Leticia Romero Morales

Expediente 1845/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1845/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
24/01/2019

Partes del expediente

  • Leticia Romero Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribual Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que acepta la competencia declinada por este juzgado. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno respectivos y captúrese en el Sistema Integral de seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, toda vez que no existe materia de ejecución, se ordena el archivo definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Lo anterior con apoyo en el segundo párrafo del punto undécimo del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en los puntos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el cual este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo y en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero a contrario sensu, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general en cometo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que se admite a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa ......., en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, correspondiéndole el número de toca 15/2019.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Agréguense a los autos los escritos de cuenta signado por *************, quien se ostenta Endosatario en Procuración de *************, mediante el cual da cumplimiento catorce de diciembre del año en curso; en atención a su contenido, se tiene por cumplida la prevención. Se le tiene por reconocida la personalidad con la que se ostenta en términos de los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, con la copia certificada de las constancias relativas al juicio ejecutivo Mercantil número 252/15-2016-1I-III, expedidas por la Secretaria de Acuerdo del Juzgado Primero Mixto Civil-Familiar-Mercantil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado, residente en Escárcega, Campeche. Ahora bien, debe decirse que del ocurso inicial y de su escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de dieciséis de noviembre del presente año, pronunciada por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia Civil-Familiar y Mercantil del Tercer Distrito Judicial del Estado, en el juicio ejecutivo Mercantil número 252/15-2016-1I-III, la cual declaró procedente el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada, en contra del auto de ocho de octubre del año que transcurre, mediante el cual ordenó girar oficio recordatorio al Juez competente en Materia Mercantil de Cancún, Quintana Roo, a efecto de que informara el trámite dado al exhorto se le remitió para emplazar al codemandado en dicho juicio; y en su lugar, ordenó la caducidad de la instancia del citado procedimiento. Cabe precisar que en la determinación impugnada, el juez natural declaró la caducidad de la instancia en ese procedimiento. Bien, conviene precisar que los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo establecen en lo conducente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. - - - La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: - - - I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. - - - Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. De los preceptos legales transcritos se colige que tratándose de las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio o que lo den por concluido, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. De manera que, es preciso definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, a saber: Se está ante una sentencia definitiva cuando la determinación resuelve el juicio en lo principal. Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. Los laudos son las resoluciones conclusivas dictadas en los juicios del orden laboral. Precisado lo anterior, se puede colegir que los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo son únicamente dos: I) sentencias definitivas y laudos; así como II) resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal -supuesto éste en el que se subsume el acto reclamado-. En el caso particular, como ya se precisó la resolución de dieciséis de noviembre del presente año, pronunciada por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia Civil-Familiar y Mercantil del Tercer Distrito Judicial del Estado, en el juicio ejecutivo Mercantil número 252/15-2016-1I-III, la cual declaró procedente el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada, en contra del auto de ocho de octubre del año que transcurre, mediante el cual ordenó girar oficio recordatorio al Juez competente en Materia Mercantil de Cancún, Quintana Roo, a efecto de que informara el trámite dado al exhorto se le remitió para emplazar al codemandado en dicho juicio; y en su lugar, ordenó la caducidad de la instancia del citado procedimiento, constituye una determinación que, sin decidir en lo principal el fondo del asunto, puso fin al juicio al declarar la caducidad de la instancia, por lo que este juzgador es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata. En efecto, en relación con las resoluciones que pongan fin al juicio o que lo den por concluido, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Es aplicable al caso en concreto, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, la cual establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Robustece lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME A LOS SUPUESTOS LEGALES PREVISTOS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 170 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 170, fracciones I y II de la nueva Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo directo está sujeta a dos reglas, a saber: una general y otra especial. La regla general se surte cuando en el juicio natural el quejoso obtiene un fallo desfavorable, o bien, uno parcialmente en su favor -fracción I del artículo 170-. En tal supuesto, lo jurídicamente trascendente es la afectación a la esfera de derechos del impetrante, derivada de haber obtenido un fallo desfavorable a sus intereses, o de no alcanzar todo lo que persiguió en el juicio, con lo cual, sin duda, se colma el interés jurídico necesario que justifica la procedencia del juicio de amparo directo, cuya materia de análisis puede involucrar temas tanto de legalidad como de constitucionalidad. Por su parte, la regla especial opera respecto de fallos definitivos y resoluciones que pongan fin a los juicios contenciosos administrativos, pronunciados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal -fracción II del artículo 170-. Esta hipótesis cobra aplicación cuando el fallo recaído en algún juicio contencioso administrativo del conocimiento de los tribunales de que se trata, es de tal modo favorable que acoge íntegramente la pretensión perseguida por el actor en el propio juicio, de ahí que, en tal evento, el juicio de amparo directo procede sólo para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, siempre y cuando, a su vez, resulte procedente y fundado el recurso de revisión que interponga la autoridad demandada en el juicio natural. Por tanto, para efecto de la procedencia del juicio de amparo directo, no deben confundirse