Leticia Rodríguez Viveros
Expediente 1280/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1280/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Leticia Rodríguez Viveros
Actuaciones
- Principal
... transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer... se declara que CAUSÓ ESTADO... archívese este asunto como concluido....
- Principal
La parte quejosa cumple con la prevención... se concluye respetuosamente que la presentación de la demanda es extemporánea, al haber tenido lugar con posterioridad a los quince días al en que se hizo conocedora la parte quejosa respecto de la la orden de aprehensión de... librada por el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Misantla, Veracruz, en la entonces causa penal... actualmente radicada con el número... ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia, residente en Pacho Viejo, Veracruz... pues debió presentarse ante el Juez de Distrito en turno a más tardar el veintiuno de junio de dos mil dieciséis... se presentó hasta el once de diciembre del año en curso... se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por la promovente, al no haber presentado su escrito de demanda dentro del término legal... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: La parte quejosa cumple con la prevención contenida en proveído de trece de diciembre del año en curso; al respecto, este órgano jurisdiccional emite el siguiente pronunciamiento: CAUSA DE IMPROCEDENCIA De la lectura íntegra del escrito de demanda y aclaratorio de la misma, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo otorga facultad al órgano jurisdiccional de amparo para que, previo análisis de la demanda, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueve esa instancia constitucional dentro de los términos establecidos para ello. Por otra parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo prevé que el término genérico para la promoción de la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos previstos en dicho artículo. Es decir, en términos del artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, contra actos que afecten la libertad personal fuera de procedimiento, puede promoverse la instancia constitucional en cualquier tiempo. Una interpretación en sentido contrario de esta última disposición legal, permite establecer que tratándose de actos que afecten la libertad personal, dictados dentro del procedimiento penal, el término para promover amparo es de quince días, debido a que dicho supuesto no corresponde con el de excepción previsto en el artículo y fracción mencionados, aunado a que las disposiciones legales que regulan casos de excepción son de aplicación estricta. En esta parte, resulta oportuno mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 371/2013, emitió criterio obligatorio para este juzgado de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en el sentido de que, respecto de juicios substanciados en términos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, solamente procederá el amparo en cualquier tiempo, contra actos dictados dentro del procedimiento penal que afecten la libertad personal, como el auto de formal prisión, cuando el acto restrictivo de la libertad de que se trate haya sido dictado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo más reciente, esto es, antes del tres de abril de dos mil trece, pues las disposiciones de transición de la nueva Ley de Amparo, esto es, los artículos transitorios tercero y quinto del decreto relativo, no establecieron ese supuesto; por lo que en función de la tutela de los derechos humanos de seguridad jurídica y acceso a la justicia, contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tomando en cuenta la inexistencia de norma transitoria, e incluso, de diversa norma en vigor expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, los actos de autoridad que afecten la libertad personal, dictados durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, dentro de un procedimiento judicial penal, como lo es el auto de formal prisión, pueden ser impugnados en cualquier tiempo. Es aplicable la tesis siguiente: Localización: Época: Décima Época Registro: 2006652 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P. /J. 45/2014 (10a.) Página: 5 ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento como lo es el auto de formal prisión pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate. En este contexto, en juicios substanciados en términos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe observarse la hipótesis normativa prevista en el artículo 17 de dicha Ley, relacionada con el término genérico de quince días para promover amparo contra actos de autoridad que afecten la libertad personal, dictados dentro de un procedimiento de orden penal, como es el auto de formal prisión, con excepción del supuesto en que el acto reclamado de que se trate, haya sido dictado con anterioridad al tres de abril de dos mil trece. A mayor abundamiento, se toma en cuenta que el establecimiento del plazo para la promoción del amparo, al que se ha hecho referencia, busca equilibrar los derechos humanos del inculpado frente a los de la víctima u ofendido por el delito, sin generar al afectado por una resolución que implique la privación de