Leticia Rodríguez Zavala
Expediente 584/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 584/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/07/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Leticia Rodríguez Zavala
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y tomando en consideración que transcurrió el plazo... para recurrir el proveído... en el que se desechó de plano la demanda de amparo... se declara que el mismo ha causado estado. remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
1. Radicación. Vista la demanda en línea promovida aparentemente por *********, contra actos de la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas y de otra autoridad; fórmese expediente y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 584/2020. 2. Precisión del acto reclamado. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de no haber reembolsado en tiempo y forma la medida de ayuda de alimentación, acordé a las fechas en qué instó dichas solicitudes, tal como se advierte a continuación: Ahora bien, tomando en cuenta que del contenido de la demanda se desprende que ********* promueve demanda de amparo, sin embargo, es claro que el escrito de demanda carece de la evidencia de seguridad criptográfica que contiene la firma electrónica FIREL por parte de la quejosa, lo anterior, en términos de los artículos 10, 11, 14, 21, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 45, 46 y 47 del Acuerdo General 12/2020, así como los artículos 1, fracción III, 12, 13 y 14 del diverso Acuerdo General 13/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,1 que regulan la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los artículos 3 de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, ya que la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, tiene los mismos efectos que la autógrafa. En consecuencia, no ha lugar a tener por satisfecha la manifestación de la voluntad de ********* para promover la demanda de amparo, pues además está NO se promovió en términos del artículo 15 de la Ley de la materia. Lo anterior se afirma, pues como se advierte de la anterior transcripción, la quejosa reclama la omisión de no haber reembolsado en tiempo y forma la medida de ayuda de alimentación, acordé a las fechas en qué instó dichas solicitudes. En consecuencia, es claro que no se trata de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, por los cuales la agraviada se haya visto imposibilitada para promover el amparo, como lo establece el artículo 15 de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, en el que se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Para justificar lo anterior, es importante precisar que el artículo 113 citado faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable2. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente.3 Al tenor de lo expuesto, este órgano jurisdiccional estima que en contra del acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia constitucional y legal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, en el que se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Subsunción del caso conforme al supuesto normativo. Ahora bien, de un estudio integral efectuado a la demanda presentada vía electrónica presuntamente por *********, se advierte que ésta carece de firma electrónica, pues no contiene la evidencia de seguridad criptográfica a que se refiere el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, en relación a los artículos 12, 13 y 14 del diverso Acuerdo General 13/2020, ambos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,4 que regulan la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; que contenga el nombre de quien dice acudir al amparo. Lo anterior es así, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley de Amparo, el juicio constitucional debe promoverse únicamente por el agraviado a quien perjudiquen los actos reclamados, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicho ordenamiento; sin embargo, en la especie, como ya se indicó, del escrito de demanda en estudio no se puede advertir la manifestación de voluntad de la parte quejosa para iniciar esta instancia, en razón que la demanda no contiene1 su firma electrónica. En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se aprecia que dicho precepto legal establece que la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente. Cabe señalar, que de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, la Firma Electrónica establecida el Poder Judicial de la Federación será el medio de ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, siendo conveniente que la regulación que rija la referida firma sea uniforme en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que brindará mayor certeza a los justiciables y permitirá un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a esos órganos constitucionales, por lo que las demandas que se presenten vía electrónica, será a través de dicha firma, que se exteriorice la manifestación de la voluntad de la parte quejosa, para promover el juicio de amparo. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tema, los artículos 45, 46 y 47 del Acuerdo General 12/2020, así como los artículos 12, 13 y 14 del diverso Acuerdo General 13/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,5 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico enviado que contenga su demanda y anexos, así como la hora y fecha de envío y recepción y un folio electrónico; asimismo, en los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo. Lo anterior, a excepción de cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Concomitante a lo anterior, el diverso numeral 52 del referido Acuerdo General, señala que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la Firma Electrónica que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, lo cual se tomará en consideración por los órganos jurisdiccionales para acordar lo correspondiente. Así por los motivos expuestos, la demanda de amparo presentada vía electrónica por *********, al carecer de la firma electrónica por dicha persona, ello resulta insuficiente para tener por satisfechos los presupuestos legales antes precisados, pues es evidente que no contiene la evidencia de seguridad criptográfica a que se refiere los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,6 publicados en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte; circunstancia, que se corrobora con la impresión digital fidedigna obtenida del Sistema Integral de Seguimiento a Expediente. Lo anterior conduce a la actualización de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113 de la Ley de Amparo; lo que provoca su desechamiento de plano promovida por *********. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Oficial de la Federación, libro 62, enero de 2019, TOMO I, de rubro y contenido siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano" La anterior determinación encuentra sustento, en la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), aprobada por el Pleno de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Abril de 2019, página 79, cuyo rubro y texto se transcriben enseguida: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Debe precisarse que si bien es verdad la pandemia global por el Covid-19, que ha representado un cambio en los parámetros de "normalidad" que han regido en la vida pública y en el ejercicio de la función jurisdiccional, sin embargo, dicha circunstancia no es suficiente para tener por satisfecho el presupuesto legal de la firma de quien promueve el amparo, pues no existe certeza de que quien dice ser la agraviada efectivamente tenga la intención de promover el juicio, o si es voluntad de la persona quien lo promueve en su aparente calidad de autorizada, incluso en perjuicio de la quejosa; por ello es que, a efecto de no violentar el principio de seguridad jurídica que rige al juicio constitucional, es necesario que quien pretenda acudir al amparo, cumpla con los presupuestos establecidos para su promoción, máxime que, como ya se dijo, los actos reclamados no se encuentran en ningún supuesto de excepción. Conclusión. En mérito de lo expuesto, este órgano jurisdiccional estima que en contra del acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113 de la Ley de Amparo; lo que provoca su desechamiento de plano. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque se advierte plenamente de la demanda, pues los antecedentes del acto reclamado narrados son lo suficientemente claros como para advertir la naturaleza de los actos reclamados, es decir, sin importar lo que se pueda alegar en el juicio o las pruebas que se pudieren aportar, la naturaleza de los actos reclamados no variará, lo que implica que convicción a la que ha llegado este Juzgador tampoco cambiará. 4. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 5. Habilitación de horas. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley en cita, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones electrónicas y de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. 6. Autorizados. Se tiene por autorizado en términos del segundo párrafo, última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Montiel Ante, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones, en atención a la certificación de cuenta. 7. Consulta de expediente electrónico. Se autoriza la consulta del expediente electrónico al usuario "*********", toda vez que de la revisión efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró que corresponde al autorizado de la parte quejosa. 8. Domicilio. Si bien es cierto que la quejosa señaló domicilio físico en su escrito inicial de demanda, también solicitó que se autorice a ********* para que "todas las notificaciones en el presente juicio de Amparo sean realizadas de forma electrónica en términos del artículo 26 fracción IV y V de la Ley de Amparo para que en termino de los dispuesto por el Acuerdo General 1/2015 del Consejo de la Judicatura Federal (sic)", quien cuenta con Usuario: "*********" por tanto en atención a la certificación de cuenta y al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, con fundamento en los artículos 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020 y los diversos artículos 12, 13 y 14 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido usuario, correspondiente al autorizado de la quejosa. Solicitud que se atiende, con base en el nuevo Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; el cual derogó el diverso Acuerdo General Conjunto 1/2015 en cuanto a las disposiciones relativas al Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia que las subsecuentes notificaciones que se ordenen de manera personal, se tendrán por hechas una vez que se consulte el texto del acuerdo correspondiente, toda vez que la quejosa está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y obtener la constancia de la consulta realizada de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo7. En caso de que no se consulte el acuerdo respectivo en el expediente electrónico, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se haya ingresado el acuerdo en el mismo, se tendrá por hecha la notificación electrónica correspondiente. Con el apercibimiento, que de no estar de acuerdo con lo anterior, es decir que se realicen las notificaciones personales vía electrónica, deberá manifestarlo expresamente y se tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones la dirección señalada en la demanda de amparo. 9. Uso de Medios Electrónicos. Con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. En el entendido de que la referida autorización la podrá hacer valer hasta en tanto se levante la emergencia sanitaria generada por el por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), lo anterior en términos del artículo Noveno Transitorio del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y no se hace extensiva sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. 10. Expediente Electrónico. Con fundamento en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 3 y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. 11. Transparencia. Se hace del conocimiento a las partes, que en términos de los artículos 1, 2, 6, 7 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como los numerales 6° y 8° del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil catorce, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes o sus representantes, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informen de manera expresa, en el entendido de que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por autorizada su publicación. Notifíquese vía electrónica en el usuario proporcionado.
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