los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 170 de la nueva Ley de Amparo, pues la regla general es que el juicio de amparo directo procede cuando el quejoso haya obtenido una sentencia desfavorable, o una parcialmente en su favor, con independencia de la materia que involucre el asunto -fracción I-, mientras que la regla especial se surte en el caso de que el impetrante -actor en un juicio contencioso-, obtenga un fallo de tal modo favorable que acoja íntegramente la pretensión buscada en el juicio, y resulte fundado y procedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada, en términos del artículo 104 de nuestra Carta Magna, en cuya hipótesis el juicio de amparo directo procede exclusivamente para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, ya que en esa hipótesis, el impetrante está en posibilidad de obtener un beneficio mayor al inicialmente alcanzado en el juicio contencioso -fracción II-. Es puntualmente aplicable al particular la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, número VII.2o.C.38 C (10a) publicada en la página 1923 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Materia Común, Civil, Décima Época, con número de registro 2001981, de rubro y texto: " [.] CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. HIPÓTESIS EN LA QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO PUEDE PRONUNCIARSE AL RESPECTO EN EL AMPARO DIRECTO. Conforme a la jurisprudencia 1a./J. 57/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 249, de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. LA DECLARACIÓN JUDICIAL RESPECTIVA NO ES UN ELEMENTO CONSTITUTIVO DE ESA CONSECUENCIA PROCESAL, PERO SI HA DE EMITIRSE, DEBE PRONUNCIARSE POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOZCA DE LA CAUSA.", corresponde a la autoridad que conozca del asunto emitir declaración respecto de la actualización o no de la caducidad de la instancia. Por tanto, si acorde con el artículo 1076 del Código de Comercio, la caducidad de la instancia opera por el simple transcurso del tiempo, es requisito ineludible que se dé conforme a una de estas dos hipótesis: 1. Que lo advierta de oficio el Juez y se pronuncie al respecto o, en su caso, el tribunal de alzada; y, 2. Que haya sido sometido a consideración por alguna de las partes durante el procedimiento o como agravio en la apelación. De estas dos formas debe necesariamente surgir el pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional, establecido en la jurisprudencia invocada, lo cual da materia para que el Tribunal Colegiado de Circuito se pronuncie al respecto en el juicio de amparo directo pues, de lo contrario, se sustituiría a la autoridad responsable en una cuestión procesal que debe ser previamente analizada por ella.[.]" Lo anterior, además, con apoyo en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a./J. 67/2014 (10a.), visible en la página 89 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia Civil, Décima Época, con número de registro 2008075, que es del tenor literal siguiente: " [.] CADUCIDAD EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE LA DECRETA EN LOS CASOS EN QUE, POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. En relación con la caducidad de la primera instancia en el juicio mercantil, esta Primera Sala fijó, como regla general, en la jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), que la resolución que la decreta constituye un auto definitivo y no una sentencia definitiva en su connotación material, para establecer que procede el recurso de revocación en su contra cuando por razón de la cuantía no procede el de apelación. Sin embargo, al existir una connotación formal del término "sentencia definitiva" que deriva de reconocer que existen resoluciones que, sin decidir el fondo del juicio en lo principal, o sea, sin ocuparse de establecer el derecho ni una condena o absolución de partes, se emiten en el momento procesal que corresponde a la sentencia definitiva y con las formalidades y denominación expresa de que se trata de una "sentencia definitiva", es necesario precisar que cuando la decisión sobre la caducidad de la primera instancia ocurre formalmente con el dictado de la sentencia definitiva, resulta improcedente el recurso de revocación ya que, por un lado, tal forma de determinar la caducidad tiene el carácter formal indisoluble de sentencia definitiva y, por otro, porque acorde con el contenido conducente del artículo 1334 del Código de Comercio, el recurso de revocación sólo procede en contra de autos o decretos del juez, pero no en contra de una sentencia definitiva. Lo anterior conduce, además, a abandonar parcialmente el criterio sostenido en la diversa tesis de jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), a fin de precisar que el criterio sustentado en esa jurisprudencia solamente es aplicable a autos, desde un punto de vista formal y material, y no a sentencias definitivas en su connotación formal. De igual formo es aplicable al respecto, la tesis VI. 1o. 211 K, publicada en la página 277 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Octubre de 1994, Octava Época, del tenor literal siguiente: "AMPARO DIRECTO. DECIDIR SU PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD CORRESPONDE REALIZARLO AL ÓRGANO COMPETENTE PARA SU CONOCIMIENTO. Si en una demanda de garantías se señala como acto reclamado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, y respecto de la cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, en términos de los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, se estará en presencia de una determinación cuya constitucionalidad compete definir a un Tribunal Colegiado de Circuito como lo dispone el artículo 158 de la misma ley; por ende, el juez de Distrito a quien se remitió la demanda por la autoridad responsable, al haberse planteado como amparo indirecto, será legalmente incompetente para hacer algún pronunciamiento respecto a la procedencia o a la oportunidad de la demanda de garantías, pues ello sólo puede hacerlo el órgano legalmente competente para su conocimiento". En mérito de lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto; por tanto, remítase de inmediato los presentes autos al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que estime procedente acordar respecto de la procedencia y oportunidad de la demanda de garantías de mérito. Fórmese el cuadernillo respectivo con copia certificada de las actuaciones en el presente expediente, como antecedente y para que obre como corresponda.

  4. Principal

    Agréguense a los presentes autos los oficio de cuenta del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en representación de dicha Junta y por sí y Actuario de su adscripción, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante los cuales informan en relación al cumplimiento que están dando a la sentencia concesoria de amparo, remitiendo diversas constancias en copia certificada, con los cuales refieren que acreditan los actos que realizan en torno al cumplimento de la sentencia concesoria de amparo dictada en el presente asunto; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 193 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio.

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