inmueble que señala la quejosa es de su propiedad, ubicado en calle Dolores, número sesenta y cuatro (64), de la Colonia Centro, en Jerez, Zacatecas. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación a los actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se puede advertir, el artículo 17 de la Ley de Amparo prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, salvo las excepciones contempladas en dicho numeral; en tanto que el diverso 18 dispone que el citado plazo se computarán a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a). Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b). Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, c). Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En la primera de ellas, el término de quince días que prevé el citado artículo 17 se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. En la segunda hipótesis, el término para la interposición de la demanda de amparo iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, ya sea porque en el procedimiento del que deriva el acto reclamado no existe medio legal de comunicación procesal, o bien, porque no es parte del mismo, o siéndolo no fue llamado al procedimiento. La tercera y última estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado, lo cual entraña una confesión de la existencia y conocimiento de un acto que transgrede derechos públicos subjetivos del gobernado. No está por demás mencionar que la parte quejosa no se ubica en ninguna de las hipótesis de excepción que prevé el numeral 17 de la Ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo, en el plazo de quince días, pues no reclama una norma general, o el procedimiento de extradición; la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; actos relativos a derechos agrarios; o alguno que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Para arribar a la anterior conclusión, es menester por su trascendencia, citar textualmente el punto de hechos número 3 y 4 que la quejosa narra en su demanda bajo protesta de decir verdad, mismo que es de la literalidad siguiente: "3.- En efecto, es el caso que el día 27 de abril 2021, a las 14:00 pm, por vía telefónica, mi cuñada la señora TERESA AMELIA RAMÍREZ FÉLIX, quien en sazón (sic) funge como albacea testamentaria de la sucesión testamentara a bienes del finado SALVADRO RAMÍREZ QUEZADA, me informo (sic) que por la mañana, y en su domicilio de Calle Aurora # 36 y 40, de Jerez de García Salinas, Zacatecas, se constituyó Actuario en funciones de Ministro Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con el propósito de practicar diligencia de requerimiento de pago y embargo, librado en contra de la sucesión testamentaria ya antes descrita, dentro de los autos del expediente 329/I/2014, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, que en el curso de la diligencia se percató, de que entre otros inmuebles, uno de los terceros interesados de nombre MARCO ANTONIO RAMÍREZ FÉLIX, hermano de la albacea ya antes descrita, esto por conducto de su representante legal, en los autos del expediente de referencia señaló para embargo el bien descrito, y la responsable ejecutoria en mención trabo real embargo sobre el inmueble de mi propiedad y posesión, ubicado en calle Dolores # 64, de la Zona Centro de esta ciudad de Jerez de García Salinas, Zacatecas (sic)." (Lo resaltado es propio). 4.- Aclaro que mi informante me manifestó que el diligenciario le había dejado copia del mandamiento de ejecución y del acta que levanto (sic) para dar cuenta de su actuar, por lo que le solicite una copia de ello, y el darme cuenta de ello, puede ver que en efecto: a).- Que dentro de los autos del expediente 329/I/2014 del índice de la H. Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, la responsable ordenadora emitió auto de requerimiento y embargo para el pago de cantidad liquida en cumplimiento del laudo, eso con fecha 14 de abril de 2021. b).- Que el mandatario de ejecución mencionado se libró estimando como interesados a los actores y aquí terceros interesados de nombres JOSE MANUEL PEREYRA BERUMEN, VICTOR SILVA GUERRERO, LORENA CALDERON MUÑOZ, MARCO ANTONIO RAMIREZ FELIX, Y JOSE MANUEL ESCOBEDO APARICIO. c).- Que el día 27 de Abril de 2021, la responsable ejecutora se constituyó el Actuario en funciones de Ministro Ejecutora de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, en el domicilio de calle Aurora # 36 y 40 de la Zona Centro, de la Ciudad de Jerez Zacatecas, con el fin de dar mandamiento de ejecución librado por la ordenadora. d).- Que en el domicilio mencionado, atendió la diligencia con la actual albacea de la sucesión testamentaria a bienes de mi finado suegro del señor SALVADOR RAMIREZ QUEZADA, y que no obteniendo el pago de las cantidades referidas mismas que en conjunto arrojan la suma de $2,218.793.43 (dos millones doscientos dieciocho mil, setecientos noventa y tres pesos 43/100 m/n), el diligenciante permitió intervenir al apoderado de los interesados LIC. TONY DE MARCO RAMIREZ ROMERO, quien en el curso de la diligencia, entre otros señalamientos manifestó: ".. asi mismo, es mi deseo señalar en cuenta al trabajador MARCO ANTONIO RAMIREZ FELIX, el inmueble ubicado en Calle Dolores # 64, de la Zona Centro de la Ciudad de Jerez, Zacatecas.. que se encontraba registrada bajo el Número 48, Folios 43-44, del Volumen 42 de Escrituras Públicas de fecha 6 de Septiembre del 1976, mismo que solicito sea embargo legalmente, a fin, de que se garanticen todos y cada una de las prestaciones labores del actor ya antes mencionado solicitando se gire el oficio al Registro de la Propiedad y el Comercio de Jerez, a fin de que surta sus efectos legales conducentes." e).