la libertad personal dentro de un procedimiento, un obstáculo desproporcionado que le impida ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso de libertad deambulatoria; por lo que el establecimiento de un término en la actual Ley de Amparo, a diferencia de la abrogada, conforme con la cual podía promoverse la instancia constitucional de amparo en cualquier tiempo contra actos restrictivos de libertad dictados dentro del procedimiento judicial, no constituye una medida legislativa regresiva. Es aplicable al caso la tesis siguiente: Localización: Época: Décima Época Registro: 2006591 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: P. /J. 42/2014 (10a.) Página: 43 PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. LA APLICACIÓN DEL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN, DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE NO VULNERA AQUÉL, TOMANDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE INTERDEPENDENCIA, ESPECÍFICAMENTE LA QUE SE DA ENTRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SENTENCIADOS Y DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). La regulación del plazo para acudir al juicio de amparo en contra de sentencias condenatorias que impongan pena de prisión, dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, se rige por el principio de progresividad dado que para el ejercicio del derecho humano de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta determinante contar con un plazo que de manera razonable permita ejercer la principal garantía para la protección de los derechos humanos. A pesar de lo anterior, en virtud de que los derechos humanos no son absolutos, atendiendo al principio de interdependencia entre las diversas prerrogativas fundamentales -la que además de suscitarse entre las que asisten a un individuo se actualiza entre distintas personas en razón de la interrelación existente entre sus derechos humanos- para determinar si una norma general que conlleva una disminución al grado de tutela de alguno de ellos respeta el principio de progresividad en su vertiente de no regresividad, resulta necesario tomar en cuenta si ello tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano del que son titulares personas diversas. En ese sentido, cuando se presenta una relación de interdependencia entre el derecho de acceso efectivo a la justicia del sentenciado y los derechos a la reparación del daño, a la verdad y a la justicia de la o las víctimas de la conducta delictiva materia del respectivo juzgamiento penal, ante una limitación de aquella prerrogativa que provoca una disminución de su grado de tutela, para determinar si la regulación respectiva respeta el principio de progresividad, es necesario analizar si ésta genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos, pues de lo contrario se tratará de una legislación regresiva. Por tanto, tomando en cuenta que el establecimiento del plazo materia de análisis busca equilibrar los derechos humanos del sentenciado y los de las víctimas, sin generar al afectado por una sentencia condenatoria un obstáculo desproporcionado que le impida ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso a la libertad deambulatoria, la previsión del plazo de ocho años, computado a partir del tres de abril de dos mil trece, para impugnar en amparo directo una sentencia condenatoria que impone pena de prisión no implica una medida legislativa de carácter regresivo y, por ende, es acorde al principio de progresividad. Por otra parte, se destaca que el artículo 18 de la Ley de Amparo prevé que los plazos previstos en el artículo 17 de dicha ley se computarán a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme con la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; dichas hipótesis resultan excluyentes entre sí y carecen de prelación, por lo que la actualización de una hipótesis impide que opere alguna otra y no es necesario que se siga el orden en que fueron previstas por el legislador en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al analizar su actualización. En ese aspecto, el artículo 85 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz señala que los términos empiezan a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda, así como del escrito aclaratorio de la misma, se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: a) La omisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia, residente en Pacho Viejo, Veracruz de suspender la ejecución de la orden de aprehensión dictada inicialmente en su contra por el entonces Juzgado Primero de Primera Instancia, residente en Misantla, Veracruz en la causa penal *** (actualmente radicada con el número *** ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia, residente en Pacho Viejo, Veracruz), así como la omisión de otorgarle los beneficios a que tiene derecho como inculpada en dicha causa penal, de conformidad con el artículo 19 Constitucional. b) La orden de aprehensión dictada inicialmente en su contra por el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia, residente en Misantla, Veracruz en la entonces causa penal *** (actualmente radicada con el número *** ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia, residente en Pacho Viejo, Veracruz), así como su ejecución. De