- La responsable ejecutora Actuario en funciones de Ministro Ejecutor, d la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, hizo constar que ".. en este momento se procede a Trabar Forma Material y Jurídico Embargo sobre los bienes señalados pro l apoderado legal de los actores .." f).- Asi mismo, del texto de la copia recibida, advertí que en su parte final de la razón la constancia para autos el diligenciante señala "Otro si corriendo traslado a la partes con el auto de requerimiento de fecha 14 de Abril del 2021, y la presente acta. Conste" De lo anterior se obtiene que la quejosa se ostentó sabedora del acto reclamado el veintisiete de abril del dos mil veintiuno. Por tanto, la regla que debe aplicarse para computar el término para la presentación de la demanda de amparo, es la establecida en el artículo 18, tercer supuesto, de la Ley de Amparo, es decir, a partir del día siguiente al en la parte quejosa se ostentó sabedora del acto reclamado, pues se insiste bajo protesta de decir verdad señaló que tuvo conocimiento del mismo, el veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Pues el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales dispone; Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por lo que, el término de quince días contemplado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera su demanda de amparo, empezó a computarse a partir del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, concluyendo el veintiuno de mayo del mismo año; sin contar los días uno, dos, tres, ocho, nueve, quince y dieciséis de mayo del año en curso por ser inhábiles; en consecuencia, si la demanda que dio origen al presente juicio constitucional, fue presentada por la parte quejosa en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, el diecisiete de diciembre de esta anualidad, es inconcuso que para esta última fecha ya había transcurrido el término de quince días que fija el citado artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, por lo que, se considera que la parte quejosa consintió el citado acto que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del Tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Asimismo, es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número IV.3o. J/44, publicada en la página 49, tomo 86-2, Febrero 1995, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." De igual forma resulta aplicable la Tesis, visible en la página 235, XI, Junio de 1993, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Así como la tesis visible, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computaran desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Lo anterior no obstante que la quejosa refiere ser tercero extraña al juicio natural, pues lo cierto es, que manifestó expresamente la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, dando detalles de las actuaciones que realizaron las autoridades responsables y que ahora reclama en el presente juicio. Es aplicable, por analogía, la tesis I.3o.C.84 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegio en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1854, con registro digital 2008869, de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PROMOCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO NO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA EMISIÓN DE CADA ACTO TENDENTE A LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DE ÉSTA. Cuando en la demanda de amparo el quejoso reclame diversos actos emitidos en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio, respecto del cual se ostenta tercero extraño y que sean de fecha posterior a aquella en que tuvo conocimiento de esa sentencia, por haber promovido incidente de oposición a la ejecución, el plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo indirecto no debe computarse a partir de la emisión de cada acto tendente a lograr dicha ejecución, sino a partir de que el quejoso tuvo conocimiento de la sentencia, porque en su calidad de tercero extraño a juicio, el derecho a ejercer la acción de amparo surge a partir de ese momento y no se regenera por cada acto posterior que se dicte en la etapa de ejecución, ya que no son actos autónomos, sino sólo una consecuencia directa e inmediata de la primera orden de ejecución, y los terceros extraños, por regla general, solamente tienen una oportunidad para promover amparo y defender sus derechos que son materia de un juicio en el que no son parte, ya que el plazo para promover el amparo inicia a partir de que tienen conocimiento del acto de autoridad que les causa perjuicio." En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Leticia Romero Sánchez, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Víctor Hugo Valadez y Mónica Frausto Carrea, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que los faculta a ejercer la profesión de licenciados en Derecho o Abogados, tal como exige el mencionado precepto legal. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Roberto Real, número ciento ocho (108), Colonia Francisco E. García, en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas.
- Principal
se publica auto con efectos de notificar a la parte quejosa: Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Leticia Romero Sánchez, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, se acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 959/2021-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El auto de requerimiento de pago y embargo librado dentro del expediente 329/I/2014, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, de catorce de abril de dos mil veintiuno. La inminente orden de inscripción de embargo del bien inmueble que señala la quejosa es de su propiedad, ubicado en calle Dolores, número sesenta y cuatro (64), de la Colonia Centro, en Jerez, Zacatecas. La diligencia de ejecución desahogada el veintisiete de abril del dos mil veintiuno, en la que se trabó real y formal embargo del bien inmueble que señala la quejosa es de su propiedad, ubicado en calle Dolores, número sesenta y cuatro (64), de la Colonia Centro, en Jerez, Zacatecas. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación a los actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se puede advertir, el artículo 17 de la Ley de Amparo prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, salvo las excepciones contempladas en dicho numeral; en tanto que el diverso 18 dispone que el citado plazo se computarán a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a). Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b). Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, c). Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En la primera de ellas, el término de quince días que prevé el citado artículo 17 se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. En la segunda hipótesis, el término para la interposición de la demanda de amparo iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, ya sea porque en el procedimiento del que deriva el acto reclamado no existe medio legal de comunicación procesal, o bien, porque no es parte del mismo, o siéndolo no fue llamado al procedimiento. La tercera y última estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado, lo cual entraña una confesión de la existencia y conocimiento de un acto que transgrede derechos públicos subjetivos del gobernado. No está por demás mencionar que la parte quejosa no se ubica en ninguna de las hipótesis de excepción que prevé el numeral 17 de la Ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo, en el plazo de quince días, pues no reclama una norma general, o el procedimiento de extradición; la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; actos relativos a derechos agrarios; o alguno que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Para arribar a la anterior conclusión, es menester por su trascendencia, citar textualmente el punto de hechos número 3 y 4 que la quejosa narra en su demanda bajo protesta de decir verdad, mismo que es de la literalidad siguiente: "3.- En efecto, es el caso que el día 27 de abril 2021, a las 14:00 pm, por vía telefónica, mi cuñada la señora TERESA AMELIA RAMÍREZ FÉLIX, quien en sazón (sic) funge como albacea testamentaria de la sucesión testamentara a bienes del finado SALVADRO RAMÍREZ QUEZADA, me informo (sic) que por la mañana, y en su domicilio de Calle Aurora # 36 y 40, de Jerez de García Salinas, Zacatecas, se constituyó Actuario en funciones de Ministro Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con el propósito de practicar diligencia de requerimiento de pago y embargo, librado en contra de la sucesión testamentaria ya antes descrita, dentro de los autos del expediente 329/I/2014, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, que en el curso de la diligencia se percató, de que entre otros inmuebles, uno de los terceros interesados de nombre MARCO ANTONIO RAMÍREZ FÉLIX, hermano de la albacea ya antes descrita, esto por conducto de su representante legal, en los autos del expediente de referencia señaló para embargo el bien descrito, y la responsable ejecutoria en mención trabo real embargo sobre el inmueble de mi propiedad y posesión, ubicado en calle Dolores # 64, de la Zona Centro de esta ciudad de Jerez de García Salinas, Zacatecas (sic)." (Lo resaltado es propio). 4.- Aclaro que mi informante me manifestó que el diligenciario le había dejado copia del mandamiento de ejecución y del acta que levanto (sic) para dar cuenta de su actuar, por lo que le solicite una copia de ello, y el darme cuenta de ello, puede ver que en efecto: a).- Que dentro de los autos del expediente 329/I/2014 del índice de la H. Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, la responsable ordenadora emitió auto de requerimiento y embargo para el pago de cantidad liquida en cumplimiento del laudo, eso con fecha 14 de abril de 2021. b).- Que el mandatario de ejecución mencionado se libró estimando como interesados a los actores y aquí terceros interesados de nombres JOSE MANUEL PEREYRA BERUMEN, VICTOR SILVA GUERRERO, LORENA CALDERON MUÑOZ, MARCO ANTONIO RAMIREZ FELIX, Y JOSE MANUEL ESCOBEDO APARICIO. c).- Que el día 27 de Abril de 2021, la responsable ejecutora se constituyó el Actuario en funciones de Ministro Ejecutora de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, en el domicilio de calle Aurora # 36 y 40 de la Zona Centro, de la Ciudad de Jerez Zacatecas, con el fin de dar mandamiento de ejecución librado por la ordenadora. d).