igual manera, del escrito aclaratorio de cuenta se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de la existencia de la orden de aprehensión, el uno de junio de dos mil dieciséis. Acorde con lo anterior, el término para la promoción del juicio de amparo inició el tres de junio de dos mil dieciséis y feneció el veintiuno de esos mismos mes y año; con descuento de los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de junio de dos mil dieciséis, inhábiles, por corresponder a sábados y domingos. Sin embargo, la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hasta el once de diciembre de dos mil dieciocho. En otro aspecto, se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que la parte quejosa promovió el diverso juicio de amparo **** del índice de este órgano jurisdiccional, mismo que se tiene a la vista al momento de emitir este pronunciamiento, en el cual señaló como acto reclamado la orden de aprehensión de uno de junio de dos mil dieciséis, librada por el entonces Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Misantla, Veracruz, en la causa penal *** (actualmente radicada con el número *** ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia, residente en Pacho Viejo, Veracruz). Asimismo, se advierte que mediante sentencia de ocho de junio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo referido, le fue negado el amparo solicitado por la parte quejosa. De igual forma, se advierte que en contra de esa sentencia la parte quejosa interpuso recurso de revisión; sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, confirmó dicha sentencia, por lo que se ordenó el archivo de ese expediente. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que la presentación de la demanda es extemporánea, al haber tenido lugar con posterioridad a los quince días al en que se hizo conocedora la parte quejosa respecto de la orden de aprehensión de uno de junio de dos mil dieciséis, librada por el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Misantla, Veracruz, en la entonces causa penal *** (actualmente radicada con el número *** ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia, residente en Pacho Viejo, Veracruz); pues debió presentarse ante el Juez de Distrito en turno a más tardar el veintiuno de junio de dos mil dieciséis; sin embargo, se presentó hasta el once de diciembre del año en curso; por tanto, se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por la promovente, al no haber presentado su escrito de demanda dentro del término legal; aunado a que, el acto reclamado no actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que en este asunto rige la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; aunado a que, de acuerdo con la naturaleza de la resolución reclamada, que la parte quejosa combate por vicios propios, constituye un acto privativo de libertad dictado dentro del procedimiento judicial, la cual fue pronunciada con posterioridad al tres de abril de dos mil trece; por lo que no se actualiza la hipótesis de excepción prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, ni se trata del supuesto definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 45/2014, publicada en el mes de junio de dos mil catorce, de la décima época, con número de registro 2006652, relacionado con actos privativos de libertad dentro del procedimiento penal, anteriores al momento en que entró en vigor la Ley de Amparo más reciente. No es óbice a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa también reclame la supuesta omisión de la autoridad responsable de otorgarle beneficios relacionados con la suspensión de una orden de aprehensión, ya que estos los hace derivar precisamente de la citada orden de aprehensión reclamada. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo.
- Principal
... promueve juicio de amparo contra actos del... Se concluye respetuosamente que en la demanda de amparo existen irregularidades que deben ser subsanadas, en virtud de que la promovente omitió manifestar bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento de la orden de aprehensión de la que indica la autoridad responsable ha sido omisa en suspender su ejecución, motivo por el cual no es posible estar en aptitud de fijar la litis y proveer lo conducente... requiérase a la promovente para que, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, por escrito y dentro del término de CINCO DÍAS... cumpla con lo siguiente... Manifieste bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento de la orden de aprehensión de la que indica la autoridad responsable ha sido omisa en suspender su ejecución... Del escrito mediante el cual desahogue el requerimiento contenido en este acuerdo, deberá acompañar las copias que resulten necesarias para cada una de las partes... se hace saber a la promovente que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personal.... de no dar cumplimiento a lo requerido, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... se faculta como autorizados... a... debido a que cuentan con su cédula profesional registrada... y como autorizado... a las restantes personas, por no contar con dicho registro.... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...
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