- Que en el domicilio mencionado, atendió la diligencia con la actual albacea de la sucesión testamentaria a bienes de mi finado suegro del señor SALVADOR RAMIREZ QUEZADA, y que no obteniendo el pago de las cantidades referidas mismas que en conjunto arrojan la suma de $2,218.793.43 (dos millones doscientos dieciocho mil, setecientos noventa y tres pesos 43/100 m/n), el diligenciante permitió intervenir al apoderado de los interesados LIC. TONY DE MARCO RAMIREZ ROMERO, quien en el curso de la diligencia, entre otros señalamientos manifestó: ".. asi mismo, es mi deseo señalar en cuenta al trabajador MARCO ANTONIO RAMIREZ FELIX, el inmueble ubicado en Calle Dolores # 64, de la Zona Centro de la Ciudad de Jerez, Zacatecas.. que se encontraba registrada bajo el Número 48, Folios 43-44, del Volumen 42 de Escrituras Públicas de fecha 6 de Septiembre del 1976, mismo que solicito sea embargo legalmente, a fin, de que se garanticen todos y cada una de las prestaciones labores del actor ya antes mencionado solicitando se gire el oficio al Registro de la Propiedad y el Comercio de Jerez, a fin de que surta sus efectos legales conducentes." e).- La responsable ejecutora Actuario en funciones de Ministro Ejecutor, d la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, hizo constar que ".. en este momento se procede a Trabar Forma Material y Jurídico Embargo sobre los bienes señalados pro l apoderado legal de los actores .." f).- Asi mismo, del texto de la copia recibida, advertí que en su parte final de la razón la constancia para autos el diligenciante señala "Otro si corriendo traslado a la partes con el auto de requerimiento de fecha 14 de Abril del 2021, y la presente acta. Conste" De lo anterior se obtiene que la quejosa se ostentó sabedora del acto reclamado el veintisiete de abril del dos mil veintiuno. Por tanto, la regla que debe aplicarse para computar el término para la presentación de la demanda de amparo, es la establecida en el artículo 18, tercer supuesto, de la Ley de Amparo, es decir, a partir del día siguiente al en la parte quejosa se ostentó sabedora del acto reclamado, pues se insiste bajo protesta de decir verdad señaló que tuvo conocimiento del mismo, el veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Pues el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales dispone; Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por lo que, el término de quince días contemplado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera su demanda de amparo, empezó a computarse a partir del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, concluyendo el veintiuno de mayo del mismo año; sin contar los días uno, dos, tres, ocho, nueve, quince y dieciséis de mayo del año en curso por ser inhábiles; en consecuencia, si la demanda que dio origen al presente juicio constitucional, fue presentada por la parte quejosa en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, el diecisiete de diciembre de esta anualidad, es inconcuso que para esta última fecha ya había transcurrido el término de quince días que fija el citado artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, por lo que, se considera que la parte quejosa consintió el citado acto que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del Tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Asimismo, es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número IV.3o. J/44, publicada en la página 49, tomo 86-2, Febrero 1995, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." De igual forma resulta aplicable la Tesis, visible en la página 235, XI, Junio de 1993, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Así como la tesis visible, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computaran desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Lo anterior no obstante que la quejosa refiere ser tercero extraña al juicio natural, pues lo cierto es, que manifestó expresamente la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, dando detalles de las actuaciones que realizaron las autoridades responsables y que ahora reclama en el presente juicio. Es aplicable, por analogía, la tesis I.3o.C.84 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegio en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1854, con registro digital 2008869, de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PROMOCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO NO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA EMISIÓN DE CADA ACTO TENDENTE A LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DE ÉSTA. Cuando en la demanda de amparo el quejoso reclame diversos actos emitidos en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio, respecto del cual se ostenta tercero extraño y que sean de fecha posterior a aquella en que tuvo conocimiento de esa sentencia, por haber promovido incidente de oposición a la ejecución, el plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo indirecto no debe computarse a partir de la emisión de cada acto tendente a lograr dicha ejecución, sino a partir de que el quejoso tuvo conocimiento de la sentencia, porque en su calidad de tercero extraño a juicio, el derecho a ejercer la acción de amparo surge a partir de ese momento y no se regenera por cada acto posterior que se dicte en la etapa de ejecución, ya que no son actos autónomos, sino sólo una consecuencia directa e inmediata de la primera orden de ejecución, y los terceros extraños, por regla general, solamente tienen una oportunidad para promover amparo y defender sus derechos que son materia de un juicio en el que no son parte, ya que el plazo para promover el amparo inicia a partir de que tienen conocimiento del acto de autoridad que les causa perjuicio." En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Leticia Romero Sánchez, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Víctor Hugo Valadez y Mónica Frausto Carrea, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que los faculta a ejercer la profesión de licenciados en Derecho o Abogados, tal como exige el mencionado precepto legal. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Roberto Real, número ciento ocho (108), Colonia Francisco E. García, en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas.
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